{"id":98839,"date":"2026-06-25T17:21:43","date_gmt":"2026-06-25T17:21:43","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc530-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:21:43","modified_gmt":"2026-06-25T17:21:43","slug":"stc530-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc530-2017\/","title":{"rendered":"STC530-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC530-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2017-00101-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1 D. C., veintis\u00e9is (26) de enero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Jes\u00fas Mar\u00eda Garz\u00f3n S\u00e1nchez contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de la misma ciudad y el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Mocoa, actuaci\u00f3n a la que se orden\u00f3 vincular a todas las dem\u00e1s autoridades judiciales, partes e intervinientes en el proceso objeto de queja constitucional.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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El accionante solicit\u00f3 el amparo de su derecho fundamental al debido proceso, que estima vulnerado por la autoridad judicial de segunda instancia al proferir sentencia penal condenatoria en su contra por el delito de tr\u00e1fico, fabricaci\u00f3n o porte de estupefacientes agravado.  <\/span><\/p>\n

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Por tal motivo, pretende que por esta v\u00eda se conceda el resguardo deprecado y se restablezcan sus derechos y garant\u00edas en el proceso punitivo mencionado.  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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2. Al d\u00eda siguiente, ante el Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Control de Garant\u00edas de El Espinal se llevaron a cabo las audiencias preliminares de legalizaci\u00f3n de captura, de la incautaci\u00f3n de elementos materiales probatorios y evidencia f\u00edsica, formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n por el delito de tr\u00e1fico, fabricaci\u00f3n o porte de estupefacientes agravado, e imposici\u00f3n de medida de aseguramiento de detenci\u00f3n preventiva en establecimiento carcelario contra los implicados.  <\/span><\/p>\n

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3. El Fiscal Sexto Especializado de Ibagu\u00e9 present\u00f3 el escrito de acusaci\u00f3n el 13 de mayo de 2011, por la conducta punible se\u00f1alada.  <\/span><\/p>\n

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4. La formulaci\u00f3n correspondiente tuvo lugar el 26 de agosto siguiente, ante el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de la ciudad citada.  <\/span><\/p>\n

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5. El juicio oral inici\u00f3 el 25 de enero de 2012 y concluy\u00f3 5 d\u00edas m\u00e1s tarde, fecha \u00faltima en que se anunci\u00f3 el sentido de fallo de car\u00e1cter condenatorio y absolutorio.  <\/span><\/p>\n

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6. En efecto, el 23 de febrero de la anualidad referida, el juez de la causa dict\u00f3 sentencia absolviendo al se\u00f1or Garz\u00f3n S\u00e1nchez del delito endilgado y condenando al se\u00f1or Araujo Cuenca a las penas de 276 meses de prisi\u00f3n, multa de 3.000 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes e inhabilitaci\u00f3n para el ejercicio de derechos y funciones p\u00fablicas por el t\u00e9rmino de 20 a\u00f1os, en calidad de coautor de la conducta punible aludida.  <\/span><\/p>\n

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7. Inconformes con esta determinaci\u00f3n, el condenado, su defensora y la Fiscal\u00eda interpusieron el recurso de apelaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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8. La Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, en fallo adiado el 7 de octubre de 2014, revoc\u00f3 la absoluci\u00f3n del aqu\u00ed quejoso y lo conden\u00f3, como coautor del delito de tr\u00e1fico, fabricaci\u00f3n o porte de estupefacientes agravado, a las penas de 276 meses de prisi\u00f3n, 3.000 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes de multa e inhabilitaci\u00f3n para el ejercicio de derechos y funciones p\u00fablicas por el lapso de 20 a\u00f1os, le neg\u00f3 la suspensi\u00f3n condicional de la ejecuci\u00f3n de la pena y la prisi\u00f3n domiciliaria, y en lo dem\u00e1s confirm\u00f3 la providencia apelada.  <\/span><\/p>\n

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9. Contra la decisi\u00f3n anterior, los procesados formularon el recurso de casaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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10. En auto de 18 de diciembre siguiente, el ad quem concedi\u00f3 el medio extraordinario de impugnaci\u00f3n interpuesto por el se\u00f1or Araujo Cuenca y declar\u00f3 desierto el recurso propuesto por el se\u00f1or Garz\u00f3n S\u00e1nchez, debido a que no present\u00f3 la demanda correspondiente.  <\/span><\/p>\n

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11. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, en prove\u00eddo fechado el 1\u00b0 de julio de 2015, inadmiti\u00f3 el libelo presentado y dispuso que, una vez tramitado el mecanismo de insistencia, regresara ese asunto al despacho del Magistrado Ponente para examinar oficiosamente la posible vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales del procesado.  <\/span><\/p>\n

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12. La Hom\u00f3loga Penal, mediante sentencia de agosto 19 de 2015, cas\u00f3 oficiosa y parcialmente la sentencia emitida por el juzgador de segundo grado, en el sentido de fijar a los condenados la pena de multa en 2.884,43 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes.  <\/span><\/p>\n

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13. En criterio del peticionario del amparo se vulneraron los derechos fundamentales invocados, dado que el sentenciador de primera instancia lo absolvi\u00f3 del delito endilgado en virtud del principio de in dubio pro reo, pues no se hab\u00eda demostrado, m\u00e1s all\u00e1 de toda duda, su participaci\u00f3n en la comisi\u00f3n de la conducta punible imputada, no obstante el Tribunal accionado revoc\u00f3 esa providencia y lo conden\u00f3, sin que apreciara adecuadamente el acervo probatorio, del cual no se infiere su responsabilidad penal, y de otro lado, se\u00f1ala que no cont\u00f3 con una defensa t\u00e9cnica a su favor en ese proceso. [Folios 1-4 y 179-183]  <\/span><\/p>\n

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1. El 18 de enero de 2017 se admiti\u00f3 el tr\u00e1mite de tutela, se orden\u00f3 el traslado a los despachos accionados y se dispuso la vinculaci\u00f3n de todas las dem\u00e1s autoridades judiciales, partes e intervinientes, para que ejercieran sus derechos de contradicci\u00f3n y defensa. [Folio 193]  <\/span><\/p>\n

       2. Dentro de la oportunidad concedida, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Ibagu\u00e9 y el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Mocoa rese\u00f1aron brevemente lo acontecido en el proceso censurado e indicaron que no se conculcaron las garant\u00edas del actor. [Folios 204 y 292]  <\/span><\/p>\n

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A su turno, la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 expuso que no se transgredieron los derechos superiores del quejoso porque el fallo atacado se ajust\u00f3 a derecho y est\u00e1 soportado en la observancia de todas las garant\u00edas procesales y constitucionales. [Folios 295-296]  <\/span><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Cuando el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica cre\u00f3 la tutela como un procedimiento preferente y sumario al alcance del ciudadano, para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos fundamentales en caso de que \u00e9stos fueran vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica o de los particulares en los casos establecidos por la ley, lo hizo caracteriz\u00e1ndola con los principios de inmediatez y subsidiariedad.  <\/span><\/p>\n

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2. El primero de los mencionados, visto desde la perspectiva de la finalidad del amparo, impide que se convierta en factor de inseguridad jur\u00eddica con el cual se produzca la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas constitucionales de terceros, como tambi\u00e9n que se desnaturalice el mismo tr\u00e1mite, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual.  <\/span><\/p>\n

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Frente a este tema, la jurisprudencia de esta Sala ha sostenido que:  <\/span><\/p>\n

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(\u2026) aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente. (CSJ STC, 2 ag. 2007, rad. 00188-01)  <\/span><\/p>\n

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M\u00e1s adelante, la Corporaci\u00f3n se\u00f1al\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental.  <\/span><\/p>\n

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Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses. (CSJ STC, 29 abr. 2009, rad. 2009-00624-00)  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas, el eventual afectado debe procurar acudir oportunamente a este mecanismo excepcional, pues su prolongado silencio es signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a la decisi\u00f3n atacada, a lo que se adiciona que al desatender el comentado principio, la acci\u00f3n de tutela se puede convertir en un instrumento generador de incertidumbre e incluso de vulneraci\u00f3n de los derechos de terceros.  <\/span><\/p>\n

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3. Respecto al segundo presupuesto aludido, debe recordarse que el amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del principio de la subsidiariedad, ya que solamente procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la salvaguarda oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza, y por lo tanto, no puede consider\u00e1rsele como un mecanismo alternativo o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n, pues su finalidad no consiste en remplazar los tr\u00e1mites establecidos por el legislador para la protecci\u00f3n de los derechos de los ciudadanos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En armon\u00eda con ese postulado, el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, que regula la acci\u00f3n de tutela, estableci\u00f3 las causales de improcedencia, entre las cuales se destaca la existencia de \u00abotros recursos o medios de defensa judicial\u00bb, dejando a salvo igual principio al consagrado por el Constituyente respecto a que se utilizara como \u00abmecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable\u00bb, advirtiendo eso s\u00ed que la existencia de esos medios ser\u00eda apreciada \u00aben concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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4. En el caso que se examina, para la Corte es claro que la providencia de la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, de fecha 7 de octubre de 2014, a trav\u00e9s de la cual revoc\u00f3 el fallo absolutorio de primera instancia y conden\u00f3 al se\u00f1or Garz\u00f3n S\u00e1nchez como coautor del delito de tr\u00e1fico, fabricaci\u00f3n o porte de estupefacientes agravado, a las penas de 276 meses de prisi\u00f3n, 3.000 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes de multa e inhabilitaci\u00f3n para el ejercicio de derechos y funciones p\u00fablicas por el lapso de 20 a\u00f1os; la petici\u00f3n de tutela no atiende el primer postulado que se comenta, toda vez que los hechos sobre los cuales edifica sus alegaciones de quebranto de garant\u00edas fundamentales, tuvieron lugar hace m\u00e1s de 2 a\u00f1os antes de que formulara la presente acci\u00f3n constitucional.  <\/span><\/p>\n

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De ah\u00ed que el amparo se instaur\u00f3 luego de superado ampliamente el t\u00e9rmino que la jurisprudencia, seg\u00fan lo que se explic\u00f3, ha indicado que es razonable a efectos de la formulaci\u00f3n del resguardo constitucional, sin que se acredite alguna causa atendible para justificar dicha omisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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5. Sumado a lo anterior, la Corporaci\u00f3n concluye que la protecci\u00f3n excepcional solicitada tambi\u00e9n es improcedente porque no atiende el presupuesto de la subsidiariedad, pues el querellante tuvo a su alcance otros medios de defensa judicial id\u00f3neos para plantear el debate que expone por esta v\u00eda constitucional.  <\/span><\/p>\n

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Lo anterior, por cuanto la queja del impulsor de la salvaguarda recae en la providencia emitida por la Colegiatura acusada, no obstante se observa que esa persona omiti\u00f3 utilizar los mecanismos de defensa judicial que ten\u00eda a su alcance en esos asuntos, puesto que no manifest\u00f3 oportunamente las inconformidades que ac\u00e1 expone mediante el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, el cual fue declarado desierto por el ad quem, dado que no present\u00f3 la demanda correspondiente, cuando dicha oportunidad y escenario era el id\u00f3neo para que ejerciera sus derechos fundamentales y se solventaran las irregularidades que a su juicio se presentaron.  <\/span><\/p>\n

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En ese orden, no puede admitirse que por medio de este tr\u00e1mite constitucional se provea la soluci\u00f3n de cuestiones que correspond\u00eda dirimir a los jueces naturales en escenarios procesales que no se suscitaron porque el aqu\u00ed quejoso no hizo uso de las herramientas que contempla la normatividad adjetiva, pues el amparo no se ha concebido como sustituto de los mecanismos de defensa establecidos por la ley, que el interesado ha desaprovechado debido a su incuria.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Recu\u00e9rdese que la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias de cada juicio, pero en ning\u00fan momento el amparo se puede entender como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, o para recuperar oportunidades que se dejaron vencer en el curso del proceso.  <\/span><\/p>\n

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La Sala, en supuestos similares ha indicado que:  <\/span><\/p>\n

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(\u2026) el accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso. (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01, y 2 mar. 2011, rad. 00380-01)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. Las razones que se han dejado consignadas se estiman suficientes para negar la tutela deprecada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA la protecci\u00f3n constitucional solicitada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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