{"id":98821,"date":"2026-06-25T17:19:54","date_gmt":"2026-06-25T17:19:54","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc512-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:19:54","modified_gmt":"2026-06-25T17:19:54","slug":"stc512-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc512-2017\/","title":{"rendered":"STC512-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC512-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2016-01960-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n del veinticinco de enero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1 D.C., veinticinco (25  ) de enero de dos mil diecisiete (2017)  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 17 de noviembre de 2016, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por PJ Enterprise Group y C\u00eda S. en C. en contra del Juzgado Treinta y Dos Penal del Circuito, la Fiscal\u00eda Delegada ante el Tribunal Superior y la Noventa y Uno Especializada, todos de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al que fueron vinculados todas las partes e intervinientes del proceso penal discutido.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        La Compa\u00f1\u00eda pj entreprise group y cia s en c., a trav\u00e9s de su representante legal (suplente), acude a la presente acci\u00f3n reclamando la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, defensa y acceso administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades jurisdiccionales convocadas.  <\/span><\/p>\n

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2.        En soporte de lo anterior, expone que las irregularidades que denuncia, se derivan del proceso penal que se sigui\u00f3 en contra de Jhon Fredy Silva Montilla y otros, por el delito de constre\u00f1imiento ilegal.  Al interior de dicha causa criminal, qued\u00f3 establecido que el mencionado fungi\u00f3 como prestamista del ciudadano Jhon Eduardo Palacios Salazar, de un total de seiscientos mil d\u00f3lares (US$ 600.000), quien al no poder pagarlos en la fecha acordada, fue amenazado y extorsionado, constri\u00f1\u00e9ndolo a transferir varios de sus bienes inmuebles a algunos familiares, pues de lo contrario atentar\u00eda contra su vida.  <\/span><\/p>\n

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El proceso termin\u00f3 con la condena del susodicho prestamista y sus c\u00f3mplices, a quienes le fue impuesta una pena de 18 meses de prisi\u00f3n por el Juzgado 32 Penal del Circuito de Bogot\u00e1; adicionalmente, la sentencia, con el fin de reestablecer los derechos de las v\u00edctimas, orden\u00f3 la cancelaci\u00f3n inmediata de los registros obtenidos de manera fraudulenta, vi\u00e9ndose perjudicados con dicha medida terceros adquirentes y compradores de buena fe, como el caso de la empresa accionante.  <\/span><\/p>\n

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3.        En consecuencia, reclama se ordene al Juzgado accionado \u00abdecrete la nulidad de la sentencia de fecha [7 de octubre de 2015] (\u2026) y por ende se deje sin valor ni efecto alguno, as\u00ed, como las actuaciones que de ella dependan, para en su lugar se reconozca como parte al suscrito (sic) y a los dem\u00e1s terceros de buena fe, teniendo en cuenta los planteamientos anteriormente expuestos\u00bb (ff. 1 a 7, cd. 1).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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1.        La titular del Juzgado Treinta y Dos Penal del Circuito de Bogot\u00e1, admite haber conocido el asunto de marras y sentido de la decisi\u00f3n tal como lo expuso la actora, agrega que el fallo fue objeto de apelaci\u00f3n, la cual fue resuelta por el superior confirm\u00e1ndola en su integridad el 13 de enero de 2016.  Destaca que durante el tr\u00e1mite fue cuidadosa de citar a todas las partes e intervinientes se\u00f1aladas por la Fiscal\u00eda en el escrito de acusaci\u00f3n, quienes se hicieron presentes a la diligencia.  <\/span><\/p>\n

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Informa que actualmente cursa en su Despacho el Incidente de Reparaci\u00f3n Integral de Perjuicios, el cual tuvo su primera vista p\u00fablica el 11 de mayo de 2016, all\u00ed, asisti\u00f3 como tercero de buena fe el ciudadano Gonzalo Obdulio \u00c1vila Forero, a quien no se le reconoci\u00f3 su calidad de v\u00edctima pues pudo establecerse que la p\u00e9rdida de su inmueble no ocurri\u00f3 como consecuencia del delito. (ff. 54 y 55, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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2.        El Apoderado de las v\u00edctimas, Lu\u00eds Humberto Hu\u00e9rfano Fl\u00f3rez, solicit\u00f3 se declare la improcedencia de la acci\u00f3n, al se\u00f1alar que existen otros medios de defensa judicial para exponer las pretensiones aqu\u00ed aducidas (f. 59, ib.)  <\/span><\/p>\n

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3.        \u00c1ngela Mar\u00eda Correa Fern\u00e1ndez, en su calidad de v\u00edctima, pidi\u00f3 se deniegue la demanda, pues advierte que la misma no cumple con el requisito de la inmediatez, toda vez que la decisi\u00f3n atacada fue proferida hace m\u00e1s de un a\u00f1o \u00abpor lo que resulta evidente que de permitir que la acci\u00f3n  de tutela proceda a\u00f1os despu\u00e9s de proferida la decisi\u00f3n, se sacrificar\u00edan los principios de cosa juzgada, seguridad jur\u00eddica, restablecimiento del derecho y reparaci\u00f3n integral de las v\u00edctimas\u00bb  (fls. 94 a 97, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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4.        William Ad\u00e1n Rodr\u00edguez Castillo, abogado defensor de los sentenciados Jos\u00e9 Lu\u00eds Rinc\u00f3n, Gladys Cecilia Alfonso y Mar\u00eda del Pilar Moreno Oviedo, se opuso de igual manera a la prosperidad de la acci\u00f3n, pues considera que los actores cuenta con otras v\u00edas para hacer valer sus aspiraciones (ff. 22 a 227, id.).  <\/span><\/p>\n

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5.        Gonzalo Obdulio \u00c1vila Forero, Ezequiel Monta\u00f1ez Castellanos, Laureano Mu\u00f1oz P\u00e1ez, todos vinculados al presente tr\u00e1mite tutelar como terceros de buena fe, coadyuvaron las pretensiones expuestas en el escrito incoatorio, esgrimiendo en sus intervenciones similares argumentos en torno a la violaci\u00f3n del debido proceso y el derecho a la defensa enmarcadas dentro del proceso penal que adelant\u00f3 la agencia judicial accionada (ff. 229 a 234 cit.).  <\/span><\/p>\n

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6.        Martha Patricia Gil, defensora p\u00fablica, quien representa los intereses del procesado Jhon Fredy Silva Montilla, manifest\u00f3 atenerse a lo probado en el debate (ff. 254, cd.1)  <\/span><\/p>\n

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7.        La Delegada de la Procuradur\u00eda 347 Judicial II Penal, se\u00f1al\u00f3 que el escenario propicio para deprecar las pretensiones que fundan la tutela es el incidente de reparaci\u00f3n integral, el cual se encuentra en curso, por lo que solicita \u00abse declare la improcedencia de la misma, pues de ninguna manera se advierte la inminencia de un perjuicio irremediable\u00bb (ff. 255 y 256, ib\u00eddem)  <\/span><\/p>\n

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8.        El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, Sala Penal, igualmente se opuso a lo demandado, al precisar que \u00abla solicitud de amparo resulta improcedente, pues el accionante no logr\u00f3 demostrar de qu\u00e9 manera se le ha vulnerado alg\u00fan derecho fundamental susceptible de ser protegido por el juez de tutela, m\u00e1xime si se tiene en cuenta que ha contado con las oportunidades procesales correspondientes para hacer valer sus derechos, entre ellos el tr\u00e1mite de incidente de reparaci\u00f3n integral, al cual se han presentado otros terceros de buena fe\u00bb (ff. 257 y 258, ib.)  <\/span><\/p>\n

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FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL  <\/span><\/p>\n

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Neg\u00f3 el amparo, considerando que las decisiones objeto de discusi\u00f3n estuvieron revestidas de legalidad y respeto a las garant\u00edas procesales de los intervinientes; enfatiz\u00f3 que la disposici\u00f3n reparada se encuentra respaldada en jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n que sobre el mismo tema ha decantado con suficiencia lo relacionado con la prelaci\u00f3n de los derechos de las v\u00edctimas reconocidas por sobre los terceros de buena fe; en asuntos de perfiles similares, cit\u00f3 en extenso la sentencia STP16605-2016, de 15 de noviembre de 2016, radicado 88994, como soporte del prove\u00eddo (ff. 276 a 287, cd.1)  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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Dos de los terceros de buena fe vinculados a la tutela, John Mario Giraldo G\u00f3mez y Gonzalo Obdulio \u00c1vila Forero, impugnan la anterior providencia; ambos son contestes en recabar sobre la vulneraci\u00f3n al debido proceso y a la defensa dentro de la causa penal discutida, reiterando que no fueron en ning\u00fan momento escuchados por la juez penal antes de adoptar las medidas que perjudicaron sus intereses y patrimonio (ff. 313 a 315; y 317 a 319, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        La reiterada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que la acci\u00f3n de tutela no es el mecanismo id\u00f3neo para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure v\u00eda de hecho\u00bb, y en el entendido que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 mar. 2011, rad. 00329-00, reiterada entre muchas en STC8417-2016, 22 jun. 2016, rad. 2016-00139-01).  <\/span><\/p>\n

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Por regla de excepci\u00f3n a lo anterior se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico.  <\/span><\/p>\n

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Recu\u00e9rdese que cuando el fallador profiere una trascendente providencia en el proceso, obedeciendo al capricho o a la arbitrariedad, tiende a causar agravio a alguno de los intervinientes e incluso a la propia administraci\u00f3n de justicia, y en esas condiciones la v\u00eda del resguardo deviene id\u00f3nea para desecharlo, conjurar o prevenir el perjuicio.  <\/span><\/p>\n

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2.        Empero, vista desde la perspectiva de la finalidad del amparo, la inmediatez impide que la tutela se convierta en un factor de inseguridad jur\u00eddica con el cual se produzca la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas constitucionales de terceros, como tambi\u00e9n que se desnaturalice el mismo tr\u00e1mite, en tanto la defensa que constituye su objeto ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual.  Frente a la oportunidad, la jurisprudencia de esta Sala ha sostenido que:  <\/span><\/p>\n

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\u00abEn punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental.  <\/span><\/p>\n

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Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00ab (CSJ STC 29 abr. 2009, rad. 00624-00, reiterada entre muchas en STC5268-2016, 28 ab. rad. 2016-00048-01).  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas, los afectados deben procurar acudir a tiempo a este mecanismo excepcional, pues la acci\u00f3n de tutela no se puede convertir en un instrumento generador de incertidumbre e incluso de vulneraci\u00f3n de los derechos de terceros.  <\/span><\/p>\n

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La jurisprudencia constitucional ha sido igualmente enf\u00e1tica al exponer la tem\u00e1tica que viene desarroll\u00e1ndose, en sentencia T-060 de 2016, reiter\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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\u00abLa Corte ha indicado que una de las caracter\u00edsticas principales de la tutela es la inmediatez. Es decir, la interposici\u00f3n de la demanda no admite espera o dilaci\u00f3n para la oportuna activaci\u00f3n del mecanismo de protecci\u00f3n de un derecho fundamental presuntamente conculcado. Esta Corporaci\u00f3n ha sostenido prima facie que la tutela no tiene t\u00e9rmino de caducidad (CP, 86). Por lo cual, en algunos casos, el juez constitucional no puede rechazarla in limine argumentado un lapso excesivo en su presentaci\u00f3n, sino que por el contrario debe entrar a estudiar el asunto de fondo en la medida que concurran otros elementos que justifiquen la moratoria. En efecto, esta Corporaci\u00f3n en sentencia de unificaci\u00f3n de tutelas SU-961 de 1999, se\u00f1al\u00f3, al respecto, lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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\u201cLa posibilidad de interponer la acci\u00f3n de tutela en cualquier tiempo significa que no tiene t\u00e9rmino de caducidad. La consecuencia de ello es que el juez no puede rechazarla con fundamento en el paso del tiempo y tiene la obligaci\u00f3n de entrar a estudiar el asunto de fondo. Sin embargo, el problema jur\u00eddico que se plantea en este punto es: \u00bfquiere decir esto que la protecci\u00f3n deba concederse sin consideraci\u00f3n al tiempo transcurrido desde el momento en que ha tenido lugar la violaci\u00f3n del derecho fundamental?. Las consecuencias de la premisa inicial, seg\u00fan la cual la tutela puede interponerse en cualquier tiempo, se limitan al aspecto procedimental de la acci\u00f3n, en particular a su admisibilidad, sin afectar en lo absoluto el sentido que se le deba dar a la sentencia.  Todo fallo est\u00e1 determinado por los hechos, y dentro de estos puede ser fundamental el momento en el cual se interponga la acci\u00f3n, como puede que sea irrelevante.\u201d  <\/span><\/p>\n

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No obstante lo anterior, aquello no implica que el juez constitucional pueda conceder la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales se\u00f1alados como vulnerados cuando aquella se solicit\u00f3 de manera manifiestamente tard\u00eda. El principio de inmediatez busca que la acci\u00f3n de tutela se ejerza dentro de un t\u00e9rmino razonable desde la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental. En ese sentido, este Tribunal, a trav\u00e9s de sus distintas Salas de Revisi\u00f3n ha acogido el criterio de determinar el t\u00e9rmino razonable con base en las caracter\u00edsticas especiales de cada caso en concreto, por lo cual, en algunas ocasiones un plazo de seis (6) meses podr\u00eda resultar suficiente para declarar la tutela improcedente y en otros eventos, un t\u00e9rmino de dos (2) a\u00f1os se podr\u00eda considerar razonable para ejercer la acci\u00f3n de tutela. Dicha ponderaci\u00f3n para el ejercicio oportuno de la acci\u00f3n depende de la casu\u00edstica del proceso, como lo consider\u00f3 la Sala Quinta de Revisi\u00f3n en la Sentencia T-328 de 2010 M.P. Jorge Iv\u00e1n Palacio Palacio)  <\/span><\/p>\n

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En este caso, resulta evidente que el transcurso de un t\u00e9rmino superior a un a\u00f1o desde la sentencia de primera instancia dictada por el Juzgado 32 Penal del Circuito de Bogot\u00e1 \u2013 7 de octubre de 2015 \u2013 y de 9 meses desde la sentencia que confirm\u00f3 la del A quo \u2013 13 de enero de 2016 \u2013 emitida por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, es circunstancia que evidencia una desatenci\u00f3n que contrar\u00eda la naturaleza del auxilio, desvirtuando la gravedad de la vulneraci\u00f3n afirmada o dando cuenta de la aceptaci\u00f3n de la situaci\u00f3n jur\u00eddica estructurada, y en todo caso, reabriendo un debate con injustificado detrimento de la seguridad jur\u00eddica y menoscabo de los leg\u00edtimos intereses de los involucrados como v\u00edctimas en la actuaci\u00f3n penal, as\u00ed como de los dem\u00e1s terceros.  <\/span><\/p>\n

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Y es que la inactividad predicada adquiere relevancia en raz\u00f3n de la calidad del accionante, pues, es incontrovertible, siendo una sociedad o compa\u00f1\u00eda adecuadamente organizada, esa advertida pasividad a la hora de ejercer el amparo no encuentra justificaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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De esta manera el criterio esbozado emerge como juicio suficiente para afirmar el fracaso del auxilio, lo que en definitiva y seg\u00fan lo decantado, pues supone un requisito general de procedibilidad, resulta inane ahondar en otras tem\u00e1ticas espec\u00edficas, que sin duda est\u00e1n condicionadas a la superaci\u00f3n del referido presupuesto.  <\/span><\/p>\n

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3.        Seg\u00fan lo discurrido, y con base en las precisas razones aqu\u00ed expuestas, se reafirmar\u00e1 la decisi\u00f3n materia de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes y oportunamente rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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         LUIS ALONSO RICO PUERTA   Magistrado ponente      STC512-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2016-01960-01   (Aprobado en sesi\u00f3n del veinticinco de enero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1 D.C., veinticinco (25  ) de enero de dos mil diecisiete (2017)      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-98821","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98821","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=98821"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98821\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=98821"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=98821"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=98821"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}