{"id":98814,"date":"2026-06-25T17:19:20","date_gmt":"2026-06-25T17:19:20","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc505-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:19:20","modified_gmt":"2026-06-25T17:19:20","slug":"stc505-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc505-2017\/","title":{"rendered":"STC505-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

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STC505-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 05000-22-13-000-2016-00395-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n del veinticinco de enero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C.,    veinticinco (25) de enero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia el 10 de noviembre de 2016, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Jos\u00e9 David Duque Giraldo contra los Juzgados Civil Laboral del Circuito y Segundo Promiscuo Municipal de La Ceja, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados la Asociaci\u00f3n de Padres de Familia de los ni\u00f1os usuarios del Hogar Infantil Caperucita y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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       1.        Actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, el propietario y representante legal del establecimiento comercial denominado Instalaciones y Suministros JD, reclama el amparo del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades judiciales accionadas al no disponer la pr\u00e1ctica de una medida cautelar en el marco de un proceso de ejecuci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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       2.        En s\u00edntesis, expuso que para obtener el pago 119 facturas de venta que con intereses ascend\u00eda a $44\u00b4676.917, instaur\u00f3 acci\u00f3n ejecutiva contra la Asociaci\u00f3n de Padres de Familia de los ni\u00f1os usuarios del Hogar Infantil Caperucita, frente a lo cual el juzgado accionado libr\u00f3 mandamiento de pago el 5 de mayo de 2014, y seguidamente decret\u00f3 el embargo de los dineros derivados de tres contratos de aportes suscritos por la demandada con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar \u2013 ICBF.  <\/span><\/p>\n

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Inform\u00f3 que la mentada entidad estatal no acat\u00f3 la orden de embargo y retenci\u00f3n de dichos dineros, aduciendo que el contratista fue sancionado por incumplimiento de los contratos de aportes 1742 de 2012 y 549 de 2014, y que se est\u00e1 realizando el cobro de las cl\u00e1usulas penales respecto del contrato 1692 de 2012, por lo que hubo necesidad de retener todos los pagos a dicho operador.  <\/span><\/p>\n

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Se\u00f1al\u00f3 que por lo anterior, solicit\u00f3 cautelar los remanentes que surjan de los procesos de incumplimiento de esos contratos, y que as\u00ed decretada la medida, \u00e9sta tampoco fue atendida por el ICBF, porque adem\u00e1s de lo inicialmente argumentado, dijo que no estaban definidos los dineros que pudieran corresponder a la Asociaci\u00f3n, y que del mismo modo se neg\u00f3 a atender el embargo del derecho de cr\u00e9dito u otro semejante que eventualmente pudiera corresponder a la ejecutada una vez liquidados los contratos.  <\/span><\/p>\n

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Indic\u00f3 que ante el requerimiento judicial que se le hiciera al instituto en menci\u00f3n, \u00absin que fuera parte procesal en la demanda\u00bb, concurri\u00f3 al proceso y solicit\u00f3 el levantamiento de las medidas cautelares relacionadas con los contratos de aportes, aduciendo que esos recursos est\u00e1n \u00abdestinados espec\u00edficamente para la prestaci\u00f3n de un servicio p\u00fablico a cargo del Estado\u00bb y por ende \u00abson inembargables por disposici\u00f3n del Art. 19 del Estatuto Org\u00e1nico del Presupuesto Nacional\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Precis\u00f3 que mediante prove\u00eddo del 10 de diciembre de 2015, el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de La Ceja acogi\u00f3 los argumentos del ICBF \u00aby orden\u00f3 el levantamiento de las medidas cautelas que hab\u00edan sido decretadas en favor de la parte demandante, adem\u00e1s se abstuvo de dar curso al tr\u00e1mite incidental propuesto\u2026 en contra de dicha entidad\u00bb, y que impugnada mediante los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, la decisi\u00f3n se mantuvo en ambas instancias seg\u00fan providencias de 3 de febrero y 20 de abril de 2016, respectivamente.  <\/span><\/p>\n

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3. Pretende que se ordene \u00abDEJAR SIN EFECTOS\u00bb el auto proferido por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de La Ceja el 10 de diciembre de 2015, confirmado en sede de reposici\u00f3n el 3 de febrero de 2016, as\u00ed como \u00abel auto interlocutorio Nro. 302 del d\u00eda 20 de Abril del a\u00f1o 2016\u00bb mediante el cual el Juzgado Civil Laboral del Circuito de dicho municipio resolvi\u00f3 la apelaci\u00f3n, y en consecuencia, \u00abse ordene mantener vigentes las medidas cautelares decretadas\u00bb y se d\u00e9 tr\u00e1mite al incidente presentado para que se declare al ICBF como responsable del pago total de la obligaci\u00f3n demandada (fls. 50 a 59, cd. 1).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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2. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a trav\u00e9s del Coordinador del Grupo Jur\u00eddico, se\u00f1al\u00f3 que como la Asociaci\u00f3n de Padres de Familia de los ni\u00f1os usuarios del Hogar Infantil Caperucita, incurri\u00f3 en falta de pago a sus proveedores, los contratos de aportes con el ICBF se encuentra en \u00abproceso interno de liquidaci\u00f3n\u00bb, y que conforme a lo respondido al juzgado, las rentas y recursos del instituto \u00abhacen parte del Presupuesto General de la Naci\u00f3n, raz\u00f3n por la cual gozan de la protecci\u00f3n de inembargabilidad en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 6\u00ba de la ley 179 de 1994\u2026\u00bb; adem\u00e1s, aleg\u00f3 en su defensa la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, aduciendo que esa entidad no es responsable de las acreencias objeto de cobranza, y que la acci\u00f3n se torna improcedente porque el interesado puede acudir a otros medios de defensa judicial para reclamar sus derechos, y no se est\u00e1 ante un perjuicio irremediable (fls.72 a 76, ib\u00edd.).  <\/span><\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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       Declar\u00f3 improcedente la salvaguarda al encontrar que no cumple el requisito de inmediatez, por cuanto \u00abla \u00faltima de las decisiones fue adoptada el 20 de abril de 2016 y notificada por estados el 21 del mismo mes y a\u00f1o (fl. 14), mientras que la queja constitucional se promovi\u00f3 apenas el 26 de octubre de 2016 (fl. 59) fecha para la cual hab\u00edan transcurrido holgadamente m\u00e1s de seis (6) meses desde la \u00faltima providencia presuntamente vulneratoria, de tal manera que el actor dej\u00f3 transcurrir un amplio t\u00e9rmino para ejercer la acci\u00f3n constitucional pese a que ten\u00eda conocimiento fehaciente de la actuaci\u00f3n judicial\u2026\u00bb, y a\u00f1adi\u00f3 que en este caso no hay justificaci\u00f3n para la inacci\u00f3n del accionante, \u00abpues en el marco del proceso ejecutivo como en el presente escenario el acto se encuentra representado por profesional del derecho frente al cual ha de ser mayor la exigencia en el conocimiento y la prontitud en el ejercicio de los mecanismos de defensa\u00bb (fls. 86 a 92, cd. 1).  <\/span><\/p>\n

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Uno de los magistrados salv\u00f3 su voto, aduciendo que \u00abla Sala rehus\u00f3 el conocimiento de fondo del desafuero angustiosamente denunciado por el actor constitucional, con apoyo en un aspecto puramente formal, en lo relativo a la temporalidad\u00bb, postura jurisprudencial que a su juicio revive el t\u00e9rmino de caducidad \u00abrepudiado por la Corte Constitucional cuando declar\u00f3 la inexequibilidad del art\u00edculo 11 del Decreto 2591 de 1991\u00bb, y que ello \u00abcomporta una negaci\u00f3n del derecho sustancial\u00bb (fls. 93 a 96, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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Fue presentada por el accionante discrepando de la presentaci\u00f3n intempestiva de la acci\u00f3n, por cuanto a su juicio, la decisi\u00f3n de segundo grado solo la conoci\u00f3 mediante el auto proferido por el juzgado a-quo el 4 de mayo de 2016, al ordenar cumplir lo resuelto por el superior, y, por tanto, que a partir de esa fecha debi\u00f3 contabilizarse el t\u00e9rmino para la aplicaci\u00f3n del principio de inmediatez, aunque, en \u00faltimas, ese lapso deb\u00eda contarse tres d\u00edas despu\u00e9s de notificada la providencia al tenor del art\u00edculo 331 del anterior ordenamiento procesal civil, con lo cual se tendr\u00eda la instauraci\u00f3n oportuna del resguardo.  <\/span><\/p>\n

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De otro lado, dijo que el Tribunal se abstuvo de resolver el fondo del asunto, que a su juicio comprende una err\u00f3nea interpretaci\u00f3n del art\u00edculo 19 del Estatuto Org\u00e1nico del Presupuesto Nacional, porque los recursos derivados de los contratos  celebrados por la ejecutada con el ICBF, no son del Estado y por ende inembargables, y que en caso de que as\u00ed se sostuviera, los jueces encartados \u00abdesconocieron arbitrariamente lo establecido en el Numeral 2\u00b0 del Art. 684 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, que dispone que cuando el servicio p\u00fablico particulares, podr\u00e1 embargarse los bienes destinados a \u00e9l, as\u00ed como la renta l\u00edquida (ingreso) que produzcan y el secuestro se practicara como el de empresas industriales y comerciales\u00bb, y que para no ser \u00abprivada injustamente de la satisfacci\u00f3n de su derecho cr\u00e9dito reclamado\u00bb, debe concederse el amparo denegado en primera instancia (fls. 104 a 106, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Esta Corporaci\u00f3n ha dicho y reiterado que para la viabilidad del auxilio de los derechos fundamentales respecto de providencias judiciales, deben haberse cumplido todas y cada una de las causales generales decantadas por la jurisprudencia, entre las cuales son esenciales la subsidiariedad y la inmediatez, esto es, que se hayan agotado los mecanismos de defensa antes de procurar el resguardo, y que la reclamaci\u00f3n se realice en un t\u00e9rmino prudencial y razonable.  <\/span><\/p>\n

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2. Bajo estas premisas, encuentra la Sala que el fallo denegatorio del amparo deber\u00e1 respaldarse, comoquiera que en este caso no se alcanza a cumplir el presupuesto tempestivo que permita su procedibilidad, pues desde cuando se consolid\u00f3 la actuaci\u00f3n cuestionada a la fecha en que se interpuso la querella constitucional, ya se hab\u00eda rebasado el t\u00e9rmino de seis meses establecido para determinar su oportuna presentaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Lo anterior en la medida en que la acci\u00f3n incoada el 26 de octubre de 2016 (fl. 60, cd. 1), est\u00e1 dirigida a atacar la providencia que, en segunda instancia, defini\u00f3 lo atinente a la cautela deprecada por el ac\u00e1 tutelante en proceso de ejecuci\u00f3n, esto es, la proferida por el Juzgado Civil Laboral del Circuito de La Ceja el 20 de abril de 2016 (fls. 9 a 14, ib\u00eddem), con la cual se confirm\u00f3 el interlocutorio 909 del 10 de diciembre de 2015, dictado por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de esa ciudad (fls. 1 a 3, ib\u00edd.).  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed, es evidente que la discusi\u00f3n que a trav\u00e9s de esta v\u00eda realiza el accionante resulta tard\u00eda, pues el punto de partida para contabilizar ese t\u00e9rmino, no es su ejecutoria sino el momento mismo en que se pone en conocimiento esa determinaci\u00f3n, frente a la cual no procede otro recurso ordinario o extraordinario distinto a la tutela, y para el caso concreto corresponde a su notificaci\u00f3n por estado el 21 de abril de 2016.  <\/span><\/p>\n

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Tampoco resulta viable, como lo sostuvo el impugnante, que el lapso a partir del cual la tutela abandona la inmediatez que la caracteriza, lo es el auto a trav\u00e9s del cual el inferior ordena obedecer y cumplir lo decidido por el ad-quem, porque ello equivaldr\u00eda a desconocer la publicidad de los actos procesales acaecidos ante el juez de segundo grado, dejando a\u00fan m\u00e1s en entredicho el comportamiento incurioso de las partes e interesados en el tr\u00e1mite procesal.  <\/span><\/p>\n

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3. Esta Corte ha dejado sentado que en casos como el que se examina, la improcedencia del auxilio en raz\u00f3n al desconocimiento del principio de la inmediatez, visto como la urgencia para acudir a la protecci\u00f3n constitucional, cuando desde la providencia a la que se le atribuye el perjuicio hasta cuando se implora ese remedio, se supera el t\u00e9rmino prudencialmente estipulado como razonable, en tanto:  <\/span><\/p>\n

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\u00absi bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n (\u2026), [por tanto] (\u2026) muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser (\u2026) en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera (\u2026) el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u00bb (CSJ STC 2 de agosto de 2007, rad. 2007-00188-01, reiterada, entre otras en STC17975-2016, 9 dic. 2016, rad. 00734-01).  <\/span><\/p>\n

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M\u00e1s adelante, la Corporaci\u00f3n se\u00f1al\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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\u00abEn punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental.  <\/span><\/p>\n

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Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterada en STC16308-2016, 18 nov. 2016, rad. 00760-01, entre otras).  <\/span><\/p>\n

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N\u00f3tese que si el eventual afectado omite acudir a esta herramienta excepcional, ese prolongado silencio desde el 21 de abril de 2016, cuando fue notificado por anotaci\u00f3n en estado el auto por el que se duele el demandante, a la presentaci\u00f3n a reparto del escrito de tutela acaecida el pasado 26 de octubre, tampoco refleja un comportamiento que revista la gravedad e inminencia que permita emplear la salvaguarda como instrumento transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  <\/span><\/p>\n

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4. Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone la ratificaci\u00f3n del fallo de primera instancia, mediante el cual se deneg\u00f3 por improcedente la defensa solicitada.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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