{"id":98845,"date":"2026-06-25T17:22:11","date_gmt":"2026-06-25T17:22:11","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc536-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:22:11","modified_gmt":"2026-06-25T17:22:11","slug":"stc536-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc536-2017\/","title":{"rendered":"STC536-2017"},"content":{"rendered":"

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC536-2017  <\/span><\/p>\n

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(Aprobado en sesi\u00f3n de  veinticinco de enero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1 D. C., veintis\u00e9is (26) de enero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra  el fallo proferido el veintid\u00f3s de noviembre de dos mil diecis\u00e9is por la Sala Civil del Tribunal Superior de Medell\u00edn, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por la EPS y Medicina Preparada Suramericana S.A. contra el Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social, actuaci\u00f3n a la que se orden\u00f3 vincular a la Superintendencia Nacional de Salud y el Consorcio SAYP 2011.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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La accionante solicit\u00f3 el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso administrativo, defensa y contradicci\u00f3n, que considera vulnerados por la autoridad p\u00fablica accionada, al ordenar la restituci\u00f3n de recursos apropiados o reconocidos sin justa causa del sector salud, dentro del procedimiento administrativo especial adelantado por el Consorcio Fidufosyga 2005 y la Superintendencia Nacional de Salud.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, pretende que se conceda el resguardo peticionado, se ordene a la cartera acusada que revoque la instrucci\u00f3n impartida al Consorcio SAYP 2011, termine toda la actuaci\u00f3n administrativa tendiente al reintegro de los recursos mencionados o, en subsidio, inicie el procedimiento en el que defina si la Entidad Promotora de Salud debe reintegrar tales recursos.  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. El 15 de mayo de 2012, el Consorcio Fidufosyga 2005 inici\u00f3 el procedimiento administrativo especial de restituci\u00f3n de recursos apropiados o reconocidos sin justa causa del sector salud.  <\/span><\/p>\n

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2. En efecto, se requiri\u00f3 a la EPS y Medicina Preparada Suramericana S.A. que presentara las aclaraciones a que hubiere lugar, junto con sus soportes, el cual fue atendido dentro del t\u00e9rmino concedido.  <\/span><\/p>\n

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3. Mediante la comunicaci\u00f3n n.\u00b0 GRC-AUD-1998-12 de septiembre 4 de 2012, el  Consorcio Fidufosyga 2005, como resultado del an\u00e1lisis de las explicaciones dadas por las entidades requeridas, remiti\u00f3 el informe final del proceso referido a la Superintendencia Nacional de Salud, se\u00f1alando que as aclaraciones no fueron satisfactorias.  <\/span><\/p>\n

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4. La \u00faltima entidad p\u00fablica mencionada, por medio del Auto n.\u00b0 1664 de noviembre 7 de 2013, orden\u00f3 a la EPS Sura la restituci\u00f3n de $3.321.150.924,35, en el que se\u00f1al\u00f3 que contra esa decisi\u00f3n no proced\u00eda ning\u00fan recurso por tratarse de un auto de tr\u00e1mite.  <\/span><\/p>\n

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5. El 2 de diciembre del a\u00f1o en cita, la representante legal de la Entidad Promotora de Salud se notific\u00f3 personalmente de la determinaci\u00f3n anterior.  <\/span><\/p>\n

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6. En el oficio n.\u00b0 NURC. 2-2014-036532 de mayo 23 de 2014, la Superintendencia Nacional de Salud inform\u00f3 al Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social que aquel acto administrativo de ejecuci\u00f3n se encontraba debidamente ejecutoriado.  <\/span><\/p>\n

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7. La cartera accionada, a trav\u00e9s del oficio n.\u00b0 201433200894811 de 19 de junio de 2014, le indic\u00f3 al organismo anterior que \u00abrequerir\u00e1 al Administrador Fiduciario del Fosyga para que de conformidad con lo establecido en el Art\u00edculo 23 del Decreto 4023 de 2011 efect\u00fae el correspondiente descuento sobre el saldo pendiente por restituir\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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8. Ante la situaci\u00f3n expuesta, la reclamante de la salvaguarda considera que se vulneraron los derechos fundamentales invocados, dado que las entidades accionadas no han aplicado la caducidad de la facultad sancionatoria sobre los supuestos pagos indebidos, no le permitieron su defensa en el marco de un procedimiento administrativo, ni la presentaci\u00f3n de recursos y pruebas para controvertir las decisiones de la Administraci\u00f3n, y adem\u00e1s orden\u00f3 la retenci\u00f3n directa y autom\u00e1tica de sumas liquidadas indebidamente para tomarlas de recursos que le corresponden como contraprestaci\u00f3n de la garant\u00eda de prestaci\u00f3n de los servicios del POS. [Folios 1-21, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El 8 de noviembre de 2016 se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, se orden\u00f3 el traslado al organismo estatal querellado y se dispuso la vinculaci\u00f3n de la Superintendencia Nacional de Salud y el Consorcio SAYP 2011, para que ejercieran sus derechos de contradicci\u00f3n y defensa. [Folio 190, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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2. Dentro de la oportunidad concedida, la Superintendencia Nacional de Salud se opuso a la prosperidad del resguardo, porque la parte actora cuenta con mecanismos judiciales ordinarios a su alcance, no se configur\u00f3 un perjuicio irremediable, y finalmente su actuaci\u00f3n se limit\u00f3 a la emisi\u00f3n de una orden de restituci\u00f3n inmediata, de acuerdo con la normatividad. [Folios 195-202, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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A su turno, el Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social indic\u00f3 que no se vulner\u00f3 el derecho al debido proceso, por cuanto se le garantiz\u00f3 a la EPS los derechos de contradicci\u00f3n y defensa, y adicionalmente se\u00f1al\u00f3 que es improcedente esta acci\u00f3n porque esa entidad no utiliz\u00f3 los medios de control con que contaba ni present\u00f3 esta solicitud oportunamente, en atenci\u00f3n a que transcurrieron 3 a\u00f1os desde la expediente del auto censurado para acudir al juez de tutela. [Folios 214-217, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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De otro lado, el Consorcio SAYP 2011 inform\u00f3 que no reemplaza ni responde solidariamente por lo actuado por parte del Consorcio Fidufosyga 2005, que no conculc\u00f3 las garant\u00edas de la quejosa y que la petici\u00f3n de tutela no cumple el presupuesto de la subsidiariedad. [Folios 218-221, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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3. En sentencia de 22 de noviembre de 2016, la Sala Civil del Tribunal Superior de Medell\u00edn concedi\u00f3 el amparo y orden\u00f3 a la Superintendencia Nacional de Salud que dejara sin efectos el Auto n.\u00b0 1664 de 7 de noviembre de 2013 y, en su lugar, profiriera una nueva decisi\u00f3n, otorgando previamente el derecho a la accionante de ser escuchada e indicando la posibilidad de interponer recursos contra esa decisi\u00f3n, adicionalmente orden\u00f3 al Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social y al Consorcio SAYP 2011 que dejaran sin efecto las actuaciones encaminadas a ejecutar el auto referido.  <\/span><\/p>\n

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Para tal efecto, el sentenciador expuso que los requisitos de la subsidiariedad y la inmediatez se hallaban cumplidos porque la reclamante no contaba con un mecanismo judicial id\u00f3neo para controvertir el auto de tr\u00e1mite cuestionado y la vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales ha permanecido en el tiempo. A lo anterior, se suma que la Superintendencia Nacional de Salud no concedi\u00f3 previamente a la EPS Sura la oportunidad de efectuar manifestaciones sobre el reintegro de los dineros objeto de tr\u00e1mite administrativo y neg\u00f3 a la afectada la posibilidad de interponer los recursos contra esa decisi\u00f3n, por lo cual transgredi\u00f3 sus garant\u00edas superiores. [Folios 223-238, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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4. Inconforme con esta determinaci\u00f3n, el Consorcio SAYP 2011 la impugn\u00f3, para lo cual reiter\u00f3 los argumentos expuestos en su escrito de intervenci\u00f3n y solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de esta acci\u00f3n constitucional. [Folios 269-270, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Cuando el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica cre\u00f3 la tutela como un procedimiento preferente y sumario al alcance del ciudadano, para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos fundamentales en caso de que \u00e9stos fueran vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica o de los particulares en los casos establecidos por la ley, lo hizo caracteriz\u00e1ndola con el principio de inmediatez.  <\/span><\/p>\n

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2. El presupuesto mencionado, visto desde la perspectiva de la finalidad del amparo, impide que se convierta en factor de inseguridad jur\u00eddica con el cual se produzca la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas constitucionales de terceros, como tambi\u00e9n que se desnaturalice el mismo tr\u00e1mite, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual.  <\/span><\/p>\n

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Frente a este tema, la jurisprudencia de esta Sala ha sostenido que:  <\/span><\/p>\n

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(\u2026) aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente. (CSJ STC, 2 ag. 2007, rad. 00188-01)  <\/span><\/p>\n

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M\u00e1s adelante, la Corporaci\u00f3n se\u00f1al\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental.  <\/span><\/p>\n

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Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses. (CSJ STC, 29 abr. 2009, rad. 2009-00624-00)  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas, el eventual afectado debe procurar acudir oportunamente a este mecanismo excepcional, pues su prolongado silencio es signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a la decisi\u00f3n atacada, a lo que se adiciona que al desatender el comentado principio, la acci\u00f3n de tutela se puede convertir en un instrumento generador de incertidumbre e incluso de vulneraci\u00f3n de los derechos de terceros.  <\/span><\/p>\n

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3. En el caso que se examina, para la Corte es claro que la decisi\u00f3n de la Superintendencia Nacional de Salud, dictada el 7 de noviembre de 2013, en la que se orden\u00f3 a la entidad accionante que restituyera la suma de $3.321.150.924,35, por concepto de recursos apropiados o reconocidos sin justa causa del sector salud, la petici\u00f3n de tutela no atiende el postulado que se comenta, toda vez que los hechos sobre los cuales edifica sus alegaciones de quebranto de garant\u00edas fundamentales, tuvieron lugar 3 a\u00f1os antes de que se interpusiera la presente acci\u00f3n constitucional.  <\/span><\/p>\n

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De ah\u00ed que la solicitud de salvaguarda se instaur\u00f3 luego de superado ampliamente el t\u00e9rmino que la jurisprudencia, seg\u00fan lo que se explic\u00f3, ha indicado que es razonable a efectos de la formulaci\u00f3n del resguardo constitucional, sin que se acredite alguna causa atendible para justificar dicha omisi\u00f3n, m\u00e1xime que la determinaci\u00f3n censurada fue notificada personalmente a la representante legal de la EPS y Medicina Preparada Suramericana S.A. el 2 de diciembre de 2013.  <\/span><\/p>\n

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Por consiguiente, para la Sala es claro que el prolongado silencio de la Entidad Promotora de Salud para acudir oportunamente a la jurisdicci\u00f3n constitucional demuestra, de forma incuestionable, que la supuesta vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales no era urgente ni requer\u00eda la intervenci\u00f3n inmediata del juez de tutela, y por el contrario, conlleva su asentimiento frente a la decisi\u00f3n atacada.  <\/span><\/p>\n

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4. Por lo anterior, a juicio de esta Corporaci\u00f3n, la protecci\u00f3n reclamada en esta v\u00eda excepcional deb\u00eda denegarse, pues, contrario a lo aseverado por el a quo constitucional, la misma no cumpli\u00f3 el presupuesto de la inmediatez para su procedencia, y por ende, no deb\u00eda concederse el amparo. En consecuencia, se revocar\u00e1 el fallo objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, REVOCA el fallo impugnado, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva, y en su lugar, se NIEGA la protecci\u00f3n constitucional solicitada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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