{"id":98816,"date":"2026-06-25T17:19:31","date_gmt":"2026-06-25T17:19:31","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc507-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:19:31","modified_gmt":"2026-06-25T17:19:31","slug":"stc507-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc507-2017\/","title":{"rendered":"STC507-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

STC507-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 17001-22-13-000-2016-00533-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de enero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de enero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La Corte decide la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el once de noviembre de dos mil quince por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior de Manizales, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Javier El\u00edas Arias Idarraga contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de la misma ciudad y la Regional Caldas de la Defensor\u00eda del Pueblo; tr\u00e1mite al que fueron vinculados el Personero Municipal, la Defensor\u00eda y la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n \u2013 Procurador Delegado para Acciones Populares.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El ciudadano solicit\u00f3 la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y debida administraci\u00f3n de justicia, que considera vulnerados por la autoridad judicial accionada, al no dar tr\u00e1mite oficioso a su acci\u00f3n popular.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Cuestiona, por otra parte, que la Regional Caldas de la Defensor\u00eda del Pueblo, se niegue a presentar acciones de tutela en su nombre.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. El 21 de mayo de 2015, Javier El\u00edas Arias Idarraga present\u00f3 Acci\u00f3n Popular contra una de las sucursales de Manizales del Banco BBVA, por prestar sus servicios en un local abierto al p\u00fablico que no cuenta con profesional o gu\u00eda int\u00e9rprete de planta permanente ni se\u00f1ales luminosas o sonoras para atender a la poblaci\u00f3n sorda o ciega. [Folio 4, c. Corte]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Manizales, mediante auto del 16 de junio siguiente, avoc\u00f3 el conocimiento del asunto y orden\u00f3, notificar personalmente al representante legal de la compa\u00f1\u00eda demandada, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 315 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, as\u00ed como efectuar la publicaci\u00f3n de que trata el art\u00edculo 21 de la Ley 472 de 1998, a cargo del actor. [Ib\u00eddem]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Inconforme, el demandante interpuso recurso de reposici\u00f3n. [Ib\u00eddem]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. El 15 de julio posterior, se ratific\u00f3 la determinaci\u00f3n impugnada. [Ib\u00eddem]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. El 3 de noviembre, se dispuso la vinculaci\u00f3n de la Alcald\u00eda Municipal de Manizales. [Ib\u00eddem]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. Notificado, el extremo pasivo propuso excepciones de m\u00e9rito de cuyo contenido se corri\u00f3 traslado mediante auto de 10 de marzo de 2016.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7. El 10 de mayo siguiente, se fij\u00f3 fecha para la audiencia de pacto de cumplimiento, la cual result\u00f3 fallida, por inasistencia del actor popular.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

8. El 12 de septiembre de 2016, se decret\u00f3 la apertura del proceso a pruebas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

9. El 28 del mismo mes y a\u00f1o se practic\u00f3 inspecci\u00f3n judicial al lugar de ocurrencia de la presunta afectaci\u00f3n a derechos colectivos.  <\/span><\/p>\n

10. El 27 de octubre pasado, se corri\u00f3 traslado a las partes para alegatos de conclusi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

11. El reclamante acudi\u00f3 a este mecanismo constitucional, con el fin de solicitar protecci\u00f3n a sus garant\u00edas fundamentales, porque en su sentir, el fallador cuestionado, desconoce la perentoriedad de su acci\u00f3n constitucional, por no continuar su tr\u00e1mite de manera oficiosa como es debido. [Folio 2, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. El 28 de octubre de 2016 la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Manizales, admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. [Folio 4, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. El Juez accionado puso de presente las m\u00faltiples causas constitucionales que debe atender y que le impiden observar los t\u00e9rminos establecidos por la Ley 472 de 1998 para el tr\u00e1mite de las acciones constitucionales, m\u00e1xime porque el quejoso ha impetrado m\u00faltiples y simult\u00e1neas acciones populares, sin participar activamente en el cumplimiento de las cargas procesales que por ley le son atribuibles. [Folio 16, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La Personer\u00eda Municipal, consider\u00f3 que el acto de notificaci\u00f3n, cuya materializaci\u00f3n reclama el tutelante, es de su exclusiva carga y responsabilidad; no obstante, solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del asunto por carecer de facultades de dar soluci\u00f3n a la problem\u00e1tica expuesta por el censor. [Folio 17, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por su parte, la Defensor\u00eda del Pueblo-Regional Caldas, tras asegurar que ha orientado ampliamente al reclamante en los diferentes asuntos que ha puesto en su conocimiento, destac\u00f3 el uso indiscriminado, injustificado y temerario de este mecanismo de amparo por parte del actor, as\u00ed como la improcedencia de la presente solicitud de amparo, pues \u00ab\u2026como la misma Corte Suprema lo ha manifestado en acciones de tutela similares presentadas contra los se\u00f1ores jueces de la Rep\u00fablica, [los hechos expuestos] no pueden ser de conocimiento de una acci\u00f3n constitucional por la existencia de otros mecanismos\u2026\u00bb [Folios 18-29, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. El 11 de noviembre de 2016, el Tribunal, neg\u00f3 el amparo deprecado por considerar que no existe mora injustificada en el curso de la acci\u00f3n constitucional donde se origina la queja, pues el fallador, de manera diligente, ha suplido las cargas que correspond\u00edan al actor. Por otra parte, consider\u00f3 temeraria la demanda frente al ente defensor, raz\u00f3n por la cual orden\u00f3 compulsar copias ante la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, contra el tutelante. [Folios 31-39, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. El quejoso impugn\u00f3 la anterior determinaci\u00f3n con fundamento en similares argumentos a los de su escrito introductor y, de otro lado, solicit\u00f3 revocar la compulsa de copias dispuesta por el Tribunal, as\u00ed como \u201cvincular a la Corte Constitucional\u201d, para que le garantice sus derechos a la defensa y al debido proceso. [Folio 43, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. La acci\u00f3n de tutela es una herramienta que busca la protecci\u00f3n inmediata de las garant\u00edas de las personas ante la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o los particulares. Este mecanismo constitucional es, de igual forma, excepcional, pues solamente puede ser ejercido con prontitud y ante la inexistencia de alg\u00fan otro medio de defensa judicial.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. En el presente asunto, el accionante alega la vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales porque la autoridad accionada no ha dado continuidad al tr\u00e1mite de su acci\u00f3n popular No. 2015-00128, pese a tratarse de una actuaci\u00f3n de naturaleza constitucional, cuyo tr\u00e1mite es oficioso y preferente.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En relaci\u00f3n con problem\u00e1ticas de esta especie, donde se cuestionan situaciones de mora judicial que podr\u00edan dar lugar a protecci\u00f3n constitucional, la jurisprudencia de la Sala ha determinado la procedencia del amparo cuando las mismas carezcan de explicaci\u00f3n v\u00e1lida, es decir:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00ab\u2026aquellas que denotan una abierta y ostensible carencia de defensa, esto es, las que sean el indisimulado producto \u2018de un comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u00bb (Sentencia de 29 de abril de 2011, Exp. T. No. 11001-22-10-000-2011-00094-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Entender jurisprudencial de marras que la Sala ha venido sosteniendo en tanto que \u2018\u2026 uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u2018injustificadas\u2019, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. Si, sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso\u2026\u2019  (Sent. 1937 del 15 de febrero de 1995). Y es que, no puede olvidarse, la labor judicial jam\u00e1s puede circunscribirse exclusivamente a la mera observancia de los t\u00e9rminos procesales, ya que el deber, por dem\u00e1s esencial, de administrar justicia no puede soslayar postulados tales como la independencia, autonom\u00eda e imparcialidad que cobija a los funcionarios judiciales, los cuales est\u00e1n instituidos, incluso en las normas constitucionales, verbigracia, el art\u00edculo 228 Superior.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Otro tanto ha manifestado la Corte Constitucional sobre el asunto en comento, puesto que, entre otros pronunciamientos, ha precisado que \u2018respecto de la mora judicial, tal como la ha entendido esta Corte, viola el derecho fundamental de acceso a la administraci\u00f3n de justicia cuando la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de una actuaci\u00f3n es originada no en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de diligencia y en la omisi\u00f3n sistem\u00e1tica de sus deberes por parte de los mismos. (\u2026)\u2019\u00bb (Sentencia de 20 de septiembre de 2011, exp. 11001 02 03 000 2011 01853 -00).  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

De ah\u00ed, que al revisar el tr\u00e1mite del asunto sometido al conocimiento de la autoridad accionada, no se advierte una dilaci\u00f3n que conlleve a dispensar la protecci\u00f3n constitucional reclamada por el promotor del amparo, pues el estado de la actuaci\u00f3n no surge de un acto arbitrario, infundado o caprichoso del Juez Segundo Civil del Circuito de Manizales, que justifique la intervenci\u00f3n del fallador constitucional en la \u00f3rbita de acci\u00f3n del mismo para inmiscuirse en las funciones que ejerce con la autonom\u00eda e independencia reconocidas por la Carta Pol\u00edtica.    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Al respecto, basta simplemente con analizar la diligencia que el fallador accionado ha empleado para lograr las notificaciones y publicaciones de la acci\u00f3n g\u00e9nesis de este reclamo constitucional, seg\u00fan las disposiciones de la Ley 472 de 1998, ante la decisi\u00f3n del actor popular de no realizarlas y en obedecimiento a lo ordenado por el legislador para ese tipo de actuaciones.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Entonces, m\u00e1s que incumplimiento a la perentoriedad de la acci\u00f3n popular, lo que se evidencia es la inactividad del promotor de esa demanda, as\u00ed como un uso desmedido de los mecanismos judiciales, que ha contribuido a incrementar la carga laboral del juzgador cuestionado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. En ese orden, ninguna raz\u00f3n existir\u00eda, de ser ello procedente, para acceder a la segunda solicitud del reclamante, pues no hay situaci\u00f3n irregular en el proceso que habilite la procedencia de esta queja, ni siquiera, como lo reclama el libelista, para ordenarle al Procurador Delegado para ese tipo de asuntos, que acredite cu\u00e1l ha sido su intervenci\u00f3n en el tr\u00e1mite.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. Ahora bien, el art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991 considera contrario a la Constituci\u00f3n el uso abusivo e indebido de la tutela, el que se concreta en la duplicidad del ejercicio del amparo constitucional entre las mismas partes, por los mismos hechos y con el mismo objeto.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Seg\u00fan ha precisado esta Corporaci\u00f3n:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00abEl abuso de este mecanismo especial de protecci\u00f3n constitucional para efectos de obtener m\u00faltiples pronunciamientos a partir del mismo caso, ocasiona un perjuicio para toda la sociedad e implica una p\u00e9rdida directamente en la capacidad judicial del Estado para atender los requerimientos del resto de la sociedad (Exp. T. No. 0010-00, 3 de mayo de 2002), adem\u00e1s que en asuntos, como el presente, en que la actora impetra id\u00e9ntica pretensi\u00f3n, pero a partir de la agregaci\u00f3n de un \u201cnuevo\u201d derecho fundamental, como ella misma lo advierte (fl.41), se pretende evadir la prohibici\u00f3n legal de presentar dos o m\u00e1s peticiones de amparo por los mismos hechos, encuentra la Sala que no por ello, es decir, por tratar de introducir artificiosas modificaciones al contenido de la petici\u00f3n anterior, que no alteran sus aspectos medulares, puede escaparse la accionante de las sanciones que por temeridad tiene previsto el ordenamiento, pues semejante proceder comporta, de todos modos, un uso disfuncional del amparo constitucional merecedor de reproche. (CSJ STC 24 feb. 2006, rad. 0171-00, reiterada en STC 8 mayo 2012, rad. 0017-01 y STC 4 jul. 2013, rad. 0174-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. Los reparos que el tutelante formula una vez m\u00e1s contra la Defensor\u00eda del Pueblo-Regional Caldas, son similares a los estudiados en fallo del 2 de diciembre de 2015, por medio del cual esta Sala confirm\u00f3 integralmente la sentencia dictada el 15 de septiembre del mismo a\u00f1o, por el Tribunal Superior de Pereira, bajo el radicado 17001-22-13-000-2015-00442-00, que neg\u00f3 el amparo de los derechos fundamentales invocados.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Entre esa reclamaci\u00f3n y la que aqu\u00ed se estudia, existe identidad de partes, hechos y pretensiones y como quiera que no se advierte una circunstancia sobreviniente que permita diferenciar el presente tr\u00e1mite constitucional del anteriormente impetrado, pues en nada var\u00eda la situaci\u00f3n f\u00e1ctica planteada, se considera que lo decidido por esa autoridad ya ha hecho tr\u00e1nsito a cosa juzgada constitucional.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Lo anterior, porque al resolver la acci\u00f3n constitucional formulada por el tutelante, se neg\u00f3 el amparo porque:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00ab\u2026La situaci\u00f3n descrita se presenta en este caso, pues, en la sentencia STC15201 de 5 de noviembre de 2015, radicado 00483-01, la Sala estudi\u00f3 un resguardo impulsado por el mismo demandante, Javier El\u00edas Arias Idarraga, porque \u00abla Defensor\u00eda del Pueblo se ha negado (\u2026) a cumplir con su (\u2026) deber de impetrar tutelas a [su] nombre\u00bb, con lo cual dijo transgredirse \u00ablos derechos al debido proceso, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En este asunto, como en aqu\u00e9l, se invocan \u00ablos derechos al debido proceso, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, presuntamente afrentados con la negativa de la  Defensor\u00eda del Pueblo Regional Caldas a \u00abinterponer tutelas a (\u2026) nombre\u00bb del interesado (folio 1). Por ende, el conflicto y los presupuestos f\u00e1cticos son id\u00e9nticos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Entonces, ante la coincidencia en sujetos procesales, hechos y derechos, el amparo resulta temerario, toda vez que simplemente replantea un tema que previamente hab\u00eda sido sometido al escrutinio y definici\u00f3n de la jurisdicci\u00f3n constitucional.\u00bb  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

Por lo anotado, la pretensi\u00f3n del ciudadano comporta una utilizaci\u00f3n desbordada y desmedida del mecanismo constitucional, puesto que el tema planteado ya hab\u00eda sido sometido a escrutinio en sede constitucional y es necesario que a la tutela se le emplee de manera razonable y ponderada, a fin de evitar un desgaste innecesario de la administraci\u00f3n de justicia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Se concluye entonces que en este evento se estructura una circunstancia que amerita la decisi\u00f3n desfavorable de la solicitud de protecci\u00f3n, sin que sea posible adoptar una nueva determinaci\u00f3n definitiva sobre el fondo del asunto, conforme lo indic\u00f3 el A Quo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. En atenci\u00f3n a la solicitud que el reclamante expone en su escrito de impugnaci\u00f3n, tendiente a que se revoque la compulsa de copias ordenada por el Juez constitucional A quo, la Sala precisa al censor que no es posible entrar a valorar la motivaci\u00f3n que llev\u00f3 al Tribunal a concluir que deb\u00eda poner en conocimiento de las autoridades competentes su conducta, pues hace parte del fuero de los funcionarios cognoscentes determinar qu\u00e9 comportamientos deben investigarse, precisamente, en virtud del deber legal de denunciar, consagrado en el art\u00edculo 67 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004) y 34 del C\u00f3digo \u00danico Disciplinario (Ley 734 de 2002), que a su tenor literal rezan:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00ab\u2026Art\u00edculo 67. Toda persona debe denunciar a la autoridad los delitos de cuya comisi\u00f3n tenga conocimiento y que deban investigarse de oficio.\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00ab\u2026Art\u00edculo  34. Deberes. Son deberes de todo servidor p\u00fablico:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

(\u2026)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

24. Denunciar los delitos, contravenciones y faltas disciplinarias de los cuales tuviere conocimiento, salvo las excepciones de ley.\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De modo que, si en criterio de la sede plural de primera instancia el actor constitucional ha incurrido en una conducta que debe ser objeto de investigaci\u00f3n de cualquier \u00edndole, ser\u00e1n las autoridades competentes para llevar a cabo la o las respectivas actuaciones, las encargadas de establecer si hay fundamento o no para sancionar.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sobre el punto, vale la pena recordar que, como lo ha sostenido la jurisprudencia \u00ab\u2026[l]a denuncia es un acto debido en cuanto involucra el ejercicio de un deber jur\u00eddico (Art. 95.7 CP) del cual es titular la persona o el servidor p\u00fablico que tuviere conocimiento de la comisi\u00f3n de un delito que deba investigarse de oficio. El acto de denuncia tiene car\u00e1cter informativo en cuanto se limita a poner en conocimiento de la autoridad encargada de investigar, la perpetraci\u00f3n de una conducta presumiblemente delictuosa, con indicaci\u00f3n de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realiz\u00f3 y de los presuntos autores o part\u00edcipes, si fueren conocidos por el denunciante.\u00bb (Corte Constitucional, C-1177-05)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7. Para finalizar, la vinculaci\u00f3n de la Corte Constitucional a este excepcional tr\u00e1mite, no es jur\u00eddicamente viable, de un lado, porque se trata de una solicitud novedosa que el accionante puso de presente \u00fanicamente con su escrito de impugnaci\u00f3n y, de otro, porque ser\u00e1 en el tr\u00e1mite de la eventual revisi\u00f3n de esta sentencia, que aquella Corporaci\u00f3n entrar\u00e1 a determinar si hay lugar a prodigar la protecci\u00f3n invocada en la queja popular cuestionada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

8. Por lo expuesto, se confirmar\u00e1 la providencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De los fallos emitidos en este tr\u00e1mite, env\u00edese copia al promotor del amparo a su correo, atendiendo a su solicitud. De las dem\u00e1s piezas procesales se expedir\u00e1 fotocopia a su costa, por Secretar\u00eda.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

       Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

    LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

     LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

      <\/span><\/p>\n

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         ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ   Magistrado ponente      STC507-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 17001-22-13-000-2016-00533-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de enero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de enero de dos mil diecisiete (2017).      La Corte decide la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-98816","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98816","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=98816"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98816\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=98816"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=98816"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=98816"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}