{"id":98837,"date":"2026-06-25T17:21:31","date_gmt":"2026-06-25T17:21:31","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc528-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:21:31","modified_gmt":"2026-06-25T17:21:31","slug":"stc528-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc528-2017\/","title":{"rendered":"STC528-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC528-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00091-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco  de enero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de enero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Jos\u00e9 Al\u00ed Moreno Londo\u00f1o en contra de la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior de Antioquia y la Unidad Especial de Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas (UARIV), actuaci\u00f3n a la que se orden\u00f3 vincular a los intervinientes en el tr\u00e1mite constitucional g\u00e9nesis de la queja.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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En el libelo introductorio, el accionante solicit\u00f3 el amparo de su derecho fundamental al debido proceso, que considera vulnerado por el Tribunal al resolver la impugnaci\u00f3n de la sentencia de tutela interpuesta contra la Unidad Especial de Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas (UARIV), con fundamento en algo que nunca se ha pretendido por cuanto su pretensi\u00f3n iba encaminada a que dicha entidad revisara con plena consideraci\u00f3n  todos los documentos aportados y que emitiera una contestaci\u00f3n realmente motivada y con el debido sustento jur\u00eddico, lo que en efecto no aconteci\u00f3.  <\/span><\/p>\n

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Pretende, en consecuencia, que \u00abDado que nunca se ha resuelto el problema jur\u00eddico se solicita que desde la Corte Suprema de Justicia \u2013Sala de Casaci\u00f3n Civil se impongan las medidas necesarias y correspondientes para que la UARIV de plena consideraci\u00f3n a la documentaci\u00f3n que ya ha sido aportada y que su respuesta sea realmente motivada y con el correspondiente sustento jur\u00eddico.\u00bb. [Folio 3, c.1]  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. Refiere el accionante que la Unidad Especial de Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas (UARIV), mediante resoluci\u00f3n No. 2014-579637 del 25 de agosto de 2014 resolvi\u00f3 no incluirlo en el Registro \u00danico de V\u00edctimas \u2013 RUV- y en consecuencia no  reconoci\u00f3 el hecho victimizante de Homicidio del que fue objeto su hijo Al\u00ed Moreno Castellanos. [Folios 12-14, c.1]  <\/span><\/p>\n

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2. Que el 7 de enero de 2015 solicit\u00f3 la revocatoria directa del mencionado acto administrativo sin que la entidad se pronunciara al respecto.  <\/span><\/p>\n

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3. De igual forma se\u00f1ala que el 22 de septiembre siguiente interpuso acci\u00f3n de tutela en contra de la referida entidad solicitando la protecci\u00f3n al debido proceso administrativo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. El 5 de octubre de ese a\u00f1o se concedi\u00f3 el amparo y ante su incumplimiento promovi\u00f3 incidente de desacato, lo que origin\u00f3 que la citada entidad mediante resoluci\u00f3n No. 2014-579637RD del 17 de noviembre de 2015 confirmara la determinaci\u00f3n adoptada. [Folios 8-11, c.1]  <\/span><\/p>\n

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5. Que en desacuerdo con la decisi\u00f3n y por considerar quebrantados sus derechos present\u00f3 nueva acci\u00f3n de tutela contra la referida Unidad, para que se ordenara revisar las aludidas resoluciones \u00abde manera concomitante y con plena consideraci\u00f3n de los argumentos se\u00f1alados en la solicitud de revocatoria directa diligenciada bajo el rad. No. 223259, y Que, en consecuencia, de contestaci\u00f3n inmediata, realmente motivada y con el debido sustento jur\u00eddico\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. El tr\u00e1mite le correspondi\u00f3 al Juzgado Promiscuo de Familia de La Ceja – Antioquia, autoridad que el 28 de septiembre de 2016 la admiti\u00f3 y dispuso el decreto y practica de pruebas para efecto de dar aclaraci\u00f3n a los hechos, as\u00ed mismo, dispuso la notificaci\u00f3n de la entidad accionada.  <\/span><\/p>\n

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7. El 10 de octubre de ese a\u00f1o, se emiti\u00f3 sentencia en la que no se ampar\u00f3 los derechos fundamentales invocados tras se\u00f1alar que \u00abla Unidad Especial de Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas, no ha vulnerado al se\u00f1or JOSE ALI MORENO LONDO\u00d1O los derechos fundamentales invocados, porque como se dej\u00f3 dicho, la entidad demandada tom\u00f3 la decisi\u00f3n de no incluirlo en el RUV, luego de analizar la documentaci\u00f3n por \u00e9l aportada y que fue la misma que alleg\u00f3 a esta tutela, por el hecho victimizante de homicidio de su hijo ALI MORENO CASTELLANOS.\u00bb [Folios 39-43, c.1]  <\/span><\/p>\n

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8. En desacuerdo con la determinaci\u00f3n, el tutelante la impugn\u00f3.  <\/span><\/p>\n

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9. El 29 de noviembre de 2016, el Tribunal Superior de Antioquia, la confirm\u00f3. [Folios 45-51, c.1]  <\/span><\/p>\n

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11. En criterio del reclamante, la decisi\u00f3n emitida  por la Corporaci\u00f3n accionada vulnera sus derechos, porque no se solucion\u00f3 su problema en el sentido que no se revis\u00f3 con plena consideraci\u00f3n los documentos aportados en su solicitud ante la Unidad Especial de Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas (UARIV), y por tanto no se ofreci\u00f3 una respuesta motivada y soportada jur\u00eddicamente. [Folios 1\u00ad-3, c.1]  <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El 18 de enero de 2017 se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, se orden\u00f3 el traslado a las autoridades accionadas y se dispuso vincular a los dem\u00e1s intervinientes, para que ejercieran su derecho a la defensa. [Folio 30, c.1]  <\/span><\/p>\n

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2. Dentro del t\u00e9rmino otorgado no se recibi\u00f3 pronunciamiento alguno.  <\/span><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Como ha sido sostenido por la jurisprudencia, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados.  <\/span><\/p>\n

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De igual modo, ha reiterado esta Sala la impertinencia del amparo para atacar sentencias de tutela, pues para cuestionar las determinaciones adoptadas en dicha sede, el ordenamiento jur\u00eddico prev\u00e9 como mecanismos de control la impugnaci\u00f3n y la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, de modo que no es la acci\u00f3n de amparo el instrumento id\u00f3neo para corregir las deficiencias que se adviertan, o incluso para reprochar las situaciones que sean consideradas como constitutivas de v\u00eda de hecho en dichas actuaciones, pues de permitir un nuevo cuestionamiento a trav\u00e9s de una tramitaci\u00f3n de la misma naturaleza, adem\u00e1s de hacer interminable el tr\u00e1mite, se atentar\u00eda contra la certeza que debe acompa\u00f1ar a las decisiones judiciales.  <\/span><\/p>\n

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Sin embargo, se ha aceptado la procedencia de la herramienta constitucional cuando, en el procedimiento seguido por el juez de tutela, se desconoce de manera flagrante la garant\u00eda al debido proceso de los intervinientes. Al respecto se ha dicho que \u00aben casos excepcionales, espec\u00edficamente cuando se omite la integraci\u00f3n del contradictorio o la notificaci\u00f3n de las personas con inter\u00e9s jur\u00eddico para intervenir, por lineamiento jurisprudencial, es admisible el amparo en orden a restablecer el status quo lesivo del derecho fundamental al debido proceso\u00bb.1  <\/span><\/p>\n

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2. En el asunto que es objeto de estudio, el accionante pretende controvertir, mediante acci\u00f3n de tutela, el fallo proferido en sede constitucional en segunda instancia por el Tribunal Superior de Antioquia de fecha 29 de noviembre de 2016, situaci\u00f3n de la cual se deduce la improcedencia de esta acci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, aunque como se mencion\u00f3, se ha admitido la procedencia de esta v\u00eda excepcional para garantizar el derecho de defensa de las personas que no habiendo sido citadas a la acci\u00f3n constitucional resultan afectadas por la decisi\u00f3n adoptada, esta circunstancia no es la que aqu\u00ed se plantea, pues lo cuestionado es el criterio jur\u00eddico y valoraci\u00f3n f\u00e1ctica del juzgador accionado, se\u00f1alamientos que debieron ser ventilados en el respectivo procedimiento de la tutela, y que no se erigen en causal para la concesi\u00f3n de un nuevo amparo.  <\/span><\/p>\n

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En esa l\u00ednea de pensamiento, se ha expresado en precedencia, que \u00abdentro de las directrices constitucionales, el mismo art\u00edculo 86 de la Carta, en el numeral 2\u00b0, dispone que el fallo de tutela, que ser\u00e1 de inmediato cumplimiento, podr\u00e1 impugnarse ante el juez competente y en todo caso \u00e9ste lo remitir\u00e1 a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.\u2026Es inadmisible tolerar que los fallos de tutela sean cuestionados mediante recurso de id\u00e9ntica naturaleza, porque ello desquicia la posibilidad de clausurar el debate y reproduce indefinidamente la incertidumbre que la decisi\u00f3n jur\u00eddica est\u00e1 llamada a disipar.  <\/span><\/p>\n

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\u201cLa seguridad jur\u00eddica es el desider\u00e1tum del Derecho y todo cuanto conspire contra ella niega al Derecho mismo. S\u00f3lo al legislador compete la consagraci\u00f3n de los casos y las formalidades bajo las cuales es posible desquiciar los efectos de la cosa juzgada, pues si se permitiera reciclar ab aeternum la misma controversia el derecho dejar\u00eda de ser lo que es. Los fallos de tutela pueden ser objeto de revisi\u00f3n porque as\u00ed lo tiene previsto el ordenamiento, pero con ello se clausura el debate. De esta manera, estando pendiente la revisi\u00f3n, as\u00ed sea eventual, no hay lugar a reanudar la controversia\u00bb.2  <\/span><\/p>\n

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Adicionalmente, t\u00e9ngase en cuenta, que incluso puede el actor intervenir ante la Corte Constitucional a efectos de procurar la revisi\u00f3n de la sentencia y del tr\u00e1mite de tutela3; mecanismo este \u00faltimo respecto del cual, ha precisado esta Corporaci\u00f3n:  <\/span><\/p>\n

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\u201cY, no se diga, que dicho instrumento no es suficiente garant\u00eda, dada su eventualidad y discrecionalidad, pues si bien es cierto este grado jurisdiccional no se predica de toda acci\u00f3n de tutela, tambi\u00e9n lo es que la selecci\u00f3n se materializa a trav\u00e9s del procedimiento previsto en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991, con la prerrogativa adicional de que \u2018[c]ualquier magistrado de la Corte o el Defensor del Pueblo, podr\u00e1 solicitar que se revise alg\u00fan fallo de tutela excluido por \u00e9stos cuando considere que la revisi\u00f3n puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave\u2019, o lo que es lo mismo, apelar al recurso de insistencia que puede ser propuesto \u2018dentro de los quince d\u00edas calendario siguientes a la fecha de notificaci\u00f3n por estado del auto de la Sala de Selecci\u00f3n\u2019. (Art\u00edculo 51 y 52 del Acuerdo 05 de 15 de octubre de 1992)\u201d4.  <\/span><\/p>\n

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Y lo anterior cobra mayor \u00e9nfasis en el presente caso, dado que el expediente de tutela aqu\u00ed cuestionado, se encuentra pendiente por radicar en la Corte Constitucional, seg\u00fan informaci\u00f3n ofrecida por dicha Corporaci\u00f3n, de suerte que no es dable advertir que haya culminado la etapa de su eventual revisi\u00f3n, la que sin duda es un medio de protecci\u00f3n en aquella actuaci\u00f3n y que, por consiguiente, desplaza cualquier otra acci\u00f3n en el mismo sentido.  <\/span><\/p>\n

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En suma, los argumentos que el querellante esgrime en esta solicitud de protecci\u00f3n, bien pueden ser discutidos en el tr\u00e1mite de revisi\u00f3n de la providencia cuestionada ante la Corte Constitucional, a trav\u00e9s de la insistencia para su selecci\u00f3n con tal prop\u00f3sito, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991.  <\/span><\/p>\n

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Sobre el tema la Corporaci\u00f3n ha explicado:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab(\u2026) si el presunto defecto es de fondo y se materializa en el fallo de la acci\u00f3n de tutela, contra esa providencia no es viable interponer posteriormente otra acci\u00f3n de igual naturaleza, toda vez que los mecanismos jur\u00eddicos id\u00f3neos establecidos para analizar la constitucionalidad de una sentencia de amparo se concretan \u00fanicamente en la impugnaci\u00f3n del fallo de primera instancia y en la revisi\u00f3n a cargo de la Corte Constitucional. (\u2026) Como no es factible interponer una nueva acci\u00f3n de tutela contra la sentencia que defini\u00f3 una anterior, quien estime que la primera sentencia dictada por el ad quem est\u00e1 construida sobre v\u00edas de hecho, debe solicitar a esa Corporaci\u00f3n que revise dicho fallo, en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 31, 32 y 33 del Decreto 2591 de 1991. De esta manera, la persona afectada no queda desamparada jur\u00eddicamente ante la eventualidad de que en realidad la sentencia sea materialmente injusta. (\u2026) Si la Corte Constitucional no revisa la sentencia de tutela oficiosamente ni a solicitud del interesado, o si accede a hacerlo, el actor debe estarse a lo resuelto por dicha Corte que es la \u00faltima palabra sobre el asunto, y hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada, pues el legislador, para evitar la cadena ilimitada de litigios la instituy\u00f3 \u2018como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, mediante ese mecanismo (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 30 ago 2012, Rad. 00258-01, reiterada CSJ STC, 23 may 2013, Rad. 00145-01).  <\/span><\/p>\n

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III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA la protecci\u00f3n constitucional invocada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a los interesados; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnado este fallo.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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1 Sentencia de tutela de 16 de noviembre de 2011, exp. 2011-01315-01. El mismo criterio se expres\u00f3, entre otros fallos en los de 14 de octubre de 2008, exp. 2008-01646-00; 16 de febrero de 2009, exp. 2009-00193-00; 21 de enero de 2010, exp. 2009-02355-00.    <\/span><\/p>\n

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3 El mismo criterio se expuso en sentencia de 14 de febrero de 2013, exp. No. 2013-00247-00.    <\/span><\/p>\n

4 Sentencia 7 de noviembre de 2012, exp. 2012-2041-01.      <\/span><\/p>\n

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         ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ   Magistrado ponente      STC528-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00091-00   (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco  de enero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de enero de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Jos\u00e9 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-98837","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98837","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=98837"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98837\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=98837"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=98837"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=98837"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}