{"id":98835,"date":"2026-06-25T17:21:24","date_gmt":"2026-06-25T17:21:24","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc526-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:21:24","modified_gmt":"2026-06-25T17:21:24","slug":"stc526-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc526-2017\/","title":{"rendered":"STC526-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC526-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00037-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de enero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Se decide la acci\u00f3n de tutela promovida por An\u00edbal Rojas, Yesid Aldana, Patricia Lozada, Yormary Granados y Mar\u00eda de los \u00c1ngeles Garc\u00eda L\u00f3pez contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bucaramanga y la Sala Civil -Familia del Tribunal Superior de la misma ciudad;  tr\u00e1mite en el que se dispuso la vinculaci\u00f3n del Juzgado Primero Civil del Circuito de Villavicencio y de las partes e intervinientes en el proceso ordinario y el ejecutivo que sigui\u00f3 a continuaci\u00f3n, con radicado N\u00b0 2004-00295.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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En el libelo introductorio de la presente acci\u00f3n, los ciudadanos, por intermedio de apoderado judicial, solicitaron el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, igualdad y seguridad jur\u00eddica que consideran vulnerados por las autoridades accionadas, al adelantar la acci\u00f3n ejecutiva en su contra, cuando no fueron sujetos procesales dentro del proceso ordinario que se adelant\u00f3 primigeniamente y de donde se desprendi\u00f3 la ejecuci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Extracta la Corte que la parte accionante se queja de los prove\u00eddos de 16 de enero de 2014 proferido por el Juzgado accionado por medio del cual se tuvo por extempor\u00e1neo el recurso de reposici\u00f3n que propuso contra el mandamiento de pago, y a su vez, respecto del pronunciamiento de dejarlo sin efecto, para en su lugar, continuar la ejecuci\u00f3n contra la Sociedad Aprobisan;  y reprocha la providencia que data de 16 de junio de 2016, dictada por el Tribunal Superior de Bucaramanga, que revoc\u00f3 el auto en menci\u00f3n, y orden\u00f3 continuar con el tr\u00e1mite ejecutivo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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       1. El 17 de septiembre de 2004 el Banco AV Villas present\u00f3 demanda ordinaria contra la Asociaci\u00f3n Pro-Bienestar de Santander \u2013Aprobisan con el prop\u00f3sito de que se declarara que \u00e9sta \u00faltima obtuvo un enriquecimiento sin justa causa correlativo al empobrecimiento del patrimonio de la entidad bancaria, y en consecuencia, se le condene a restituir los dineros que se apropi\u00f3.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       2. El 8 de junio de 2009, el Juzgado accionado puso fin al proceso y dict\u00f3 sentencia en la que resolvi\u00f3  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00abDECLARAR que la Asociaci\u00f3n Probienestar de Santander APROBISAN obtuvo un enriquecimiento sin justa causa correlativo el empobrecimiento del patrimonio econ\u00f3mico del Banco AV Villas equivalente a un mill\u00f3n setecientas treinta y ocho mil cuatrocientas diez UVR con nueve mil ochenta y cinco diezmil\u00e9simas (1.738.410,9085) de UVR por concepto de capital; dos millones seiscientas ochenta mil cuatrocientas cuarenta y tres UVR  con cinco mil novecientas ochenta y tres diezmil\u00e9simas (2.680.443,5983) de UVR, por concepto de intereses causados desde el 31 de mayo de 1996 hasta el 7 de septiembre de 2004;  y los intereses de mora restantes hasta la fecha del pago, se tasaran seg\u00fan la Superintendencia bancaria y de manera fructuante\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. En prove\u00eddo de 18 de junio de 2009 dict\u00f3 sentencia complementaria.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. La Sala Civil \u2013Familia del Tribunal de Bucaramanga, en grado de consulta, el 28 de octubre de 2010, confirm\u00f3 en su totalidad la sentencia de primer grado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. El 8 de marzo de 2011, la entidad bancaria demandante inici\u00f3 proceso ejecutivo hipotecario contra los aqu\u00ed accionantes;  present\u00f3 para el cobro, la sentencia atr\u00e1s mencionada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. En principio, el juzgado accionado el 14 de septiembre de 2011 se abstuvo de librar mandamiento tras considerar que la \u00abhipoteca entonces respalda obligaciones contenidas en t\u00edtulos valores, o incluso en otros t\u00edtulos pero que provengan del deudor, no siendo este el caso pues si bien es cierto la sentencia es un t\u00edtulo ejecutivo \u00e9sa no proviene del deudor\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7. Decisi\u00f3n que al ser recurrida en apelaci\u00f3n por la parte actora, el 9 de mayo de 2013 el Tribunal la revoc\u00f3 orden\u00e1ndole al juez de conocimiento pronunciarse nuevamente sobre la demanda.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

8. En cumplimiento a lo anterior, el 16 de julio de 2013 bajo el tr\u00e1mite del proceso ejecutivo hipotecario, el juzgador de primera instancia, libr\u00f3 mandamiento de pago por las sumas consignadas en el fallo ordinario contra Adan Bolivar, H\u00e9ctor Bonilla D\u00edaz, Mar\u00eda Esperanza Torres Alferes, Beatriz Salamanca Guti\u00e9rrez, Argenis Gonz\u00e1lez Angulo, Marco Tulio Rodr\u00edguez, An\u00edbal Amortegui Piedrahita, Patricia Janeth Lozada Peralta, Mar\u00eda de los \u00c1ngeles Garc\u00eda L\u00f3pez, Yormary Granados Alvarado, Ana Isabel Quevedo Pardo, Yesid Aldana Lozano, Blanca Yolanda Matiz Prieto y An\u00edbal Alfredo Rojas Duarte; acto seguido,  orden\u00f3 el embargo y secuestro de los bienes inmuebles hipotecados identificados con folios de matr\u00edcula inmobiliaria Nos. 230-0079276, 230-0079291,230-0079298, 230-0079312, 230-0079324, 230-0079330, 230-0079333, 230-0079341, 230-0079342, 230-0079345 y 230-0079350.  <\/span><\/p>\n

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9. El 26 de agosto de 2013 los aqu\u00ed accionantes, se notificaron personalmente por intermedio de su apoderado judicial.  <\/span><\/p>\n

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10. En la misma fecha, contestaron la demanda y propusieron excepciones de m\u00e9rito que denominaron: \u00abcosa juzgada\u00bb, \u00abprescripci\u00f3n\u00bb, \u00abinexistencia de la obligaci\u00f3n\u00bb y \u00abenriquecimiento sin causa\u00bb;  a su vez, interponen recurso de reposici\u00f3n contra el mandamiento de pago.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

11. Por auto de 16 de enero de 2014, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bucaramanga, entre otras cosas dispuso dejar sin efecto esa notificaci\u00f3n, por cuanto ya se hab\u00eda surtido por estado; en ese sentido, rechaz\u00f3 por extempor\u00e1neo el recurso de reposici\u00f3n interpuesto por los aqu\u00ed accionantes contra el auto que libr\u00f3 mandamiento ejecutivo;  no obstante, en la misma actuaci\u00f3n, dej\u00f3 sin efectos dicho mandamiento de pago; en su lugar, desvincul\u00f3 a los demandados por la entidad bancaria, le imprimi\u00f3 el tr\u00e1mite del proceso ejecutivo singular y dict\u00f3 mandamiento de pago contra la Asociaci\u00f3n \u2013Aprobisan.  <\/span><\/p>\n

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12. La parte ejecutante, interpuso recurso de apelaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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13. En segunda instancia, el 16 de junio de 2016, el Tribunal resolvi\u00f3 revocar el prove\u00eddo de 16 de enero de 2014, y le orden\u00f3 al a quo, continuar con el tr\u00e1mite.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

14. En criterio de la parte accionante, se vulneran sus garant\u00edas fundamentales tras continuar un proceso ejecutivo hipotecario en su contra, cuando los aqu\u00ed quejosos no fueron parte en el proceso ordinario de enriquecimiento sin justa causa que adelant\u00f3 primigeniamente el Banco AV Villas contra la Asociaci\u00f3n Probienestar de Santander \u2013Aprobisan.  <\/span><\/p>\n

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En su sentir, se incurri\u00f3 en v\u00edas de hecho al aplicar el art\u00edculo 335 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, esto es, notificarle por estado el inicio del proceso ejecutivo, cuando dicho actuar no era procedente, toda vez que los demandados en la ejecuci\u00f3n eran sujetos diferentes a la pasiva dentro del  proceso ordinario.  <\/span><\/p>\n

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Cuestion\u00f3 el pronunciamiento del Tribunal, al ordenar continuar la ejecuci\u00f3n contra ellos cuando no fueron demandados en el proceso ordinario que se surti\u00f3 previo a esta ejecuci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El 16 de enero de 2016 se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, y se orden\u00f3 el traslado a todos los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. El Banco AV Villas, a trav\u00e9s de su representante legal en asuntos judiciales, manifest\u00f3 que el accionante no agot\u00f3 los medios de defensa judicial, en tanto que, en primer lugar, recurri\u00f3 extempor\u00e1neamente el mandamiento de pago; y en segundo lugar, no s\u00f3lo dej\u00f3 de recurrir aquella determinaci\u00f3n sino que tampoco se adhiri\u00f3 al recurso de apelaci\u00f3n, que en su oportunidad, la entidad bancaria en su condici\u00f3n de ejecutante s\u00ed interpuso, y tampoco se pronunci\u00f3 dentro del t\u00e9rmino de traslado otorgado en segunda instancia.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La Sala Civil \u2013Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga, acerc\u00f3 la providencia reprochada de fecha 16 de junio de 2016, a fin de someterla a juicio de esta Corporaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bucaramanga, luego de relatar las actuaciones surtidas, expuso que la parte ejecutada, aqu\u00ed accionante, no interpuso los recursos de ley contra el prove\u00eddo de tuvo por extempor\u00e1neo el recurso de reposici\u00f3n interpuesto por ella;  en ese sentido, pide que se declare improcedente la acci\u00f3n de tutela por el incumplimiento del requisito de subsidiariedad.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Arguy\u00f3 que su determinaci\u00f3n no fue arbitraria ni caprichosa, pues la misma se fund\u00f3 en \u00abel numeral 2\u00b0 de la providencia fecha (sic) 16 de julio de 2013, a trav\u00e9s de la cual originalmente se libr\u00f3 mandamiento de pago, se dispuso notificar a los demandados por anotaci\u00f3n en estados, como lo dispone el inc. 2 del art. 335 del C. de P. C., por cuyo motivo no resultaba viable que el Juzgado tuviera en cuenta la notificaci\u00f3n personal que le hiciera la Secretara de esta Agencia Judicial al apoderado de los ahora accionantes;  como tampoco que se tuviera en cuenta el escrito impugnatorio, puesto que los 10 d\u00edas para ejercer el derecho de defensa venc\u00eda el 1\u00b0 de agosto de ese mismo a\u00f1o y ello tuvo lugar despu\u00e9s de fenecido dicho plazo\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Agreg\u00f3 que frente a la inconformidad de no haber sido parte en el proceso ordinario que dio lugar al ejecutivo, su actuaci\u00f3n, tuvo lugar en acatamiento a las decisiones adoptadas por su Superior.  <\/span><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Ha sido invariable la posici\u00f3n de la jurisprudencia de esta Corte al se\u00f1alar que los principios esenciales que orientan la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica son la inmediatez y la subsidiariedad de dicho mecanismo.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Visto desde la perspectiva de la finalidad del amparo, el primero de los presupuestos se\u00f1alados impide que la tutela se convierta en factor de inseguridad jur\u00eddica y en fuente de vulneraci\u00f3n de garant\u00edas constitucionales de terceros, como tambi\u00e9n que se desnaturalice el tr\u00e1mite mismo, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual.  <\/span><\/p>\n

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Frente a este tema, la jurisprudencia de esta Sala ha sostenido que:  <\/span><\/p>\n

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(\u2026) aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente. (CSJ STC, 2 Ago 2007, Rad. 00188-01)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

M\u00e1s adelante, la Corporaci\u00f3n se\u00f1al\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental.  <\/span><\/p>\n

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Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses. (CSJ STC, 29 Abr 2009, Rad. 2009-00624-00).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed las cosas, el eventual afectado debe procurar acudir oportunamente a este mecanismo excepcional, pues su prolongado silencio es signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a la decisi\u00f3n atacada, a lo que se adiciona que al desatender el comentado principio, la acci\u00f3n de tutela se puede convertir en un instrumento generador de incertidumbre e incluso de vulneraci\u00f3n de los derechos de terceros.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. De igual manera, debe recordarse que el amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del principio de la subsidiariedad, ya que s\u00f3lo procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la defensa oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza, y por lo tanto, no puede consider\u00e1rsele como un mecanismo alternativo o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n, pues su finalidad no consiste en reemplazar los tr\u00e1mites establecidos por el legislador para la protecci\u00f3n de los derechos de los ciudadanos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En armon\u00eda con esos postulados, el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, estableci\u00f3 las causales de improcedencia de la acci\u00f3n, entre las cuales se destaca la existencia de \u00abotros recursos o medios de defensa judicial\u00bb, dejando a salvo igual principio al consagrado por el Constituyente respecto a que se utilizara como protecci\u00f3n provisional, advirtiendo eso s\u00ed que la existencia de esos medios ser\u00eda apreciada \u00aben concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Se estructura as\u00ed una de las caracter\u00edsticas que debe estar presente para la prosperidad de la tutela, esto es su car\u00e1cter subsidiario o residual, ya que s\u00f3lo procede ante la ausencia de un instrumento constitucional o legalmente creado para ser utilizado mediante las v\u00edas ordinarias.  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

3. Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos en la solicitud de protecci\u00f3n, se concluye que el amparo resulta improcedente, porque los accionantes pretenden desconocer los requisitos de la acci\u00f3n que vienen de comentarse.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Lo anterior, porque, si bien la queja de los promotores del amparo se dirige \u2013adem\u00e1s de lo actuado por el juez de primera instancia- expresamente contra el auto de 16 de junio de 2016, mediante el cual el Tribunal accionado revoc\u00f3 la providencia de 16 de enero de 2014 que dejaba \u2013entre otras cosas-, sin efectos el mandamiento de pago de fecha 16 de julio de 2016; y en su lugar dictaba uno nuevo;  no puede pasarse por alto, que la parte accionante, se duele en todo caso, de las actuaciones de primer grado, y que la eventual revocatoria que pudiera surgirse del prove\u00eddo dictado por el ad quem, en nada satisfar\u00eda la pretensi\u00f3n de los quejosos,  que seg\u00fan sus reproches, se enfilan a conseguir ser desvinculados del proceso ejecutivo hipotecario que se adelanta en su contra al librarse mandamiento de pago desde el 16 de julio de 2013.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En otras palabras, si la queja constitucional gira en torno a que se surte un proceso ejecutivo hipotecario en contra de los aqu\u00ed accionantes, sin haber sido parte dentro del proceso ordinario que dio origen a la ejecuci\u00f3n, irrefutablemente, la censura se dirige contra el prove\u00eddo \u00faltimo en menci\u00f3n;  de modo que, surge evidente que para acudir al mecanismo constitucional, el cual se radic\u00f3 el 12 de enero de 2017 (Folio 49, c. Corte), transcurrieron m\u00e1s de tres (3) a\u00f1os desde que se emiti\u00f3 aquel mandamiento de pago;  plazo que ampliamente excede el t\u00e9rmino considerado por la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n como razonable y prudencial a fin de promover el mecanismo de defensa de los derechos fundamentales (6 meses), m\u00e1xime cuando no se alega alg\u00fan hecho o motivo que justifique la tardanza para impetrar esta acci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. En gracia de discusi\u00f3n, de aceptarse la censura contra lo resuelto por el Tribunal de Bucaramanga en auto de 16 de junio de 2016;  en todo caso, la acci\u00f3n constitucional tambi\u00e9n se revela improcedente en cuanto refiere a los mencionados autos de 16 de julio de 2013 y 16 de junio de 2014, porque los accionantes tuvieron a su alcance medios de defensa id\u00f3neos para el pleno ejercicio de su derecho de contradicci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En efecto, en primer lugar, el juzgado acusado dispuso en auto de 16 de junio de 2014, \u00abrechazar por extempor\u00e1neo el recurso de reposici\u00f3n interpuesto por el apoderado de los demandados\u00bb contra el mandamiento de pago;  actuaci\u00f3n que no fue recurrida por la parte afectada.  En segundo lugar, tampoco atac\u00f3 la disposici\u00f3n de dejar sin efectos la notificaci\u00f3n personal que se le hiciere el 26 de agosto de 2013, de donde devino la extemporaneidad de su recurso.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Con todo, el ejecutante interpuso recurso de apelaci\u00f3n, y sin embargo, el promotor de esta acci\u00f3n, tampoco se adhiri\u00f3 a aquel, el cual fue concedido y resuelto por el Superior que al dar traslado conforme al art\u00edculo 359 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, la pasiva guard\u00f3 silencio.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En ese sentido, si el accionante se duele no s\u00f3lo de hab\u00e9rsele vinculado err\u00f3neamente, sino que cuestiona adem\u00e1s, el t\u00edtulo base de la ejecuci\u00f3n, e incluso la competencia de la autoridad judicial para conocer el asunto, fue en ese escenario, donde debi\u00f3 debatir lo aqu\u00ed ventilado y por tanto, se torna incuestionable la ausencia del requisito de subsidiariedad, dado que no se agot\u00f3 los mecanismos ordinarios con los que contaba para discutir su legalidad.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por consiguiente, si no hicieron uso de los recursos y de los medios que brinda la ley adjetiva para proteger sus intereses, la acci\u00f3n constitucional no emerge como el mecanismo para enmendar la incuria y para proveer soluci\u00f3n a las cuestiones que le correspond\u00eda dirimir al juez natural.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Recu\u00e9rdese que la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias de cada juicio, pero en ning\u00fan momento el amparo se puede entender como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, supuesto que llevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. Las anteriores razones se estiman suficientes para negar el amparo pretendido.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA la protecci\u00f3n constitucional solicitada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito; y, en su oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnado este fallo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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            ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ   Magistrado ponente      STC526-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00037-00   (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de enero de dos mil diecisiete (2017).      Se decide la acci\u00f3n de tutela promovida por An\u00edbal […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-98835","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98835","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=98835"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98835\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=98835"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=98835"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=98835"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}