{"id":98832,"date":"2026-06-25T17:20:56","date_gmt":"2026-06-25T17:20:56","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc523-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:20:56","modified_gmt":"2026-06-25T17:20:56","slug":"stc523-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc523-2017\/","title":{"rendered":"STC523-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

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STC523-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 15001-22-13-000-2016-00643-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n del veinticinco de enero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja el 24 de noviembre de 2016, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por \u00c1ngela Marieta Cely Moreno contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados las partes e intervinientes tanto del proceso Ejecutivo Singular n\u00ba 2009-00046 seguido ante dicho Despacho, como en el Ejecutivo de Alimentos n\u00ba 2015-00373 adelantado ante el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Paipa.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1. Actuando directamente, la solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de \u00abacceso efectivo a la administraci\u00f3n de justicia de que son titulares mis menores representados\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad accionada, en tanto no ha resuelto sobre el embargo de bienes  que tambi\u00e9n fueron cautelados en el proceso ejecutivo seguido en ese Despacho.  <\/span><\/p>\n

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2. En s\u00edntesis expuso que \u00abante el incumplimiento de las obligaciones alimentarias del padre de mis menores hijos\u00bb de 5 y 11 a\u00f1os de edad, \u00abcon base en el acta de conciliaci\u00f3n No. 174-14 de fecha 02 de diciembre de 2014\u00bb, instaur\u00f3 la respectiva ejecuci\u00f3n en la cual \u00abse decret\u00f3 el embargo y posterior retenci\u00f3n de los dineros del se\u00f1or LUIS EDUARDO YANQUEN, embargados dentro del proceso ejecutivo de mayor cuant\u00eda\u00bb adelantando en el Juzgado Primero Civil del Circuito de Tunja por la sociedad Comercial Agraria S.A.  <\/span><\/p>\n

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Indic\u00f3 que pese a que el juzgado accionado tom\u00f3 nota de la medida cautelar seg\u00fan oficio del 24 de noviembre de 2015,  no ha dado tr\u00e1mite a la orden impartida en virtud a la prelaci\u00f3n del cr\u00e9dito por alimentos, frente a lo cual fue requerido por el Juzgado Municipal el pasado 6 de octubre.  <\/span><\/p>\n

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A\u00f1adi\u00f3 que al realizar la consulta de procesos en la p\u00e1gina web de la Rama Judicial, encontr\u00f3 que \u00abhan transcurrido 11 meses sin que se haya proferido el fallo del proceso acumulado, del cual depende que se distribuyan los dineros embargados\u00bb, en particular los encaminados a satisfacer los alimentos de sus dos hijos \u00abespecialmente de un menor en estado de discapacidad\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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3. Pretende que se ordene al Juzgado convocado, \u00abdecidir las ejecuciones acumuladas\u00bb para \u00ablograr la pronta efectividad de los derechos fundamentales de los menores beneficiarios de las medidas cautelares que con prevalencia le fueron comunicadas a aquel desde el 16 de octubre de 2015\u00bb (fls. 3 a 10, cd. 1).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADO  <\/span><\/p>\n

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1. El apoderado judicial de la sociedad Comercial Agraria S.A., dijo que esta demanda \u00abes una nueva estrategia del demandado se\u00f1or Luis Eduardo Yanquen Rivera, para entorpecer el ejercicio de la justicia colombiana\u00bb, pues pese a que no present\u00f3 defensas en primera instancia, la providencia que orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n fue apelada y al obtener resoluci\u00f3n desfavorable, propuso una acci\u00f3n de tutela que tras denegarse en ambas instancias, fue revisada por la Corte Constitucional sin resultado positivo.  <\/span><\/p>\n

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Tambi\u00e9n inform\u00f3 que como el ejecutado \u00abse invento (sic) un proceso ejecutivo\u00bb para recuperar recursos embargados haciendo prevalecer el cr\u00e9dito laboral de un ex empleado, \u00abme vi en la obligaci\u00f3n de colocar una denuncia penal\u00bb; igualmente, indic\u00f3 que \u00aben forma simult\u00e1nea\u00bb y \u00abaprovechando un error del Juzgado\u00bb al levantar algunas cautelas, \u00aben forma autom\u00e1tica le constituyo (sic) unos FIDEICOMISOS CIVILES, con el objeto de eludir la ejecuci\u00f3n\u00bb, y como ese actuar \u00abde mala fe\u00bb no lo corrigi\u00f3 pese al requerimiento realizado por el juzgado, \u00e9ste le compulso copias ante la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n estando en curso la respectiva investigaci\u00f3n, y agreg\u00f3 que la ac\u00e1 accionante \u00abhace parte de un proceso civil\u00bb con el cual el demandado pretende \u00abeludir el pago de sus obligaciones\u00bb ((fls. 42 a 44, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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2. El Juez Primero Civil del Circuito de Tunja neg\u00f3 el dicho de la actora en cuanto a que, en la ejecuci\u00f3n a su cargo, se presentara \u00abausencia de decisiones con respecto al embargo de los bienes embargados (sic)\u00bb, pues una vez tuvo en cuenta la medida decretada por el juez que conoce del proceso de alimentos, que en realidad corresponde a \u00abla prevalencia de embargos\u00bb y no \u00abde remanentes como lo pretende hacer ver la accionante\u00bb, la entrega de dineros deber\u00e1 efectuarse en la oportunidad y forma prevista en el art\u00edculo 465 del C\u00f3digo General del Proceso (antes canon 542 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil), esto es, cuando se produzca el remate de los bienes y se allegue la liquidaci\u00f3n en firme del cr\u00e9dito.  <\/span><\/p>\n

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Respecto a la mora que se le endilga para decidir de fondo el proceso ejecutivo, explic\u00f3 que se presentaron \u00abdemandas acumuladas\u00bb frente a las cuales ha aplicado el tr\u00e1mite legalmente previsto, y recuerda que ese Despacho \u00abfue especializado en el conocimiento de causas escriturales desde abril del 2014, y qued\u00f3 recientemente como \u00fanico a cargo de dicha labor\u00bb, por lo que consider\u00f3 que la falta de pronunciamiento del fallo no se debe a \u00abinactividad del despacho sino a la completa imposibilidad de atender todos los asuntos con la prontitud e importancia que reclaman\u00bb, y agreg\u00f3 que las sentencias las dicta en el estricto orden en que ingresaron para ese fin (fls. 73 a 75, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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EL FALLO DEL TRIBUNAL  <\/span><\/p>\n

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Neg\u00f3 la salvaguarda al encontrar que contrario a lo afirmado por la reclamante, enjuiciado se pronunci\u00f3 en oportunidad respecto de la medida cautelar que fuera dispuesta por el juez que conoce del proceso alimentario, informando que en su debido momento procesal le imprimir\u00e1 el tr\u00e1mite de rigor; as\u00ed mismo, se\u00f1al\u00f3 que no es cierto que desde el 3 de diciembre de 2015 el proceso est\u00e1 paralizado  para dictar sentencia, pues el 5 de mayo de 2016 requiri\u00f3 a la ejecutante para que se pronunciara \u00absobre el inicio de la reorganizaci\u00f3n de pasivos iniciado por Silvestre Garc\u00eda Cruz\u00bb, adem\u00e1s, porque no puede desconocerse la carga laboral que maneja ese juzgado, cuya actuaci\u00f3n, en suma, no constituye yerro que implique la vulneraci\u00f3n endilgada (fls. 81 a 86, cd. 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La present\u00f3 la querellante reiterando afectaci\u00f3n a los derechos invocados por la inacci\u00f3n del funcionario encartado, pues a su juicio \u00e9ste \u00absi se encuentra en mora para fallar los ejecutivos acumulados de los cuales depende la efectividad de la medida cautelar a favor de mis menores hijos\u00bb, y que ante la situaci\u00f3n especial por discapacidad en que se encuentra uno de ellos, debi\u00f3 admitirse una excepci\u00f3n para modificar el turno de fallo de los procesos (fls. 103 a 105, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Acerca de la procedencia de la acci\u00f3n de tutela, el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica y el desarrollo jurisprudencial que se ha venido dando desde 1991, han precisado que solamente tiene cabida para proteger los derechos fundamentales que son objeto de vulneraci\u00f3n o amenaza, cuando el interesado carece de otro medio id\u00f3neo de defensa judicial, prerrogativa que en ese espec\u00edfico evento le ser\u00e1 dispensada de manera inmediata.  <\/span><\/p>\n

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El reclamo de defensa mediante un procedimiento breve y sumario como es el estatuido por la Constituci\u00f3n, no lo convierte en un mecanismo sustitutivo o paralelo de los dem\u00e1s instrumentos de defensa que ordinariamente consagra el ordenamiento jur\u00eddico, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, en tanto la queja constitucional tiene como prop\u00f3sito que el Juzgado de Circuito adopte las decisiones pertinentes dentro del proceso ejecutivo singular a su cargo, para que los dineros del ejecutado que all\u00ed se encuentran cautelados se pongan a disposici\u00f3n del litigio por alimentos para sus hijos, observa la Corte que tras haber tenido en cuenta la medida en la oportunidad respectiva, el tr\u00e1mite procesal para hacerla efectiva, viene produci\u00e9ndose con observancia del ordenamiento legal aplicable.  <\/span><\/p>\n

Ciertamente, frente a la cautela notificada por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Paipa a trav\u00e9s de oficio n\u00ba 2876 del 16 de octubre de 2015 (fl. 11, ib\u00edd.), el Despacho accionado la atendi\u00f3 mediante auto proferido en la ejecuci\u00f3n acumulada n\u00ba 2009-0046 el 11 de noviembre de esa anualidad, como da cuenta el oficio n\u00ba 1432 expedido el d\u00eda 24 de ese mismo mes y a\u00f1o (fl. 12, ib.), indic\u00e1ndose que en su momento se tendr\u00e1 en cuenta la prelaci\u00f3n de ese cr\u00e9dito frente a los dem\u00e1s.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed, como la oportunidad para entrar a definir el pago de las distintas acreencias a cargo del ejecutado cuando existe acumulaci\u00f3n de embargos en procesos de diferentes   jurisdicciones, es aquella que contemplaba el anterior art\u00edculo 542 del ordenamiento procesal civil, hoy contenido en el canon 465 del C\u00f3digo General del Proceso, la actuaci\u00f3n tendiente a viabilizar esa situaci\u00f3n jur\u00eddica acaba de ser producida al ordenarse seguir adelante la ejecuci\u00f3n civil.  <\/span><\/p>\n

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N\u00f3tese que de acuerdo al reporte obtenido de la consulta de procesos de la p\u00e1gina web de la Rama Judicial, el 16 de diciembre de 2016 el funcionario acusado defini\u00f3 la instancia disponiendo la continuidad de las ejecuciones acumuladas (fl. 4, cd. Corte), con lo cual se abre paso a la aplicaci\u00f3n normativa antes esbozada.  <\/span><\/p>\n

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La situaci\u00f3n indicada impide atender favorablemente la s\u00faplica de la actora, en la medida que resultar\u00eda inocuo impartir una orden en el sentido deprecado o que intervenga en relaci\u00f3n con unas circunstancias que al momento de la sentencia no existen, o al menos no se suscitan con las mismas caracter\u00edsticas de origen, ya que, \u00absi la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente (\u2026) la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido\u00bb (CSJ, STC de 13 mar. 2009, rad. 00147-01, reiterada, entre otras, en STC17517-2016, 1\u00ba dic. 2016, rad. 00217-02 y STC18391-2016, 15 dic. 2016, rad. 00837-01).  <\/span><\/p>\n

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3. Adicionalmente, la Sala proh\u00edja la conclusi\u00f3n a que lleg\u00f3 el Tribunal para denegar el resguardo, en cuanto a la inexistencia de mora judicial por parte del funcionario querellado, por cuanto de la inspecci\u00f3n realizada por el a-quo  al expediente y que se coteja con el historial de la actuaci\u00f3n atr\u00e1s referida, se establece que a partir del 3 de diciembre de 2015, la actuaci\u00f3n procesal seguidamente promovida, impidi\u00f3 que se dictara el fallo en aquella oportunidad.  <\/span><\/p>\n

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4. Corolario de lo anteriormente esgrimido, se impone ratificar la posici\u00f3n asumida por el juzgador de primer grado, por superarse el hecho que motiv\u00f3 la inconformidad y no encontrar que se haya conculcado derecho fundamental alguno por cuenta de la autoridad accionada.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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lo resuelto a las partes y al a-quo por telegrama u otro medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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