{"id":98834,"date":"2026-06-25T17:21:17","date_gmt":"2026-06-25T17:21:17","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc525-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:21:17","modified_gmt":"2026-06-25T17:21:17","slug":"stc525-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc525-2017\/","title":{"rendered":"STC525-2017"},"content":{"rendered":"

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC525-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2017-00031-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1 D. C., veintis\u00e9is (26) de enero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Nelson Casta\u00f1eda Pardo contra el Juzgado Cuarenta y Uno Civil del Circuito de Bogot\u00e1, la cual se hizo extensiva a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad, actuaci\u00f3n a la que se orden\u00f3 vincular a todas las dem\u00e1s autoridades judiciales, partes e intervinientes en el proceso objeto de queja constitucional.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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El accionante solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, confianza leg\u00edtima y buena fe, que estima vulnerados por las autoridades judiciales acusadas al proferir sentencias negando sus pretensiones, dentro del proceso verbal presentado por \u00e9l contra el Banco Comercial AV Villas S.A.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por tal motivo, pretende que por esta v\u00eda se conceda el resguardo deprecado, se deje sin valor ni efecto el fallo emitido en primera instancia y se ordene al despacho accionado que recaude las pruebas necesarias para resolver nuevamente esa controversia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. Nelson Casta\u00f1eda Pardo constituy\u00f3 hipoteca a favor de la Corporaci\u00f3n de Ahorro y Vivienda Las Villas sobre el bien identificado con la matr\u00edcula inmobiliaria n.\u00b0 50C-850492, a trav\u00e9s de la escritura p\u00fablica n.\u00b0 9798 de 29 de diciembre de 1997 de la Notar\u00eda Diecinueve del C\u00edrculo de Bogot\u00e1, D. C.  <\/span><\/p>\n

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2. El propietario del inmueble se oblig\u00f3 a pagar a favor de la entidad financiera la suma de 1.707,4549 UPAC, mediante el pagar\u00e9 n.\u00b0 138311-4-17, suscrito en 1998.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. El 3 de octubre de 2012, el deudor promovi\u00f3 demanda verbal contra el Banco Comercial AV Villas S.A., a fin de obtener la declaraci\u00f3n de incumplimiento del contrato de mutuo por ausencia en la aplicaci\u00f3n de la jurisprudencia sobre la revisi\u00f3n y adecuaci\u00f3n del cr\u00e9dito.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. El Juzgado Cuarenta y Uno Civil del Circuito de Bogot\u00e1, a quien correspondi\u00f3 el conocimiento de ese asunto, lo admiti\u00f3 el 11 de marzo de 2013.  <\/span><\/p>\n

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5. La parte pasiva interpuso las excepciones de \u00abpago\u00bb, \u00abinaplicabilidad de la teor\u00eda de la imprevisi\u00f3n\u00bb, \u00abfalta de legitimaci\u00f3n por pasiva\u00bb, \u00ablegalidad en la actuaci\u00f3n de AV Villas\u00bb, \u00abirretroactividad de la sentencias de la Corte Constitucional\u00bb, \u00abirretroactividad de las sentencias del Consejo de Estado\u00bb, \u00abcumplimiento estricto de la normatividad vigente\u00bb, \u00abconocimiento de la valoraci\u00f3n legal de la UPAC\u00bb, \u00abinaplicabilidad de la teor\u00eda del pago de lo no debido\u00bb, \u00ablegalidad en la liquidaci\u00f3n de intereses\u00bb, \u00abinexistencia de los presupuestos para que opere la sanci\u00f3n del art\u00edculo 72 de la Ley 45 de 1990\u00bb, \u00abilegalidad de la reliquidaci\u00f3n aportada con la demanda\u00bb, \u00abinexistencia de la intervenci\u00f3n de AV Villas en la expedici\u00f3n de la normatividad\u00bb y las \u00abgen\u00e9ricas\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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6. Agotado el tr\u00e1mite de rigor, la juez de la causa dict\u00f3 sentencia el 23 de julio de 2015, en la que no accedi\u00f3 a las s\u00faplicas del extremo activo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7. Inconforme con esta determinaci\u00f3n, la parte desfavorecida interpuso el recurso de apelaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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8. La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, en fallo adiado el 12 de abril de 2016, confirm\u00f3 la providencia cuestionada.  <\/span><\/p>\n

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9. En criterio del peticionario de la salvaguarda se vulneraron los derechos fundamentales invocados, dado que las sedes judiciales encausadas incurrieron en defecto sustantivo porque no dieron aplicaci\u00f3n a lo dispuesto en la Ley 546 de 1999 y en la jurisprudencia constitucional sobre los intereses cobrados en exceso en el cr\u00e9dito otorgado por la entidad financiera, quien no le notific\u00f3 la reliquidaci\u00f3n de esa obligaci\u00f3n, de manera que su actuaci\u00f3n fue unilateral y sin su consentimiento, motivos por los cuales era procedente que se accediera a sus pretensiones en el proceso aludido. [Folios 1-42]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El 16 de enero de 2017 se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, que se hizo extensiva a la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, se orden\u00f3 el traslado a los despachos accionados  y se dispuso la vinculaci\u00f3n de todas las dem\u00e1s autoridades judiciales, partes e intervinientes, para que ejercieran sus derechos de contradicci\u00f3n y defensa. [Folio 47]  <\/span><\/p>\n

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2. Dentro de la oportunidad concedida, el Banco Comercial AV Villas se opuso a la prosperidad del resguardo, por cuanto la reliquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito se ajust\u00f3 a los lineamientos impartidos por la Ley 546 de 1999 y la Circular Externa 007 de 2000 de la Superintendencia Bancaria, y de otro lado, las sentencias cuestionadas hicieron tr\u00e1nsito a cosa juzgada, las cuales no pueden cuestionarse por medio de esta v\u00eda. [Folios 56-57]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Cuando el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica cre\u00f3 la tutela como un procedimiento preferente y sumario al alcance del ciudadano, para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos fundamentales en caso de que \u00e9stos fueran vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica o de los particulares en los casos establecidos por la ley, lo hizo caracteriz\u00e1ndola con el principio de inmediatez.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. El presupuesto mencionado, visto desde la perspectiva de la finalidad del amparo, impide que se convierta en factor de inseguridad jur\u00eddica con el cual se produzca la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas constitucionales de terceros, como tambi\u00e9n que se desnaturalice el mismo tr\u00e1mite, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Frente a este tema, la jurisprudencia de esta Sala ha sostenido que:  <\/span><\/p>\n

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(\u2026) aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente. (CSJ STC, 2 ag. 2007, rad. 00188-01)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

M\u00e1s adelante, la Corporaci\u00f3n se\u00f1al\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental.  <\/span><\/p>\n

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Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses. (CSJ STC, 29 abr. 2009, rad. 2009-00624-00)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed las cosas, el eventual afectado debe procurar acudir oportunamente a este mecanismo excepcional, pues su prolongado silencio es signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a la decisi\u00f3n atacada, a lo que se adiciona que al desatender el comentado principio, la acci\u00f3n de tutela se puede convertir en un instrumento generador de incertidumbre e incluso de vulneraci\u00f3n de los derechos de terceros.  <\/span><\/p>\n

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3. En el caso que se examina, para la Corte es claro que las providencias cuestionadas, dictadas por el Juzgado Cuarenta y Uno Civil del Circuito y la Sala Civil del Tribunal Superior, ambos de Bogot\u00e1, de fechas 23 de julio de 2015 y 12 de abril de 2016, respectivamente, en las que negaron las pretensiones de la aqu\u00ed quejosa, dentro del proceso verbal contra el Banco Comercial AV Villas S.A., a fin de obtener la declaraci\u00f3n de incumplimiento del contrato de mutuo por falta de aplicaci\u00f3n de la revisi\u00f3n y adecuaci\u00f3n del cr\u00e9dito; la petici\u00f3n de tutela no atiende el postulado que se comenta, toda vez que los hechos sobre los cuales edifica sus alegaciones de quebranto de garant\u00edas fundamentales, tuvieron un a\u00f1o y medio, en el caso de la primera decisi\u00f3n, y nueve meses, para la \u00faltima de aquellas, antes de que se interpusiera la presente acci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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De ah\u00ed que el amparo se instaur\u00f3 luego de superado el t\u00e9rmino que la jurisprudencia, seg\u00fan lo que se explic\u00f3, ha indicado que es razonable a efectos de la formulaci\u00f3n del resguardo constitucional, sin que se acredite alguna causa atendible para justificar dicha omisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. Sumado a lo anterior, esta Corporaci\u00f3n tambi\u00e9n advierte que no se avizor\u00f3 ninguna amenaza o vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales del impulsor de la salvaguarda, toda vez que la determinaci\u00f3n cuestionada no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y, por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores de quien promovi\u00f3 la queja constitucional.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, en el fallo dictado por el ad quem, en el que se resolvi\u00f3 de manera definitiva la tem\u00e1tica objeto del debate en esta sede, se determin\u00f3 que las s\u00faplicas del actor no deb\u00edan prosperar porque no se desvirtu\u00f3 la legalidad de la redenominaci\u00f3n y reliquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito efectuada por la entidad financiera, con base en la siguiente argumentaci\u00f3n:  <\/span><\/p>\n

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(\u2026) en primer lugar, hay que decir que ning\u00fan reparo ofrece la celebraci\u00f3n del contrato de mutuo para adquisici\u00f3n de vivienda a que alude el libelo introductorio, hecho expresamente reconocido por las partes; pr\u00e9stamo que se incorpor\u00f3 en el pagar\u00e9 N\u00b0 138311-4-52 otorgado, por la cantidad de 1.707.4549 UPAC equivalente a $20.000.000, pagadera en 180 cuotas mensuales, liquidadas a la equivalencia de la Unidades de Poder Adquisitivo Constante al momento del pago, con una tasa de inter\u00e9s de plazo del 11% efectivo anual; disposiciones contractuales \u00e9stas que, al momento de la celebraci\u00f3n del negocio jur\u00eddico, se encontraban ajustadas a las normas vigentes, respecto de las cuales el actor no puede aducir ignorancia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Ahora, como la obligaci\u00f3n ab initio se pact\u00f3 en UPAC, unidad de cuenta declarada inexequible por la Corte Constitucional en sentencia C-700 de 1999, se impon\u00eda a la entidad demandada no s\u00f3lo someter el cr\u00e9dito al proceso de redenominaci\u00f3n dise\u00f1ado por la ley 546 de 1999, raz\u00f3n por la que, a partir del 1\u00b0 de enero de 2000, deb\u00eda expresarse en Unidades de Valor Real, sino adem\u00e1s reliquidarlo con miras a calcular el monto del alivio o abono econ\u00f3mico que deb\u00eda imputarse al mismo, para lo cual resultaba necesario aplicar la Resoluci\u00f3n N\u00b02896 de 1999 del Ministerio de Hacienda, que estableci\u00f3 los valores de dicha unidad de cuenta para cada d\u00eda a partir de enero de 1993 y hasta el 31 de diciembre de 1999, y el Decreto N\u00b02702 de 2000, donde se estableci\u00f3 que para efectos de llevar a cabo la precitada operaci\u00f3n, la equivalencia en pesos de la UPAC y de la UVR para el 31 de diciembre de 1999 era de $16.611.85 para la primera y $103.3236 en lo que concierne con la segunda. La reliquidaci\u00f3n ordenada por la ley de vivienda consisti\u00f3 en reconstruir cada cr\u00e9dito con una unidad de valor real atada exclusivamente a la inflaci\u00f3n; la diferencia entre el saldo del cr\u00e9dito reconstruido y el que registraba el cr\u00e9dito a 31 de diciembre de 1999 con base en la UPAC se le abonaba a la obligaci\u00f3n. Fue de esta manera como se corrigi\u00f3 el efecto que sobre el saldo tuvo la UPAC atada la DTF.  <\/span><\/p>\n

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Sobre el particular, es \u00fatil recordar que la declaratoria de inconstitucionalidad de las normas que gobernaban el sistema de financiaci\u00f3n UPAC, no condujo a que los negocios jur\u00eddicos celebrados bajo su amparo decayeran, pues n\u00f3tese que la Corte Constitucional pese a adoptar tal determinaci\u00f3n, en ning\u00fan momento previo la retroactividad de sus decisiones y, por el contrario, declar\u00f3 la validez temporal del sistema hasta el 20 de junio de 2000, lo que se traduce en el reconocimiento que dicha Corporaci\u00f3n dio a la eficacia de los pagos efectuados bajo el sistema UPAC hasta la expedici\u00f3n de la ley 546 de 1999, salvo lo relativo a los instalamentos causados con posterioridad al proferimiento de la sentencia C-383 de 1999, que deb\u00edan modificarse para que su c\u00e1lculo no incluyera como factor la DTF, conclusi\u00f3n que claramente emerge del numeral cuarto de la parte resolutiva de la sentencia C-700 de 1999 y del numeral segundo de la sentencia C-747 de ese mismo a\u00f1o.  <\/span><\/p>\n

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M\u00e1s adelante, la Colegiatura encausada examin\u00f3 los presuntos yerros en la reliquidaci\u00f3n de la obligaci\u00f3n hipotecaria:  <\/span><\/p>\n

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Ahora bien, el reproche de la parte actora, m\u00e1s que dirigido a cuestionar la legalidad de la reliquidaci\u00f3n practicada por la entidad bancaria, se enfila a rebatir el hecho de que se tenga al alivio aplicado al cr\u00e9dito como un pago proveniente de \u00e9sta, porque en su sentir si los recursos con que aqu\u00e9l se sufrag\u00f3 fueron aportados por el Estado y no por la demandada, no puede entenderse que con \u00e9l se sustituye la indemnizaci\u00f3n a la que estar\u00eda obligadas las entidades financieras por haberse lucrado con los valores cobrados en exceso en vigencia del sistema UPAC.  <\/span><\/p>\n

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Las consideraciones expuestas con precedencia conducen a descartar ese argumento, porque, como vimos, la actividad de las entidades financieras era reglada y se hallaba sometida al imperio de la ley, am\u00e9n de lo injusta que \u00e9sta pudiera resultar, como a la postre se constat\u00f3, a lo que se agrega que, con independencia del origen de los recursos, lo cierto, es que, en el caso del accionante, los efectos nocivos provocados por la inequidad del sistema UPAC fueron resarcidos a trav\u00e9s del mecanismo que el legislador previo para esos fines, a saber la reliquidaci\u00f3n y redenominaci\u00f3n del cr\u00e9dito, y la consecuente aplicaci\u00f3n del alivio, que representa justamente los dineros pagados en exceso por el demandante.  <\/span><\/p>\n

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De ah\u00ed que como constituye un hecho aceptado y no rebatido que al cr\u00e9dito N\u00b0 138311-4 concedido al se\u00f1or Casta\u00f1eda Pardo se le aplic\u00f3 un alivio por valor de $3.210.111,92 M\/cte, la pretensi\u00f3n atinente al reconocimiento de un valor adicional por concepto de los rubros cobrados en exceso por el banco demandado s\u00f3lo deven\u00eda prospera si aqu\u00e9l demostraba, en legal forma, que la reliquidaci\u00f3n practicada no se ajust\u00f3 a las reglas contenidas en la Ley 546 de 1999 y dem\u00e1s normas que la reglamentan y\/o desarrollan.  <\/span><\/p>\n

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Con ese prop\u00f3sito la demandante solicit\u00f3 la pr\u00e1ctica de un dictamen pericial visible a folios 337 a 347 y 367 a 371 del cuaderno principal, de acuerdo con el cual el banco cobr\u00f3 en exceso la suma de $122.616.325 M\/cte.  <\/span><\/p>\n

No obstante (\u2026) el auxiliar de la justicia de manera deliberada se separ\u00f3 del procedimiento legal establecido para realizar la reliquidaci\u00f3n, toda vez que como expresamente lo manifest\u00f3 tras serle solicitada la aclaraci\u00f3n de su trabajo, no tuvo en cuenta la Circular 007 de 2000 de la Superintendencia Financiera, ni acat\u00f3 los par\u00e1metros fijados en la Forma F-0000-50, y en cambio dijo haber basado su dictamen exclusivamente en las tan mencionadas sentencias de constitucionalidad, a las que concedi\u00f3 efectos retroactivos, con lo que, adem\u00e1s, obvi\u00f3 que los instrumentos dejados de lado recogen y unifican tales directrices, as\u00ed como las consignadas en las Ley 546 de 1999.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En ese orden como el dictamen no se realiz\u00f3 con apego a la normatividad referida, sus conclusiones no pueden tener acogida; en tanto que la liquidaci\u00f3n allegada por la entidad bancaria se presume legal, sin que tal presunci\u00f3n hubiera sido desvirtuada por la parte demandante, como era su carga.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por \u00faltimo, en lo que ata\u00f1e a las tasa de inter\u00e9s empleada por el banco demandado, a saber del 11% efectiva anual, recu\u00e9rdese que, para los prop\u00f3sitos que nos interesan, la tasa de inter\u00e9s remuneratorio en materia de cr\u00e9ditos de vivienda fue fijada por el Banco de la Rep\u00fablica mediante Circular Externa N\u00b014 de 2000, en \u201c13.1 puntos porcentuales nominales anuales\u201d, equivalente a 13.92% efectiva anual, luego la cobrada por el banco, por ser inferior al tope se\u00f1alado, se ajusta a la legalidad.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. De modo que, la citada conclusi\u00f3n es producto de una motivaci\u00f3n que no puede calificarse de irrazonable, pues se fund\u00f3 en una leg\u00edtima interpretaci\u00f3n de la normatividad y en una valoraci\u00f3n del acervo probatorio, circunstancias que, a juicio del juzgador colegiado querellado, conllevaron a que no desvirtuara la presunci\u00f3n de legalidad de la redenominaci\u00f3n y reliquidaci\u00f3n efectuada por la entidad financiera sobre el cr\u00e9dito adquirido por el demandante, ni tampoco se prob\u00f3 que se hubiese transgredido la legislaci\u00f3n y jurisprudencia que regulan esa materia, y por tanto, se decidiera confirmar la sentencia de primer grado que hab\u00eda denegado las s\u00faplicas de la parte actora.  <\/span><\/p>\n

De lo cual resulta, que m\u00e1s all\u00e1 de que la Corte comparta o no las conclusiones a la que lleg\u00f3 el despacho accionado, est\u00e1 claro que en ejercicio de sus atribuciones legales, el administrador de justicia tiene entera libertad para realizar una apreciaci\u00f3n aut\u00f3noma y racional de los elementos y la interpretaci\u00f3n normativa a partir de los cuales debe formar su convicci\u00f3n, sin incurrir, desde luego, en desviaci\u00f3n ostensible del ordenamiento jur\u00eddico, supuesto que no se advierte configurado en el caso, por lo que le est\u00e1 vedado al juez de tutela interferir en la labor acometida bajo los principios de autonom\u00eda e independencia que demarcan la funci\u00f3n judicial.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En tal sentido, verbi gratia, en la sentencia CSJ SC, 20 de septiembre de 2012, rad. 2012-00245-01, la Sala sostuvo:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

(\u2026) que al sentenciador de tutela le est\u00e1 vedado reexaminar si el juzgador acusado realiz\u00f3 la m\u00e1s convincente o adecuada de las interpretaciones, pues tal tarea est\u00e1 por fuera de sus facultades, ya que \u201c\u2026independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinaci\u00f3n judicial sea el resultado de una actuaci\u00f3n subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jur\u00eddica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales\u201d.  <\/span><\/p>\n

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Queda claro, entonces, que lo pretendido por el promotor del amparo es anteponer su propio criterio al de la sede judicial accionada y atacar, por esta v\u00eda, la decisi\u00f3n que lo desfavoreci\u00f3, finalidad que resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela, mecanismo que dada su naturaleza excepcional no fue creada para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios.  <\/span><\/p>\n

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6. Las razones que se han dejado consignadas se estiman suficientes para concluir que el amparo invocado est\u00e1 destinado al fracaso, por lo que se negar\u00e1 la protecci\u00f3n constitucional invocada.  <\/span><\/p>\n

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III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA la protecci\u00f3n constitucional solicitada.  <\/span><\/p>\n

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Notif\u00edquese telegr\u00e1ficamente esta decisi\u00f3n a los interesados y, oportunamente, env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnado este fallo.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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            ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ   Magistrado ponente      STC525-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2017-00031-00   (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1 D. C., veintis\u00e9is (26) de enero de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-98834","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98834","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=98834"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98834\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=98834"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=98834"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=98834"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}