{"id":98822,"date":"2026-06-25T17:19:57","date_gmt":"2026-06-25T17:19:57","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc513-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:19:57","modified_gmt":"2026-06-25T17:19:57","slug":"stc513-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc513-2017\/","title":{"rendered":"STC513-2017"},"content":{"rendered":"

      ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ   <\/span><\/p>\n

Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

STC513-2017  <\/span><\/p>\n

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Radicaci\u00f3n n\u00ba 08001-22-13-000-2016-00612-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de  dieciocho de enero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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        Bogot\u00e1 D.C., veintis\u00e9is (26) de enero de dos mil diecis\u00e9is (2016).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el veintiuno de noviembre de dos mil diecis\u00e9is por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Barranquilla, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Oswaldo de Jes\u00fas Hern\u00e1ndez Fuentes contra el Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 al Juzgado Cuarto Civil del Circuito del mismo Distrito Judicial, as\u00ed como a las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional.  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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El ciudadano solicit\u00f3 el amparo de su derecho fundamental al debido proceso, que considera vulnerado por la autoridad judicial accionada en el tr\u00e1mite del proceso ejecutivo hipotecario instaurado en su contra, porque profiri\u00f3 sentencia ordenando seguir adelante la ejecuci\u00f3n y ha seguido la acci\u00f3n de cobro, inclusive, fijado fechas para remate, cuando el t\u00edtulo, escritura p\u00fablica, base de la ejecuci\u00f3n es falso, hecho que no se ha tenido en cuenta por el funcionario judicial.  <\/span><\/p>\n

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Lo que incluso, indica, genera \u00abconductas punibles tipificadas en nuestro Estatuto Penal de; falsificaci\u00f3n en documento p\u00fablico, falsedad personal, suplantaci\u00f3n y fraude procesal\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, pretende, que se ordene al Juzgado reestablecer sus garant\u00edas. [Folio 3, c.1]  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. En el a\u00f1o de 1996, los se\u00f1ores Isabel Segunda Romo y Eduardo Antonio Mej\u00eda Romo, iniciaron demanda ejecutiva hipotecaria contra el ac\u00e1 accionante, a fin de que \u00e9ste cancelara unos dineros que les adeudaba.  <\/span><\/p>\n

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3. El Conocimiento del asunto correspondi\u00f3 al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Barranquilla, que en auto de 27 de agosto de 1996, libr\u00f3 mandamiento de pago, en la forma solicitada.  <\/span><\/p>\n

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4. Notificado el ejecutado por intermedio de Curador Ad-litem, guardo silencio, por lo que el 11 de diciembre de 2000, se profiri\u00f3 sentencia sin oposici\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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5. El 4 de diciembre de 2003, liquidado el cr\u00e9dito y estando en etapa de remate el litigio, el demandado se hizo presente y solicit\u00f3  la nulidad de todo lo actuado a partir del auto que decret\u00f3 el aval\u00fao del inmueble, con sustent\u00f3 en que no se hab\u00eda secuestrado en inmueble.  <\/span><\/p>\n

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6. En providencia de 1\u00ba de marzo de 2004 se deneg\u00f3 el referido incidente.  <\/span><\/p>\n

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7. el 23 de febrero de 2011, se fij\u00f3 fecha para remate, el cual no se llev\u00f3 a cabo.  <\/span><\/p>\n

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8. El 22 de octubre de 2013, Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de la referida ciudad, avoc\u00f3 el conocimiento del asunto.  <\/span><\/p>\n

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9. Despu\u00e9s de realizar nuevos aval\u00faos, se fijaron nuevas fechas para hacer la almoneda, sin embargo hasta el momento no ha sido posible la misma, por cuanto no ha existido postores o no se allegan las publicaciones respectivas.  <\/span><\/p>\n

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10. En criterio del peticionario del amparo las autoridades judiciales vulneraron sus derechos deprecados, porque a pesar de que el documento base de la ejecuci\u00f3n es falso, se dio tr\u00e1mite a la demandada interpuesta en virtud de aqu\u00e9l, se libr\u00f3 mandamiento de pago y se profiri\u00f3 sentencia \u00abconden\u00e1ndolo\u00bb, en total estado de indefensi\u00f3n, e incluso, se ha se\u00f1alado fecha para el remate de sus inmuebles.   <\/span><\/p>\n

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Error garrafal, en el que no solamente se est\u00e1 enga\u00f1\u00e1ndolo a \u00e9l, sino adem\u00e1s  \u00ab a la justicia\u2026 generando las conductas punibles tipificadas en nuestro estatuto penal de; falsificaci\u00f3n en documento p\u00fablico, falsedad personal, suplantaci\u00f3n y fraude procesal\u00bb. [Folio 3, c.1]  <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El 4 de noviembre de 2016, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, orden\u00e1ndose el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho de defensa. [Folio 16, c.1]  <\/span><\/p>\n

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2. El Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de Barranquilla, luego de hacer un recuento de lo actuado ante dicho Despacho, indic\u00f3 que no era procedente el amparo, porque adem\u00e1s de cumplir con el principio de inmediatez y subsidiariedad, tampoco se encontraba que se hubiese incurrido en una de las causales para la prosperidad de la protecci\u00f3n frente a decisiones judiciales. [Folio 23, c.1]  <\/span><\/p>\n

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Po su parte el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esa ciudad, manifest\u00f3 que el expediente fue remitido a los despachos de ejecuci\u00f3n y que no incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho alguna durante el tr\u00e1mite del proceso objeto de la queja. [Folio 45, c.1]  <\/span><\/p>\n

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3. Mediante providencia de 21 de noviembre de 2016, el Tribunal neg\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos invocados, porque no se cumpl\u00edan los principios de inmediatez y subsidiariedad, como quiera que el actor pese a considerar vulneratorios de sus derechos el auto de mandamiento de pago y el prove\u00eddo que orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n, dej\u00f3 transcurrir m\u00e1s de 16 a\u00f1os de proferidos \u00e9stos para acudir a la jurisdicci\u00f3n constitucional, sumado a que no interpuso los recursos de ley contra las decisiones referidas, pese a que cont\u00f3 con todas las garant\u00edas al interior del proceso. [Folio 47, c.1]  <\/span><\/p>\n

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4. Inconforme con dicha providencia, el reclamante la impugn\u00f3. [Folio 66, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Ha sido invariable la posici\u00f3n de la jurisprudencia de esta Corte al se\u00f1alar que los principios esenciales que orientan la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica son la inmediatez y la subsidiariedad de dicho mecanismo.   <\/span><\/p>\n

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Visto desde la perspectiva de la finalidad del amparo, el primero de los presupuestos se\u00f1alados impide que la tutela se convierta en factor de inseguridad jur\u00eddica y en fuente de vulneraci\u00f3n de garant\u00edas constitucionales de terceros, como tambi\u00e9n que se desnaturalice el tr\u00e1mite mismo, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual.  <\/span><\/p>\n

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Frente a este tema, la jurisprudencia de esta Sala ha sostenido que:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab(\u2026) aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb. (CSJ STC, 2 Ago 2007, Rad. 00188-01)  <\/span><\/p>\n

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M\u00e1s adelante, la Corporaci\u00f3n se\u00f1al\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses. (CSJ STC, 29 Abr 2009, Rad. 2009-00624-00).  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas, el eventual afectado debe procurar acudir oportunamente a esta herramienta excepcional, pues no se puede convertir en generador de incertidumbre e incluso de quebranto de los derechos de otras personas.  <\/span><\/p>\n

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Ahora bien, el segundo de los requisitos de procedibilidad del reclamo constitucional, est\u00e1 referido a la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la salvaguarda oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza, y por lo tanto, al amparo no puede consider\u00e1rsele como un mecanismo alternativo o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n, pues su finalidad no consiste en reemplazar los tr\u00e1mites establecidos por el legislador para la protecci\u00f3n de los derechos de los ciudadanos.  <\/span><\/p>\n

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2. En el caso bajo estudio, del an\u00e1lisis de los hechos expuestos en la solicitud de protecci\u00f3n, se concluye que el amparo resulta improcedente, porque la parte actora pretende desconocer los requisitos de la acci\u00f3n que vienen de comentarse.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, el reclamante del amparo cuestiona el auto mandamiento de pago y la sentencia que orden\u00f3 la venta del inmueble, providencias que datan de 27 de agosto de 1996 y 11 de diciembre de 2000, en tanto que se acudi\u00f3 a la jurisdicci\u00f3n constitucional el 3 de noviembre de 2016, luego de transcurrido m\u00e1s de 16 a\u00f1os despu\u00e9s.  <\/span><\/p>\n

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Lo anterior deja en evidencia que el peticionario del amparo para interponer la tutela dej\u00f3 transcurrir un per\u00edodo superior al que la jurisprudencia de esta Corte ha considerado como razonable y prudencial para promover el mecanismo de defensa de los derechos fundamentales, sin que hubiera demostrado alg\u00fan hecho o motivo que justifique su tardanza para impetrar esta acci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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3. A\u00fan si se hiciera abstracci\u00f3n de lo anterior, no ser\u00eda posible acceder a las pretensiones del ciudadano, porque no atienden el comentado principio de subsidiariedad, pues el accionante no aprovech\u00f3 los recursos que ten\u00eda a su alcance al interior del proceso ejecutivo para propender por la protecci\u00f3n de los derechos que ahora estima vulnerados, de lo que se deduce que a trav\u00e9s de esta v\u00eda, no se pueden sustituir esos mecanismos de contradicci\u00f3n ordinarios, que en su momento no emple\u00f3 para proteger las garant\u00edas constitucionales cuya protecci\u00f3n reclama.  <\/span><\/p>\n

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En ese orden, en lo concerniente a la falsedad del t\u00edtulo, se resalta por la Sala que el ejecutado no manifest\u00f3 ni ha expuesto nada al respecto al interior del proceso, y en las oportunidades procesales, las inconformidades que alega en sede de tutela, a trav\u00e9s de la tacha de falsedad o las excepciones o las excepciones de m\u00e9rito, pese a que fue notificado en legal forma, por lo que desaprovech\u00f3 dichos medios de defensa, sin que sea permitido que a trav\u00e9s de la acci\u00f3n constitucional se suplan los mecanismos ordinarios de defensa que no agot\u00f3 en el tr\u00e1mite referido.  <\/span><\/p>\n

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Incluso encuentra la Corporaci\u00f3n, que a pesar de tener conocimiento de las circunstancias que ahora expone como lesivas, se present\u00f3 a la controversia y solicit\u00f3 nulidad, pero por hechos diferentes, como la falta de secuestro del bien, lo que evidencia la decid\u00eda con la que ha actuado el promotor del amparo en su defensa.  <\/span><\/p>\n

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De ah\u00ed, que atendido el car\u00e1cter subsidiario de la queja constitucional, en ning\u00fan momento se puede entender como un mecanismo instituido para reemplazar los instrumentos establecidos por el legislador para la efectiva y adecuada defensa de las garant\u00edas procesales de los intervinientes en un proceso, pues considerar tal posici\u00f3n conllevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

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4. Adicional a lo expuesto, si el tutelante considera que se ha incurrido en conductas punibles, tales como fraude procesal, puede acudir a denunciar tales hechos ante la jurisdicci\u00f3n penal a fin de que se investiguen los mismos por parte de los funcionarios competentes, e incluso, solicitar all\u00ed se tomen las medidas necesarias para remediar los perjuicios que \u00e9stas generen.   <\/span><\/p>\n

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Al respecto establece el art\u00edculo 67 de la Ley 906 de 2004, que: \u00abDeber de denunciar. Toda persona debe denunciar a la autoridad los delitos de cuya comisi\u00f3n tenga conocimiento y que deban investigarse de oficio\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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En s\u00edntesis, la tutela no puede tener acogida ante la evidencia de otras herramientas defensivas, sin que, la invocaci\u00f3n de un perjuicio irremediable, pueda eliminar, de un tajo, los procedimientos ordinarios instaurados para evaluar situaciones tan complejas como las que aqu\u00ed se anuncian, y que requieren de un adecuado debate y confrontaci\u00f3n probatoria.  <\/span><\/p>\n

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5. De las anteriores consideraciones surge evidente que la protecci\u00f3n reclamada en esta excepcional v\u00eda deb\u00eda denegarse, por lo que se confirmar\u00e1 el fallo objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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