{"id":98809,"date":"2026-06-25T17:18:47","date_gmt":"2026-06-25T17:18:47","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc500-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:18:47","modified_gmt":"2026-06-25T17:18:47","slug":"stc500-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc500-2017\/","title":{"rendered":"STC500-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

STC500-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00ba 76001-22-03-000-2016-00849-01  <\/span><\/p>\n

         (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil diecisiete).  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de enero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

         <\/span><\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali el 17 de noviembre de 2016, que neg\u00f3 la tutela de Mar\u00eda Antonieta R\u00edos Potes frente al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esa ciudad; siendo citados el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito del mismo lugar y los intervinientes en el hipotecario n\u00ba 2004-00140.     <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1. Obrando en su propio nombre, la accionante solicita la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, vivienda digna, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial acusada al negar la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito reclamado por el Banco Caja Social S.A. contra Mar\u00eda Antonieta R\u00edos Potes y Jaime Alberto Herrera Echeverry.  <\/span><\/p>\n

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2. Manifiesta, en resumen, que antes de aprobarse el remate del inmueble objeto de garant\u00eda pidi\u00f3 al querellado que ordenara la reestructuraci\u00f3n de la deuda y el 18 de octubre de 2016 el Juzgado le orden\u00f3 estarse a lo resuelto en auto de 26 de febrero de 2015 en el que neg\u00f3 una solicitud de terminaci\u00f3n por no cumplirse con ese \u00abrequisito de procedibilidad\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Pide, en consecuencia, que se deje sin efecto la determinaci\u00f3n inicialmente mencionada y se acceda a lo pretendido (fls. 1 a 7, cd. 1).   <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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1. El Juez S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Cali dijo que remiti\u00f3 el expediente a los Despachos de Ejecuci\u00f3n de Sentencias en agosto de 2014 (fls. 13 y 14, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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2. La Juez Tercera Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de la misma ciudad expuso que el 26 de febrero de 2015 neg\u00f3 la petici\u00f3n de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito por improcedente y el Tribunal declar\u00f3 inadmisible la apelaci\u00f3n contra ese pronunciamiento, por lo que el 18 de octubre de 2016 dispuso estarse a lo all\u00ed resuelto; auto que \u00abse encuentra debidamente ejecutoriado, al no haberse presentado oposici\u00f3n alguna\u00bb (fls. 25 a 27, cit).        <\/span><\/p>\n

3. La apoderada general del Banco Caja Social S.A. se\u00f1al\u00f3 que la entidad efectu\u00f3 la redenominaci\u00f3n de las obligaciones de UPAC a UVR por ministerio de la ley; reliquid\u00f3 el cr\u00e9dito y otorg\u00f3 un alivio de $7\u00b4393.095,34, dando cumplimiento a la Ley 546 de 1999 y la sentencia SU-813 de 2007 de la Corte Constitucional y agreg\u00f3 que la actora obr\u00f3 con temeridad porque interpuso otra tutela parecida con anterioridad (fls. 43 a 54, ib\u00eddem).    <\/span><\/p>\n

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FALLO DEL TRIBUNAL  <\/span><\/p>\n

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Neg\u00f3 la protecci\u00f3n porque el Juzgado motiv\u00f3 la decisi\u00f3n censurada en que el 26 de febrero de 2015 ya hab\u00eda desestimado una petici\u00f3n semejante y \u00abno le es dable a la accionante que de manera reiterada eleve peticiones en el mismo sentido\u00bb (fls. 37 a 41, cd. 1).  <\/span><\/p>\n

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       IMPUGNACI\u00d3N                  <\/span><\/p>\n

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La quejosa reiter\u00f3 lo aducido en el escrito inicial e insisti\u00f3 en que no se cumpli\u00f3 con la reestructuraci\u00f3n; asimismo, que en una tutela anterior que propuso se le indic\u00f3 que los deudores no hab\u00edan \u00abadelantado las gestiones para el prop\u00f3sito buscado dentro del coercitivo, pero advirti\u00f3 que a\u00fan pod\u00edan hacerlo\u00bb (fls. 4 a 9 del cd. de la Corte).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. El debate se centra en establecer si el enjuiciado vulner\u00f3 las prerrogativas denunciadas por ordenar estarse a lo dispuesto en el auto de 26 de febrero de 2015 que neg\u00f3 la terminaci\u00f3n del hipotecario por no cumplirse con la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito.  <\/span><\/p>\n

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2. Las determinaciones jurisdiccionales son, por regla general, ajenas al examen propio de la tutela, a menos que resulten ostensiblemente arbitrarias y bajo los presupuestos de que se acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a \u00e9sta y se hayan agotado todos los medios de defensa que se tengan al alcance, pues, son las autoridades judiciales las que deben manifestarse sobre las irregularidades advertidas y, de ser el caso, tomar los correctivos pertinentes.  <\/span><\/p>\n

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3. Ese \u00faltimo requisito no fue atendido por la interesada, ya que no present\u00f3 reposici\u00f3n contra el prove\u00eddo de 18 de octubre de 2016 que dispuso estarse a lo decidido con anterioridad, pese a que era viable seg\u00fan el art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso que prev\u00e9: \u00abSalvo norma en contrario, el recurso de reposici\u00f3n procede contra los autos que dicte el juez, contra los del magistrado sustanciador no susceptibles de s\u00faplica y contra los de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, para que se reformen o revoquen\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed pues, la peticionaria desperdici\u00f3 el mecanismo id\u00f3neo que la legislaci\u00f3n le brindaba para exponer todos los reparos que ac\u00e1 hace, sobre lo cual esta Sala ha sido enf\u00e1tica al expresar que:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab(\u2026) el accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC, 14 ene. 2003, rad. 23023, reiterada en STC17487-2016, 1\u00ba dic. 2016, rad. 00607-01, y STC18375-2016, 15 dic. 2016, rad. 00623-01).  <\/span><\/p>\n

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Entonces, la no utilizaci\u00f3n de los medios regulares de control judicial, torna improcedente la acci\u00f3n de tutela en virtud de su car\u00e1cter residual y subsidiario en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 6\u00ba, numeral 1\u00ba del Decreto 2591 de 1991.  <\/span><\/p>\n

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4. Con todo, no se advierte una situaci\u00f3n de urgencia o peligro que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional por la supuesta falta de reestructuraci\u00f3n, ya que ese tema fue planteado por la actora con suma antelaci\u00f3n dentro del hipotecario y zanjado por el Tribunal el 25 de octubre de 2011 cuando, en sede de apelaci\u00f3n, revoc\u00f3 la decisi\u00f3n del a-quo que dispuso la terminaci\u00f3n del recaudo al echar de menos dicho requisito, considerando que: \u00ab(\u2026) en \u00faltimas, las reglas concebidas para los procesos ejecutivos hipotecarios afectados por la ca\u00edda del UPAC y el nacimiento de la UVR, no son de recibo para los procesos que desde un comienzo se pactaron en pesos, como quiera que en estos \u00faltimos ya no existen circunstancias sobrevinientes o anormales que deban de conjurarse con las normas que contempla el \u201cr\u00e9gimen de transici\u00f3n\u201d de la Ley 546 de 1999\u00bb     <\/span><\/p>\n

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Es decir, el ad-quem estim\u00f3 que por haberse pactado la obligaci\u00f3n originariamente en pesos, no era necesario la reestructuraci\u00f3n para poder proseguir con el cobro, lo cual lejos de ser arbitrario encuentra sustento en los precedentes de esta Sala, como el  contenido en STC5408 de 28 de abril de 2016, exp. 01024-00 en el que se dijo:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab(\u2026) la Ley 546 de 1999 concedi\u00f3 a las entidades financieras un t\u00e9rmino de tres meses para redenominar en Unidades de Valor Real (UVR) los pr\u00e9stamos concedidos antes del 31 de diciembre de ese a\u00f1o y pactados en UPAC, y consagr\u00f3 en los art\u00edculos 40 y 41, un beneficio para los vigentes, contratados con establecimientos de cr\u00e9dito y destinados a la financiaci\u00f3n de vivienda individual a largo plazo, consistente en la <<reliquidaci\u00f3n>> desde la fecha del respectivo desembolso hasta el 31 de diciembre de 1999, como si siempre hubieran estado acordados en la forma convertida (\u2026)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed mismo, se instituy\u00f3 el derecho a <<la reestructuraci\u00f3n>> concertada para el pago diferido de los saldos, tomando en cuenta las verdaderas condiciones econ\u00f3micas de los afectados, a efectos de conjurar la crisis social existente y con el \u00e1nimo de evitar que las familias siguieran perdiendo sus hogares.  <\/span><\/p>\n

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Significa entonces, a la luz de la mencionada disposici\u00f3n, que solamente estaban sometidos a redenominaci\u00f3n, reliquidaci\u00f3n y reestructuraci\u00f3n los cr\u00e9ditos para soluci\u00f3n habitacional, a largo plazo, concedidos en UPAC antes del 31 de diciembre de 1999.  <\/span><\/p>\n

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En este evento, la salvaguarda implorada resulta inviable porque (\u2026) el cr\u00e9dito no fue otorgado en UPAC sino en pesos, tal como lo afirm\u00f3 la querellante en el escrito genitor, y qued\u00f3 debidamente comprobado en el plenario.   <\/span><\/p>\n

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En efecto, a folios 91 al 96 obra el pagar\u00e9 objeto del  recaudo, en el que se aprecia que el valor inicial mutuado fue de <<$ 32\u2019000.000>> cifra que fue redenominada en Uvrs para los fines del cobro ejecutivo.  <\/span><\/p>\n

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La Sala concedi\u00f3 la protecci\u00f3n en asuntos relacionados con cr\u00e9ditos en UPAC que se reestructuraron, en atenci\u00f3n a que en los mismos, los promotores, quienes eran los deudores directos, y por ende, favorecidos de la ley de vivienda, pidieron revisar esa concreta situaci\u00f3n por los juzgadores, en cualquiera de las etapas del proceso, As\u00ed sucedi\u00f3 con los fallos STC8539-2014, STC8655-2015, STC6968-2015 y STC10951-2015, entre otros.  <\/span><\/p>\n

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Sin embargo, eso no fue lo que aconteci\u00f3 en esta oportunidad, en la que, como qued\u00f3 dicho, no era necesaria ni la reliquidaci\u00f3n ni la reestructuraci\u00f3n de la obligaci\u00f3n, por haber sido concedida en <<pesos>>.  <\/span><\/p>\n

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De suerte, que, el documento genitivo de la acci\u00f3n no es otro que un t\u00edtulo valor instrumentado en <<pesos>>, al que no se aplican los principios y reglas de la Ley 546 de 1999, pues, se itera, \u00e9sta se consagr\u00f3 para <<cr\u00e9ditos concedidos en UPAC para el per\u00edodo 1\u00b0 de enero de 1993 al 31 de diciembre de 1999>>. En igual sentido se pronunci\u00f3 la Sala en la sentencia STC-16571-2015, 2 dic., rad. 02830-00\u00bb.   <\/span><\/p>\n

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As\u00ed pues, en el fallo civil proferido el 31 de marzo de 2006 por el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Cali que declar\u00f3 no probadas las excepciones propuestas por la accionante y orden\u00f3 seguir la ejecuci\u00f3n se lee que \u00abla demandada suscribi\u00f3 el pagar\u00e9 N\u00ba 14401-6 el d\u00eda 23 de julio de 1997, por valor de $34\u00b4930.000.oo pagaderos a quince a\u00f1os, en cuotas mensuales sucesivas por valor de $586.824.oo cada una, siendo la primera pagadera el 23 de agosto de 1997\u00bb, lo que permite concluir seg\u00fan el precedente tra\u00eddo a colaci\u00f3n que no hay lugar a la reestructuraci\u00f3n por haberse originado el cr\u00e9dito en pesos.    <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada, pero por los motivos antes expuestos.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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         LUIS ALONSO RICO PUERTA   Magistrado ponente      STC500-2017   Radicaci\u00f3n n\u00ba 76001-22-03-000-2016-00849-01            (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil diecisiete).      Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de enero de dos mil diecisiete (2017).             Decide la Corte la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-98809","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98809","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=98809"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98809\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=98809"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=98809"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=98809"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}