{"id":98836,"date":"2026-06-25T17:21:27","date_gmt":"2026-06-25T17:21:27","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc527-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:21:27","modified_gmt":"2026-06-25T17:21:27","slug":"stc527-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc527-2017\/","title":{"rendered":"STC527-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC527-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00015-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil diecisiete (2017).   <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Jes\u00fas Harold Armando Zamora C\u00e1rdenas y Adriana del Carmen Erazo Ruiz contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, integrada por los Magistrados Aida M\u00f3nica Rosero Garc\u00eda, Franklin Torres Cabrera y Marcela Adriana Castillo Silva, as\u00ed como frente al Juzgado Primero Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al que fueron citadas las partes e intervinientes en el proceso ordinario de responsabilidad civil extracontractual No. 2011-00133-00.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.         Los interesados actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclaman la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas con las sentencias proferidas en el juicio referido en precedencia iniciado en su contra, en las que se afirma, incurrieron en defectos f\u00e1ctico, procedimental.  <\/span><\/p>\n

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Solicitan, que se deje sin efectos la sentencia de segunda instancia de 19 de octubre de 2016, \u00abpor haberse dictado sin prueba legalmente practicada sobre la p\u00e9rdida de capacidad laboral de la demandante y sin dar tr\u00e1mite al incidente de objeci\u00f3n al dictamen m\u00e9dico psiqui\u00e1trico encaminado a establecer la relaci\u00f3n causalidad entre el da\u00f1o ps\u00edquico y el accidente de tr\u00e1nsito\u00bb, y en consecuencia se ordene al Tribunal accionado \u00abque d\u00e9 tr\u00e1mite a la objeci\u00f3n al dictamen pericial, pronunci\u00e1ndose sobre las pruebas pedidas en la objeci\u00f3n\u00bb y que adem\u00e1s, \u00abaplique el principio de proporcionalidad al momento de tasar los da\u00f1os extra patrimoniales, teniendo en cuenta que el porcentaje de p\u00e9rdida de capacidad laboral es del 9,70% como lo estableci\u00f3 la Junta Regional de Invalidez y no el 100% que lo indican al arbitrio las autoridades judiciales accionadas\u00bb (f. 10, negrilla en texto).  <\/span><\/p>\n

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2.   En apoyo de lo anterior, se aduce en s\u00edntesis, que con ocasi\u00f3n del accidente de tr\u00e1nsito acaecido el 16 de diciembre de 2007, fueron demandados por Claudia Patricia Arellano Viteri, Josefina Marina Viteri Alvarado y Santiago Pati\u00f1o Arellano a pagar los perjuicios causados, tr\u00e1mite del que conoci\u00f3 el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pasto, quien en sentencia de 16 de diciembre de 2014 los declar\u00f3 solidariamente responsables conden\u00e1ndolos a pagar un valor total de $234\u2019277.900, no obstante que en esa instancia no existe prueba legalmente practicada en el proceso para establecer el porcentaje de p\u00e9rdida de la capacidad laboral de Claudia Patricia Arellano Viteri, ni tampoco sobre los ingresos de la v\u00edctima, por lo que el a quo para establecer lo anterior tomo \u00abel concepto de calificaci\u00f3n realizada en el a\u00f1o 2009 para reconocer la pensi\u00f3n de invalidez\u00bb y, pese a que en el concepto aportado con la demanda se menciona el 62,95% como p\u00e9rdida de la capacidad laboral, \u00absin prueba sobre este aspecto asume que la se\u00f1ora tuvo una p\u00e9rdida del 100% de su capacidad laboral y procede a realizar las liquidaciones sobre la base del 100% del salario m\u00ednimo, vigente a la fecha de la sentencia\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Agregan que en la providencia aludida igualmente se decret\u00f3 el reconocimiento m\u00e9dico legal de la se\u00f1ora Arellano Viteri con el fin de determinar si ha presentado en el \u00faltimo a\u00f1o secuelas emocionales y su salud mental ha desmejorado a ra\u00edz del accidente de tr\u00e1nsito en menci\u00f3n, y allegado el mismo solicit\u00f3 aclaraci\u00f3n, y luego lo objet\u00f3 por error grave, y el Tribunal sin dar tr\u00e1mite a esta \u00faltima, profiri\u00f3 fallo \u00abretomando la calificaci\u00f3n de p\u00e9rdida de capacidad laboral en un 62,95% que aparece en un documento allegado con la demanda, para concluir que pese a ello, debe estimarse que la perdida es del 100% y tomar el 100% del salario m\u00ednimo para cuantificar el valor a indemnizar, aplicando el art\u00edculo 38 de la ley 100 de 1993\u00bb (ff. 2 a 11, negrilla en texto).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS  <\/span><\/p>\n

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1.  Los Magistrados de la Sala cuestionada manifestaron que en el fallo proferido el 19 de octubre de 2016, se encuentran plasmadas la valoraci\u00f3n probatoria y las consideraciones de orden legal y jur\u00eddico que condujeron a confirmar la sentencia de primera instancia dentro del proceso ordinario de responsabilidad civil extracontractual N\u00b0 2011-00133, y las reflexiones que ah\u00ed se indicaron, no son fruto de un actuar caprichoso que repudie la normatividad que gobierna la materia, y por tanto, generen la necesidad de un control constitucional excepcional a trav\u00e9s del mecanismo tutelar (ff. 27 y 28).  <\/span><\/p>\n

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2. La Jueza Primera Civil del Circuito de Pasto, se refiri\u00f3 a la actuaci\u00f3n seguida en el proceso e inform\u00f3 que la misma se adelant\u00f3 con apego a la ritualidad pertinente, por lo que solicit\u00f3 negar el amparo (f. 47).  <\/span><\/p>\n

3.  El apoderado de Seguros Comerciales Bol\u00edvar S.A., solicit\u00f3 la desvinculaci\u00f3n de la sociedad del tr\u00e1mite, a la par que manifest\u00f3 haber dado cumplimiento el 16 de enero de 2017 al pago que le fue ordenado en la sentencia de segundo grado e igualmente pidi\u00f3 declarar procedente la tutela frente al error en la apreciaci\u00f3n probatoria que conllev\u00f3 a una liquidaci\u00f3n errada y desproporcionada del perjuicio (ff. 49 a 51).  <\/span><\/p>\n

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4. Claudia Patricia Arellano Viteri, a trav\u00e9s de apoderado, se opuso a las pretensiones de la acci\u00f3n constitucional, manifestando que el procurador de los accionantes pretende acomodar caprichosamente tanto las experticias periciales como las m\u00e9dico legales obrantes en el proceso, en sacrificio de la realidad de la v\u00edctima y de los hechos (ff. 58 a 71).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Bien se sabe, siguiendo los criterios jurisprudenciales de la Corporaci\u00f3n, que en l\u00ednea de principio la acci\u00f3n de tutela no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de los Jueces constitucionales inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o ya terminados, para tratar de modificar o cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, porque al obrar de esa manera se quebrantar\u00edan los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

Por regla de excepci\u00f3n a lo anterior se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico.  <\/span><\/p>\n

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2.  Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos en la tutela, se concluye que el amparo solicitado resulta improcedente, porque contrario a lo afirmado por los solicitantes, las copias allegadas a este tr\u00e1mite permiten observar a la Corte, que en el proceso ordinario de mayor cuant\u00eda de responsabilidad civil extracontractual promovido por Claudia Patricia Arellano Viteri, Josefina Marina Viteri Alvarado y Santiago Pati\u00f1o Arellano en contra de Jes\u00fas Harold Armando Zamora C\u00e1rdenas y Adriana del Carmen Erazo Ruiz, el Tribunal accionado analiz\u00f3 razonablemente la actuaci\u00f3n, lo cual descarta una conducta irregular producto de su exclusiva voluntad.  <\/span><\/p>\n

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Para lo anterior, basta ver que la demanda se present\u00f3 con la finalidad de que fueran resarcidos los perjuicios ocasionados a los demandantes por causa del accidente de tr\u00e1nsito acaecido el 16 de diciembre de 2007 atribuible a Jes\u00fas Harold Armando Zamora C\u00e1rdenas, quien conduc\u00eda el autom\u00f3vil de placas BNT 418 de propiedad de Adriana del Carmen Erazo Ruiz, y al no obedecer una se\u00f1al de pare y continuar con exceso de velocidad, colision\u00f3 con la motocicleta de placas LLO 23A, de propiedad de Claudia Patricia Arellano Viteri, quien result\u00f3 herida, lesiones que \u00abpor su gravedad, originaron en ella secuelas fisiol\u00f3gicas, tales como la desfiguraci\u00f3n corporal, las que a su vez, le generaron da\u00f1os psicol\u00f3gicos que se reflejan en \u00abdepresi\u00f3n severa y trastorno de comportamiento\u00bb y adem\u00e1s un da\u00f1o directo a la vida de relaci\u00f3n, en tanto acab\u00f3 con su posibilidad laboral como psic\u00f3loga y auxiliar de enfermer\u00eda\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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El Juzgado Primero Civil del Circuito de Pasto, admiti\u00f3 la demanda, y notificados los demandados contestaron, se opusieron a las pretensiones, propusieron las excepciones que denominaron \u00abculpa de la v\u00edctima\u00bb y \u00abfalta de legitimaci\u00f3n por activa\u00bb, y llamaron en garant\u00eda a Seguros Bol\u00edvar S.A., quien en cuanto al llamamiento propuso las defensas perentorias de \u00abImposibilidad jur\u00eddica para reclamar doble indemnizaci\u00f3n por los eventuales perjuicios sufridos por la parte demandante en el accidente de tr\u00e1nsito\u00bb; \u00abL\u00edmite de la eventual obligaci\u00f3n indemnizatoria o reembolso a cargo de mi representada y a favor de la parte demandante por cuenta de la p\u00f3liza de responsabilidad civil extracontractual invocada\u00bb; \u00abAusencia de cobertura de perjuicios morales por cuenta de la p\u00f3liza\u00bb; \u00abNo cobertura del lucro cesante por cuenta de la p\u00f3liza\u00bb; \u00abLas exclusiones de amparo expresamente previstas en las condiciones generales de la p\u00f3liza\u00bb; \u00abPrescripci\u00f3n\u00bb; \u00abAusencia de responsabilidad civil del asegurador\u00bb, e \u00abInexistencia de solidaridad\u00bb, y adem\u00e1s aleg\u00f3 una concurrencia de actividades peligrosas, por lo que pidi\u00f3 que se anulen las responsabilidades de los involucrados en el accidente; la culpa exclusiva de la v\u00edctima y la concurrencia de culpas.  <\/span><\/p>\n

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Adelantado el tr\u00e1mite en sentencia de 16 de diciembre de 2014 el a quo resolvi\u00f3, declarar no probadas las excepciones de m\u00e9rito; declar\u00f3 civil y solidariamente responsables a los demandados de los perjuicios causados a los demandantes, y los conden\u00f3 a pagarle a la se\u00f1ora Arellano Viteri los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante consolidado y futuro, y el da\u00f1o fisiol\u00f3gico o da\u00f1o a la vida de relaci\u00f3n, y en cuanto a los perjuicios morales consider\u00f3 procedente su tasaci\u00f3n en beneficio de Claudia Patricia Arellano Viteri, Josefina Marina Viteri Alvarado y Santiago Pati\u00f1o Arellano, evidenciando adem\u00e1s la viabilidad del llamamiento en garant\u00eda de la Aseguradora, y la improcedencia de las excepciones por \u00e9sta planteadas, y reconoci\u00f3 que deb\u00eda reembolsar a la asegurada los valores que se paguen a la demandante por los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante hasta el equivalente a 60 SMLM.  <\/span><\/p>\n

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Inconformes con la decisi\u00f3n, ambas partes presentaron recurso de apelaci\u00f3n, y adem\u00e1s en segunda instancia solicitaron pruebas, la demandante argumentando que la se\u00f1ora Arellano Viteri, posterior a la sentencia de primer grado, \u00abproducto del accidente, padeci\u00f3 nuevas secuelas en su salud f\u00edsica y s\u00edquica, las cuales, consideraron, deb\u00edan demostrarse\u00bb, y a su vez, los demandados alegaron una recuperaci\u00f3n mental y f\u00edsica de la nombrada demandante, el Tribunal mediante auto de 8 de julio de 2015 accedi\u00f3 a su decreto, y posteriormente el 18 de agosto decret\u00f3 de oficio la pr\u00e1ctica de otras pruebas.  <\/span><\/p>\n

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Vencido el t\u00e9rmino probatorio en la segunda instancia, \u00abse corri\u00f3 traslado a las partes para que presentaran sus alegatos finales. En esa oportunidad, de un lado, la demandada sustent\u00f3 el recurso de alzada y de otro, la parte demandante anunci\u00f3 el desistimiento de la apelaci\u00f3n adhesiva, no sin dejar de referirse a los argumentos esbozados por su contraparte\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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3.  La Corporaci\u00f3n accionada en la sentencia de 19 de octubre de 2016, confirm\u00f3 la de primera instancia, despu\u00e9s de memorar las principales actuaciones surtidas dentro del tr\u00e1mite cuyo desenlace se critica y resumir los fundamentos de la decisi\u00f3n de primer grado, se refiri\u00f3 a la responsabilidad civil extracontractual por actividades peligrosas y al hecho de la v\u00edctima como causa exclusiva o concurrente en la producci\u00f3n del da\u00f1o conforme a los criterios jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia, y en relaci\u00f3n con los fundamentos de la apelaci\u00f3n, all\u00ed se dijo:  <\/span><\/p>\n

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\u00abla parte demandada, conforme a lo dispuesto en el art. 361 del C. de P. C, antes de que se venciera el t\u00e9rmino de ejecutoria del auto que admiti\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n por ella formulado frente al fallo de primera instancia, solicit\u00f3 la pr\u00e1ctica de pruebas para demostrar un hecho que estim\u00f3 como sobreviniente y otro apenas conocido despu\u00e9s de la sentencia. Aquel referente a que se present\u00f3 \u00abla recuperaci\u00f3n de la demandada en la perturbaci\u00f3n ps\u00edquica a establecer que se menciona en el dictamen de medicina legal del 23 de febrero del 2009 y que se relaciona con uno de los diagn\u00f3sticos (depresi\u00f3n severa) que determinaron la calificaci\u00f3n de p\u00e9rdida de la capacidad laboral en 62,95%\u00bb. Y el \u00faltimo concerniente a que la afectada, con anterioridad al accidente padecido el 16 de diciembre de 2007, seg\u00fan report\u00f3 el Hospital San Pedro de Pasto, estuvo involucrada en otro accidente de tr\u00e1nsito el 25 de diciembre de 2005, hecho que consider\u00f3 relevante porque el dictamen de medicina laboral del Seguro Social de 5 de mayo de 2009, da cuenta de un diagn\u00f3stico de depresi\u00f3n severa y trastorno de comportamiento de aproximadamente dos a\u00f1os de evoluci\u00f3n, lo que significa que dicho da\u00f1o se ubica antes del percance denunciado en este asunto y despu\u00e9s del reportado por la entidad hospitalaria\u00bb (\u2026)  Aparte de ello, tambi\u00e9n se tiene que es un motivo de inconformidad el que a pesar de que la p\u00e9rdida de la capacidad laboral fue del 62,95%, no obstante, la a quo tom\u00f3 el 100% del salario m\u00ednimo para estimar el lucro cesante\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Agregando a continuaci\u00f3n: \u00abes dable para la Sala condensar en tres cuestionamientos, los puntos que debe resolver en esta instancia, los cuales son: (i) \u00bfA trav\u00e9s de la prueba recaudada en primera instancia se puede determinar en el plenario que la conducta de los demandantes ocupantes de la motocicleta, CLAUDIA PATRICIA ARELLANO y SANTIAGO PATI\u00d1O AR\u00c9VALO, fue determinante o, al menos, concurrente a la de la parte demandada en la producci\u00f3n del da\u00f1o demandado?. (ii) \u00bfA trav\u00e9s de la prueba recogida en segunda instancia es posible avizorar que la configuraci\u00f3n del da\u00f1o s\u00edquico que fue determinante en la incapacidad laboral, no fue consecuencia del accidente objeto de la demanda, sino del reportado el 25 de diciembre de 2005?. (iii) \u00bfEl lucro cesante debi\u00f3 ser calculado con base en el 100% del salario m\u00ednimo legal mensual vigente, a pesar de que la p\u00e9rdida de capacidad laboral fue calculada en 62,95%?.  <\/span><\/p>\n

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Frente a las alegaciones que constituyen las puntuales quejas que sobre esa providencia elevan los aqu\u00ed accionantes, observa la Sala que el Tribunal para poder concluir que la decisi\u00f3n de primer grado fue acertada, explic\u00f3 lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab(ii) El segundo interrogante merece una respuesta negativa, porque la parte no alleg\u00f3 las pruebas necesarias para sustentar el hecho novedoso que puso en conocimiento de la segunda instancia. Se\u00f1al\u00f3 que el da\u00f1o sicol\u00f3gico que la a quo apreci\u00f3 probado en la se\u00f1ora CLAUDIA PATRICIA ARELLANO VITERI, fue producto de un accidente de tr\u00e1nsito que, seg\u00fan se report\u00f3 por el Hospital San Pedro de Pasto, ella sufri\u00f3 el 25 de diciembre de 2005.  <\/span><\/p>\n

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A pesar de ello, ninguna de las pruebas acopiadas en esta sede, ellas son, la historia cl\u00ednica de la prenombrada, remitida por la Fundaci\u00f3n Hospital San Pedro de Pasto (fls. 42 a 57 del C-9); el dictamen elaborado por la Junta de Calificaci\u00f3n de Invalidez de Nari\u00f1o (fls. 118 y 119 del C-9) e, incluso, la experticia presentada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, no obstante que su objeto era probar un detrimento en la salud de la demandante (fls. 173 a 180 del C-9), logran corroboran la afirmaci\u00f3n en comento.  <\/span><\/p>\n

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Por el contrario, el trabajo rendido por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses concluy\u00f3 que la se\u00f1ora CLAUDIA PATRICIA ARELLANO VITERI presenta, desde la perspectiva psiqui\u00e1trica forense, \u00abun DA\u00d1O PS\u00cdQUICO de intensidad PROFUNDA, como consecuencia probablemente de lo que ha venido aconteciendo en su vida luego del accidente sufrido en diciembre de 2007\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Es m\u00e1s y al margen de lo expuesto, tampoco esas pruebas tienen la aptitud para demostrar que la salud mental de la demandante mejor\u00f3. El dictamen de la mencionada Junta de Calificaci\u00f3n de Invalidez no hizo menci\u00f3n al aspecto ps\u00edquico, solo al f\u00edsico, pues el \u00abDIAGN\u00d3STICO MOTIVO DE CALIFICACI\u00d3N [FUE LA] FRACTURA DE OTRAS PARTES DE LA PIERNA\u00bb y nada m\u00e1s, por lo tanto, no puede ser tomado como referente para determinar esa circunstancia\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Finalmente y en cuanto al tercer cuestionamiento, estim\u00f3 \u00ab(\u2026) debemos decir que fue acertado el que el lucro cesante se haya calculado con base en el 100% del salario m\u00ednimo legal mensual vigente, ya que el porcentaje de p\u00e9rdida de la capacidad laboral que le fue estimado en un 62,95% a la se\u00f1ora CLAUDIA PATRICIA ARELLANO VITERI, constituye, en virtud de lo preceptuado en el art. 38 de la Ley 100 de 1993, un estado de invalidez, situaci\u00f3n que acorde a la interpretaci\u00f3n que del art. 227 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo y la Seguridad Social hizo la Corte Constitucional en la sentencia C-543 de 2007, hace entender que el valor de la indemnizaci\u00f3n no pueda ser inferior al salario m\u00ednimo legal vigente, en correspondencia a principios como el de la dignidad humana\u00bb (ff. 29 a 43).  <\/span><\/p>\n

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4. De la transcripci\u00f3n ut supra vista, independientemente que la Corte proh\u00edje la totalidad de la argumentaci\u00f3n por no ser este el escenario id\u00f3neo para lo propio, proviene que dicha argumentaci\u00f3n se sustent\u00f3 en una debida motivaci\u00f3n, en la que se valor\u00f3 en forma razonada la situaci\u00f3n planteada en el proceso.  <\/span><\/p>\n

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En este orden, no se advierte que la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pasto haya incurrido en desconocimiento de los derechos fundamentales que reclaman los accionantes, pues contrario a ello, hizo referencia a los postulados jur\u00eddicos y f\u00e1cticos en los que se sustent\u00f3 la apelaci\u00f3n, lo que descarta la posibilidad de predicar una v\u00eda de hecho en la actuaci\u00f3n rese\u00f1ada, y por lo tanto, no hay lugar a la intervenci\u00f3n de esta particular justicia, reservada para casos de evidente desafuero judicial.  <\/span><\/p>\n

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Lo anterior significa, que lo pretendido por los peticionarios del amparo, es anteponer su propio criterio al de la autoridad cuestionada y atacar por esta v\u00eda, la decisi\u00f3n que consideran, los desfavoreci\u00f3, finalidad que resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela que, dada su naturaleza excepcional, no fue creada para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios ni como escenario para debatir la posici\u00f3n que la autoridad judicial, sin arbitrariedades, en su leg\u00edtimo entendimiento y autonom\u00eda, asuma frente a determinada situaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Adem\u00e1s, esta Sala ha sostenido, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 2007-00514-01) y que, \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC, 28 mar. 2012, rad. 00022-01).  <\/span><\/p>\n

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5.  Finalmente advierte la Corte que si bien el Tribunal no se aplic\u00f3 a replicar o a analizar en forma estricta los puntos de la objeci\u00f3n grave, observa la Sala que en el fallo s\u00ed lo hizo de manera contextual y en diferentes citas se refiere al mismo, como se dej\u00f3 visto en la transcripci\u00f3n hecha en precedencia. Ahora, tampoco acredit\u00f3 la parte accionante, que hubiera solicitado la adici\u00f3n de la sentencia de segundo grado, pidiendo la resoluci\u00f3n de tal objeci\u00f3n, no obstante ser ello viable de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 311 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, oportunidad en la que pudo aducir los planteamientos que ahora expone para fundamentar su pretensi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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6.  Por lo expuesto en precedencia, no se acceder\u00e1 a lo pretendido con el escrito de tutela.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley DENIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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            LUIS ALONSO RICO PUERTA   Magistrado ponente      STC527-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00015-00   (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil diecisiete (2017).       Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-98836","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98836","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=98836"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98836\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=98836"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=98836"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=98836"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}