{"id":98808,"date":"2026-06-25T17:18:43","date_gmt":"2026-06-25T17:18:43","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc499-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:18:43","modified_gmt":"2026-06-25T17:18:43","slug":"stc499-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc499-2017\/","title":{"rendered":"STC499-2017"},"content":{"rendered":"

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

Magistrada ponente  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

STC        <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-14-002-2016-00295-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Bogot\u00e1, D. C.,  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 29 de noviembre de 2016, mediante la cual la Sala de Decisi\u00f3n Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior de Riohacha neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por \u00c1ngela Mar\u00eda Cruz Libreros en calidad de Gerente de Coomeva EPS contra los Juzgados Segundo Promiscuo Municipal y \u00danico Promiscuo de Familia de San Juan del Cesar, tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 como litisconsorte a Jorge Iv\u00e1n Pel\u00e1ez Calder\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. La gestora, a trav\u00e9s de apoderada, demand\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, \u00abdefensa\u00bb y libertad, presuntamente vulnerados por las autoridades acusadas dentro del incidente de desacato que le inici\u00f3 Jorge Iv\u00e1n Pel\u00e1ez Calder\u00f3n, como representante legal de la menor I.L.P.D.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Arguy\u00f3, como sustento de su reclamo, en s\u00edntesis lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.1. Que \u00abel diez (10) de noviembre de dos mil quince (2015), el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de San Juan de Cesar La Guajira, resuelve tutelar los derechos fundamentales a la salud en conexidad la vida, de conformidad con lo solicitado en la acci\u00f3n de tutela impetrada por JORGE IV\u00c1N PEL\u00c1EZ CALDER\u00d3N, quien act\u00faa en calidad de agente oficioso de su hija [I.L.P.D], y como consecuencia de ello dispuso lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cSEGUNDO: ORDENAR al Representante legal de COOMEVA EPS o a quien haga sus veces, que dentro de las cuarenta y ocho  (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta providencia, autorice la remisi\u00f3n a un centro de cuarto nivel de atenci\u00f3n a su menor hija [\u2026] para valoraci\u00f3n con CAMARA DE WOOD, de acuerdo con la prescripci\u00f3n de su m\u00e9dico tratante especialista en Dermatolog\u00eda [\u2026] adem\u00e1s autorice el suministro de recursos para los gastos de transporte, interdepartamental, alojamiento y alimentaci\u00f3n de la menos y su acompa\u00f1ante a la ciudad donde sea remitida; as\u00ed mismo se ordena prestarle una atenci\u00f3n integral en salud, entendi\u00e9ndose incluida en ella las consultas m\u00e9dicas, ex\u00e1menes, procedimientos quir\u00fargicos, suministro de medicamentos, hospitalizaci\u00f3n, evaluaciones previas y posteriores a la realizaci\u00f3n de la cirug\u00eda que corresponda y dem\u00e1s servicios de salud requeridos\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.3. Que \u00ab[p]uede apreciarse dentro del expediente de desacato, que en ninguna de las etapas del incidente, se individualiz\u00f3 al funcionario competente para cumplir el fallo de tutela y su superior jer\u00e1rquico, es decir, que no se agot\u00f3 en debida forma la ritualidad ordenada por el legislador en el art\u00edculo 27 del decreto 2591 de 1991, vulnerando de esta manera los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO y el DERECHO A LA DEFENSA\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.4. Que \u00ab[e]n oficio 2162 del veintiocho (28) de julio de 2016, el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal De San Juan Del Cesar,  impone sanci\u00f3n [a] la Dr[a]. ANGELA MAR\u00cdA CRUZ LIBREROS sanci\u00f3n de tres d\u00edas de arresto por el desacato de la orden impartida en el fallo de tutela impartido por este despacho\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.5. Que \u00aben el grado jurisdiccional de consulta, la decisi\u00f3n es confirmada por el Juzgado Promiscuo de Familia en providencia de fecha 09 de Agosto de 2016, esto sin realizar un an\u00e1lisis de fondo al procedimiento agotado por el Juez de instancia\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.6. Que \u00ab[e]l veinticuatro (24) de agosto de 2016, el Juzgado [encartado] libr[\u00f3] oficio No. 2356 dirigido al Comandante de Polic\u00eda Nacional de Valle del Cauca, con el fin de que se haga efectiva la orden de arresto\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.7. Que \u00abel once (11) de octubre de 2016, se radic\u00f3 escrito ante el Juzgado (acusado), solicitando la inaplicaci\u00f3n de la sanci\u00f3n, informando que COOMEVA EPS dispuso todo lo necesario para cumplir el fallo proferido en favor del usuario [\u2026] se explic\u00f3:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cLa usuaria [\u2026] fue valorada el pasado veintisiete (27) de octubre [pasado] a las diez de la ma\u00f1ana (10:00am) por el doctor BERNARDO JOSE HUYKE URETA (Especialista en Dermatolog\u00eda)\u201d  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De igual manera [\u2026] COOMEVA EPS S.A. garantiz\u00f3 el servicio de TRANSPORTE, HOSPEDAJE Y ALIMENTACI\u00d3N, hechos que pueden ser corroborados directamente con los padres de la usuaria en los  tel\u00e9fonos 3174167475\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.8. Que [n]o obstante lo anterior, ante la autorizaci\u00f3n y materializaci\u00f3n de los servicios de salud requeridos por la usuaria, el Juzgado [querellado] ha decidido mantener vigente la orden de arresto librada mediante oficio 2356 de 2016, pasando por alto que el objeto del incidente de desacato no es la imposici\u00f3n de la sanci\u00f3n por s\u00ed sola, lo que se busca mediante esta figura jur\u00eddica es garantizar la materializaci\u00f3n del servicio requerido y solicitado mediante el escrito de desacato, situaci\u00f3n que ya ocurri\u00f3 en el presente caso y que por razones que hoy desconocemos, el despacho judicial accionado hoy mantiene vigente la orden de arresto en contra de la doctora ANGELA MAR\u00cdA CRUZ LIBREROS\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Pidi\u00f3, conforme lo relatado, \u00abque se dejen sin valor ni efecto las sanciones impuestas\u00bb. (fls. 1-19 Cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADO.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La autoridad Municipal encartada adujo que \u00abde ning\u00fan modo pod\u00eda el despacho acceder a la solicitud de inejecuci\u00f3n de la sanci\u00f3n solicitada por la incidentada\u00bb ya que al momento de dictar el fallo, \u00abno hab\u00eda podido verificar si este profesional contaba con la c\u00e1mara en menci\u00f3n no ten\u00eda garant\u00eda de que recibir\u00eda la atenci\u00f3n ordenada, afirmando adem\u00e1s que tampoco le hab\u00edan suministrado los gastos de viaje como fue ordenado en el fallo que tutel\u00f3 los derechos de la menor\u00bb (fl. 67 C.1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El se\u00f1or Jorge Iv\u00e1n Pel\u00e1ez Calder\u00f3n, se\u00f1al\u00f3 que COOMEVA EPS ha tenido un actuar \u00abdilatorio, negligente y desconsiderado\u00bb pues \u00ab A la fecha de presentaci\u00f3n de este oficio [\u2026] NO ha cumplido con el suministro del tratamiento ordenado por la profesional, ni mucho menos orden pasa asistir a control, impidiendo que la ni\u00f1a se le suministre lo ordenado por la dermat\u00f3loga CLAUDIA BUELVAS PINEDO, se pueda tratar su patolog\u00eda y mejorar su calidad de vida\u00bb adem\u00e1s que \u00abel cumplimiento del fallo de tutela que se me concedi\u00f3 para restaurar los derechos de mi hija NO culmina con la valoraci\u00f3n de la Dermat\u00f3loga [\u2026] como quiere tratar de demostrar la accionante, sino que en esa instancia apenas empieza\u00bb  (fl. 41-45 Ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El Juzgado \u00danico Promiscuo de Familia censurado guard\u00f3 silencio.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El Tribunal neg\u00f3 la acci\u00f3n impetrada por cuanto sostuvo que \u00abse advierte que la gestora de este reclamo no refut\u00f3 por los medios ordinarios de defensa judicial ninguna de las decisiones del \u201ctr\u00e1mite incidental\u201d que super\u00f3 regularmente todas sus etapas hasta culminar en decisi\u00f3n sancionatoria, respaldada en grado jurisdiccional de consulta. De igual manera, debe rese\u00f1arse el respeto del requisito de inmediatez por cuanto el presente mecanismo fue incoado cuando se conoci\u00f3 el prove\u00eddo sancionatorio torn\u00e1ndose relevante indicar que fue expedido oficio dirigido a Comandante de Polic\u00eda Nacional de Cali para materializar la restricci\u00f3n de su libertad\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Seguidamente precis\u00f3 que \u00abanalizando la providencia que defini\u00f3 el grado de consulta si bien es cierto puede tildarse de lac\u00f3nica, tampoco es menos cierto que ante la ausencia de razones a identificar por el silencio elocuente de los agentes de Coomeva E.P.S S.A., ning\u00fan dislate protuberante se advierte porque hubo negligencia manifiesta de la funcionaria compelida a obedecer la orden, coyuntura donde es improcedente intentar un examen retroactivo a esta providencia, es decir, retomando la decisi\u00f3n de primer grado consultada, esquivando as\u00ed la indiligencia de la sancionada, quien despliega un ejercicio arbitrario de sus propias razones para entrever d\u00e9ficit anal\u00edtico y\/o dos efectos seg\u00fan la tipolog\u00eda de la doctrina constitucional, aparte de desdibujar por completo el esquema incidental y las oportunidades dispensadas por el legislador para controvertir la responsabilidad endilgada, luego implicar\u00eda nada menos que auspiciar la conducta lib\u00e9rrima de la persona obligada a cumplir la orden judicial impartida en sede de tutela, adem\u00e1s de desde\u00f1ar los principios de seguridad jur\u00eddica y legalidad que desde luego tiene car\u00e1cter vinculante. En palabras breves, tampoco este es el alcance de una interpretaci\u00f3n pro homine, menos el sentido de la garant\u00eda de no tener el tr\u00e1mite se\u00f1alado por el art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991 una finalidad sancionatoria, argumentaci\u00f3n suficiente para negar la protecci\u00f3n rogada porque son infundados los reparos de la tutelante.\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por \u00faltimo, manifest\u00f3 que \u00abno vislumbra este juez colegiado una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n [\u2026], brillan por su ausencia el defecto sustantivo o material [\u2026] y el defecto f\u00e1ctico [\u2026] de ah\u00ed que en este escenario los reparos sobrevinientes corresponden a la particular apreciaci\u00f3n de la apoderada en su esfuerzo por enderezar cualquier oportunidad malograda de plantear la inejecuci\u00f3n de la sanci\u00f3n, habida cuenta de su extermporaneidad, s\u00f3lido argumento para denegar el amparo porque en realidad el debido proceso quedo indemne, en tanto que, la libertad resulta sacrificada por la conducta renuente que se controvirti\u00f3 en el curso incidental\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

         <\/span><\/p>\n

1. Observada la inconformidad planteada, emerge que la misma tiende a que mediante orden impartida en este excepcional escenario de protecci\u00f3n, se destierre del \u00e1mbito procesal la providencia de 26 de julio de 2016, confirmada por v\u00eda de \u00abconsulta\u00bb el d\u00eda 8 de agosto del mismo a\u00f1o por parte del ad-quem encartado, a prop\u00f3sito de que decaiga la sanci\u00f3n que all\u00ed le fue impuesta a la gestora por hallarse rebeld\u00eda en su actuar frente al resguardo dispuesto en fallo de 9 de noviembre de 2015 dictado a favor del se\u00f1or Jorge Iv\u00e1n Pel\u00e1ez Calder\u00f3n, que actu\u00f3 en representaci\u00f3n de su menor hija.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Reiteradamente ha sostenido la jurisprudencia de la Corte que la acci\u00f3n de tutela no procede, en principio, contra el prove\u00eddo que resuelva el incidente de desacato de que trata el art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991; empero, se ha admitido su interposici\u00f3n frente a una burda trasgresi\u00f3n del debido proceso, como cuando se omite la citaci\u00f3n de los inculpados o se dejan de apreciar elementos demostrativos relevantes o su valoraci\u00f3n es contraevidente, bajo el entendido que toda decisi\u00f3n judicial debe fundarse en las pruebas regularmente allegadas, so pena de desatender el deber de imparcialidad y menoscabar el derecho a la igualdad de las partes litigantes.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Tambi\u00e9n es sabido que dicho mecanismo excepcional se endereza a la protecci\u00f3n inmediata y efectiva de las garant\u00edas fundamentales de las personas, de tal modo que verificada su vulneraci\u00f3n o amenaza, las \u00f3rdenes que los jueces impartan para resguardarlos deben ser cabalmente observadas, vale decir, que el cumplimiento del fallo es la respuesta que normalmente se espera de la autoridad accionada; sin embargo, puede presentarse que su ejecuci\u00f3n no se ci\u00f1a a los par\u00e1metros fijados, caso en el cual, el art\u00edculo 27 ej\u00fasdem prev\u00e9 el tr\u00e1mite que debe agotarse para su acatamiento.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Por consiguiente, se tiene que el desobedecimiento en los t\u00e9rminos de dicho precepto, permite una \u00abresponsabilidad objetiva\u00bb, al paso que la sanci\u00f3n por desacato, prevista en el art\u00edculo 52 \u00eddem, supone una \u00abresponsabilidad subjetiva\u00bb, de manera que es imperativo apreciar en este \u00faltimo evento, no solo el incumplimiento, sino las circunstancias en las que este se produjo, es decir, el descuido o negligencia que le sean imputables, a trav\u00e9s de juicios valorativos que den cuenta de su \u00e1nimo insurgente.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. De lo expuesto concluye, que la inejecuci\u00f3n, por s\u00ed sola, no comporta una afrenta a la determinaci\u00f3n del juzgador constitucional, ya que se requiere una manifiesta desatenci\u00f3n a la orden emitida, lo que exige corroborar la exteriorizaci\u00f3n de conductas dirigidas a evitar de alguna manera el acatamiento del fallo de amparo, lo que har\u00eda surgir, claramente, una intenci\u00f3n eminentemente subjetiva que el juez competente debe valorar en cada caso, sopesando si aflora en el rebelde ese inter\u00e9s interno para apartarse del mandato tuitivo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sobre el particular, esta Corporaci\u00f3n ha reiterado que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00abExaminada la tem\u00e1tica sometida a consideraci\u00f3n de la Corte, se concluye la improcedencia del amparo constitucional presentado \u2026 habida cuenta que lo suplicado se orienta a cuestionar decisiones proferidas por la autoridad judicial demandada en el terreno de la acci\u00f3n prevista por el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, respecto de las que, en l\u00ednea de principio, no es procedente un nuevo estudio del mismo car\u00e1cter, no obstante que la correspondiente decisi\u00f3n se hubiere proferido en el escenario del incidente previsto por el art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991, pues, es clara la correspondencia y subordinaci\u00f3n que experimenta esta fase particular con la inicial prevista para definir si se dispensa o no la protecci\u00f3n inicialmente formulada, si se tiene en cuenta que ambos instrumentos -acci\u00f3n de tutela e incidente de desacato-, ciertamente hacen parte de un mismo mecanismo de protecci\u00f3n especial.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El incidente de desacato, como lo han puesto de presente la doctrina y la jurisprudencia, tiene como soporte el incumplimiento de la precisa orden emitida por el Juez dentro del tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela, de suerte que, en tales circunstancias, el funcionario de primera instancia tiene la potestad de imponer o no la sanci\u00f3n por desacato, sin que sea posible, salvo que est\u00e9 de por medio una grave y manifiesta vulneraci\u00f3n del derecho al debido proceso o a la defensa, suscitar un nuevo examen de la respectiva materia a trav\u00e9s de la mencionada herramienta de naturaleza constitucional.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Si es claro, entonces, que el interesado persigue ahora controvertir mediante tutela providencias judiciales dictadas en id\u00e9ntico escenario, la Sala, una vez examinadas las actuaciones que se suscitaron a ra\u00edz del incidente que se origina por el supuesto incumplimiento del fallo proferido el 6 de mayo de 2010 (fls. 7 al 18), concluye la inviabilidad de la solicitud especial materia de examen, toda vez que la ley en relaci\u00f3n con el citado incidente solamente previ\u00f3 el grado de consulta respecto de la providencia que asigna o determina sanciones.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Importa recordar que la Corte, al abordar el asunto, ha se\u00f1alado \u201cque el incidente de desacato, per se, culmina con una decisi\u00f3n judicial, la cual, prima facie, podr\u00eda estimarse que es susceptible de ser enjuiciada mediante otra acci\u00f3n de tutela. Empero, examinado el tema en conjunto, como debe ser, la resoluci\u00f3n judicial en comento, no puede apreciarse en forma insular o aislada, sino como parte de una actividad seriada y, por ende, compleja en el entorno constitucional, lo que exige una valoraci\u00f3n panor\u00e1mica, como tal omnicomprensiva de todo el tr\u00e1mite tutelar. De ah\u00ed la \u00edntima relaci\u00f3n existente entre la tutela y su desacato, al punto que el funcionario competente para determinar si hubo o no inejecuci\u00f3n de la orden dada, sea el mismo que conoci\u00f3 del amparo.\u201d  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cPor consiguiente, superadas esas etapas consustanciales a la acci\u00f3n de tutela, bien porque no se promovieron en tiempo los medios aludidos, ya por cuanto se interpusieron y fueron desatados por los funcionarios competentes, queda definitivamente cerrado el tema en torno a los puntos que all\u00ed comportaron debate (thema decissum), de suerte que no podr\u00edan volver aquellos sobre esa precisa controversia, menos, se itera, otros Jueces a trav\u00e9s de una nueva queja constitucional, puesto que el instrumento empleado se traducir\u00eda en un inconveniente espiral, en clara contrav\u00eda de claros postulados que edifican y salvaguardan la seguridad jur\u00eddica, pot\u00edsimo y acerado principio digno de frontal respeto y acatamiento. Obs\u00e9rvese que si hoy es pac\u00edfico que contra lo sentenciado en tutela, no es dable acci\u00f3n -ex novo- de naturaleza semejante, menos proceder\u00eda esta acci\u00f3n extraordinaria en punto a las providencias que se pronuncien en la etapa derivada del incumplimiento de la parte resolutiva que se denuncie (incidente de desacato)\u2026\u00bb (CSJ STC, 29 Jul. y 9 Nov. 2010, rads. 01174-00 y 00097-01 respectivamente, reiterado entre otros, 15 May. 2013, rad. 00008-01 y 15 Mar. 2015, rad. 00415-00).   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Al respecto, la Corte ha dicho que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00ab(\u2026) a partir del fallo de 1\u00b0 de marzo de 2004, exp. 03501-01, reiterado entre otros muchos pronunciamientos en el de 8 de febrero de 2008 exp. 00344-01, la Sala admiti\u00f3 la procedencia de la tutela contra las decisiones sancionatorias, \u00fanicamente,  <\/span><\/p>\n

\u00ab(\u2026) En aquellos casos excepcionales, en que se invoca ausencia de notificaci\u00f3n del accionado, una vez \u00e9ste hubiera agotado en el interior del incidente de desacato esta misma situaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cY es que como es apenas l\u00f3gico, tal como lo sostiene la doctrina constitucional, dentro del tr\u00e1mite del incidente de desacato debe garantizarse el derecho fundamental al debido proceso.  <\/span><\/p>\n

\u201c(…) en el evento en que durante el curso del incidente se advierta desconocimiento del derecho al debido proceso y como consecuencia de ello se constituya una v\u00eda de hecho, es perfectamente admisible que quien considere vulnerado su derecho acuda a la acci\u00f3n de tutela en procura de obtener protecci\u00f3n constitucional. Ser\u00e1 el juez de tutela, entonces, el que entre a valorar si en el caso concreto se configuran los presupuestos para la procedencia de la acci\u00f3n contra providencias judiciales y si se configura o no una v\u00eda de hecho. (…)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En cuanto a lo excepcional del amparo por v\u00eda de hecho en estos tr\u00e1mites, la Corte Constitucional por su parte, ha puntualizado en sentencia T- 1113 de 28 de octubre de 2005, exp. T-1130243, que:   <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) para que la acci\u00f3n de tutela prospere es necesario que se compruebe que con la decisi\u00f3n de desacato el Juez vulner\u00f3 los derechos fundamentales de alguna de las partes. En particular, la Corte ha considerado procedente el amparo cuando el juez del desacato se extralimita en el cumplimiento de sus funciones, cuando vulnera el derecho de defensa o cuando impone una sanci\u00f3n arbitraria\u201d\u00bb (CSJ STC, 9 Abr. 2012, Rad. 00095-01, reiterado, entre otros, 21 Oct. 2015, rad. 2403-00).   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. Ahora bien, advierte la Sala que la petici\u00f3n de amparo resulta improcedente, toda vez que, de un lado, las providencias que cuestiona la actora no pugnan abiertamente con el ordenamiento legal ni responden a la voluntad arbitraria de sus signatarios, pues para el momento en que fueron proferidas las mismas no hab\u00eda cumplido con las  \u00f3rdenes impartidas en el fallo de tutela de 9 de noviembre de 2015, tal como, esencialmente, lo expuso el ad-quem censurado  aduciendo que \u00abde acuerdo con la prueba documental que reposa en el expediente, se tiene, que efectivamente la entidad accionada no ha atendido la d[e]cisi\u00f3n que orden\u00f3 tutelar los derechos fundamentales del se\u00f1or JORGE IV\u00c1N PEL\u00c1EZ CALDER\u00d3N, en representaci\u00f3n de su menor hija [\u2026], es m\u00e1s, el despacho avizora que ante las respectivas notificaciones enviadas por la secretar\u00eda durante el tr\u00e1mite incidental se guard\u00f3 silencio\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Seguidamente, anot\u00f3 que \u00abotro aditivo a la conducta omisiva de la accionada  resulta cuando la Asistente Social de este juzgado rinde informe donde manifiesta, que se comunic\u00f3 v\u00eda celular con la se\u00f1ora DINA MARCELA DAZA, esposa del incidentante, a quien se le indag\u00f3 si COOMEVA EPS hab\u00eda dado cumplimiento al fallo que tutel\u00f3 los derechos fundamentales de su menor hija, respondi\u00e9ndole que no\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Agreg\u00f3 \u00ablo cierto es, que ha quedado demostrada la mora injustificada en el cumplimiento de la orden impartida. Esta actitud hace nugatorio el amparo constitucional, del que sobra decirlo, es de inmediato acatamiento, el cual se hecha de menos, y, que fue precisamente esa conducta la que determin\u00f3 el inicio de la presente actuaci\u00f3n y que conlleva inexorablemente a la correspondiente sanci\u00f3n\u00bb (fls. 60-62 C.1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y de otro, que a la quejosa se le comunicaron las decisiones adoptadas dentro del aludido \u00abincidente de desacato\u00bb respet\u00e1ndose su derecho a la defensa (fls. 57 anverso, 63 y 65).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De ese modo las cosas, esta Corporaci\u00f3n concluye que la acci\u00f3n de tutela formulada contra los despachos acusados no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7. No obstante ello, de lo incorporado en el plenario se denota que la peticionaria, en su calidad de Representante Legal de Coomeva EPS, cumpli\u00f3 con lo ordenado en el fallo de tutela de 09 de noviembre de 2015,  seg\u00fan consta en memorial de 3 de enero de este a\u00f1o, donde se anex\u00f3 i) asignaci\u00f3n de cita con la especialidad de Dermatolog\u00eda (fl. 3 anverso C. Corte), ii) el suministro del transporte (fl. 9 anverso C. Corte), y iii) la autorizaci\u00f3n de los medicamentos recetados (fl. 4         C. Corte),  actuaci\u00f3n que a pesar de su tard\u00eda ejecuci\u00f3n, conlleva a derruir las \u00absanciones\u00bb  impuestas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En un caso an\u00e1logo al actual, esta Sala explicit\u00f3 que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00abcomo el   accionante aun cuando extempor\u00e1neamente,  acat\u00f3 el referido fallo, la Corte dejar\u00e1 sin efectos las sanciones que le fueron impuestas por el juzgado, pues el fin perseguido con el tr\u00e1mite del desacato ya se cumpli\u00f3.  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

Cabe acotar, que la Corte Constitucional sobre el tema ha precisado que \u201cse puede deducir que la finalidad del incidente de desacato no es la imposici\u00f3n de la sanci\u00f3n en s\u00ed misma, sino la sanci\u00f3n como una de las formas de b\u00fasqueda del cumplimiento de la sentencia. Al ser as\u00ed, el accionante que inicia el incidente de desacato se ve afectado con las resultas del incidente puesto que \u00e9ste es un medio para que se cumpla el fallo que lo favoreci\u00f3.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La imposici\u00f3n o no de una sanci\u00f3n dentro del incidente puede implicar que el accionado se persuada o no del cumplimiento de una sentencia. En efecto, en caso de que se inicie el incidente de desacato y el accionado, reconociendo que se ha desacatado lo ordenado por el juez de tutela, quiera evitar la sanci\u00f3n, deber\u00e1 acatar la sentencia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En caso de que se haya adelantado todo el tr\u00e1mite y resuelto sancionar por desacato, para que la sanci\u00f3n no se haga efectiva, el renuente a cumplir podr\u00e1 evitar ser sancionado acatando.  Al contrario, si el accionado no acepta la existencia de desacato y el juez, por incorrecta apreciaci\u00f3n f\u00e1ctica, determina que \u00e9ste no existi\u00f3, se desdibujar\u00e1 uno de los medios de persuasi\u00f3n con el que contaba el accionado para que se respetara su derecho fundamental. Al tener un car\u00e1cter persuasivo, el incidente de desacato s\u00ed puede influir en la efectiva protecci\u00f3n de los derechos fundamentales del accionante y en esa medida existir\u00eda legitimaci\u00f3n para pedir la garant\u00eda del debido proceso a trav\u00e9s de tutela\u201d (subrayado fuera del texto, sentencia  T-421 de 23 de mayo de 2003)\u00bb (CSJ STC, 21 Sep. 2011, reiterada, entre otras, 5 y 31 Jul. 2012, rads. 01313-00 y 01549-00;  21 Ene. y 31 Jul. 2013, rads. 2012-02912-00 y 01632-00).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

8. De acuerdo con lo discurrido, se ratificar\u00e1 el fallo impugnado, sin embargo, se proceder\u00e1 en la forma indicada respecto de la \u00absanci\u00f3n tres (3) d\u00edas de arresto y de multa equivalente a dos (2) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes\u00bb que le fuera impuesta al aqu\u00ed reclamante.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha y procedencia preanotadas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Notif\u00edquese  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

<\/span>This version of Total Doc Converter is unregistered.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

      MARGARITA CABELLO BLANCO   Magistrada ponente      STC         Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-14-002-2016-00295-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil diecisiete)             Bogot\u00e1, D. C.,      Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 29 de noviembre de 2016, mediante la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-98808","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98808","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=98808"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98808\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=98808"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=98808"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=98808"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}