{"id":98826,"date":"2026-06-25T17:20:13","date_gmt":"2026-06-25T17:20:13","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc517-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:20:13","modified_gmt":"2026-06-25T17:20:13","slug":"stc517-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc517-2017\/","title":{"rendered":"STC517-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

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STC517-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-10-000-2016-00693-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n del veinticinco de enero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25  ) de enero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 21 de noviembre de 2016, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por C\u00e9sar Augusto Cort\u00e9s Vanegas contra el Juzgado Veintiuno de Familia de esta ciudad, el Ministerio de Defensa y Ej\u00e9rcito Nacional, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el proceso de Alimentos n\u00b0 2016-0043.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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       1.        Actuando en nombre propio, el solicitante reclama el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, m\u00ednimo vital y a la paz, entre otros, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial convocada, en tanto dispuso \u00abel embargo excesivo\u00bb de sus ingresos mensuales en virtud al juicio alimentario en menci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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2.        En s\u00edntesis, como soporte de la queja expuso  que en un proceso de fijaci\u00f3n de alimentos instaurado por Aura Estela Pereira Morales a favor de sus menores hijas, el Juzgado accionado, \u00abbas\u00e1ndose en una prueba o documento ilegalmente obtenido\u00bb, decret\u00f3 el embargo del \u00ab50% del salario y emolumentos\u00bb percibidos como miembro del Ej\u00e9rcito Nacional, pese a que \u00e9l \u00abnunca se ha sustra\u00eddo de la obligaci\u00f3n de brindar una cuota mensual de alimentos\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Se\u00f1al\u00f3 que en raz\u00f3n a dicha cautela, no s\u00f3lo se ven afectados sus derechos fundamentales sino los de \u00abotras personas que dependen econ\u00f3micamente de \u00e9l y que de igual forma tiene derecho a la ayuda y alimentos\u00bb, y que no obstante \u00abhaber contestado la demanda en tiempo y haber propuesto la excepciones del caso\u00bb, tal situaci\u00f3n no ha sido resuelta por el juez.  <\/span><\/p>\n

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3. Pretende que se ordene al despacho enjuiciado que proceda al \u00ablevantamiento de la medida cautelar\u2026 o en su defecto a limitar la medida se\u00f1alada hasta por una suma igual o equivalente a $300.000 mensuales\u00bb, as\u00ed como \u00abla devoluci\u00f3n de los dineros descontados\u00bb (fls. 1 a 14, cd. 1).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO  <\/span><\/p>\n

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La funcionaria accionada, quien puso el expediente a disposici\u00f3n del Tribunal para su respectiva inspecci\u00f3n,  inform\u00f3 que la medida cautelar a que refiere el inconforme, en realidad corresponde a la fijaci\u00f3n de \u00abcuota provisional\u00bb por valor del \u00ab40% del salario del demandado, por ser dos menores de edad las alimentarias\u00bb, frente a cuya determinaci\u00f3n la impugnaci\u00f3n presentada fue extempor\u00e1nea. Agreg\u00f3 que la defensa de fondo aludiendo la existencia de otras obligaciones alimentarias a su cargo, ser\u00e1 objeto de pronunciamiento en el fallo, y puntualiz\u00f3 que el embargo de dineros ubicados en la cuenta de la Caja Promotora de Vivienda, se dispuso como garant\u00eda de alimentos futuros (fls. 23 y 24, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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Neg\u00f3 el resguardo al encontrar razonable el decreto de alimentos provisionales para las dos ni\u00f1as por quienes se instaur\u00f3 la demanda, pues \u00e9ste se ci\u00f1e a las pruebas regularmente allegadas al expediente y con vista en lo normado en los art\u00edculos 129 y 130 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia, por lo que sin perjuicio de las excepciones a resolverse en el proceso, dijo que \u00abno se ha solicitado el reajuste\u00bb de la mesada con sustento en la posible existencia de otras obligaciones a su cargo (fls. 33 a 41, cd. 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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El apoderado del accionante atac\u00f3 la anterior decisi\u00f3n, aduciendo que el juzgador de instancia \u00abomiti\u00f3 revisar y valorar\u00bb que con la fijaci\u00f3n de alimentos en cuesti\u00f3n se afecta su \u00abm\u00ednimo vital\u00bb, as\u00ed como su \u00absalud f\u00edsica y mental\u00bb, ya que con el dinero que le queda luego de los descuentos, \u00e9ste \u00abno tiene ni siquiera para su subsistencia y necesidades b\u00e1sicas\u00bb, y por tanto tampoco para proporcionarle ayuda a \u00absu se\u00f1ora madre y abuela quienes dependen econ\u00f3micamente de \u00e9l\u00bb. Refut\u00f3 que el a-quo hubiera aducido la adecuada aplicaci\u00f3n de los preceptos legales que rigen la materia, porque si bien el \u00abtope\u00bb para la fijaci\u00f3n de alimentos es el 50%, la tasaci\u00f3n debi\u00f3 hacerse dentro de ese rango y teniendo en cuenta las circunstancias particulares del alimentante, de manera que la medida fuese \u00abjusta y racional\u00bb frente a los intereses de \u00e9ste y de las alimentarias (fls. 56 a 58, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        La reiterada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que la acci\u00f3n de tutela no es el mecanismo id\u00f3neo para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna resoluci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure v\u00eda de hecho\u00bb, y en el entendido que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 mar. 2011, rad. 00329-00, reiterada entre otras, en STC7941-2016 y STC15388-2016, 27 oct. 2016, rad. 00471-01).  <\/span><\/p>\n

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2. Bajo estas premisas, atendidos los argumentos de la queja constitucional, de la revisi\u00f3n de la actuaci\u00f3n procesal descrita por la funcionaria acusada y verificada por el Tribunal a trav\u00e9s de la inspecci\u00f3n judicial practicada al expediente, prontamente establece la Sala que la tutela se torna improcedente porque no logra superar el presupuesto de la subsidiariedad, en tanto el promotor del amparo no agot\u00f3 los mecanismos de defensa judicial previstos en el ordenamiento legal al interior del proceso.  <\/span><\/p>\n

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3. En efecto, ante el juzgador de instancia, el all\u00ed demandado tuvo la oportunidad para controvertir, mediante el recurso de reposici\u00f3n, el prove\u00eddo del 2 de junio de 2016, en el cual fij\u00f3 la cuota alimentaria provisional para sus dos menores hijas Gabriela y Thael Sof\u00eda en la suma equivalente al 40% de su salario.   <\/span><\/p>\n

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Ciertamente, la inconformidad del peticionario con el accionado y cuya motivaci\u00f3n fue planteada acudiendo a esta v\u00eda excepcional, pudo haberla presentado ante el mismo funcionario judicial que dict\u00f3 la providencia, para provocar que reconsiderara su postura, pues sabido es que contra esa decisi\u00f3n cab\u00eda el recurso de reposici\u00f3n que conforme a la normativa procedimental procede con efectos de idoneidad y eficacia, pero no lo hizo.  <\/span><\/p>\n

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N\u00f3tese que la procedencia del referido recurso, ac\u00e1 echado de menos, est\u00e1 contemplada en el art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso, al se\u00f1alar que ese medio de impugnaci\u00f3n es viable frente a \u00ablos autos que dicte el juez, contra los del magistrado sustanciador no susceptibles de s\u00faplica y contra los de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, para que se reformen o revoquen\u00bb.  <\/span><\/p>\n

Sobre el punto se reitera que la eficacia de dicho mecanismo de defensa, no se supedita a que su resoluci\u00f3n sea por el mismo juez que dict\u00f3 la providencia, pues la existencia del supuesto yerro puede corregirse no solo por la senda del recurso vertical ya que no todas las determinaciones judiciales gozan de esa prerrogativa. La omisi\u00f3n en hacer uso de la reposici\u00f3n ha sido tratada por la Corte al sostener:  <\/span><\/p>\n

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\u00abY, no se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes, especialmente en asuntos que se tramitan en \u00fanica instancia\u00bb (CSJ STC, 20 de feb. 2014, exp. 00201-00, reiterada, entre otras, en STC11979-2014, 5 sep. 2014, rad. 00138-01 y STC16341-2016, 10 nov. 2016, rad. 00397-01).  <\/span><\/p>\n

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En ese orden, por cuanto el expediente muestra desaprovechamiento de la oportunidad para hacer uso del instrumento id\u00f3neo de impugnaci\u00f3n, es evidente la improcedencia de la protecci\u00f3n como en invariable l\u00ednea de pensamiento esa Sala lo ha hecho saber, as\u00ed:  <\/span><\/p>\n

\u00abel accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC, 14 ene. 2003, rad. 23023, reiterada en STC17487-2016, 1\u00ba dic. 2016, rad. 00607-01, y STC18375-2016, 15 dic. 2016, rad. 00623-01).  <\/span><\/p>\n

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En esas condiciones la salvaguarda no se abre camino en raz\u00f3n a su car\u00e1cter subsidiario, residual e inmediato como en efecto ha sido el criterio jur\u00eddico insuperable de esta Corporaci\u00f3n, por revelarse como impedimento manifiesto y no estar edificado evento alguno que permita contemplar su flexibilizaci\u00f3n, pues el motivo de ineficacia y aptitud que los afectados atribuyen anticipadamente, resulta infundado.  <\/span><\/p>\n

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4. Es del caso precisar que la pasividad del reclamante para recurrir en oportunidad las decisiones por las que ahora se duele, la cual mantuvo al no promover la regulaci\u00f3n de los embargos por considerarlos excesivos, reflejan un comportamiento omisivo e injustificado donde la tutela \u00abno podr\u00eda hacerse valer ni siquiera como mecanismo transitorio de protecci\u00f3n, pues tal modalidad procesal se encuentra subordinada al ejercicio de un medio judicial ordinario en cuyo tr\u00e1mite se resuelva definitivamente acerca de la vulneraci\u00f3n iusfundamental y a la diligencia del actor para hacer uso oportuno del mismo\u00bb. (CC T-480\/11). Resalta la Sala. Ac\u00f3tese que la resoluci\u00f3n cuestionada, ostenta en el proceso un car\u00e1cter temporal, pues el proceso a\u00fan se halla en curso.  <\/span><\/p>\n

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5. Aunque lo dicho hasta esta parte es suficiente para mantener la declaratoria de improcedencia del amparo, considera la Corte que la pretensi\u00f3n del actor no tiene cabida por el criterio razonable que contiene la decisi\u00f3n que cuestiona, en el entendido que la misma no obedece a un capricho del juez, sino a una ponderaci\u00f3n de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica con la normativa que a su prudente juicio consider\u00f3 era la aplicable.  <\/span><\/p>\n

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Por tanto, mientras las decisiones cuestionadas en un proceso judicial no revelen arbitrariedad o desmesura, esta Corte ha dicho que no es posible la intervenci\u00f3n del juez de tutela, ya que \u00e9ste no es el llamado a decirle al de la causa que su raciocinio sobre la validez de la prueba es o no el acertado, pues ese reproche solo ser\u00eda aceptable en la medida que tal proceder constituyera un defecto f\u00e1ctico por no valorar un medio de prueba o por hacerlo realizado indebidamente, lo cual no aconteci\u00f3.  <\/span><\/p>\n

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La decisi\u00f3n ac\u00e1 censurada, cuenta con el suficiente soporte jur\u00eddico, pues la Corte ha reiterado que no constituye causal de protecci\u00f3n \u00ablas meras discrepancias que se tengan con las interpretaciones normativas y las apreciaciones probatorias en las decisiones judiciales, por ser ello de competencia de los jueces\u00bb (CSJ STC, 19 may. 2011, rad. 00106-01, citada en STC9182-2015 y STC4569-2016, 14 abr. 2016, rad. 00781-00, entre otras).  <\/span><\/p>\n

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6. Corolario de la existencia de lo anteriormente discurrido, se impone respaldar el fallo de primer grado.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por telegrama u otro medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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