{"id":98825,"date":"2026-06-25T17:20:09","date_gmt":"2026-06-25T17:20:09","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc516-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:20:09","modified_gmt":"2026-06-25T17:20:09","slug":"stc516-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc516-2017\/","title":{"rendered":"STC516-2017"},"content":{"rendered":"

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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STC516-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n. 11001-02-03-000-2017-00003-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de enero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Luz Stella Herre\u00f1o Rico, contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y el Juzgado de Familia de Soacha; tr\u00e1mite al cual se orden\u00f3 vincular a las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n    <\/span><\/p>\n

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En el libelo que diera origen a la presente acci\u00f3n, la ciudadana solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, debido proceso y dignidad humana, que considera vulnerados por las autoridades judiciales accionadas, al no declarar la conformaci\u00f3n de la sociedad patrimonial con su compa\u00f1ero permanente fallecido, cuando est\u00e1 acreditado que fue ella quien convivi\u00f3 con \u00e9l los \u00faltimos 10 a\u00f1os y que durante ese lapso trabajaron mancomunadamente para conseguir los bienes dejados por el causante al morir.  <\/span><\/p>\n

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Pretende que para proteger sus garant\u00edas, se ordene al Tribunal accionado \u00ab\u2026rehacer la sentencia, reconociendo mis derechos patrimoniales como compa\u00f1era permanente del se\u00f1or Edgar Antonio Acosta Gonz\u00e1lez\u00bb. [Folios 3-6, c.1]  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. El 20 de marzo de 2013, la quejosa promovi\u00f3 demanda contra Gloria Mar\u00eda Alfonso de Acosta y los herederos determinados e indeterminados del se\u00f1or Edgar Antonio Acosta Gonz\u00e1lez, para que se declarara la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho entre ella y el causante, as\u00ed como la conformaci\u00f3n de la sociedad patrimonial y su disoluci\u00f3n.    <\/span><\/p>\n

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1. Del asunto correspondi\u00f3 conocer al Juzgado de Familia de Soacha (Cundinamarca), que por auto de 16 de abril del mimo a\u00f1o, lo admiti\u00f3 a tr\u00e1mite y dispuso las comunicaciones y notificaciones de rigor.    <\/span><\/p>\n

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1. Notificados, los demandados manifestaron su oposici\u00f3n a las pretensiones de la reclamante, para lo cual propuso la excepci\u00f3n de m\u00e9rito que denomin\u00f3 \u201cinexistencia de la uni\u00f3n marital de hecho\u201d.    <\/span><\/p>\n

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1. Mediante prove\u00eddo de julio 30 de 2013, se design\u00f3 curador ad litem para los indeterminados, quien se notific\u00f3 personalmente de la admisi\u00f3n de la demanda el 20 de agosto de 2013 y procedi\u00f3 a contestarla el 17 de septiembre siguiente.    <\/span><\/p>\n

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1. Agotada la actuaci\u00f3n pertinente, el 18 de noviembre de 2015, se emiti\u00f3 sentencia de primera instancia a trav\u00e9s de la cual se accedi\u00f3 a la declaratoria de uni\u00f3n marital de hecho entre la demandante y el fallecido y se denegaron las dem\u00e1s pretensiones del libelo introductorio \u00ab\u2026por encontrarse impedido legalmente el se\u00f1or Acosta Gonz\u00e1lez para conformarla [se refiere a la sociedad patrimonial], como ya se dijo, por tener vigente sociedad conyugal hasta el d\u00eda de su muerte, que con ocasi\u00f3n del matrimonio conform\u00f3 con su esposa\u2026\u00bb    <\/span><\/p>\n

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1. En desacuerdo, la accionante recurri\u00f3 en apelaci\u00f3n aquella providencia.    <\/span><\/p>\n

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1. El 25 de julio de 2016, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, imparti\u00f3 integral confirmaci\u00f3n al fallo de primer grado.    <\/span><\/p>\n

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1. En sentir del reclamante, las decisiones rese\u00f1adas vulneran sus garant\u00edas fundamentales, en la medida en que dan prevalencia a lo formal sobre lo sustancial, pues pese a que acredit\u00f3 haber convivido los \u00faltimos diez a\u00f1os de vida con el fallecido, no le fueron reconocidos los derechos patrimoniales surgidos de aquella uni\u00f3n.    <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, solicita la protecci\u00f3n constitucional, en la forma vista.  <\/span><\/p>\n

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1. En auto de 12 de enero de 2017, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 la vinculaci\u00f3n de todos los interesados para que ejercieran su derecho de defensa.  <\/span><\/p>\n

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2. El Juzgado de Familia de Soacha consider\u00f3 inexistente la vulneraci\u00f3n de derechos alegada por la accionante y destac\u00f3 que su decisi\u00f3n fue objeto de confirmaci\u00f3n integral por parte del Tribunal Superior de Cundinamarca, por encontrarse ajustada a la legalidad. Adem\u00e1s, remiti\u00f3 la actuaci\u00f3n cuestionada para su inspecci\u00f3n. [Folios 18-20, c.1]  <\/span><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Cuando el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica cre\u00f3 la acci\u00f3n de tutela como un procedimiento preferente y sumario al alcance del ciudadano, para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales en caso de que \u00e9stos fueran vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, lo hizo bajo la insoslayable premisa de que no dispusiera el afectado de \u201cotro medio de defensa judicial\u201d, salvo que la acci\u00f3n se utilizara como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  <\/span><\/p>\n

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En ese orden, debe recordarse que el amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del principio de la subsidiariedad, ya que s\u00f3lo procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la salvaguarda oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza y por lo tanto, no puede consider\u00e1rsele como un mecanismo alternativo o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n, pues su finalidad no consiste en reemplazar los tr\u00e1mites establecidos por el legislador para la protecci\u00f3n de los derechos de los ciudadanos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En armon\u00eda con esos postulados, el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, que regula la acci\u00f3n de tutela, estableci\u00f3 las causales de improcedencia, entre las cuales se destaca la existencia de \u201cotros recursos o medios de defensa judicial\u201d, dejando a salvo igual principio al consagrado por el Constituyente respecto a que se utilizara como \u201cmecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable\u201d, advirtiendo eso s\u00ed que la existencia de esos medios ser\u00eda apreciada \u201cen concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante\u201d.  <\/span><\/p>\n

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2. Ante el supuesto que se analiza en esta instancia, el amparo se advierte improcedente, toda vez que la accionante tuvo a su alcance otro medio de defensa judicial para controvertir la decisi\u00f3n que, en su sentir, le resulta lesiva, de lo que se deduce que a trav\u00e9s de esta v\u00eda, no se pueden sustituir esos mecanismos de contradicci\u00f3n ordinarios, que en su momento no emple\u00f3 para proteger las garant\u00edas constitucionales cuya protecci\u00f3n reclama.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, del planteamiento de la queja, surge claro que la determinaci\u00f3n que se se\u00f1ala como vulneradora de sus derechos, es la sentencia que se profiri\u00f3 en segunda instancia dentro del proceso de declaraci\u00f3n de uni\u00f3n marital de hecho entre la tutelante y el fallecido Edgar Antonio Acosta Gonz\u00e1lez (q.e.p.d.), asunto que versa sobre el estado civil, por lo que la interesada contaba con el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, el cual est\u00e1 previsto en el art\u00edculo 333 del C\u00f3digo General del Proceso, como un mecanismo id\u00f3neo para examinar la legalidad del fallo dictado por el juez colegiado, que confirm\u00f3 la determinaci\u00f3n adoptada por el A quo.  <\/span><\/p>\n

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Puntualmente, sobre la procedencia de este medio de impugnaci\u00f3n en el caso objeto de an\u00e1lisis, establece el par\u00e1grafo del art\u00edculo 334 ejusdem, que \u00ab\u2026[t]rat\u00e1ndose de asuntos relativos al estado civil s\u00f3lo ser\u00e1n susceptibles de casaci\u00f3n las sentencias sobre impugnaci\u00f3n o reclamaci\u00f3n de estado y la declaraci\u00f3n de uniones maritales de hecho.\u00bb (Negrilla para resaltar)  <\/span><\/p>\n

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De ah\u00ed que si la reclamante consideraba que esa providencia le produc\u00eda agravio, debi\u00f3 acudir al mencionado instrumento defensivo.   <\/span><\/p>\n

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Incluso, desde antes de la expedici\u00f3n de la actual codificaci\u00f3n procesal, la Sala ten\u00eda precisada la procedencia del recurso extraordinario en comento, cuando de cuestionar sentencias que resolvieron de fondo una controversia que versara sobre la existencia o no de una uni\u00f3n marital de hecho y la conformaci\u00f3n de la sociedad patrimonial derivada de aquella.  <\/span><\/p>\n

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En tal sentido, se reiter\u00f3: \u201c\u2026en auto de 18 de junio de 2008, reiterado en sentencia de 11 de marzo de 2009, concluy\u00f3 que la acci\u00f3n declarativa de la uni\u00f3n marital de hecho entre compa\u00f1eros permanentes y la consiguiente sociedad patrimonial que se forma entre estos, comporta la definici\u00f3n de una relaci\u00f3n jur\u00eddica de esa naturaleza, de suerte que no es admisible que utilice esta acci\u00f3n preferente y sumaria para suplir su desidia\u201d.  <\/span><\/p>\n

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\u201cCiertamente, la primera de las referidas providencias precis\u00f3: \u00abDe lo dicho se sigue que la uni\u00f3n marital de hecho, al igual que el matrimonio, es una especie de estado civil, pues aparte de no ser una relaci\u00f3n cualquiera, no es algo que sea externo a las personas que la conforman, por el contrario, trasciende a ellas, es decir, a la pareja misma y a cada uno de sus miembros individualmente considerados, con cierto status jur\u00eddico en la familia y la sociedad (\u2026)\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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\u201cLa segunda providencia, por su parte, reiter\u00f3: \u00ab\u2026 el segmento de mayor relevancia social y jur\u00eddica de la Ley 54 de 1990, concierne al reconocimiento del status normativo de la uni\u00f3n marital de hecho como forma expresiva de la relaci\u00f3n marital extramatrimonial, comunidad singular de vida estable, genitora de la familia y de un estado civil diverso al matrimonial. Y, en este sentido, la norma ostenta un marcado cariz imperativo o de ius cogens al referir a la familia y al estado civil, cuesti\u00f3n de indudable inter\u00e9s general, p\u00fablico y social (\u2026)\u00bb\u201d (sentencia de 29 de mayo de 2012, exp. 11001-02-03-000-2012-01014-00)1.  <\/span><\/p>\n

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Sin embargo, de las pruebas aportadas a la actuaci\u00f3n, se determina que la demandada no interpuso el se\u00f1alado recurso.  <\/span><\/p>\n

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3. Resulta, entonces ostensible, que si la reclamante no agot\u00f3 los mecanismos que le brinda la ley adjetiva para proteger sus derechos fundamentales, por medio de la acci\u00f3n de amparo no se puede proveer la soluci\u00f3n de cuestiones que corresponde dirimir al juez que dirige el respectivo juicio.  <\/span><\/p>\n

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Recu\u00e9rdese que la acci\u00f3n de tutela es una herramienta subsidiaria llamada a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, pero en ning\u00fan momento el amparo se puede entender como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes constitucional y legalmente se les ha asignado la resoluci\u00f3n de las controversias judiciales, porque ese supuesto conducir\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

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4. Con todo, debe recordarse que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados.  <\/span><\/p>\n

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Los criterios que se han sostenido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos est\u00e1n cimentados en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de las garant\u00edas de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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5. Atendidos los argumentos que se funda la solicitud de protecci\u00f3n y aquellos que le sirvieron al Tribunal Superior de Cundinamarca para resolver el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra la sentencia que declar\u00f3 probada la uni\u00f3n marital de la quejosa pero no configurada la sociedad patrimonial, no se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo, por cuanto la determinaci\u00f3n que se tom\u00f3 en el caso no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y por ende, no tiene aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores de quien promovi\u00f3 la queja constitucional.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, el ad quem resolvi\u00f3 confirmar la referida providencia, puntualmente en cuanto a declarar que no se hab\u00eda conformado la sociedad patrimonial entre el fallecido Edgar Antonio Acosta Gonz\u00e1lez y la demandante Luz Stella Herre\u00f1o Rico, porque aquel no estaba en tal capacidad ante la existencia del anterior v\u00ednculo matrimonial con la se\u00f1ora Gloria Mar\u00eda Alfonso Monta\u00f1ez, de donde surgi\u00f3 una sociedad conyugal que no fue objeto de liquidaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Al respecto, argument\u00f3 la autoridad cuestionada:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab\u2026el principal embate vertido con la apelaci\u00f3n no resulta de recibo, siendo que dentro del sub-ex\u00e1mine era forzoso verificar si disuelta estaba la sociedad conyugal que el fallecido Acosta Gonz\u00e1lez mantuvo con Gloria Mar\u00eda Alfonso Monta\u00f1ez, nacida con ocasi\u00f3n del matrimonio religioso que contrajeron el 8 de julio de 1978 (fl. 50 cd.1), disoluci\u00f3n que pudo ocurrir solamente con la muerte de aqu\u00e9l \u2013 el 25 de octubre de 2012 (fl. 3 cd.1), como quiera que no fue demostrado en el proceso que ello se dio por causal diferente a la consagrada en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 1820 del C\u00f3digo Civil, valga se\u00f1alar, por la disoluci\u00f3n del matrimonio, a su vez provocada por la muerte real de uno de los c\u00f3nyuges (la de Edgar Antonio), en armon\u00eda con el art\u00edculo 152 de la misma codificaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Y si en gracia de discusi\u00f3n se entendiera que la demandante procur\u00f3 explicar que la disoluci\u00f3n del matrimonio contra\u00eddo por su compa\u00f1ero permanente oper\u00f3 por la separaci\u00f3n de hecho con su c\u00f3nyuge, basada en que \u201c(\u2026) en los \u00faltimos 13 a\u00f1os no conviviera con el se\u00f1or Gonz\u00e1lez Acosta\u201d, habr\u00eda que decirse que esa virtual defensa carecer\u00eda de sustento normativo al no acompasar con alguno de los dictados del referido art\u00edculo 1820. As\u00ed, si la sociedad conyugal de Edgar Antonio solo vino a disolverse el 25 de octubre de 2012, contundentemente qued\u00f3 desvirtuada la presunci\u00f3n de existencia de la sociedad patrimonial demandada, como que manten\u00eda aqu\u00e9l impedimento legal para contraer matrimonio, sin haber dispuesto antes de iniciar o durante la uni\u00f3n marital de hecho con la actora, la disoluci\u00f3n de la sociedad conyugal constituida con la se\u00f1ora Alfonso Monta\u00f1ez.  <\/span><\/p>\n

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A lo que debe agregar la Sala que el requisito en cuesti\u00f3n no s\u00f3lo destruy\u00f3 la presunci\u00f3n en cita sino que, por igual, fatalmente se erigi\u00f3 como valladar para el surgimiento de la sociedad patrimonial cuya declaraci\u00f3n se deprec\u00f3. Conclusi\u00f3n que sin temor a equ\u00edvocos se deduce de la regulaci\u00f3n que campea en torno a la instituci\u00f3n de la uni\u00f3n marital de hecho y de su subyacente sociedad de bienes, la que perfilada estuvo a evitar que persistieran simult\u00e1neamente dos sociedades, una conyugal y otra patrimonial con la inevitable confusi\u00f3n de las cosas que componen el acervo de una y otra.\u00bb  <\/span><\/p>\n

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6. Luego, la motivaci\u00f3n rese\u00f1ada no vulner\u00f3 los derechos fundamentales de la tutelante, pues se sustent\u00f3 en un razonado an\u00e1lisis de la normatividad y la jurisprudencia, tanto de esta Corporaci\u00f3n como de la Corte Constitucional, sobre la materia, seg\u00fan la cual \u00ab\u2026para la conformaci\u00f3n de aquella especie de sociedad \u2013la patrimonial -, cuando alguno o ambos integrantes de la pareja tienen v\u00ednculo matrimonial anterior, solo se requiere que la respectiva sociedad conyugal haya sido disuelta, m\u00e1s no liquidada (\u2026)\u201d, cosa que no ocurr\u00eda en el asunto objeto de estudio.  <\/span><\/p>\n

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De all\u00ed que sea evidente que la pretensi\u00f3n de la promotora del amparo se circunscribi\u00f3, de modo exclusivo, a un subjetivo disenso frente a las razones en que el Tribunal accionado se apoy\u00f3 para adoptar su determinaci\u00f3n, inconformidad que, naturalmente, excede el \u00e1mbito del sentenciador de tutela.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Lo anterior, porque est\u00e1 claro que en ejercicio de sus atribuciones legales, el administrador de justicia tiene entera libertad para realizar una apreciaci\u00f3n aut\u00f3noma y racional de los elementos y la interpretaci\u00f3n normativa a partir de los cuales debe formar su convicci\u00f3n, sin incurrir, desde luego, en desviaci\u00f3n ostensible del ordenamiento jur\u00eddico, supuesto que no se advierte configurado en el caso, por lo que le est\u00e1 vedado al juez de tutela interferir en la labor acometida bajo los principios de autonom\u00eda e independencia que demarcan la funci\u00f3n judicial.  <\/span><\/p>\n

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7. Las anteriores razones se estiman suficientes para negar el amparo deprecado.  <\/span><\/p>\n

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III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo invocado.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada esta sentencia.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

1 An\u00e1logamente  se pronunci\u00f3 la Corte en sentencias de tutela de  22 de abril de 2010, exp. N\u00b0 11001-02-03-000-2010-00545-00, 11 de julio de 2011, exp. 11001-02-03-000-2011-01337-00      <\/span><\/p>\n

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         ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ      STC516-2017   Radicaci\u00f3n n. 11001-02-03-000-2017-00003-00   (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de enero de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Luz Stella Herre\u00f1o Rico, […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-98825","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98825","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=98825"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98825\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=98825"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=98825"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=98825"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}