{"id":98813,"date":"2026-06-25T17:19:17","date_gmt":"2026-06-25T17:19:17","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc504-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:19:17","modified_gmt":"2026-06-25T17:19:17","slug":"stc504-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc504-2017\/","title":{"rendered":"STC504-2017"},"content":{"rendered":"

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Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC504-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n. 66001-22-13-000-2016-01039-011  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de enero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de enero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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La Corte decide la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el veintitr\u00e9s de noviembre de dos mil diecis\u00e9is por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en las acciones de tutela, acumuladas, promovidas por Javier El\u00edas Arias Idarraga contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de aquella ciudad y el Procurador Delegado para Acciones Populares; actuaci\u00f3n a la que se orden\u00f3 vincular a la Personer\u00eda Municipal, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y el Defensor del Pueblo-Regional Risaralda.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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El ciudadano solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que considera vulnerados por la autoridad accionada al declararse incompetente para conocer y fallar sus acciones populares.  <\/span><\/p>\n

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Pretende, en consecuencia, que se ordene a la sede judicial admitir y tramitar sus s\u00faplicas. [Folios 1,3 y 5, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. El 21 de noviembre de 2016, el reclamante promovi\u00f3 tres acciones populares contra diversas sucursales ubicadas en las ciudades de Cartagena, Calarc\u00e1 y Pereira de la firma comercial Centro de Servicios Crediticios CSC, por la presunta vulneraci\u00f3n de los derechos colectivos de sus usuarios.  <\/span><\/p>\n

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2. El conocimiento de dichos asuntos correspondi\u00f3 por reparto al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, el cual, mediante providencias del 31 de octubre de 2016, resolvieron rechazar por competencia \u2013 factor territorial, cada una de las s\u00faplicas rese\u00f1adas y remitirlas a sus hom\u00f3logos del lugar de ocurrencia de los hechos.  <\/span><\/p>\n

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3. En criterio del peticionario, el despacho judicial desconoce sus derechos, porque, a su juicio, no existe norma que le permita separarse del conocimiento de las acciones populares impetradas. [Folios 1, 3 y 5, c.1]  <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El 10 de noviembre de 2016, se admitieron las nueve quejas constitucionales y se orden\u00f3 su tr\u00e1mite bajo una misma cuerda procesal, as\u00ed como el traslado a los interesados, para que ejercieran su derecho a la defensa. [Folios 37-40, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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2. La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, manifest\u00f3 su falta de legitimidad en la causa por pasiva, con fundamento en que no ha sido vinculada a las acciones populares donde se origina el reclamo constitucional.  <\/span><\/p>\n

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Por su parte, el juzgado accionado luego de rese\u00f1ar las actuaciones procesales adelantadas en los procesos cuestionados, solicit\u00f3 denegar el amparo, por haber respetado las garant\u00edas del tutelante. [Folios 14,18 y 22, c.1]  <\/span><\/p>\n

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La Alcald\u00eda Municipal de Pereira, argument\u00f3 ser ajena a los hechos y pretensiones de la demanda y en consecuencia, solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n. [Folios 26-35, c.1]  <\/span><\/p>\n

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A su turno, la Procuradora Judicial II para Asuntos Civiles, indic\u00f3 que la decisi\u00f3n objeto de reproche es acertada y por lo tanto, no hay lugar a prodigar el amparo. [Folios 38-40, c.1]  <\/span><\/p>\n

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3. En sentencia del 23 de noviembre de 2016, el Tribunal neg\u00f3 la protecci\u00f3n deprecada, por hallar insatisfecho el requisito de la subsidiariedad, ante la existencia de mecanismos judiciales id\u00f3neos para la definici\u00f3n de competencia. [Folios 59-62, c.1]  <\/span><\/p>\n

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4. En desacuerdo, el tutelante impugn\u00f3 la decisi\u00f3n, sin adicionar los motivos de su inconformidad. [Folio 65, c.1]  <\/span><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Cuando el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica cre\u00f3 la acci\u00f3n de tutela como un procedimiento preferente y sumario al alcance del ciudadano, para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales en caso de que \u00e9stos fueran vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, lo hizo bajo la insoslayable premisa de que no dispusiera el afectado de \u00abotro medio de defensa judicial\u00bb, salvo que la acci\u00f3n se utilizara como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  <\/span><\/p>\n

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En ese orden, debe recordarse que el amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del principio de la subsidiariedad, ya que s\u00f3lo procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la salvaguarda oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza, y por lo tanto, no puede consider\u00e1rsele como un mecanismo alternativo o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n, pues su finalidad no consiste en remplazar los tr\u00e1mites establecidos por el legislador para la protecci\u00f3n de los derechos de los ciudadanos.  <\/span><\/p>\n

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En armon\u00eda con esos postulados, el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, que regula la acci\u00f3n de tutela, estableci\u00f3 las causales de improcedencia, entre las cuales se destaca la existencia de \u00abotros recursos o medios de defensa judicial\u00bb, dejando a salvo igual principio al consagrado por el Constituyente respecto a que se utilizara como \u00abmecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable\u00bb, advirtiendo eso s\u00ed que la existencia de esos medios ser\u00eda apreciada \u00aben concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2. En el caso que es objeto de estudio, en punto de los argumentos expuestos en las demandas de tutela, de entrada se advierte la improcedencia de la solicitud de amparo, pues el accionante pretende desconocer el presupuesto de procedibilidad que viene de comentarse.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, es claro que la queja del actor se suscita en el rechazo de sus tres acciones populares contra diversas sucursales de la entidad financiera Centro de Servicios Comerciales CSC y la remisi\u00f3n por competencia territorial de las respectivas diligencias a los juzgados Civiles del Circuito con sede en las localidades donde se presenta la presunta vulneraci\u00f3n de derechos colectivos, no obstante, es claro que, en caso de que los jueces receptores no acojan el criterio del funcionario remitente, deber\u00e1n dar aplicaci\u00f3n al tr\u00e1mite establecido en el art\u00edculo 139 del C\u00f3digo General del Proceso, que dispone:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab\u2026 Siempre que el juez declare su incompetencia para conocer de un proceso ordenar\u00e1 remitirlo al que estime competente. Cuando el juez que reciba el expediente se declare a su vez incompetente solicitar\u00e1 que el conflicto se decida por el funcionario judicial que sea superior funcional com\u00fan a ambos, al que enviar\u00e1 la actuaci\u00f3n. Estas decisiones no admiten recurso.  <\/span><\/p>\n

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El juez no podr\u00e1 declarar su incompetencia cuando la competencia haya sido prorrogada por el silencio de las partes, salvo por los factores subjetivo y funcional.  <\/span><\/p>\n

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El juez que reciba el expediente no podr\u00e1 declararse incompetente cuando el proceso le sea remitido por alguno de sus superiores funcionales.  <\/span><\/p>\n

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El juez o tribunal al que corresponda, resolver\u00e1 de plano el conflicto y en el mismo auto ordenar\u00e1 remitir el expediente al juez que deba tramitar el proceso. Dicho auto no admite recursos.  <\/span><\/p>\n

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Cuando el conflicto de competencia se suscite entre autoridades administrativas que desempe\u00f1en funciones jurisdiccionales, o entre una de estas y un juez, deber\u00e1 resolverlo el superior de la autoridad judicial desplazada.  <\/span><\/p>\n

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La declaraci\u00f3n de incompetencia no afecta la validez de la actuaci\u00f3n cumplida hasta entonces.\u00bb  <\/span><\/p>\n

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3. Significa lo anterior, que al sentenciador de tutela no le corresponde definir el funcionario judicial al cual le compete conocer la litis, porque con ese proceder se estar\u00eda usurpando la atribuci\u00f3n constitucional y legalmente asignada a esta Corporaci\u00f3n en el respectivo tr\u00e1mite legal, en caso de suscitarse el conflicto negativo de competencia.  <\/span><\/p>\n

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En ese orden de ideas, no puede admitirse que por medio de este tr\u00e1mite constitucional se provea anticipadamente la soluci\u00f3n de cuestiones que corresponde dirimir al juez natural en un escenario procesal que no se ha suscitado, pues el amparo no se ha concebido como un instrumento sustitutivo de los medios de oposici\u00f3n establecidos por la ley.  <\/span><\/p>\n

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Recu\u00e9rdese que la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, pero en ning\u00fan momento se puede entender como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes los ordenamientos constitucional y legal, les ha asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, supuesto que llevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

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4. En ese orden, ninguna raz\u00f3n existir\u00eda, para acceder a la segunda solicitud del reclamante, pues no hay situaci\u00f3n en el proceso que habilite la procedencia de esta queja, ni siquiera, como lo reclama el libelista, para ordenarle al Procurador Delegado para ese tipo de asuntos, que acredite cu\u00e1l ha sido su intervenci\u00f3n en el tr\u00e1mite.  <\/span><\/p>\n

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5. Para finalizar, la vinculaci\u00f3n de la Corte Constitucional a este excepcional tr\u00e1mite, no es jur\u00eddicamente viable, porque ser\u00e1 en el tr\u00e1mite de la eventual revisi\u00f3n de esta sentencia, que aquella Corporaci\u00f3n entrar\u00e1 a determinar si hay lugar a prodigar la protecci\u00f3n invocada en la queja popular cuestionada.  <\/span><\/p>\n

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6. Las anteriores razones se estiman suficientes para confirmar el fallo proferido en primera instancia.  <\/span><\/p>\n

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De los fallos emitidos, rem\u00edtase copia escaneada al accionante a su correo electr\u00f3nico tal como \u00e9l lo solicita y exp\u00eddanse fotocopias de las dem\u00e1s actuaciones, por secretar\u00eda y a su costa.  <\/span><\/p>\n

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III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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    LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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     LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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1Actuaci\u00f3n a la que fueron acumuladas las tutelas con radicaci\u00f3n Nos. 66001-22-13-000-2016-01042-01 y 66001-22-13-000-2016-01052-01.       <\/span><\/p>\n

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