{"id":98842,"date":"2026-06-25T17:22:01","date_gmt":"2026-06-25T17:22:01","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc533-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:22:01","modified_gmt":"2026-06-25T17:22:01","slug":"stc533-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc533-2017\/","title":{"rendered":"STC533-2017"},"content":{"rendered":"

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC533-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2016-02019-01  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1 D. C., veinticinco (25) de enero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el diecisiete de noviembre de dos mil diecis\u00e9is por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, en la acci\u00f3n de tutela promovida por la Administradora Colombiana de Pensiones contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Buga, el Juzgado Penal del Circuito de Roldanillo y el Juzgado Promiscuo Municipal de Bol\u00edvar, actuaci\u00f3n a la que se orden\u00f3 vincular a las partes e intervinientes en el proceso objeto de queja constitucional.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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La entidad p\u00fablica accionante solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que considera vulnerados por las autoridades judiciales encausadas al dictar sentencias en las acciones de esta misma naturaleza presentadas por Julio C\u00e9sar Calle V\u00e1squez contra ella y el Juzgado Promiscuo Municipal de Bol\u00edvar, respectivamente, en las que se otorg\u00f3 la salvaguarda constitucional y se orden\u00f3 el reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de vejez a su favor.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, pretende que por esta v\u00eda se conceda el resguardo deprecado y se dejen sin efectos todos los fallos de tutela proferidos en los asuntos mencionados.  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. En el a\u00f1o 2014, Julio C\u00e9sar Calle V\u00e1squez present\u00f3 acci\u00f3n de tutela contra la Administradora Colombiana de Pensiones, a fin de obtener la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas superiores y el reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de vejez.  <\/span><\/p>\n

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2. El Juzgado Promiscuo Municipal de Bol\u00edvar, mediante fallo de 16 de enero de 2015, concedi\u00f3 la protecci\u00f3n rogada y orden\u00f3 a la entidad accionada que reconociera y pagara la prestaci\u00f3n citada a favor del actor, incluyendo el retroactivo y los intereses moratorios respectivos.  <\/span><\/p>\n

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3. El quejoso inco\u00f3 el incidente de desacato contra la autoridad p\u00fablica mencionada, el cual fue resuelto el 29 de mayo del a\u00f1o citado, en donde se declar\u00f3 no probada la causal de incumplimiento de la orden de amparo porque el reclamante no cumpl\u00eda los requisitos y orden\u00f3 compulsar copias para la investigaci\u00f3n penal y disciplinaria de la conducta del anterior titular de ese despacho.  <\/span><\/p>\n

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4. En la Resoluci\u00f3n n.\u00b0 GN 224382 de julio 29 de 2016, Colpensiones reconoci\u00f3 y orden\u00f3 el pago de la pensi\u00f3n mensual vitalicia de vejez a favor del accionante, excluyendo lo referente al retroactivo de esa prestaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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5. Inconforme con esta determinaci\u00f3n, el se\u00f1or Calle V\u00e1squez promovi\u00f3 una nueva acci\u00f3n constitucional contra el juzgador aludido, la cual correspondi\u00f3 al Juzgado Penal del Circuito de Roldanillo, quien en sentencia adiada el 12 de agosto de la anualidad precedente, declar\u00f3 la carencia actual de objeto por hecho superado.  <\/span><\/p>\n

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6. Inconforme con esta decisi\u00f3n, el reclamante la impugn\u00f3.  <\/span><\/p>\n

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7. La Sala Penal del Tribunal Superior de Buga, en fallo de 16 de septiembre del a\u00f1o anterior, revoc\u00f3 la providencia cuestionada y, en su lugar, tutel\u00f3 los derechos fundamentales del promotor de la queja constitucional, dej\u00f3 sin efectos el auto de mayo 29 de 2015 dictado por el Juzgado Promiscuo Municipal de Bol\u00edvar, y le orden\u00f3 que resolviera nuevamente el incidente de desacato interpuesto.  <\/span><\/p>\n

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8. El 26 de septiembre siguiente fue remitido el expediente a la Corte Constitucional, para que iniciara el tr\u00e1mite de selecci\u00f3n para su revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

9. En criterio de la peticionaria del amparo se vulneraron las garant\u00edas superiores invocadas, dado que el despacho de la primera acci\u00f3n de tutela referida orden\u00f3 reconocer y pagar una pensi\u00f3n que tiene las siguientes irregularidades: (a) esa prestaci\u00f3n es inexistente; (b) el beneficiario tiene 58 a\u00f1os, pese a que el requisito legal corresponde a 62 a\u00f1os; (c) se dispuso el pago de intereses moratorios cuando no hubo retrasos; y (d) los derechos superiores del se\u00f1or Calle V\u00e1squez no fueron transgredidos. Por estos motivos, esa sentencia constituye una actuaci\u00f3n fraudulenta y genera un detrimento patrimonial del erario. [Folios 1-9, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El 3 de noviembre de 2016 se admiti\u00f3 el tr\u00e1mite de tutela, se orden\u00f3 el traslado a los estrados judiciales querellados y se dispuso la vinculaci\u00f3n de las partes e intervinientes, para que ejercieran sus derechos de contradicci\u00f3n y defensa. [Folios 93-95, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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2. Dentro de la oportunidad concedida, el Juzgado Promiscuo Municipal de Bol\u00edvar indic\u00f3 que dio cumplimiento al fallo emitido por el Tribunal Superior y sancion\u00f3 el incumplimiento de la orden de resguardo. [Folios 109-111, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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A su turno, el Juzgado Penal del Circuito de Roldanillo manifest\u00f3 que es improcedente la acci\u00f3n de tutela contra fallo de la misma naturaleza. [Folios 176-177, c. 1]  <\/span><\/p>\n

3. En sentencia de 17 de noviembre de 2016, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n neg\u00f3 el amparo, debido a que el despacho colegiado acusado expuso con claridad las razones por las que se hab\u00edan comprometido los derechos fundamentales del accionante por parte del Juzgado Promiscuo Municipal de Bol\u00edvar al reexaminar la procedencia de la tutela al resolver el incidente de desacato, y de otro lado, no le correspond\u00eda al Tribunal pronunciarse sobre la legalidad o ilegalidad de ese fallo, ya que debe atenderse la presunci\u00f3n de veracidad, finalmente indic\u00f3 que la Administradora Colombiana de Pensiones no utiliz\u00f3 oportunamente los mecanismos judiciales para debatir aquella determinaci\u00f3n. [Folios 217-232, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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4. Inconforme con esta determinaci\u00f3n, la promotora de la queja la impugn\u00f3, para lo cual reiter\u00f3 los argumentos expuestos en su escrito inicial. [Folios 239-241, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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5. La Procuradur\u00eda Delegada para los Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social intervino durante el tr\u00e1mite de la impugnaci\u00f3n y expres\u00f3 que la entidad accionante no est\u00e1 llamada a reconocer la pensi\u00f3n especial de aviadores civiles al se\u00f1or Calle V\u00e1squez, por las mismas razones expuestas en el libelo primigenio. [Folios 4-6, c. 2]  <\/span><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Como ha sido sostenido por la jurisprudencia, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, solamente en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados.  <\/span><\/p>\n

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De igual modo, ha reiterado esta Sala la impertinencia del amparo para atacar sentencias de tutela, pues para cuestionar las determinaciones adoptadas en dicha sede, el ordenamiento jur\u00eddico prev\u00e9 como mecanismos de control la impugnaci\u00f3n y la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, de modo que no es la acci\u00f3n de amparo el instrumento id\u00f3neo para corregir las deficiencias que se adviertan, o incluso para reprochar las situaciones que sean consideradas como constitutivas de v\u00eda de hecho en dichas actuaciones, pues de permitir un nuevo cuestionamiento a trav\u00e9s de una tramitaci\u00f3n de la misma naturaleza, adem\u00e1s de hacer interminable el tr\u00e1mite, se atentar\u00eda contra la certeza que debe acompa\u00f1ar a las decisiones judiciales.  <\/span><\/p>\n

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Sin embargo, se ha aceptado la procedencia de la herramienta constitucional cuando en el procedimiento seguido por el juez de tutela se desconoce de manera flagrante la garant\u00eda al debido proceso de los intervinientes. En ese sentido se ha dicho que:  <\/span><\/p>\n

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(\u2026) en casos excepcionales, espec\u00edficamente cuando se omite la integraci\u00f3n del contradictorio o la notificaci\u00f3n de las personas con inter\u00e9s jur\u00eddico para intervenir, por lineamiento jurisprudencial, es admisible el amparo en orden a restablecer el status quo lesivo del derecho fundamental al debido proceso. (CSJ STC, 16 nov. 2011, rad. 01315-01, el mismo criterio se expres\u00f3, entre otros fallos, en STC 14 oct. 2008, rad. 01646-00, 16 feb. 2009, rad. 00193-00, y 21 en. 2010, rad. 2009-02355-00)  <\/span><\/p>\n

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2. En el asunto que es objeto de estudio, la entidad p\u00fablica accionante pretende controvertir, mediante acci\u00f3n de tutela, los fallos proferidos en sede constitucional por los Juzgados Promiscuo Municipal de Bol\u00edvar y Penal del Circuito de Roldanillo y la Sala Penal del Tribunal Superior de Buga, de fechas 16 de enero de 2015, 12 de agosto y 16 de septiembre de 2016, respectivamente, por medio de los cuales se concedieron los amparos deprecados contra la aqu\u00ed quejosa y el primer juzgador constitucional referido; situaci\u00f3n de la cual se deduce la improcedencia de esta acci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, aunque como se mencion\u00f3, se ha admitido la procedencia de esta v\u00eda excepcional para garantizar el derecho de defensa de las personas que no habiendo sido citadas a la acci\u00f3n constitucional resultan afectadas por la decisi\u00f3n adoptada, esta circunstancia no es la que aqu\u00ed se plantea, pues lo cuestionado son los criterios jur\u00eddicos y las valoraciones f\u00e1cticas de las sedes judiciales accionadas, se\u00f1alamientos que debieron ser ventilados en los respectivos procedimientos de tutela, y que no se erigen en causal para la concesi\u00f3n de un nuevo amparo.  <\/span><\/p>\n

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M\u00e1xime que frente a la primera providencia atacada se observa que Colpensiones omiti\u00f3 utilizar los mecanismos de defensa judicial a su alcance, como lo fueron la impugnaci\u00f3n y la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, cuando dichas oportunidades y escenarios eran los id\u00f3neos para que se ejercieran sus garant\u00edas superiores y se solventaran las supuestas irregularidades y actuaciones fraudulentas que, a su juicio, se presentaron.  <\/span><\/p>\n

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En esa l\u00ednea de pensamiento, se ha expresado en precedencia, que:  <\/span><\/p>\n

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(\u2026) dentro de las directrices constitucionales, el mismo art\u00edculo 86 de la Carta, en el numeral 2\u00b0, dispone que el fallo de tutela, que ser\u00e1 de inmediato cumplimiento, podr\u00e1 impugnarse ante el juez competente y en todo caso \u00e9ste lo remitir\u00e1 a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n\u2026 Es inadmisible tolerar que los fallos de tutela sean cuestionados mediante recurso de id\u00e9ntica naturaleza, porque ello desquicia la posibilidad de clausurar el debate y reproduce indefinidamente la incertidumbre que la decisi\u00f3n jur\u00eddica est\u00e1 llamada a disipar.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La seguridad jur\u00eddica es el desider\u00e1tum del Derecho y todo cuanto conspire contra ella niega al Derecho mismo. S\u00f3lo al legislador compete la consagraci\u00f3n de los casos y las formalidades bajo las cuales es posible desquiciar los efectos de la cosa juzgada, pues si se permitiera reciclar ab aeternum la misma controversia el derecho dejar\u00eda de ser lo que es. Los fallos de tutela pueden ser objeto de revisi\u00f3n porque as\u00ed lo tiene previsto el ordenamiento, pero con ello se clausura el debate. De esta manera, estando pendiente la revisi\u00f3n, as\u00ed sea eventual, no hay lugar a reanudar la controversia. (CSJ STC, 2 sep. 2003, rad. 2003-00561-01; 10 nov. 2003, rad. 2003-00747-01; 23 ag. 2004, rad. 2004-00840-00; 14 oct. 2004, rad. 2004-01120; 8 mar. 2006, rad. 2006-00263-00; reiterada el 7 mar. 2013, rad. 2013-00122-01)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Por otra parte, t\u00e9ngase en cuenta que, incluso, puede la actora intervenir ante la Corte Constitucional a efectos de procurar la revisi\u00f3n de las sentencias proferidas en la segunda acci\u00f3n de tutela censurada por aquella, mecanismo este \u00faltimo respecto del cual, ha precisado esta Corporaci\u00f3n:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y, no se diga, que dicho instrumento no es suficiente garant\u00eda, dada su eventualidad y discrecionalidad, pues si bien es cierto este grado jurisdiccional no se predica de toda acci\u00f3n de tutela, tambi\u00e9n lo es que la selecci\u00f3n se materializa a trav\u00e9s del procedimiento previsto en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991, con la prerrogativa adicional de que \u2018[c]ualquier magistrado de la Corte o el Defensor del Pueblo, podr\u00e1 solicitar que se revise alg\u00fan fallo de tutela excluido por \u00e9stos cuando considere que la revisi\u00f3n puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave\u2019, o lo que es lo mismo, apelar al recurso de insistencia que puede ser propuesto \u2018dentro de los quince d\u00edas calendario siguientes a la fecha de notificaci\u00f3n por estado del auto de la Sala de Selecci\u00f3n\u2019. (Art\u00edculo 51 y 52 del Acuerdo 05 de 15 de octubre de 1992). (CSJ STC, 7 nov. 2012, rad. 02041-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y lo anterior cobra mayor \u00e9nfasis en el presente caso, dado que el expediente de tutela aqu\u00ed cuestionado, se encuentra en el tr\u00e1mite correspondiente ante la Corte Constitucional, sin que haya culminado la etapa de su eventual revisi\u00f3n, el cual sin duda es un medio de protecci\u00f3n en aquella actuaci\u00f3n y que, por ende, desplaza cualquier otro medio de defensa judicial en el mismo sentido.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De la misma manera, los argumentos que la querellante esgrime en la presente solicitud de protecci\u00f3n, bien pueden ser discutidos en el procedimiento de revisi\u00f3n de las providencias cuestionadas, a trav\u00e9s de la insistencia para su selecci\u00f3n con tal prop\u00f3sito, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991.  <\/span><\/p>\n

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Sobre el tema la Corporaci\u00f3n ha explicado:  <\/span><\/p>\n

(\u2026) si el presunto defecto es de fondo y se materializa en el fallo de la acci\u00f3n de tutela, contra esa providencia no es viable interponer posteriormente otra acci\u00f3n de igual naturaleza, toda vez que los mecanismos jur\u00eddicos id\u00f3neos establecidos para analizar la constitucionalidad de una sentencia de amparo se concretan \u00fanicamente en la impugnaci\u00f3n del fallo de primera instancia y en la revisi\u00f3n a cargo de la Corte Constitucional. (\u2026) Como no es factible interponer una nueva acci\u00f3n de tutela contra la sentencia que defini\u00f3 una anterior, quien estime que la primera sentencia dictada por el ad quem est\u00e1 construida sobre v\u00edas de hecho, debe solicitar a esa Corporaci\u00f3n que revise dicho fallo, en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 31, 32 y 33 del Decreto 2591 de 1991. De esta manera, la persona afectada no queda desamparada jur\u00eddicamente ante la eventualidad de que en realidad la sentencia sea materialmente injusta. (\u2026) Si la Corte Constitucional no revisa la sentencia de tutela oficiosamente ni a solicitud del interesado, o si accede a hacerlo, el actor debe estarse a lo resuelto por dicha Corte que es la \u00faltima palabra sobre el asunto, y hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada, pues el legislador, para evitar la cadena ilimitada de litigios la instituy\u00f3 \u2018como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, mediante ese mecanismo. (CSJ STC, 30 ag. 2012, rad. 00258-01, reiterada el 23 may. 2013, rad. 00145-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. Razones que en suma, se estiman suficientes para concluir que la reclamaci\u00f3n est\u00e1 avocada al fracaso, por lo que se confirmar\u00e1 el fallo que por v\u00eda de impugnaci\u00f3n se ha revisado.  <\/span><\/p>\n

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I. DECISI\u00d3N    <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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