{"id":98848,"date":"2026-06-25T17:22:20","date_gmt":"2026-06-25T17:22:20","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc539-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:22:20","modified_gmt":"2026-06-25T17:22:20","slug":"stc539-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc539-2017\/","title":{"rendered":"STC539-2017"},"content":{"rendered":"

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC539-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00ba 63001-22-14-000-2016-00271-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1 D. C., veintis\u00e9is (26) de enero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el dieciocho de noviembre de dos mil diecis\u00e9is por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Mauricio Pedroza Canizales, actuando como representante legal de Amable E.I.C.E., contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Armenia, actuaci\u00f3n a la que se orden\u00f3 vincular al Juzgado Cuarto Civil Municipal de la misma ciudad y a las partes e intervinientes en el proceso objeto de queja constitucional.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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El accionante solicit\u00f3 el amparo de los derechos fundamentales a la igualdad, rectificaci\u00f3n en condiciones de equidad, petici\u00f3n y debido proceso, que considera vulnerados por la autoridad judicial encausada al dictar sentencia de segunda instancia en la acci\u00f3n de esta misma naturaleza presentada por Selene Rom\u00e1n Fern\u00e1ndez contra esa persona jur\u00eddica, en la que se revoc\u00f3 la proferida por el a quo, se otorg\u00f3 la salvaguarda constitucional y se orden\u00f3 el reintegro de la quejosa a esa entidad.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, pretende que por esta v\u00eda se conceda el resguardo deprecado y se declare la imposibilidad de cumplimiento del fallo de tutela censurado.  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. Desde el a\u00f1o 2014, Selene Rom\u00e1n Fern\u00e1ndez y Amable E.I.C.E. han suscrito diversos contratos de prestaci\u00f3n de servicios profesionales para el acompa\u00f1amiento jur\u00eddico en el proceso de adquisici\u00f3n de predios y mejoras necesarias para la habilitaci\u00f3n del espacio p\u00fablico en la implementaci\u00f3n del SETP de Armenia.  <\/span><\/p>\n

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3. El 7 de septiembre de 2016, la se\u00f1ora Rom\u00e1n Fern\u00e1ndez promovi\u00f3 acci\u00f3n de tutela contra la entidad contratante, a fin de obtener la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas superiores y el reintegro a un cargo igual o equivalente al que desempe\u00f1aba.  <\/span><\/p>\n

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4. El Juzgado Cuarto Civil Municipal de Armenia, mediante fallo de 16 de septiembre del a\u00f1o precedente, declar\u00f3 improcedente la salvaguarda rogada.  <\/span><\/p>\n

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5. Inconforme con estar determinaci\u00f3n, la actora la impugn\u00f3.  <\/span><\/p>\n

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6. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Armenia, en sentencia adiada el 26 de octubre de la anualidad citada, revoc\u00f3 la providencia cuestionada y, en su lugar, concedi\u00f3 transitoriamente el resguardo constitucional y orden\u00f3 a la entidad accionada que reintegrara a la quejosa al cargo que ven\u00eda ocupando y la afiliara al sistema de seguridad social.  <\/span><\/p>\n

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7. Amable E.I.C.E. solicit\u00f3 la aclaraci\u00f3n y modificaci\u00f3n de la decisi\u00f3n anterior, las cuales fueron resueltas negativamente por el juzgador en auto de 4 de noviembre siguiente.  <\/span><\/p>\n

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8. A fines del a\u00f1o 2016, fue remitido el expediente a la Corte Constitucional, para que iniciara el tr\u00e1mite de selecci\u00f3n para su eventual revisi\u00f3n, sin que se haya emitido una decisi\u00f3n al respecto.  <\/span><\/p>\n

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9. En criterio del peticionario del amparo se vulneraron los derechos fundamentales invocados, dado que la orden de tutela emitida por el despacho accionado le impone la creaci\u00f3n de un cargo, el pago de unos servicios profesionales y la afiliaci\u00f3n y cotizaci\u00f3n al sistema de seguridad social, sin atender la naturaleza jur\u00eddica, la estructura administrativa y el presupuesto de esa Empresa Industrial y Comercial del Estado, y de otro lado, la sentencia atacada desconoce que el v\u00ednculo con la se\u00f1ora Rom\u00e1n Fern\u00e1ndez no fue de naturaleza laboral y no tiene en cuenta que esa persona no est\u00e1 en condiciones de salud para ejecutar sus actividades contractuales. [Folios 2-5, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El 10 de noviembre de 2016 se admiti\u00f3 el tr\u00e1mite de tutela, se orden\u00f3 el traslado a la sede judicial querellada y se dispuso la vinculaci\u00f3n del Juzgado Cuarto Civil Municipal de Armenia, partes e intervinientes, para que ejercieran sus derechos de contradicci\u00f3n y defensa. [Folios 72-74, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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2. Dentro de la oportunidad concedida, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Armenia se opuso a la prosperidad de la salvaguarda, puesto que el fallo cuestionado se bas\u00f3 en las pruebas aportadas y en las normas que regulan la procedencia excepcional como mecanismo transitorio de esa acci\u00f3n constitucional. [Folios 94-95, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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A su turno, Selene Rom\u00e1n Fern\u00e1ndez manifest\u00f3 que es improcedente la interposici\u00f3n de una acci\u00f3n de tutela contra una sentencia de la misma naturaleza y que en su caso se demostr\u00f3 la vulneraci\u00f3n de sus garant\u00edas superiores, lo que condujo a la concesi\u00f3n del resguardo. [Folios 102-116, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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3. En sentencia de 18 de noviembre de 2016, la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Armenia neg\u00f3 el amparo, debido a que la decisi\u00f3n del ad quem constitucional no entra\u00f1a una violaci\u00f3n de los derechos fundamentales de la entidad accionante, pues esta tuvo la oportunidad de intervenir en ese asunto, y el fallo emitido no fue caprichoso, infundado o antojadizo. [Folios 119-124, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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4. Inconforme con esta determinaci\u00f3n, el promotor de la queja la impugn\u00f3, para lo cual reiter\u00f3 los argumentos expuestos en su escrito inicial. [Folios 133-134, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Como ha sido sostenido por la jurisprudencia, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, solamente en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados.  <\/span><\/p>\n

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De igual modo, ha reiterado esta Sala la impertinencia del amparo para atacar sentencias de tutela, pues para cuestionar las determinaciones adoptadas en dicha sede, el ordenamiento jur\u00eddico prev\u00e9 como mecanismos de control la impugnaci\u00f3n y la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, de modo que no es la acci\u00f3n de amparo el instrumento id\u00f3neo para corregir las deficiencias que se adviertan, o incluso para reprochar las situaciones que sean consideradas como constitutivas de v\u00eda de hecho en dichas actuaciones, pues de permitir un nuevo cuestionamiento a trav\u00e9s de una tramitaci\u00f3n de la misma naturaleza, adem\u00e1s de hacer interminable el tr\u00e1mite, se atentar\u00eda contra la certeza que debe acompa\u00f1ar a las decisiones judiciales.  <\/span><\/p>\n

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Sin embargo, se ha aceptado la procedencia de la herramienta constitucional cuando en el procedimiento seguido por el juez de tutela se desconoce de manera flagrante la garant\u00eda al debido proceso de los intervinientes. En ese sentido se ha dicho que:  <\/span><\/p>\n

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(\u2026) en casos excepcionales, espec\u00edficamente cuando se omite la integraci\u00f3n del contradictorio o la notificaci\u00f3n de las personas con inter\u00e9s jur\u00eddico para intervenir, por lineamiento jurisprudencial, es admisible el amparo en orden a restablecer el status quo lesivo del derecho fundamental al debido proceso. (CSJ STC, 16 nov. 2011, rad. 01315-01, el mismo criterio se expres\u00f3, entre otros fallos, en STC 14 oct. 2008, rad. 01646-00, 16 feb. 2009, rad. 00193-00, y 21 en. 2010, rad. 2009-02355-00)  <\/span><\/p>\n

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2. En el asunto que es objeto de estudio, Amable E.I.C.E. pretende controvertir, mediante acci\u00f3n de tutela, el fallo proferido en sede constitucional por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Armenia, de fecha 26 de octubre de 2016, por medio del cual se revoc\u00f3 la sentencia dictada por el a quo y, en su lugar, se concedi\u00f3 transitoriamente el resguardo y se orden\u00f3 a esa entidad que reintegrara a la quejosa al cargo que ven\u00eda ocupando y la afiliara en el sistema de seguridad social; situaci\u00f3n de la cual se deduce la improcedencia de esta acci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, aunque como se mencion\u00f3, se ha admitido la procedencia de esta v\u00eda excepcional para garantizar el derecho de defensa de las personas que no habiendo sido citadas a la acci\u00f3n constitucional resultan afectadas por la decisi\u00f3n adoptada, esta circunstancia no es la que aqu\u00ed se plantea, pues lo cuestionado es el criterio jur\u00eddico y la valoraci\u00f3n f\u00e1ctica del estrado judicial encausado, se\u00f1alamientos que debieron ser ventilados en el respectivo procedimiento de tutela, y que no se erigen en causal para la concesi\u00f3n de un nuevo amparo.  <\/span><\/p>\n

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En esa l\u00ednea de pensamiento, se ha expresado en precedencia, que:  <\/span><\/p>\n

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(\u2026) dentro de las directrices constitucionales, el mismo art\u00edculo 86 de la Carta, en el numeral 2\u00b0, dispone que el fallo de tutela, que ser\u00e1 de inmediato cumplimiento, podr\u00e1 impugnarse ante el juez competente y en todo caso \u00e9ste lo remitir\u00e1 a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n\u2026 Es inadmisible tolerar que los fallos de tutela sean cuestionados mediante recurso de id\u00e9ntica naturaleza, porque ello desquicia la posibilidad de clausurar el debate y reproduce indefinidamente la incertidumbre que la decisi\u00f3n jur\u00eddica est\u00e1 llamada a disipar.  <\/span><\/p>\n

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La seguridad jur\u00eddica es el desider\u00e1tum del Derecho y todo cuanto conspire contra ella niega al Derecho mismo. S\u00f3lo al legislador compete la consagraci\u00f3n de los casos y las formalidades bajo las cuales es posible desquiciar los efectos de la cosa juzgada, pues si se permitiera reciclar ab aeternum la misma controversia el derecho dejar\u00eda de ser lo que es. Los fallos de tutela pueden ser objeto de revisi\u00f3n porque as\u00ed lo tiene previsto el ordenamiento, pero con ello se clausura el debate. De esta manera, estando pendiente la revisi\u00f3n, as\u00ed sea eventual, no hay lugar a reanudar la controversia. (CSJ STC, 2 sep. 2003, rad. 2003-00561-01; 10 nov. 2003, rad. 2003-00747-01; 23 ag. 2004, rad. 2004-00840-00; 14 oct. 2004, rad. 2004-01120; 8 mar. 2006, rad. 2006-00263-00; reiterada el 7 mar. 2013, rad. 2013-00122-01)  <\/span><\/p>\n

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3. Por otra parte, t\u00e9ngase en cuenta que, incluso, puede el actor intervenir ante la Corte Constitucional a efectos de procurar la revisi\u00f3n de la sentencia proferida en segundo grado por el despacho accionado, mecanismo este \u00faltimo respecto del cual, ha precisado esta Corporaci\u00f3n:  <\/span><\/p>\n

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Y, no se diga, que dicho instrumento no es suficiente garant\u00eda, dada su eventualidad y discrecionalidad, pues si bien es cierto este grado jurisdiccional no se predica de toda acci\u00f3n de tutela, tambi\u00e9n lo es que la selecci\u00f3n se materializa a trav\u00e9s del procedimiento previsto en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991, con la prerrogativa adicional de que \u2018[c]ualquier magistrado de la Corte o el Defensor del Pueblo, podr\u00e1 solicitar que se revise alg\u00fan fallo de tutela excluido por \u00e9stos cuando considere que la revisi\u00f3n puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave\u2019, o lo que es lo mismo, apelar al recurso de insistencia que puede ser propuesto \u2018dentro de los quince d\u00edas calendario siguientes a la fecha de notificaci\u00f3n por estado del auto de la Sala de Selecci\u00f3n\u2019. (Art\u00edculo 51 y 52 del Acuerdo 05 de 15 de octubre de 1992). (CSJ STC, 7 nov. 2012, rad. 02041-01).  <\/span><\/p>\n

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Y lo anterior cobra mayor \u00e9nfasis en el presente caso, dado que el expediente de tutela aqu\u00ed cuestionado, se encuentra en el tr\u00e1mite correspondiente ante la Corte Constitucional, sin que haya culminado la etapa de su eventual revisi\u00f3n, que sin duda constituye un medio de protecci\u00f3n en esa actuaci\u00f3n y que, por ende, desplaza cualquier otro medio de defensa judicial en el mismo sentido.  <\/span><\/p>\n

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De la misma manera, los argumentos que el querellante esgrime en la presente solicitud de protecci\u00f3n constitucional, bien pueden ser discutidos en el procedimiento de revisi\u00f3n de la providencia cuestionada, a trav\u00e9s de la insistencia para su selecci\u00f3n con tal prop\u00f3sito, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991.  <\/span><\/p>\n

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Sobre el tema la Corporaci\u00f3n ha explicado:  <\/span><\/p>\n

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(\u2026) si el presunto defecto es de fondo y se materializa en el fallo de la acci\u00f3n de tutela, contra esa providencia no es viable interponer posteriormente otra acci\u00f3n de igual naturaleza, toda vez que los mecanismos jur\u00eddicos id\u00f3neos establecidos para analizar la constitucionalidad de una sentencia de amparo se concretan \u00fanicamente en la impugnaci\u00f3n del fallo de primera instancia y en la revisi\u00f3n a cargo de la Corte Constitucional. (\u2026) Como no es factible interponer una nueva acci\u00f3n de tutela contra la sentencia que defini\u00f3 una anterior, quien estime que la primera sentencia dictada por el ad quem est\u00e1 construida sobre v\u00edas de hecho, debe solicitar a esa Corporaci\u00f3n que revise dicho fallo, en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 31, 32 y 33 del Decreto 2591 de 1991. De esta manera, la persona afectada no queda desamparada jur\u00eddicamente ante la eventualidad de que en realidad la sentencia sea materialmente injusta. (\u2026) Si la Corte Constitucional no revisa la sentencia de tutela oficiosamente ni a solicitud del interesado, o si accede a hacerlo, el actor debe estarse a lo resuelto por dicha Corte que es la \u00faltima palabra sobre el asunto, y hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada, pues el legislador, para evitar la cadena ilimitada de litigios la instituy\u00f3 \u2018como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, mediante ese mecanismo. (CSJ STC, 30 ag. 2012, rad. 00258-01, reiterada el 23 may. 2013, rad. 00145-01).  <\/span><\/p>\n

4. Razones que en suma, se estiman suficientes para concluir que la reclamaci\u00f3n est\u00e1 avocada al fracaso, por lo que se confirmar\u00e1 el fallo que por v\u00eda de impugnaci\u00f3n se ha revisado.  <\/span><\/p>\n

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I. DECISI\u00d3N    <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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            ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ   Magistrado ponente      STC539-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00ba 63001-22-14-000-2016-00271-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1 D. C., veintis\u00e9is (26) de enero de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-98848","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98848","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=98848"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98848\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=98848"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=98848"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=98848"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}