{"id":98827,"date":"2026-06-25T17:20:17","date_gmt":"2026-06-25T17:20:17","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc518-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:20:17","modified_gmt":"2026-06-25T17:20:17","slug":"stc518-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc518-2017\/","title":{"rendered":"STC518-2017"},"content":{"rendered":"

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC518-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2017-00010-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1 D. C., veinticinco (25) de enero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Miller Antonio D\u00edaz Var\u00f3n contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, actuaci\u00f3n a la que se orden\u00f3 vincular al Juzgado Treinta y Siete Civil del Circuito de la misma ciudad y a todas las dem\u00e1s autoridades judiciales, partes e intervinientes en el proceso objeto de queja constitucional.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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El accionante solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa, contradicci\u00f3n y prevalencia del derecho sustancial, que estima vulnerados por la autoridad judicial acusada al dictar sentencia revocando la emitida en primera instancia para, en su lugar, terminar el proceso ejecutivo hipotecario en el que \u00e9l act\u00faa como cesionario del demandante, por falta de reestructuraci\u00f3n de las obligaciones materia de recaudo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por tal motivo, pretende que por esta v\u00eda se conceda el resguardo deprecado, se deje sin efecto el fallo censurado y se ordene al ad quem que emita una nueva decisi\u00f3n que consulte la realidad f\u00e1ctica y probatoria del proceso aludido, inaplicando los art\u00edculos 40 y 42 de la Ley 546 de 1999.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. Mediante la escritura p\u00fablica n.\u00b0 2590 de junio 3 de 1993, otorgada en la Notar\u00eda Treinta y Siete del C\u00edrculo de Bogot\u00e1, Nancy Echeverr\u00eda Valles y Luis Guillermo Kattah Tovar adquirieron la transferencia de dominio a t\u00edtulo de beneficio del inmueble n.\u00b0 050-20136444 ubicado en la ciudad citada, por parte de Fiduciaria Alianza S.A., y adem\u00e1s constituyeron hipoteca sobre ese bien a favor de Ahorramas Corporaci\u00f3n de Ahorro y Vivienda, para garantizar el pago del pr\u00e9stamo otorgado por esta \u00faltima.  <\/span><\/p>\n

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2. En el a\u00f1o de 1999, los se\u00f1ores Echeverr\u00eda y Kattah se obligaron a pagar las sumas de 2.102,8632 UPAC y $3.251.544, a favor de la entidad financiera, mediante los pagar\u00e9s n.\u00b0 50000109780 y 241274-1.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. El 30 de julio de 2001, la Corporaci\u00f3n de Ahorro y Vivienda AV Villas present\u00f3 demanda ejecutiva hipotecaria contra los deudores, a fin de obtener el pago de los saldos insolutos de los cr\u00e9ditos aludidos, que habr\u00edan sido reliquidados previamente conforme a la Ley 546 de 1999.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. El Juzgado Treinta y Siete Civil del Circuito de Bogot\u00e1, a quien correspondi\u00f3 el conocimiento de ese asunto, libr\u00f3 mandamiento de pago el 1\u00b0 de agosto de 2001.  <\/span><\/p>\n

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5. La parte pasiva interpuso las excepciones de \u00abindebida identificaci\u00f3n de la parte pasiva\u00bb y \u00abprescripci\u00f3n\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. Agotado el tr\u00e1mite de rigor, el juez de la causa dict\u00f3 sentencia el 15 de julio de 2016, en la que declar\u00f3 no probados los medios exceptivos interpuestos, orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n y decret\u00f3 la venta en subasta p\u00fablica del bien perseguido.  <\/span><\/p>\n

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7. En auto de la misma fecha anterior, se reconoci\u00f3 a Miller Antonio D\u00edaz Var\u00f3n como cesionario de la parte ejecutante.  <\/span><\/p>\n

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8. Inconforme con esta determinaci\u00f3n, el extremo desfavorecido interpuso el recurso de apelaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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9. La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 admiti\u00f3 el medio de impugnaci\u00f3n propuesto el 1\u00b0 de septiembre del a\u00f1o anterior.  <\/span><\/p>\n

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10. En prove\u00eddo fechado el 19 de septiembre siguiente, el ad quem requiri\u00f3 a las partes para que se pronunciaran sobre la reestructuraci\u00f3n de los cr\u00e9ditos objeto de litigio.  <\/span><\/p>\n

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11. En fallo de 12 de octubre de 2016, la Colegiatura revoc\u00f3 la providencia apelada y, en su lugar, declar\u00f3 terminado el proceso ejecutivo por falta de reestructuraci\u00f3n de las obligaciones materia de recaudo.  <\/span><\/p>\n

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12. En criterio del peticionario de la salvaguarda se vulner\u00f3 el derecho fundamental invocado, dado que la sede judicial acusada incurri\u00f3 en los defectos sustantivo y f\u00e1ctico, por cuanto los art\u00edculos 40 y 42 de la Ley 546 de 1999 no son aplicables al proceso ejecutivo mencionado, porque este no versa sobre cr\u00e9ditos para adquisici\u00f3n de vivienda, sino que se trata de un cr\u00e9dito comercial para adherirse a un contrato de fiducia para la construcci\u00f3n de un edificio y entrega de un inmueble como pago del beneficio, y de otro lado, no se valoraron adecuadamente el acervo probatorio que dio cuenta que la garant\u00eda real que se pretende materializar no se refiere a una compraventa. [Folios 17-33, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El 12 de enero de 2017 se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se dispuso la vinculaci\u00f3n del Juzgado Treinta y Siete Civil del Circuito de Bogot\u00e1 y de todas las dem\u00e1s autoridades judiciales, partes e intervinientes, para que ejercieran sus derechos de contradicci\u00f3n y defensa. [Folio 35, c. 1]  <\/span><\/p>\n

2. Al momento de someterse a discusi\u00f3n de la Sala el proyecto de decisi\u00f3n en el presente asunto, los convocados no hab\u00edan efectuado ninguna manifestaci\u00f3n frente a la solicitud de resguardo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Tal como ha sido sostenido por la jurisprudencia nacional, por regla general la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, solamente en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacarlas cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados.  <\/span><\/p>\n

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Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos est\u00e1n cimentados en el reproche que merece toda actividad de la administraci\u00f3n de justicia arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo tr\u00e1mite, con detrimento de las garant\u00edas reconocidas por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica a las personas.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. En el asunto sub judice, no logra advertirse ninguna amenaza o vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales del impulsor de la salvaguarda, toda vez que la determinaci\u00f3n cuestionada no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y, por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores de quien promovi\u00f3 la queja constitucional, dentro del proceso ejecutivo hipotecario promovido por el Banco Comercial AV Villas S.A. contra Nancy Echeverr\u00eda Valles y Luis Guillermo Kattah Tovar, en el que \u00e9l act\u00faa como cesionario de la parte ejecutante.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, en la sentencia dictada en segunda instancia, la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 revoc\u00f3 el fallo emitido por el a quo, por el cual se hab\u00eda ordenado continuar la ejecuci\u00f3n, y decret\u00f3 la terminaci\u00f3n de ese asunto por falta de reestructuraci\u00f3n de las obligaciones materia de recaudo, con base en la siguiente argumentaci\u00f3n:  <\/span><\/p>\n

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No le asiste raz\u00f3n al ejecutante en cuanto afirm\u00f3, en el tr\u00e1mite de la segunda instancia, que en este litigio son inaplicables las previsiones de la Ley 546 de 1999, pues, al margen de la naturaleza y de la fecha del negocio jur\u00eddico mediante el cual los demandados se hicieron a la propiedad del inmueble objeto del gravamen real que se pretende materializar (fiducia mercantil, compraventa, leasing financiero, etc.), lo verdaderamente relevante, a efectos de determinar si es aplicable la rese\u00f1ada normatividad, es que los cr\u00e9ditos que se incorporaron a los cartulares base de la ejecuci\u00f3n, fueron otorgados en UPAC, antes de diciembre de 1999 y, precisamente, para sufragar parte del precio del inmueble hipotecado (apartamento 301 del edificio Kaoba de Bogot\u00e1), con lo que se deben entender satisfechos los presupuestos que se requieren para dar aplicaci\u00f3n a las directrices que el legislador ha previsto para los cr\u00e9ditos hipotecarios de vivienda.  <\/span><\/p>\n

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De hecho, en contrav\u00eda con lo que ahora plantea el se\u00f1or D\u00edaz Var\u00f3n (sucesor procesal de la parte actora) el Banco AV Villas (que fue la persona jur\u00eddica que promovi\u00f3 este litigio) manifest\u00f3 en su libelo incoativo que \u2018dando aplicaci\u00f3n a la Ley 546 de 1999 y a la sentencia C-955 del 2000 de la Corte Constitucional, se efectu\u00f3 una reliquidaci\u00f3n de los pagar\u00e9s, obteni\u00e9ndose para los mismos una reducci\u00f3n de $6’996.949 y $149.776\u201d (fls. 74 y 75) y fue, precisamente, con base en tales manifestaciones (y en los comprobantes que se adosaron a la demanda, de las aludidas \u201creliquidaciones\u201d, fls. 66 a 68), que se libr\u00f3 mandamiento de pago por 307.669,2770 UVR (capital del pagar\u00e9 No. 50000109780) y por 25.830,9633 UVR (saldo del pagar\u00e9 No. 241274-1). (Subrayado y sombreado en el texto original)  <\/span><\/p>\n

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Una vez que el ad quem determin\u00f3 que a las obligaciones perseguidas ejecutivamente les era aplicable el r\u00e9gimen establecido en la Ley 546 de 1999, procedi\u00f3 a establecer si tales cr\u00e9ditos hab\u00edan sido reestructurados:  <\/span><\/p>\n

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(\u2026) Establecido, entonces, que a las obligaciones pecuniarias sobre las que aqu\u00ed se contiende no les son ajenas las previsiones de la Ley 546 de 1999, f\u00e1cil se advierte que no es viable continuar esta ejecuci\u00f3n, pues no se ha acreditado la reestructuraci\u00f3n de esas acreencias, en los t\u00e9rminos que imponen los art\u00edculos 40 y 42 de la norma en cita.  <\/span><\/p>\n

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(\u2026)  <\/span><\/p>\n

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No olvida la Sala que, con miras a acreditar la reestructuraci\u00f3n de las obligaciones en cita, el ejecutante alleg\u00f3, ante este Tribunal, unas cuentas y proyecciones que \u00e9l mismo elabor\u00f3 y adem\u00e1s ofreci\u00f3 a su contraparte cuatro opciones de \u201csistemas de financiaci\u00f3n\u201d (cuota constante en UVR, abono constante a capital en UVR, cuota c\u00edclica en UVR, cuota constante en pesos, y abono constante a capital en pesos, fls. 10 a 24, c. 3), con lo cual consider\u00f3 que esa exigencia quedaba satisfecha.  <\/span><\/p>\n

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Tal planteamiento no lo encuentra de recibo el Tribunal, principalmente porque, lo que dispone el art\u00edculo 42 (inc. 2o) de la Ley 546 de 1999 (y que reiter\u00f3 la jurisprudencia constitucional a la que antes se hizo menci\u00f3n), es que los cr\u00e9ditos para la adquisici\u00f3n de vivienda que se hubieran otorgado en UPACs, antes que entrara en vigencia esa norma, \u00fanicamente ser\u00edan exigibles si se probaba la terminaci\u00f3n del proceso de restructuraci\u00f3n, tr\u00e1mite que no puede llevarse a cabo en forma unilateral por parte del acreedor, ni tampoco puede entenderse agotado con el simple ofrecimiento de unos \u201csistemas de financiaci\u00f3n\u201d, sino que requiere que se logre, efectivamente, la susodicha reestructuraci\u00f3n. (Subrayado y sombreado en el texto original)  <\/span><\/p>\n

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Respecto al debate sobre la capacidad de pago de los deudores, la Colegiatura expuso que:  <\/span><\/p>\n

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Ahora, aunque es precisamente en ese escenario en donde corresponde discutir, por lo menos en principio, todas las contingencias a que aludi\u00f3 el ejecutante en punto a la capacidad de pago de sus deudores, conviene anotar que el expediente no refleja que los ejecutados carezcan de los medios econ\u00f3micos necesarios para asumir las obligaciones peri\u00f3dicas que eventualmente queden a su cargo, en virtud de la reestructuraci\u00f3n que prev\u00e9 la Ley 546 de 1999.  <\/span><\/p>\n

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Para demostrar lo contrario, el se\u00f1or D\u00edaz Var\u00f3n pidi\u00f3 tener en cuenta: (i) que el inmueble sobre el que recae la garant\u00eda real que aqu\u00ed se pretende materializar, tambi\u00e9n soporta otra hipoteca a favor de Latincorp S.A.; (ii) que en el certificado de tradici\u00f3n de ese predio figuran otros dos embargos distintos del que se dispuso en esta tramitaci\u00f3n (uno a favor de la Dian y otro por cuenta del proceso concordatario del se\u00f1or Kattah Tovar) que se adelant\u00f3 ante el Juzgado 32 Civil del Circuito); (iii) que ese proceso concordatario termin\u00f3, por cuanto \u201clos deudores, y especialmente el se\u00f1or Kattah Tovar nunca se preocup\u00f3 por manifestar ning\u00fan arreglo o un principio de reestructuraci\u00f3n de las obligaciones\u201d y (iv) que \u00abadicionalmente los ejecutados se encuentran en mora del pago de las cuotas de administraci\u00f3n del inmueble\u00bb (fl. 34, c. 3).  <\/span><\/p>\n

Sobre tales alegaciones, cumple efectuar las siguientes precisiones: (i) no ofrece mayor ilustraci\u00f3n sobre la actual capacidad econ\u00f3mica de los ejecutados, el que el inmueble que se embarg\u00f3 en este litigio, soporte otro gravamen hipotecario. Por el contrario, que ese predio no hubiera sido objeto de una media cautelar por cuenta de esa otra garant\u00eda real, es una circunstancia que, a falta de elementos en contrario, impide asumir, como lo plantea el ejecutante, que las obligaciones por las que se constituy\u00f3 esa garant\u00eda, se encuentren en mora; (ii) de conformidad con el respectivo certificado de tradici\u00f3n, el embargo decretado por la DIAN sobre el aludido predio, fue cancelado desde el 28 de junio de 2002 (fl. 316) y el proceso concordatario en el que se dispuso la otra cautela que figura all\u00ed inscrita, se termin\u00f3, por desistimiento t\u00e1cito, el 16 de julio de 2013 (fls. 332 y 335); (iii) como las causas que motivaron la terminaci\u00f3n de ese tr\u00e1mite concordatario no guardan relaci\u00f3n con la actual solvencia econ\u00f3mica de alguno de los demandados, tal circunstancia no ofrece mayor utilidad a los prop\u00f3sitos del ejecutante, debi\u00e9ndose a\u00f1adir que, de conformidad con los art\u00edculos 40 y 42 de la Ley 546 de 1999 y los pronunciamientos jurisprudenciales que al respecto se han efectuado, la obligaci\u00f3n de promover el tr\u00e1mite de reestructuraci\u00f3n de una obligaci\u00f3n hipotecaria, corresponde, por lo menos en principio, al respectivo acreedor, y no a los deudores y (iv) ninguna de las probanzas a folios evidencia la \u201cmora\u201d en que, seg\u00fan el se\u00f1or D\u00edaz Var\u00f3n, habr\u00edan incurrido los ac\u00e1 demandados respecto de las cuotas de administraci\u00f3n del inmueble, ni tampoco de las razones por las cuales se habr\u00eda configurado ese eventual incumplimiento.  <\/span><\/p>\n

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Adem\u00e1s, as\u00ed se hubiera demostrado el alegado retardo, ello ser\u00eda insuficiente, por s\u00ed solo, para colegir que los se\u00f1ores Echeverr\u00eda Valles y Kattah Tovar, no est\u00e1n en posibilidad de atender las nuevas condiciones que se establezcan en el tr\u00e1mite de reestructuraci\u00f3n que finalmente se lleve a cabo sobre los cr\u00e9ditos que aqu\u00ed se quisieron recaudar, las cuales habr\u00e1n de ser m\u00e1s favorables a los t\u00e9rminos que presentaban esas obligaciones para el momento en que se configur\u00f3 la cesaci\u00f3n de pagos que habr\u00eda motivado la iniciaci\u00f3n de este litigio. (Subrayado y sombreado en el texto original)  <\/span><\/p>\n

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En ese orden, la Sala accionada concluy\u00f3 que:  <\/span><\/p>\n

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(\u2026) al no haberse reestructurado las obligaciones pecuniarias sobre las que aqu\u00ed se contiende (que, vuelve y se destaca, conciernen a dos cr\u00e9ditos de vivienda, que se otorgaron en UPAC, antes de diciembre de 1999 y para la adquisici\u00f3n de vivienda) no queda camino distinto al de revocar el fallo apelado y disponer la terminaci\u00f3n del proceso.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. La conclusi\u00f3n anterior es producto de una motivaci\u00f3n que no puede calificarse de irrazonable, pues se fund\u00f3 en una leg\u00edtima interpretaci\u00f3n de la normatividad y en una valoraci\u00f3n del acervo probatorio, circunstancias que, a juicio del despacho colegiado acusado, condujeron a que determinara que los cr\u00e9ditos otorgados por la entidad financiera tuvieron como finalidad el pago de parte del precio del inmueble hipotecado, frente a los cuales no se acredit\u00f3 que fueran reestructurados conforme a la legislaci\u00f3n y jurisprudencia, ni tampoco se demostr\u00f3 que los demandados carecieran de capacidad de pago, y por tanto, se revocara la sentencia apelada y se decretara la terminaci\u00f3n del proceso ejecutivo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De lo cual resulta, que m\u00e1s all\u00e1 de que la Corte comparta o no la conclusi\u00f3n a la que lleg\u00f3 el juzgador de segundo grado encausado, est\u00e1 claro que en ejercicio de sus atribuciones legales, el administrador de justicia tiene entera libertad para realizar una apreciaci\u00f3n aut\u00f3noma y racional de los elementos y la interpretaci\u00f3n normativa a partir de los cuales debe formar su convicci\u00f3n, sin incurrir, desde luego, en desviaci\u00f3n ostensible del ordenamiento jur\u00eddico, supuesto que no se advierte configurado en el caso, por lo que le est\u00e1 vedado al juez de tutela interferir en la labor acometida bajo los principios de autonom\u00eda e independencia que demarcan la funci\u00f3n judicial.  <\/span><\/p>\n

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En tal sentido, verbi gratia, en la sentencia CSJ SC, 20 de septiembre de 2012, rad. 2012-00245-01, la Sala sostuvo:  <\/span><\/p>\n

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(\u2026) que al sentenciador de tutela le est\u00e1 vedado reexaminar si el juzgador acusado realiz\u00f3 la m\u00e1s convincente o adecuada de las interpretaciones, pues tal tarea est\u00e1 por fuera de sus facultades, ya que \u201c\u2026independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinaci\u00f3n judicial sea el resultado de una actuaci\u00f3n subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jur\u00eddica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Queda claro, entonces, que lo pretendido por el peticionario del resguardo es anteponer su propio criterio al del fallador accionado y atacar, por esta v\u00eda, la determinaci\u00f3n que lo desfavoreci\u00f3, finalidad que resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela, mecanismo que dada su naturaleza excepcional no fue creada para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. Las razones que se han dejado consignadas se estiman suficientes para concluir que el amparo invocado est\u00e1 destinado al fracaso, por lo que se negar\u00e1 la protecci\u00f3n constitucional invocada.  <\/span><\/p>\n

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III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA la protecci\u00f3n constitucional solicitada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Notif\u00edquese telegr\u00e1ficamente esta decisi\u00f3n a los interesados y, oportunamente, env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnado este fallo.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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            ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ   Magistrado ponente   STC518-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2017-00010-00   (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1 D. C., veinticinco (25) de enero de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Miller […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-98827","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98827","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=98827"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98827\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=98827"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=98827"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=98827"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}