{"id":98810,"date":"2026-06-25T17:18:53","date_gmt":"2026-06-25T17:18:53","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc501-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:18:53","modified_gmt":"2026-06-25T17:18:53","slug":"stc501-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc501-2017\/","title":{"rendered":"STC501-2017"},"content":{"rendered":"

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

Magistrada ponente  <\/span><\/p>\n

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STC501-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0. 13001-22-13-000-2016-00446-01  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1 D. C., veinticinco (25) de enero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente la sentencia proferida el 9 de diciembre de 2016, mediante la cual la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Marco Aurelio Guerrero Roa en contra del Juzgado S\u00e9ptimo de Familia de esa ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculados el hom\u00f3logo Quinto de Familia de dicha localidad, Aissa In\u00e9s, Rosmery del Carmen, Jos\u00e9 Ignacio, Jairo Alberto, Sandra Isabel Guerrero Fl\u00f3rez, M\u00f3nica Victoria y Elsi Esther Mart\u00ednez Guerrero.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1. El gestor, por intermedio de abogado, demanda la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales a la vida, salud, seguridad social y \u00abbienest  ar digno\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial acusada dentro del juicio de sucesi\u00f3n y liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal promovido por Aissa In\u00e9s Guerrero Fl\u00f3rez, en condici\u00f3n de hija de Elsy Fl\u00f3rez Rodr\u00edguez, frente al accionante.  <\/span><\/p>\n

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2. Arguy\u00f3, como sustento de su reclamo, los siguientes hechos:  <\/span><\/p>\n

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2.1. Que tiene 80 a\u00f1os de edad, es pensionado de Colpensiones, se encuentra afiliado a la Nueva E. P. S., padece artrosis severa que le ha obligado a practicarse dos intervenciones quir\u00fargicas de las cuales ha sufrido una serie de complicaciones encontr\u00e1ndose actualmente en estado de \u00abimposibilidad para hablar, caminar, comer, ba\u00f1arse, moverse en la cama etc\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.2. Que \u00abde su primer matrimonio con la finada se\u00f1ora ELSY FLOREZ RODRIGUEZ, quien falleci\u00f3 en 1988, tuvo varios hijos; hijos a los que a cada uno le obsequi\u00f3 una vivienda y quienes son profesionales y est\u00e1n casados todos\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.3. Que \u00abel d\u00eda 14 de mayo  de 2015, una de las hijas habida en ese primer matrimonio procedi\u00f3 a instaurar un PROCESO DE SUCESI\u00d3N Y LIQUIDACI\u00d3N DE LA SOCIEDAD CONYUGAL DE SU MADRE CON MI MANDANTE SE\u00d1OR MARCO AURELIO GUERRERO ROA, caso o demanda que quedo (sic) radicada en el Juzgado Quinto (5\u00b0) de Familia del Circuito de Cartagena bajo el radicado No 130013110000520150042700 (427-2015)\u00bb, tr\u00e1mite que por medidas de descongesti\u00f3n pas\u00f3 a conocimiento del despacho judicial querellado.  <\/span><\/p>\n

2.4. Que en el referido litigio se orden\u00f3 \u00abcomo medida cautelar el embargo y secuestro de todos los bienes inmuebles, frutos civiles o c\u00e1nones de arrendamiento, utilidades de empresas como Ecopetrol que ten\u00eda mi mandante y las cuentas bancarias, quedando mi mandante se\u00f1or MARCO GUERRERO ROA en la inopia total, sin dinero para comer \u00e9l y sus hijos y esposa, sin dinero para cancelar la E. P. S. NUEVA, sin dinero para pagar el semestre de sus dos j\u00f3venes hijos (25 y 24 a\u00f1os), sin dinero para que le paguen las terapias con la fonoaudi\u00f3loga, y fisioterapista que no los da la E. P. S., sin dinero para pagar arriendo del apartamento en donde vive en Marbella en fin se\u00f1or\u00eda, sin un peso para mantenerse el vivo y a su familia, siendo que \u00e9l era el cabeza de hogar o familia. Est\u00e1 en un estado ag\u00f3nico muy grave\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.5. Que su apoderado ha presentado una serie de memoriales elevando varias peticiones y poniendo en conocimiento del despacho su grave estado de salud y su actual situaci\u00f3n econ\u00f3mica, adem\u00e1s solicit\u00f3 el desistimiento t\u00e1cito, toda vez que, \u00abla actora o demandante, desde el d\u00eda 26 de septiembre de 2015 no ha realizado ninguna diligencia tendiente a impulsar el negocio, pasando m\u00e1s de un (1) a\u00f1o en secretar\u00eda\u00bb y, de igual manera, requiri\u00f3 el \u00abdesembargo de algunos bienes arrendados por mi mandante para tomar esos frutos civiles y poder sobrevivir \u00e9l y su familia, puesto que hay un exceso desmedido en las medidas cautelares. Y que adem\u00e1s \u00e9l es el c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite y que necesita ingresos de sus bienes para poder vivir\u00bb, solicitudes y escritos frente a los cuales, afirma, que el funcionario querellado no se ha manifestado.  <\/span><\/p>\n

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3. Por lo anterior, solicita que se ordene al juzgado reprochado que proceda \u00abinmediatamente a ordenar el desembargo de todos los bienes inmuebles (\u2026) que est\u00e1n recibiendo canon de arrendamiento; a fin de que con ello el c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite de la liquidaci\u00f3n de la mencionada sociedad conyugal pueda sobrevivir, ya que de lo contrario morir\u00e1 de enfermedad y hambre\u00bb (Fls. 1-13).  <\/span><\/p>\n

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4. Mediante auto de 25 de noviembre de 2016 el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, avoc\u00f3 el conocimiento del asunto y, en fallo del d\u00eda 9 de diciembre del referido a\u00f1o neg\u00f3 la salvaguarda impetrada, determinaci\u00f3n que fue impugnada por el apoderado judicial del accionante.  <\/span><\/p>\n

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LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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El despacho querellado, luego de realizar un recuento de las actuaciones surtidas en el proceso objeto de la queja, inform\u00f3 que en prove\u00eddo de 21 de noviembre de 2016 deneg\u00f3 el decreto de desistimiento t\u00e1cito \u00abpor no ser procedente\u00bb y \u00abno se accedi\u00f3 al decreto de reducci\u00f3n de embargo por no ser aplicable al art\u00edculo 600 del C. G. P., en la sucesi\u00f3n\u00bb,  por lo anterior, sostuvo que \u00abtodas las actuaciones est\u00e1n justificadas legalmente\u00bb (Fls. 278 y 279).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El hom\u00f3logo Quinto de Familia de Cartagena adujo, en s\u00edntesis, que en raz\u00f3n a las medidas de descongesti\u00f3n el expediente pas\u00f3 a conocimiento del funcionario cuestionado por lo que no est\u00e1 a su cargo el expediente (Fls. 280 y 281).  <\/span><\/p>\n

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Aissa In\u00e9s Guerrero Fl\u00f3rez, resumidamente expuso que \u00abla acci\u00f3n es improcedente porque las medidas que se formulen deben agotarse ante el juez ordinario. El de tutela no puede sustituir al juez natural. Existen mecanismos para obtener lo que se pide en tutela\u00bb. (Fls. 1-10 cuaderno 2).  <\/span><\/p>\n

El Procurador 10 Judicial II de Familia,  precis\u00f3 que \u00abesta Agencia del Ministerio P\u00fablico no tocar\u00e1 los aspectos procesales y sustanciales del caso sub examine en relaci\u00f3n con la controversia jur\u00eddica suscitada por la sucesi\u00f3n de la ex esposa del adulto mayor Sr. MARCO AURELIO GUERRERO ROA, de 80 a\u00f1os de edad, sino que invita a los Honorables Magistrados del Tribunal Superior del Distrito de Cartagena Sala Civil-Familia para que consideren las circunstancias alimentarias congruas en que se encuentra el accionante, a quien con independencia del pleito patrimonial que se ventila con la liquidaci\u00f3n de su anterior sociedad conyugal, debe prove\u00e9rsele de lo necesario para subsistir dignamente, especialmente por tratarse de un adulto mayor cuya salud est\u00e1 seriamente afectada, por lo que requiere especial atenci\u00f3n; tambi\u00e9n se debe tener en cuenta que este adulto mayor tiene una nueva familia con dos hijos universitarios que aun requieren de su patrocinio econ\u00f3mico\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sugiri\u00f3 \u00abal honorable Magistrado que tenga en cuenta las circunstancias familiares y patrimoniales en las que se encuentra este adulto mayor, y si lo estima conducente, decretar la pr\u00e1ctica de una visita social y un dictamen m\u00e9dico legista para establecer el estado de salud y las condiciones en que vive este, a efectos de garantizarle el derecho a un minimo vital, especialmente por tratarse de su propio patrimonio que, si bien se encuentra en proceso de liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal, no puede imped\u00edrsele que cumpla la funci\u00f3n de sostenerlo congruamente\u00bb (Fls. 287 y 288).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  Las dem\u00e1s partes e intervinientes guardaron silencio.  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Tribunal neg\u00f3 el amparo al considerar que \u00aben el presente caso juzga la Sala que la solicitud de amparo no est\u00e1 llamada a prosperar, como quiera que el interesado ten\u00eda a su alcance otros instrumentos que la ley ha previsto para lograr la eventual protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Se\u00f1al\u00f3 que \u00aben efecto, no queda duda de que el promotor del amparo pretende que se levante la medida de embargo decretada sobre \u201ctodos los bienes inmuebles\u2026 qu\u00e9 est\u00e1n recibiendo canon de arrendamiento\u201d, con fundamento en que dichos c\u00e1nones son su \u00fanica fuente de ingreso para solventar, tanto sus necesidades b\u00e1sicas, como las de su familia\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Advirti\u00f3 que \u00abel JUZGADO S\u00c9PTIMO DE FAMILIA DE CARTAGENA a trav\u00e9s de auto de 21 de noviembre de 2016 notificado por estado No. 107 de 24 de noviembre de 2016, se abstuvo de decretar la \u201creducci\u00f3n de embargo de que trata el art\u00edculo 600 del C. G. del P\u2026por no ser procedente en los procesos de sucesi\u00f3n sino en los ejecutivos\u201d e, igualmente, neg\u00f3 la solicitud de desistimiento t\u00e1cito\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Estim\u00f3 que \u00absi el accionante estaba en desacuerdo con tales decisiones, ten\u00eda la posibilidad de interponer los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n contra la anterior providencia, de acuerdo con los art\u00edculos 317, 318 y 320 del C. G. del P., los cuales no fueron formulados, lo que deja ver que se desaprovecharon esos medios de defensa, por dem\u00e1s id\u00f3neos, en cuyo tr\u00e1mite pudo haber expuesto todas las circunstancias aqu\u00ed planteadas\u00bb (Fls. 290-294).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La formul\u00f3 el apoderado judicial del accionante, sin que hasta la fecha haya expresado los motivos de su inconformidad (Fl. 294 vuelto).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. La reiterada jurisprudencia constitucional ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es la v\u00eda id\u00f3nea para censurar decisiones de \u00edndole legal; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u00bb, y bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino sensato a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 de Mar. 2011, Rad. 00329-00).    <\/span><\/p>\n

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El concepto de v\u00eda de hecho fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana en raz\u00f3n de la necesidad de que todo el ordenamiento jur\u00eddico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la disposici\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed hoy, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad que sentencias desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por excepci\u00f3n la posibilidad de proteger esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590 \/ 2005, reiterada, entre otras, SU-913 \/ 2009 y T-125 \/ 2012).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Pretende el gestor que por este excepcional tr\u00e1mite, se ordene al juzgado querellado que proceda \u00abinmediatamente a ordenar el desembargo de todos los bienes inmuebles de propiedad de mi mandante que est\u00e1n recibiendo canon de arrendamiento; a fin de que con ello el c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite de la liquidaci\u00f3n de la mencionada sociedad conyugal pueda sobrevivir, ya que de lo contrario morir\u00e1 de enfermedad y hambre\u00bb, petici\u00f3n que considera no ha sido resuelta, refiriendo el tema a un defecto procedimental absoluto.  <\/span><\/p>\n

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3. De las pruebas aportadas al presente tr\u00e1mite, observa la Corte lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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3.1. Auto de 9 de septiembre de 2015 mediante el cual el Juzgado Quinto de Familia de Cartagena decret\u00f3 la apertura de la sucesi\u00f3n (Fl. 4 cuaderno Corte).  <\/span><\/p>\n

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3.2. Prove\u00eddo de 22 de febrero de 2016 dictado por el despacho encartado en el que adicion\u00f3 y corrigi\u00f3 la decisi\u00f3n arriba referida en el sentido de declarar abierta y radicada la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal existente entre Elsy Fl\u00f3rez Rodr\u00edguez y Marco Aurelio Guerrero Roa (aqu\u00ed accionante), y en el que adem\u00e1s se decretaron varias medidas cautelares (Fls. 5-8).  <\/span><\/p>\n

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3.3. Determinaci\u00f3n de 21 de noviembre del a\u00f1o inmediatamente anterior que neg\u00f3 el desistimiento t\u00e1cito y no accedi\u00f3 a la reducci\u00f3n de embargos por no ser aplicable el art\u00edculo 600 del C\u00f3digo General del Proceso, la que no fue objeto de recursos (Fls. 9 y 10).  <\/span><\/p>\n

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3.4. Memorial a trav\u00e9s del cual la demandante present\u00f3 el trabajo de inventario y aval\u00fao de los bienes y deudas de la sociedad conyugal (Fls.11-13).  <\/span><\/p>\n

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3.5. Diligencia de \u00abinventarios y aval\u00faos\u00bb, llevada a cabo el 22 de noviembre de 2016, a la que no asisti\u00f3 la parte demandada y, en la que la juez cuestionada advirti\u00f3 que \u00ablos activos consistentes en los bienes muebles apreciables en dinero, no ten\u00edan soporte legal de su existencia, as\u00ed como tambi\u00e9n las acciones \u2013emisor Bancolombia- Ecopetrol, para acreditar que pertenecen y existen a nombre de las partes\u00bb por lo que orden\u00f3 su exclusi\u00f3n, sin que se presentara objeci\u00f3n frente a dicho \u00abtrabajo\u00bb (Fls. 15-17).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. Analizado lo anteriormente rese\u00f1ado, advierte la Sala que la protecci\u00f3n invocada no puede encontrar apoyo por esta excepcional v\u00eda, toda vez que, en primer lugar si lo achacado al despacho querellado es una presunta mora por no resolver su pedimento tendiente a lograr la reducci\u00f3n de embargos, cumple se\u00f1alar que su solicitud fue desatada mediante auto de 21 de noviembre de 2016, decisi\u00f3n que se notific\u00f3 en estado del d\u00eda 24 del referido mes y a\u00f1o, fecha en la que se present\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, sin que se observe que exista quebranto alguno.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. En segundo orden y definido lo anterior considera la Corte que no se cumpli\u00f3 con el principio de subsidiariedad teniendo en cuenta que el actor no present\u00f3 los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n contra el referido prove\u00eddo que neg\u00f3 el desistimiento t\u00e1cito y no accedi\u00f3 a reducir las medidas cautelares que pesan sobre sus bienes, por lo que se observa que el quejoso desperdici\u00f3 la oportunidad con la que contaba para exponer los reclamos que ahora invoca por este mecanismo excepcional, por lo tanto, desde\u00f1\u00f3 la ocasi\u00f3n de intervenir en defensa de sus intereses dejando fenecer el tiempo procesal para que le fuera revisado su desconcierto.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. En tales condiciones, mal podr\u00eda el \u00abJuez Constitucional\u00bb auscultar la actuaci\u00f3n del funcionario acusado, cuando lo cierto es que el quejoso no procedi\u00f3 de manera acertada y eficaz, quedando sujeto, entonces, a las consecuencias de las determinaciones que le fueron adversas, observ\u00e1ndose as\u00ed el fruto de su propia incuria.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En relaci\u00f3n con lo precedente, la Corte ha considerado en fallo CSJ STC, 25 Ago. 2008, rad. 01343-00, reiterado entre otros, CSJ STC, 25 Sep. y 12 Oct. 2012, rad. 00651 y 00135, CSJ, STC, 31 Ene. y 22 May. 2013, rad. 00113 y 00206, respectivamente, que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

(\u2026) no basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991 (\u2026).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Igualmente, esta Corporaci\u00f3n sostuvo en sentencia CSJ STC 15 Jun. 2011, rad. 00151-01, reiterada, entre otras, en CSJ STC, 30 Oct. 2012, rad. 00439-01, que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

(\u2026) quien luego de desde\u00f1ar las oportunidades legales que le fueron ofrecidas para remediar sus males, busca enmendar su desidia fuera del proceso donde las soslay\u00f3, ya que la presente acci\u00f3n no est\u00e1 prevista para rectificar fallas de gesti\u00f3n procesal ni para revivir oportunidades legales fenecidas debido a la pigricia propia (\u2026).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7. Aunado a lo anterior, debe tener en cuenta el promotor del amparo que en la diligencia de inventarios y aval\u00faos realizada el 22 de noviembre de 2016 contaba con la oportunidad de objetar el trabajo presentado por la demandante, poniendo en consideraci\u00f3n los hechos que ahora alega, situaci\u00f3n que no ocurri\u00f3 dada su inasistencia a la misma, por lo que desperdici\u00f3 otra oportunidad con la que contaba para exponer sus argumentos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

No obstante en dicha diligencia, la funcionaria acusada,  entre otras decisiones, orden\u00f3 excluir las acciones de Ecopetrol objeto de cautela; determinaci\u00f3n respecto de la cual puede solicitar el levantamiento de la medida cautelar al juzgador natural sin que sea viable que el juez constitucional invada su \u00f3rbita.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

8. Finalmente, estima la Sala que si el querellante considera que alguno de los \u00abbienes\u00bb sobre los que recaen las \u00abmedidas cautelares\u00bb, son propios, y no sociales, cuenta con la posibilidad otorgada por el numeral 4\u00b0 del art\u00edculo 598 del C\u00f3digo General del Proceso, esto es, formulando el incidente respectivo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

9. De conformidad con lo discurrido, se ratificar\u00e1 el fallo objeto de opugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, contenido y procedencia puntualizados en la motivaci\u00f3n que antecede.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Notif\u00edquese  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de la Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONZALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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         MARGARITA CABELLO BLANCO   Magistrada ponente         STC501-2017   Radicaci\u00f3n n\u00b0. 13001-22-13-000-2016-00446-01         Bogot\u00e1 D. C., veinticinco (25) de enero de dos mil diecisiete (2017).            Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente la sentencia proferida el 9 de diciembre de 2016, mediante la cual […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-98810","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98810","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=98810"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98810\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=98810"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=98810"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=98810"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}