{"id":98849,"date":"2026-06-25T17:22:23","date_gmt":"2026-06-25T17:22:23","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc540-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:22:23","modified_gmt":"2026-06-25T17:22:23","slug":"stc540-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc540-2017\/","title":{"rendered":"STC540-2017"},"content":{"rendered":"

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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Radicaci\u00f3n n.\u00ba 19001-22-13-000-2016-00289-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1 D. C., veintis\u00e9is (26) de enero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el veinticinco de octubre de dos mil diecis\u00e9is por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Popay\u00e1n, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Alberth Bocanegra Gaviria contra la Polic\u00eda Nacional, la Inspecci\u00f3n General de la Polic\u00eda Nacional y la Oficina de Control Disciplinario Interno del Departamento de Polic\u00eda Cauca.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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El accionante solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales a la defensa, debido proceso e igualdad, que estima vulnerados por las autoridades p\u00fablicas accionadas con ocasi\u00f3n de la imposici\u00f3n de las sanciones disciplinarias de suspensi\u00f3n e inhabilitaci\u00f3n especial por el t\u00e9rmino de 7 meses.  <\/span><\/p>\n

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Por tal motivo, pretende que por esta v\u00eda se conceda el resguardo deprecado, se decrete la nulidad de la actuaci\u00f3n cuestionada, se ordene la reincorporaci\u00f3n a sus funciones y cargo, y se remita el expediente por competencia a un nuevo juzgador disciplinario.  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. El 22 de octubre de 2014, el Intendente Alberth Bocanegra Gaviria, Jefe de la Unidad B\u00e1sica de Investigaci\u00f3n Criminal de Corinto, Cauca, se moviliz\u00f3 hacia Cali y durante ese viaje sufri\u00f3 el hurto de sus pertenencias, incluyendo la pistola marca SIG-SABER n.\u00b0 SPO198439 y dos proveedores con 30 cartuchos.  <\/span><\/p>\n

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2. El Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno del Departamento de Polic\u00eda Cauca, mediante auto fechado el 21 de noviembre del a\u00f1o citado, abri\u00f3 indagaci\u00f3n preliminar contra el aqu\u00ed quejoso por los hechos anteriores.  <\/span><\/p>\n

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3. El 19 de mayo de 2015, la autoridad disciplinaria dispuso tramitar la actuaci\u00f3n adelantada contra el policial a trav\u00e9s del procedimiento verbal y orden\u00f3 citarlo a la audiencia correspondiente.  <\/span><\/p>\n

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4. La audiencia aludida se llev\u00f3 a cabo el 6 de mayo del a\u00f1o precedente, la cual concluy\u00f3 el 18 de mayo siguiente, en la que se declar\u00f3 responsable disciplinariamente al Intendente y se le sancion\u00f3 con suspensi\u00f3n e inhabilitaci\u00f3n especial por el t\u00e9rmino de 7 meses, debido a que incurri\u00f3 en las faltas graves de: (i) dejar de informar los hechos que deben ser llevados a conocimiento del superior por raz\u00f3n del cargo o servicio, y (ii) omitir la entrega, al t\u00e9rmino del servicio, del armamento.  <\/span><\/p>\n

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5. El Director General de la Polic\u00eda Nacional, por medio de la Resoluci\u00f3n n.\u00b0 3616 de junio 13 de 2016, ejecut\u00f3 la sanci\u00f3n disciplinaria impuesta al reclamante, en raz\u00f3n a que esa decisi\u00f3n adquiri\u00f3 firmeza.  <\/span><\/p>\n

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6. El 1\u00b0 de julio de la anualidad anterior, el extremo pasivo fue notificado personalmente de la determinaci\u00f3n anterior.  <\/span><\/p>\n

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7. En criterio del peticionario del amparo se vulneraron los derechos fundamentales invocados, dado que en el proceso promovido en su contra no fue posible su defensa material, pues el funcionario encargado del mismo lo instruy\u00f3, recaud\u00f3 pruebas, juzg\u00f3 y sancion\u00f3, de manera arbitraria y subjetiva, sin observar los principios y las normas rectoras que regulan ese procedimiento. [Folios 1-37, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

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1. Por auto de 10 de octubre de 2016, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, se orden\u00f3 enterar a las autoridades p\u00fablicas querelladas, para que ejercieran sus derechos de defensa y contradicci\u00f3n. [Folio 185, c. 1]  <\/span><\/p>\n

2. Dentro de la oportunidad concedida, la Oficina de Control Disciplinario Interno del Departamento de Polic\u00eda Cauca se opuso a la prosperidad de la salvaguarda, pues en el proceso disciplinario contra el actor se respetaron sus garant\u00edas y se adelant\u00f3 de conformidad con el procedimiento establecido, y adicionalmente existen otros medios de defensa judicial a su alcance, ya que no se configur\u00f3 un perjuicio irremediable. [Folios 198-204, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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3. En sentencia de 25 de octubre de 2016, la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Popay\u00e1n deneg\u00f3 el amparo, tras considerar que el accionante cuenta con mecanismos para controvertir la actuaci\u00f3n disciplinaria censurada, tales como la acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, adem\u00e1s de la revocatoria directa como control de la misma administraci\u00f3n sobre sus actos, por lo que no es procedente la intervenci\u00f3n del juez de tutela. [Folios 205-209, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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4. Inconforme con esta determinaci\u00f3n, el promotor de la queja la impugn\u00f3, para lo cual reiter\u00f3 los argumentos expuestos en su escrito inicial. [Folios 221-227, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Cuando el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica cre\u00f3 la acci\u00f3n de tutela como un procedimiento preferente y sumario al alcance del ciudadano, para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales en caso de que \u00e9stos fueran vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, lo hizo bajo la insoslayable premisa de que no dispusiera el afectado de \u00abotro medio de defensa judicial\u00bb, salvo que la acci\u00f3n se utilizara como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  <\/span><\/p>\n

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Debe recordarse que el amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del principio de la subsidiariedad, ya que s\u00f3lo procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la salvaguarda oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza, y por lo tanto, no puede consider\u00e1rsele como un mecanismo alternativo o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n, pues su finalidad no consiste en remplazar los tr\u00e1mites establecidos por el legislador para la protecci\u00f3n de los derechos de los ciudadanos.  <\/span><\/p>\n

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En armon\u00eda con esos postulados, el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, que regula la acci\u00f3n de tutela, estableci\u00f3 las causales de improcedencia, entre las cuales se destaca la existencia de \u00abotros recursos o medios de defensa judicial\u00bb, dejando a salvo igual principio al consagrado por el Constituyente respecto a que se utilizara como \u00abmecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable\u00bb, advirtiendo eso s\u00ed que la existencia de esos medios ser\u00eda apreciada \u00aben concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2. En el caso que es objeto de estudio, de entrada se advierte la improcedencia de la solicitud de amparo porque el accionante cuenta con otros medios de defensa judicial para formular el reclamo que expone por v\u00eda de la acci\u00f3n de tutela.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, el cuestionamiento y debate del acto administrativo proferido por la Oficina de Control Disciplinario Interno del Departamento de Polic\u00eda Cauca el 16 de mayo de 2016, que declar\u00f3 responsable disciplinariamente al actor y lo sancion\u00f3 con suspensi\u00f3n e inhabilidad especial por el t\u00e9rmino de 7 meses, puesto que incurri\u00f3 en las faltas graves de: (i) dejar de informar los hechos que deben ser llevados a conocimiento del superior por raz\u00f3n del cargo o servicio, y (ii) omitir la entrega, al t\u00e9rmino del servicio, del armamento; debe suscitarse y definirse ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, mediante las acciones respectivas, como la de nulidad y restablecimiento del derecho, en virtud de la cual, incluso, puede solicitar la suspensi\u00f3n provisional de la decisi\u00f3n que considera lesiva a sus derechos.  <\/span><\/p>\n

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Es en tal escenario creado por el legislador en donde el peticionario del amparo puede debatir las irregularidades que formule contra la decisi\u00f3n de la que se queja, si es que advierte en la misma un exceso o desv\u00edo por parte de quien fuese su empleador, como ac\u00e1 se alega.  <\/span><\/p>\n

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Sobre lo anterior, la Sala ha considerado que:  <\/span><\/p>\n

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(\u2026) por tratarse de actos administrativos, el debate acerca de su legalidad cumple suscitarlo ante los Jueces especializados competentes, a trav\u00e9s de las acciones previstas en el C\u00f3digo Contencioso Administrativo, de acuerdo con las circunstancias y particularidades que a juicio del interesado, experiment\u00f3 la situaci\u00f3n que gener\u00f3 lo resuelto por la accionada y que es materia de inconformidad, a fin de generar las determinaciones con las cuales se obtenga el restablecimiento del derecho o la reparaci\u00f3n directa a que hubiere lugar. (\u2026) Recu\u00e9rdase que en situaciones como la acaecida, orientada al an\u00e1lisis de legalidad de unos actos administrativos cuyo control de legalidad \u2018corresponde a la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa, para lo cual el administrado que se sienta lesionado en sus derechos tiene a su disposici\u00f3n la acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho, que le permite obtener no s\u00f3lo la anulaci\u00f3n del acto que haya sido expedido por funcionarios u organismos incompetentes, o en forma irregular, o falsamente motivado, o con desviaci\u00f3n de las atribuciones propias del funcionario o corporaci\u00f3n que los profiera, sino el restablecimiento del derecho, fluye la improcedencia de la presente acci\u00f3n. (CSJ STC, 10 may. 2000, rad. 1030, 6 nov. 2009, rad. 00335-01, entre otros).  <\/span><\/p>\n

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Por consiguiente, resulta ostensible que si el promotor de la salvaguarda cuenta con otros mecanismos de defensa judicial, a trav\u00e9s de la queja constitucional no se puede proveer la soluci\u00f3n de una cuesti\u00f3n que corresponde dirimir al juez natural.  <\/span><\/p>\n

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3. Adicionalmente, la Corte advierte que no es posible recurrir al amparo sin acreditar un perjuicio irremediable que autorice su utilizaci\u00f3n de manera transitoria, y en este caso el tutelante no demostr\u00f3 un da\u00f1o \u00abgrave e inminente, no meramente eventual, que s\u00f3lo pueda conjurarse con las medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb1, de ah\u00ed que no sea evidente un menoscabo tal que habilite al ciudadano para ejercer el mecanismo excepcional.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, es evidente la impertinencia del ejercicio de la presente acci\u00f3n constitucional, la cual ni siquiera resulta viable como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, debido a que la finalidad de la medida cautelar de suspensi\u00f3n provisional prevista en el tr\u00e1mite ordinario, es precisamente evitar la configuraci\u00f3n de los da\u00f1os que se puedan causar como consecuencia de las decisiones administrativas abiertamente ilegales.  <\/span><\/p>\n

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Sobre el punto esta Corporaci\u00f3n, en reiterada jurisprudencia, ha sostenido:  <\/span><\/p>\n

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(\u2026) es, entonces, en el escenario de la respectiva acci\u00f3n contencioso administrativa que la actora puede invocar las razones aqu\u00ed planteadas, con miras a que el juez natural de la actividad de la administraci\u00f3n p\u00fablica tome la decisi\u00f3n que en derecho corresponde, am\u00e9n de que en esta instancia tambi\u00e9n pueda solicitarse la suspensi\u00f3n provisional, medida cautelar prevista en el C\u00f3digo Contencioso Administrativo contra los actos administrativos de contenido general o particular, siempre que se cumplan ciertos requisitos (arts. 152 y ss.) y que de hallarse fundada es suficiente para frenar una eventual ilegalidad manifiesta de la administraci\u00f3n, mientras se decide el asunto, lo cual descarta la posibilidad de conceder el amparo solicitado. (CSJ STC, 14 oct. 2011, rad. 00201-01).  <\/span><\/p>\n

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4. As\u00ed las cosas, se reitera, si el accionante no ha agotado todos los recursos ordinarios con los que cuenta, no resulta dable entrar a analizar por medio de este mecanismo excepcional la soluci\u00f3n de un litigio que ha de ser dirimido, de manera exclusiva, por el juzgador que est\u00e1 legalmente investido de la competencia para ello.  <\/span><\/p>\n

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Recu\u00e9rdese que la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, pero en ning\u00fan momento el amparo se puede entender instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver controversias como la presente, supuesto que llevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

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5. Razones que en suma, se estiman suficientes para concluir que la reclamaci\u00f3n est\u00e1 avocada al fracaso, por lo que se confirmar\u00e1 el fallo que por v\u00eda de impugnaci\u00f3n se ha revisado.  <\/span><\/p>\n

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III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, dispone:  <\/span><\/p>\n

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PRIMERO: CONFIRMAR el fallo impugnado, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.  <\/span><\/p>\n

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SEGUNDO: DEVOLVER, por Secretar\u00eda, el expediente disciplinario a la autoridad remitente.  <\/span><\/p>\n

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TERCERO: NOTIF\u00cdQUESE telegr\u00e1ficamente esta decisi\u00f3n a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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1 Fallos de 14 de diciembre de 2011, exp. 2011-00162-01; 3 de julio de 2012, exp. 2012-00135-01; 18 de octubre de 2012, exp. 2012-00213-01 y 7 de marzo de 2013, exp. 2012-00581-01.      <\/span><\/p>\n

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