{"id":98855,"date":"2026-06-25T17:22:59","date_gmt":"2026-06-25T17:22:59","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc546-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:22:59","modified_gmt":"2026-06-25T17:22:59","slug":"stc546-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc546-2017\/","title":{"rendered":"STC546-2017"},"content":{"rendered":"

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC546-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-10-000-2016-00696-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de enero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente  al fallo proferido el veintid\u00f3s de noviembre de dos mil diecis\u00e9is por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Beatriz Aponte Salazar contra el Juzgado Treinta y uno de Familia de esta ciudad, tr\u00e1mite en el que se dispuso enterar a todos los intervinientes dentro del proceso objeto de la queja constitucional.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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La ciudadana solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso e igualdad que considera vulnerados por la autoridad judicial accionada tras proferir el auto de fecha 20 de octubre de 2016 mediante el cual se declar\u00f3 infundada la nulidad que propuso dentro del tr\u00e1mite incidental.  <\/span><\/p>\n

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Pretende, en consecuencia, se revoque aquella determinaci\u00f3n y en su lugar, se ordene a la autoridad cuestionada a proferir un nuevo pronunciamiento en el cual se decrete la nulidad del proceso de liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal.  En subsidio, se deje sin efectos el prove\u00eddo censurado y se declare en todo caso \u00abla nulidad absoluta del proceso\u00bb, para que se rehaga garantiz\u00e1ndole su derecho de defensa.  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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2. El asunto correspondi\u00f3 por reparto al Juzgado Quinto de Familia de esta ciudad, quien en sentencia de 3 de octubre de 2011, declar\u00f3 el divorcio; y a su vez, disuelta y en estado de liquidaci\u00f3n la sociedad conyugal.  <\/span><\/p>\n

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3. Mediante auto de 23 de abril de 2012, por solicitud de la accionante, se dio tr\u00e1mite a la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal que form\u00f3 con el se\u00f1or Ayala.  <\/span><\/p>\n

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4. Luego de emplazar a los acreedores de la sociedad, en auto de 4 de julio de 2012, se cit\u00f3 a los interesados a audiencia de inventario y aval\u00faos, que tuvo lugar el 29 de agosto de la misma anualidad.  <\/span><\/p>\n

5. El 13 de marzo de 2013 se surti\u00f3 el traslado del inventario, el que fue objetado por ambas partes y aquellos reproches fueron declarados fundados parcialmente.  <\/span><\/p>\n

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6. La autoridad convocada, aprob\u00f3 los inventarios y aval\u00faos en prove\u00eddo de 20 de febrero de 2015.  <\/span><\/p>\n

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7. La pasiva, solicit\u00f3 proceder con la partici\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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8. La petici\u00f3n fue ordenada en auto de 20 de marzo de 2015, y el 13 de abril siguiente, se design\u00f3 auxiliar de la justicia para dicho cometido.  <\/span><\/p>\n

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9. Una vez presentado el trabajo de partici\u00f3n, el mismo fue objetado por la parte demandada.  <\/span><\/p>\n

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10. El 19 de febrero de 2016, se declar\u00f3 infundada la objeci\u00f3n presentada por el apoderado de N\u00e9stor Manuel Ayala y a rengl\u00f3n seguido, se le imparti\u00f3 aprobaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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11. El 18 de julio de 2016, la parte actora present\u00f3 memorial con solicitud de adici\u00f3n a los aval\u00faos.  <\/span><\/p>\n

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12. Luego, el d\u00eda 22 de ese mes, promovi\u00f3 incidente de nulidad con fundamento en la causal 1\u00b0 del art\u00edculo 133 del C. G. P., al \u00abno haber sido observado ni efectuado un control de legalidad existiendo en \u00e9l un objeto il\u00edcito por haber enajenado un bien que se encontraba fuera del comercio y la ley no puede utilizarse para obtener ventajas que tienen como soporte la ilicitud\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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13. La petici\u00f3n de adici\u00f3n se deneg\u00f3 en auto de 9 de agosto siguiente.  <\/span><\/p>\n

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14. El juzgado accionado, admiti\u00f3 el incidente propuesto, por lo que corri\u00f3 traslado a la contraparte por el t\u00e9rmino de 3 d\u00edas.  <\/span><\/p>\n

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15. Agotado el tr\u00e1mite pertinente, en providencia de 20 de octubre de 2016, se declar\u00f3 infundada la nulidad formulada tras considerar que no \u00abse puede dilucidar si uno de los c\u00f3nyuges de manera dolosa ha sustra\u00eddo bienes sociales.  Para estos efectos el interesado cuenta con los procesos respectivos\u00bb;  y respecto de falta de competencia, como causal invocada, estim\u00f3 que la misma no es encuentra configurada. \u00abLo que avizora el despacho es que el memorialista confunde la nulidad procesal con la de tipo sustancial, debe tener en cuenta que son dos instituciones diferentes\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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16. En criterio de la accionante, el auto que declar\u00f3 infundada la nulidad, vulnera su derecho al debido proceso y desconoce dar aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, pues luego de demorarse tres meses para resolver el incidente de nulidad, sustenta su negativa en \u00abhoja y media\u00bb cuya motivaci\u00f3n se encuentra descontextualizada al pegar un fragmento de texto de una p\u00e1gina web;  am\u00e9n, que pas\u00f3 por alto revisar sobre la ilicitud de las pruebas presentadas, como la escritura p\u00fablica y el respectivo certificado de tradici\u00f3n y libertad.  <\/span><\/p>\n

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Reprocha que al liquidarse la sociedad conyugal \u00absolo se habla del 50% queriendo connotar con esto que el otro 50% no pertenece a nadie, se qued\u00f3 en \u00e9ter\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

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1. Por auto de 9 de noviembre de 2016, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 enterar  a todos los involucrados dentro del proceso g\u00e9nesis de esta acci\u00f3n. [Folio 44, c.1]  <\/span><\/p>\n

       2. Dentro de la oportunidad concedida, el Juzgado Treinta y uno de Familia de esta ciudad, indic\u00f3 que en el proceso ya se dict\u00f3 sentencia y que se aprob\u00f3 la partici\u00f3n luego de declarar infundada la objeci\u00f3n presentada por el demandado, sin que dicho prove\u00eddo fuera objeto de recurso alguno. [Folios 93- 94, c.1]  <\/span><\/p>\n

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       Por su parte, N\u00e9stor Manuel Ayala Rodr\u00edguez, cont\u00f3 que la misma accionante solicit\u00f3 aplazar la audiencia de inventarios, petici\u00f3n que fue atendida y programada nuevamente para el 29 de agosto de 2012, en la que asisten los apoderados de ambas partes.  All\u00ed, el apoderado de la parte actora \u00abacept\u00f3 del activo bruto la partida primera, segunda, y unos pasivos\u00bb;  y que ahora, pese a que ya se aprob\u00f3 la partici\u00f3n la cual se encuentra en firme, pretende revivir etapas procesales en las que no hizo uso de los recursos de ley. [Folios 111- 112, c.1]  <\/span><\/p>\n

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3. En sentencia de 22 de noviembre de 2016, la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 deneg\u00f3 el amparo al considerar que la accionante haciendo uso de un mecanismo jur\u00eddico equivocado, esto es, mediante incidente de nulidad, \u00abpretende cuestionar la legalidad de los actos de partici\u00f3n que en su momento no controvirti\u00f3\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Le record\u00f3 que puede acudir a las acciones ordinarias tendientes a conseguir la nulidad de la venta de los predios enajenados por el se\u00f1or Ayala Rodr\u00edguez.  <\/span><\/p>\n

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Concluy\u00f3 que el actuar de la promotora del amparo es incurioso al no haber objetado oportunamente los inventarios o en su defecto, la partici\u00f3n;  y de ser contrario a sus intereses, proponer los recursos que correspondieran, sobre la decisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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4. Inconforme con esta determinaci\u00f3n, la gestora del amparo la impugn\u00f3, para lo cual esboz\u00f3 irregularidades como i) la sentencia se dict\u00f3 cuando los despachos judiciales se encontraban en paro; ii) no fue actualizado el registro de actuaciones una vez levantado el cese de actividades  iii) que la decisi\u00f3n no comunicada en concordancia con el art\u00edculo 76 del C. G. P.;  y con todo, reiter\u00f3 los argumentos expuestos en su escrito inicial  [Folios 145 a 149, c.1]  <\/span><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Cuando el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica cre\u00f3 la tutela como un procedimiento preferente y sumario al alcance del ciudadano, para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales en caso de que \u00e9stos fueran vulnerados o amenazados por la actuaci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, lo hizo bajo la insoslayable premisa de que no dispusiera el afectado de \u00abotro medio de defensa judicial\u00bb, salvo que se utilizara como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  <\/span><\/p>\n

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En ese orden, debe recordarse que el amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del principio de la subsidiariedad, ya que s\u00f3lo procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la defensa oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza, y por lo tanto, no puede consider\u00e1rsele como un mecanismo alternativo o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n, pues su finalidad no consiste en reemplazar los tr\u00e1mites establecidos por el legislador para la protecci\u00f3n de los derechos de los ciudadanos.  <\/span><\/p>\n

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2. En el asunto sub examine, la accionante se duele en primer lugar del auto de fecha 20 de octubre de 2016, mediante el cual se declar\u00f3 infundada la causal de nulidad que invoc\u00f3 lo que la motiv\u00f3 inicialmente a hacer uso de este mecanismo de defensa.  <\/span><\/p>\n

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La petici\u00f3n constitucional desatiende el comentado principio de subsidiariedad, pues ciertamente se extrae que la promotora de la acci\u00f3n no interpuso los recursos de reposici\u00f3n y de apelaci\u00f3n que cab\u00eda contra el prove\u00eddo que resolvi\u00f3 el incidente de nulidad por ella formulado.  <\/span><\/p>\n

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Esto, a las luces del art\u00edculo 321 del C\u00f3digo General del Proceso, numerales 6 y 7, que taxativamente enuncia su apelabilidad.  <\/span><\/p>\n

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       3. En suma, si de lo que se duele la quejosa, se enfila m\u00e1s concretamente sobre la decisi\u00f3n adoptada el 19 de febrero de 2016, en donde se dio aprobaci\u00f3n al trabajo de partici\u00f3n;  reit\u00e9rese que la tutelante tampoco hizo uso de los medios de defensa procedentes dentro del tr\u00e1mite de la liquidaci\u00f3n conyugal, como era objetar la diligencia de inventarios y aval\u00faos, a la que asisti\u00f3 y acept\u00f3 una partidas; o en su defecto, objetar el trabajo de partici\u00f3n, el cual fue aprobado por el juez de primer grado luego de entrar a estudiar la que present\u00f3 oportunamente su opositor en el proceso.  <\/span><\/p>\n

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Con todo, tampoco hizo uso del recurso de apelaci\u00f3n que ten\u00eda a su alcance sobre esta \u00faltima providencia.  <\/span><\/p>\n

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De ah\u00ed que resulte ostensible que si la peticionaria del resguardo no agot\u00f3 todos los mecanismos que le brinda el ordenamiento jur\u00eddico para obtener lo reclamado en sede constitucional, la acci\u00f3n de tutela, no puede ser utilizada  para proveer la soluci\u00f3n de una cuesti\u00f3n que corresponde dirimir, inicialmente, al fallador ordinario.  <\/span><\/p>\n

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En ese entendido, si la accionante no aprovech\u00f3 los instrumentos de  defensa establecidos en el ordenamiento procesal para controvertir los fundamentos de la providencia emitida por la autoridad accionada, no puede ahora aspirar a que en esta v\u00eda, se brinde soluci\u00f3n a la problem\u00e1tica que plantea.  <\/span><\/p>\n

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En casos similares al presente, la Sala ha destacado que:  <\/span><\/p>\n

\u00ab(\u2026) cuando hay descuido de las partes en el empleo de las defensas frente a las decisiones judiciales, es vedado para el juez de tutela penetrar en las cuestiones procedimentales que informan los tr\u00e1mites respectivos, pues a este amparo, eminentemente subsidiario, s\u00f3lo es dable acudir cuando no se ha tenido otra posibilidad \u201cjudicial\u201d de resguardo; adem\u00e1s, si las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, -como aqu\u00ed ocurri\u00f3-, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria\u00bb. (CSJ STC, 26 en. 2011, rad. 00027-00)  <\/span><\/p>\n

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4. Aunado a lo anterior, en caso de insistir en la nulidad del negocio jur\u00eddico sobre el inmueble que hac\u00eda parte de los bienes sociales, es pertinente recordarle a la gestora que cuenta con la v\u00eda ordinaria para que dentro de ese escenario discuta sobre la legalidad del asunto de conformidad con los art\u00edculos 1740 y siguientes del C\u00f3digo Civil.   <\/span><\/p>\n

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5. En cierre, respecto de las inconformidades ventiladas en el escrito de impugnaci\u00f3n, como el cese de actividades que caus\u00f3 la indebida notificaci\u00f3n de la sentencia, resta decir que en este estado de las diligencias no es procedente alegar nuevos hechos los cuales no fueron expuestos en el escrito de tutela ni puestos a consideraci\u00f3n del juez de primera instancia, m\u00e1s aun cuando la queja principal consisti\u00f3 en debatir la providencia por medio de la cual se declar\u00f3 infundada la nulidad que propuso, consistente en una falta de competencia u objeto il\u00edcito en el negocio jur\u00eddico sobre uno de los bienes que conformaban el haber social.  <\/span><\/p>\n

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6. Razones que por contera, se estiman suficientes para concluir que la reclamaci\u00f3n est\u00e1 llamada al fracaso, por lo que se confirmar\u00e1 el fallo proferido por el Tribunal que conoci\u00f3 en primera instancia.  <\/span><\/p>\n

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III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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     LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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