{"id":98833,"date":"2026-06-25T17:21:02","date_gmt":"2026-06-25T17:21:02","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc524-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:21:02","modified_gmt":"2026-06-25T17:21:02","slug":"stc524-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc524-2017\/","title":{"rendered":"STC524-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

STC524-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n. 11001-02-03-000-2017-00026-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de enero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Mar\u00eda Mery Hern\u00e1ndez Ort\u00edz, contra la Sala Penal del Tribunal Superior de este Distrito Judicial en sede de Control de Garant\u00edas y la Fiscal\u00eda Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia,  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

A. La pretensi\u00f3n    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La ciudadana reclama la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso, que considera vulnerado por las autoridades judiciales accionadas, al ordenar el archivo de su denuncia y someter la solicitud de nulidad que contra esa determinaci\u00f3n present\u00f3, a las formalidades del art\u00edculo 79 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, cuando no era ese el pronunciamiento que deprecaba.  <\/span><\/p>\n

B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. El 22 de diciembre de 2011, la tutelante formul\u00f3 denuncia penal contra los magistrados de la Sala de Decisi\u00f3n Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, por la presunta comisi\u00f3n del delito de prevaricato, por haber confirmado la sentencia que decidi\u00f3 adversamente la demanda de pertenencia que impetr\u00f3.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. El 3 de febrero de 2012, la Fiscal\u00eda 9\u00aa Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, a cuyo despacho correspondi\u00f3 adelantar la correspondiente investigaci\u00f3n, cit\u00f3 a entrevista a la querellante a fin de aclarar los hechos en que soportaba sus acusaciones.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. En el mes de septiembre de 2013, el ente persecutor imparti\u00f3 \u00f3rdenes a polic\u00eda judicial, con miras a obtener fotocopia integral de la actuaci\u00f3n cuestionada y practicar interrogatorio al magistrado sustanciador.  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

4. Recopilado y verificado el elemento material probatorio recaudado, mediante resoluci\u00f3n de 10 de noviembre de 2014, el Fiscal Delegado dispuso archivar el asunto por encontrar que las conductas denunciadas por la quejosa son at\u00edpicas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. Inconforme, la tutelante solicit\u00f3 la nulidad de aquella determinaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. El 17 de agosto de 2016, ante el la Sala Penal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, se llev\u00f3 a cabo la audiencia de solicitud de nulidad y desarchivo de la investigaci\u00f3n penal, en desarrollo de la cual fueron resueltas de manera adversa las pretensiones de la reclamante.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

8. Impugnada a trav\u00e9s del recurso de reposici\u00f3n, la decisi\u00f3n fue ratificada en la misma diligencia por la autoridad judicial cuestionada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

9. En criterio de la peticionaria del amparo, el Tribunal y la Fiscal\u00eda accionados vulneraron sus garant\u00edas fundamentales invocadas, porque su solicitud no estaba encaminada a obtener la reapertura de la investigaci\u00f3n, sino la nulidad de la orden de archivo emitida por la Fiscal\u00eda, luego, frente a aquel pedimento no ha obtenido pronunciamiento de fondo, cuando, en su sentir, es ostensible el desconocimiento de la normatividad legal y constitucional en que incurri\u00f3 el ente persecutor al no dar curso a su querella.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por lo anterior, pretende la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas constitucionales en la forma vista.[Folios 1-6, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la instancia  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. En auto de 3 de noviembre de 2016, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 la vinculaci\u00f3n de todos los interesados para que ejercieran su derecho de defensa. [Folio 104, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. 1. La jurisprudencia de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. En el caso sub judice, como resultado del an\u00e1lisis del prove\u00eddo emitido en audiencia de 17 de agosto de 2016 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, obrando como Juez con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas, no se advierte viable la concesi\u00f3n del amparo, por cuanto la decisi\u00f3n que se tom\u00f3 no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores de quien promovi\u00f3 la queja constitucional.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En efecto, la conclusi\u00f3n a la que arrib\u00f3 el juzgador para denegar la pretensi\u00f3n de la denunciante en la causa penal, fue la insatisfacci\u00f3n de los requisitos establecidos por el legislador en el art\u00edculo 79 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), para solicitar el desarchivo de las diligencias, pues la reclamante no alleg\u00f3 con su petici\u00f3n una \u201cnueva prueba\u201d que ameritara la reanudaci\u00f3n de la investigaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

De ese modo y sin necesidad de mayores disertaciones sobre el tema, es claro que la determinaci\u00f3n que se cuestiona se soport\u00f3 en la exigencia de un requisito establecido en la ley y no impuesto caprichosa ni arbitrariamente por el Tribunal accionado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En el mismo sentido, el funcionario fue claro al indicar que la solicitud de nulidad invocada no era procedente, en tanto no hallaba soporte en ninguna de las causales consagradas en el ordenamiento procesal punitivo, m\u00e1xime cuando el asunto se encontraba apenas en fase de indagaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Adicionalmente, censura la reclamante la orden de archivo proferida por el Fiscal Delegado para el caso, respecto de quien asegura ha obrado de manera contraria a la ley y a la constituci\u00f3n; sin embargo, del cuidadoso an\u00e1lisis efectuado a la argumentaci\u00f3n expuesta por el funcionario en la determinaci\u00f3n objeto de reproche, se concluye que tampoco constituyen violaci\u00f3n alguna a los derechos fundamentales de la reclamante, pues el ente acusador, analiz\u00f3 de manera concienzuda la motivaci\u00f3n expuesta en la sentencia denunciada como ilegal, en los siguientes t\u00e9rminos:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00ab\u2026a falta de un hecho nuevo posterior a la demanda que le hubiese permitido al demandante variar sus pretensiones hasta en el alegato de conclusi\u00f3n, como ya anotamos, era imperativo para aquel plantear la reforma de la demanda dentro del plazo y con los formalismos que exige la norma transcrita, es decir, antes de la decisi\u00f3n sobre excepciones previas o sobre pruebas, seg\u00fan el caso, y con previo traslado a la parte demandada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En el subj\u00fadice la abogada demandante y ahora denunciante no acat\u00f3 las anteriores reglas procesales, intentando cambiar lo suplicado en la demanda, que era taxativamente el reconocimiento de prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio, por un tema de saneamiento de t\u00edtulos, sin que mediara un nuevo supuesto f\u00e1ctico y extempor\u00e1neamente, en una maniobra abiertamente improcedente que bien hizo el tribunal en rechazar al resolver el recurso de apelaci\u00f3n por aquella interpuesto.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por otro lado, en cuanto a los fundamentos mismos de la sentencia de segunda instancia que permitieron confirmar la negaci\u00f3n de las declaraciones y condenas asumidas por el juzgado, debe decirse que la prueba pericial y testifical arrimada dentro del proceso fue debidamente apreciada por los magistrados en la forma como lo ordena el art\u00edculo 187 del C. de P.C., es decir, en su conjunto, de acuerdo con las pautas de la sana cr\u00edtica y exponiendo razonadamente el m\u00e9rito que le asignaron a cada prueba para concluir que no se demostraron los presupuestos sustanciales para reconocer adquisici\u00f3n del inmueble por usucapi\u00f3n.\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Con fundamento en las anteriores consideraciones y hallazgos, el delegado Fiscal concluy\u00f3:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00ab\u2026la providencia proferida por los magistrados denunciados acata cabalmente la normatividad que era aplicable al asunto en ellos decidido, por lo que se concreta un indiscutible evento de atipicidad objetiva frente al prevaricato por acci\u00f3n, lo que hace imperativo el archivo de la indagaci\u00f3n, tal como lo permite el art\u00edculo 79 de la ley 906 del 2004.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

(\u2026)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u2026la conducta de las magistradas de la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior de Neiva (\u2026) no se adec\u00faa objetivamente a ninguna conducta de car\u00e1cter penal\u2026\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. Resulta evidente entonces que las decisiones que se reprochan por esta v\u00eda se motivaron adecuadamente, y en ellas se hizo una razonada interpretaci\u00f3n de las normas y posturas jurisprudenciales que con independencia de que se comparta o no por el tutelante, no se muestran irrazonables y por ende no quebrantan las garant\u00edas reclamadas.  <\/span><\/p>\n

       De all\u00ed que sea indiscutible, que la pretensi\u00f3n de la solicitante de amparo se circunscribi\u00f3, de modo exclusivo, a un subjetivo disenso frente a las razones en que el Fiscal Delegado para el caso y el Tribunal en sede de Control de Garant\u00edas, se soportaron para adoptar sus determinaciones, inconformidad que, naturalmente, excede el \u00e1mbito del sentenciador de tutela, pues constitucional y legalmente los funcionarios judiciales tienen entera libertad para realizar una libre hermen\u00e9utica de las normas, sin llegar, por supuesto, al l\u00edmite de la arbitrariedad o la ilegalidad, que en el presente caso no se vislumbran.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. Por lo expuesto, se negar\u00e1 la protecci\u00f3n constitucional reclamada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo invocado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada esta sentencia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

    LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

     LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

<\/span>This version of Total Doc Converter is unregistered.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

         ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ   Magistrado ponente      STC524-2017   Radicaci\u00f3n n. 11001-02-03-000-2017-00026-00   (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de enero de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Mar\u00eda […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-98833","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98833","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=98833"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98833\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=98833"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=98833"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=98833"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}