{"id":98857,"date":"2026-06-25T17:23:16","date_gmt":"2026-06-25T17:23:16","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc548-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:23:16","modified_gmt":"2026-06-25T17:23:16","slug":"stc548-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc548-2017\/","title":{"rendered":"STC548-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

STC548-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00ba 15693-22-08-002-2016-00260-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1 D. C., veintis\u00e9is (26) de enero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el veinticuatro de noviembre de dos mil diecis\u00e9is por la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Indira Isabel Castro Padilla contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Sogamoso, actuaci\u00f3n a la que se orden\u00f3 vincular a las partes e intervinientes en el proceso objeto de queja constitucional.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La accionante solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y defensa, que considera vulnerados por la autoridad judicial encausada al tramitar y decidir desfavorablemente las excepciones previas propuestas por ella, dentro del proceso ordinario adelantado en su contra por Rosa Esmeralda, Eduardo Alberto y Gladys Achury Padilla.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, pretende que por esta v\u00eda se conceda el resguardo deprecado, se revoquen los autos proferidos durante el tr\u00e1mite censurado, se declare la falta de competencia y se remita el asunto referido a las autoridades judiciales de Bogot\u00e1, D. C.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Sogamoso, a quien correspondi\u00f3 el conocimiento de ese asunto, la admiti\u00f3 mediante autos de 4 y 18 de febrero de 2015.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. La demandada se opuso a las s\u00faplicas de su contraparte y present\u00f3 las excepciones previas de \u00abfalta de competencia\u00bb e \u00abinepta demanda\u00bb, as\u00ed como las de fondo denominadas \u00abno hay precio exiguo o irrisorio\u00bb, \u00abcapacidad econ\u00f3mica de la demandada Indira Isabel Castro Padilla\u00bb, \u00absituaci\u00f3n de insolvencia de la Sra. Rosa Padilla de Castro\u00bb, \u00abnecesidad de enajenar el inmueble \u2013 Local 77-74 del Conjunto Paso del Lago I Etapa\u00bb, \u00abpago del precio\u00bb, \u00abocultamiento del negocio secreto\u00bb, \u00abla posesi\u00f3n y tenencia del inmueble\u00bb  y la \u00abgen\u00e9rica\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. En auto fechado el 22 de julio de 2016, el despacho decret\u00f3 pruebas dentro del tr\u00e1mite de las excepciones previas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. La parte actora solicit\u00f3 que se declarara la ilegalidad o nulidad de la decisi\u00f3n anterior, debido a que no se dio traslado de aquellos medios exceptivos antes de que diera apertura al t\u00e9rmino probatorio.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. El 16 de agosto siguiente, el estrado judicial dio el traslado correspondiente y conserv\u00f3 la validez de las pruebas practicadas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7. Contra esta determinaci\u00f3n, la parte pasiva formul\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n, sin embargo la juez de la causa lo neg\u00f3 en prove\u00eddo de septiembre 5 del a\u00f1o precedente.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

8. El 19 de septiembre de 2016, se declararon no probadas las excepciones previas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

9. Inconforme con esta determinaci\u00f3n, el extremo desfavorecido propuso el recurso de reposici\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

10. El despacho accionado, en providencia fechada el 20 de octubre de la anualidad anterior, no repuso el auto cuestionado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

11. En criterio de la peticionaria de la salvaguarda se vulneraron los derechos fundamentales invocados, dado que el juzgador accionado incurri\u00f3 en diversas irregularidades, puesto que: (i) tramit\u00f3 una solicitud de ilegalidad por no trasladar las excepciones previas, pese a que la nulidad ya se encontraba saneada y el mecanismo propuesto no est\u00e1 consagrado en la ley adjetiva; (ii) el interrogatorio de la quejosa fue apreciado como sospechoso por el fallador, sin asidero alguno; (iii) no advirti\u00f3 que una persona puede tener varios domicilios, aunque como quiera que en este caso el litigio versa sobre un bien ubicado en Bogot\u00e1, debi\u00f3 declarar la falta de competencia y remitirlo a ese circuito; y (iv) los documentos obtenidos por los demandantes violaron el debido proceso, porque versan sobre datos privados de la accionante y de su hija menor de edad. [Folios 1-37, c. 1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. El 15 de noviembre de 2016 se admiti\u00f3 el tr\u00e1mite de tutela, se orden\u00f3 el traslado a la sede judicial querellada y se dispuso la vinculaci\u00f3n de las partes e intervinientes, para que ejercieran sus derechos de contradicci\u00f3n y defensa. [Folio 80, c. 1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Dentro de la oportunidad concedida, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Sogamoso se opuso a la prosperidad de la salvaguarda, puesto que el proceso declarativo promovido contra la aqu\u00ed quejosa se ha adelantado conforme a derecho y no se han transgredido los derechos fundamentales de esa persona. [Folios 94-98, c. 1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

A su turno, los demandantes del juicio ordinario aludido manifestaron que los yerros en la tramitaci\u00f3n de las excepciones previas, en el que se hab\u00eda omitido el traslado de las mismas al extremo activo, fue corregido oportunamente por la sede judicial acusada, la cual finalmente decidi\u00f3 declararlas no probadas, despu\u00e9s de valorar las pruebas aportadas para tal efecto, sin que se hubieran conculcado las garant\u00edas superiores de la parte pasiva. [Folios 106-111, c. 1]  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

3. En sentencia de 24 de noviembre de 2016, la Sala \u00danica del Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo neg\u00f3 el amparo, debido a que el despacho accionado sane\u00f3 las irregularidades durante el tr\u00e1mite de las excepciones previas para evitar nulidades y, posteriormente, declar\u00f3 no probados los medios exceptivos, por cuanto no se configur\u00f3 la falta de competencia en atenci\u00f3n a que se prob\u00f3 que la se\u00f1ora Castro Padilla s\u00ed estaba domiciliada en Sogamoso cuando se present\u00f3 la demanda y esta no fue inepta ya que en la misma se indicaron la direcci\u00f3n de la demandada y la descripci\u00f3n del inmueble objeto de litigio; determinaciones que, en criterio del a quo constitucional, resultaron objetivas, razonadas y fundadas. [Folios 118-123, c. 1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. Inconforme con esta determinaci\u00f3n, la promotora de la queja la impugn\u00f3, para lo cual reiter\u00f3 los argumentos expuestos en su escrito inicial. [Folios 137-143, c. 1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. Tal como ha sido sostenido por la jurisprudencia nacional, por regla general la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, solamente en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacarlas cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos est\u00e1n cimentados en el reproche que merece toda actividad de la administraci\u00f3n de justicia arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo tr\u00e1mite, con detrimento de las garant\u00edas reconocidas por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica a las personas.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. En el asunto sub judice, no logra advertirse ninguna amenaza o vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales del impulsor de la salvaguarda, toda vez que las determinaciones cuestionadas no son resultado de subjetivos criterios que conlleven ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y, por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores de quien promovi\u00f3 la queja constitucional, dentro del proceso ordinario promovido por Rosa Esmeralda, Eduardo Alberto y Gladys Achury Padilla contra Indira Isabel Castro Padilla, Carlos Henry Achury Padilla y los herederos indeterminados de Rosa Padilla de Castro (q.e.p.d),  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En efecto, en la primera providencia censurada dictada por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Sogamoso, en la que dio traslado de las excepciones al extremo activo y conserv\u00f3 la validez de las pruebas practicadas, se indic\u00f3 como sustento de esa decisi\u00f3n lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. Mediante auto de fecha 05 de Febrero (sic) de 2016 se orden\u00f3 correr traslado a la parte actora de las excepciones previas propuestas por la parte demandada. (\u2026)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Frente al anterior auto, el apoderado actor interpuso recurso de reposici\u00f3n, el cual fue resuelto mediante prove\u00eddo de fecha 18 de Marzo (sic) de 2016, ordenando reponer el numeral primero del auto recurrido y en consecuencia, se dispuso que una vez vinculado la totalidad del extremo pasivo del proceso, se dar\u00eda el traslado de las excepciones previas. (\u2026)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. No obstante, por un error involuntario del despacho las anteriores diligencias no fueron agregadas al cuaderno de excepciones previas, y se legajaron en el principal, raz\u00f3n por la cual se procedi\u00f3 a decretar pruebas de las excepciones propuestas mediante prove\u00eddo de fecha 22 de Julio (sic) de 2016.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, considera el despacho que le asiste la raz\u00f3n al apoderado actor en lo relativo a que no se surti\u00f3 el traslado de las excepciones previas propuestas, sin embargo, teniendo en cuenta que no se ha emitido un pronunciamiento de fondo respecto de la excepci\u00f3n propuesta, dicha irregularidad puede subsanarse ordenando correr el traslado omitido, raz\u00f3n por la cual se ordenar\u00e1 correr a la parte actora el respectivo traslado de las excepciones previas propuestas por el extremo pasivo, conforme lo dispone el Art. 99 del C.P.C.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

No obstante lo anterior, como quiera que la prueba ordenada mediante prove\u00eddo de fecha 22 de Julio (sic) de 2016 fue decretada de oficio y practicada con asistencia de ambas partes, la misma se dejar\u00e1 a salvo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Contra esta determinaci\u00f3n, la aqu\u00ed quejosa formul\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n, por considerarla improcedente, no obstante, el a quo reiter\u00f3 el argumento anterior. En efecto, el juzgador expuso:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

(\u2026) por un error involuntario del despacho el auto en menci\u00f3n no fue agregado al cuaderno de excepciones previas, y se legaj\u00f3 en el principal, raz\u00f3n por la cual este \u00f3rgano judicial tuvo por surtido el respectivo traslado de las excepciones previas a la parte actora y procedi\u00f3 a decretar pruebas de las mismas mediante prove\u00eddo de fecha 22 de Julio (sic) de 2016.  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

El recurrente indica que la anterior irregularidad qued\u00f3 subsanada en raz\u00f3n a que el apoderado actor no emiti\u00f3 pronunciamiento alguno frente al auto que decret\u00f3 pruebas de las excepciones previas, sin embargo, dicho argumento no es de recibo para el despacho toda vez que no se pueden pretermitir oportunidades procesales y endilgarles responsabilidad a partes afectadas y vulnerarles su derecho de defensa, raz\u00f3n por la cual no se repondr\u00e1 el auto recurrido.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Posteriormente, en auto de 19 de septiembre de 2016, el fallador declar\u00f3 no probadas las excepciones previas presentadas por la promotora de esta queja, en donde se\u00f1al\u00f3:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Frente a la excepci\u00f3n de FALTA DE COMPETENCIA, debe indicarse que el Estatuto Procesal Civil consagr\u00f3 los factores objetivo, subjetivo, funcional, territorial y de conexidad, a fin de determinar cu\u00e1l es la autoridad jurisdiccional competente para conocer de un determinado asunto.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El legislador respecto al factor de competencia territorial en los procesos contencioso (sic) como el de simulaci\u00f3n dispuso en el Art. 23 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La competencia territorial se determina por las siguientes reglas:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. En los procesos contenciosos, salvo disposici\u00f3n legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado; si \u00e9ste tiene varios, el de cualquiera de ellos a elecci\u00f3n del demandante, a menos que se trate de asuntos vinculados exclusivamente a uno de dichos domicilios, caso en el cual ser\u00e1 competente el juez de \u00e9ste.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Ahora bien descendiendo al asunto bajo estudio y analizado el material probatorio obrante en el expediente y los argumentos esgrimidos por el apoderados del extremo pasivo, considera el despacho desde ya, que no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad la excepci\u00f3n de falta de competencia propuesta por la demandada, teniendo en cuenta que aunque la demandada declar\u00f3 en el interrogatorio de parte recepcionado ante este juzgado y bajo la gravedad de juramento que su asiento principal de sus negocios es en la ciudad de Bogot\u00e1 y que residi\u00f3 en Tibasosa por motivos de salud de su madre, dicha declaraci\u00f3n perdi\u00f3 toda credibilidad, con la prueba documental aportada por el apoderado actor, como lo son los certificados del Conjunto Residencial Ciudadela Chinca que certifican que la Sra. INDIRA ISABEL CASTRO residi\u00f3 como arrendataria del apartamento 502 ubicado en la Carrera 5 No. 8-42 de Sogamoso durante el periodo de Junio (sic) de 2014 hasta Enero (sic) de 2016, de igual forma, aporta al proceso certificado de estudios del a\u00f1o 2015 de la hija de la demandada (YYY), en el cual consta que la menor estudi\u00f3 en dicha instituci\u00f3n educativa durante el a\u00f1o 2015, pruebas que desvirt\u00faan lo declarado por la demandada en el interrogatorio de parte recepcionado el d\u00eda 08 de Agosto (sic) de 2016 y por el contrario las pruebas en menci\u00f3n demuestran al despacho que para la fecha de la presentaci\u00f3n de la demanda, esto es, el 30 de Septiembre de 2014, la demandada se encontraba domiciliada en la Ciudad de Sogamoso, raz\u00f3n por la cual este Despacho es el competente para conocer del presente asunto.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Respecto del hecho exceptivo de INEPTITUD DE LA DEMANDA, observa el despacho que el apoderado de la demandada la fundamenta en que en la demanda no se se\u00f1ala el domicilio ni la edad de la demandada y que trat\u00e1ndose de un bien inmueble, el mismo no fue especificado por su ubicaci\u00f3n, linderos, nomenclatura y dem\u00e1s circunstancias que lo identifiquen, sin embargo, despu\u00e9s de revisado el libelo demandatorio, en espec\u00edfico el folio 4 del Cuaderno Principal y la correcci\u00f3n a la demanda realizada por el apoderado actor mediante memorial obrante a folio 115 del Cuaderno Principal, evidencia el despacho que el extremo activo indica en debida forma la direcci\u00f3n de notificaci\u00f3n de la demandada y la descripci\u00f3n del bien inmueble objeto de la Litis, conforme lo exige el Art. 75 del C.P.C.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En este orden de ideas, considera el despacho que no se encuentran llamadas a prosperar las excepciones previas propuestas por el extremo pasivo. Una vez en firme la presente providencia, regresen las diligencias al Despacho, a fin de continuar con el tr\u00e1mite del proceso.  <\/span><\/p>\n

Finalmente, al decidir el recurso de reposici\u00f3n interpuesto por la demandada contra la providencia anterior, la sede judicial acusada precis\u00f3:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Frente al argumento de parcialidad del despacho frente a la parte actora y de la valoraci\u00f3n inadecuada de las pruebas allegadas por el apoderado actor por considerar que las mismas son ilegales, debe se\u00f1alarse que la H. Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia (\u2026) han dispuesto que la prueba ilegal es aquella que afecta el debido proceso desde el punto de vista procesal formal (incompatibilidad con las formas propias de cada juicio), es decir, que ha sido practicada, recaudada, y valorada en contrav\u00eda de las formas propias de cada juicio, concretamente, del r\u00e9gimen legal de la prueba, situaci\u00f3n que no se presenta en el presente asunto toda vez que las prueba (sic) documental aportada por el extremo pasivo fue aportada dentro de la oportunidad legal, esto es, dentro del t\u00e9rmino del traslado de las excepciones previas y fue valorada en conjunto con las dem\u00e1s pruebas obrantes en el expediente tal y como qued\u00f3 consignado en el auto recurrido, de igual forma, no se prob\u00f3 que el extremo activo hubiera recaudado indebidamente los certificados aportados, toda vez que los mismos no tienen reserva legal alguna y pueden ser solicitados por cualquier persona, por lo que no considera el despacho que dicho argumento carece de fundamento jur\u00eddico.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Alega el recurrente que hubo parcialidad del despacho al momento de la valoraci\u00f3n del acervo probatorio y aduce que no se tuvo en cuenta el interrogatorio de parte decretado de oficio por el juzgado, ni tampoco la copia del RUT aportada por el extremo pasivo, al respecto, esta operadora judicial indica que en el auto objeto de reposici\u00f3n se valor\u00f3 el interrogatorio de parte y se indic\u00f3 que pese a que la demandada declar\u00f3 bajo la gravedad de juramento que su asiento principal de negocios era la ciudad de Bogot\u00e1 y que residi\u00f3 en Tibasosa por motivos de salud de su madre, dicha declaraci\u00f3n perdi\u00f3 toda credibilidad, con la prueba documental aportada por el apoderado actor, como lo son los certificados del Conjunto Residencial Ciudadela Chinca que certifican que la Sra. INDIRA ISABEL CASTRO residi\u00f3 como arrendataria del apartamento 502 ubicado en la Carrera 5 No. 8-42 de Sogamoso durante el periodo de Junio (sic) de 2014 hasta Enero (sic) de 2016, y el certificado de estudios del a\u00f1o 2015 de la hija de la demandada (YYY), en el cual consta que la menor estudi\u00f3 en dicha instituci\u00f3n educativa durante el a\u00f1o 2015, pruebas que desvirt\u00faan lo declarado por la demandada en el interrogatorio de parte recepcionado el d\u00eda 08 de Agosto (sic) de 2016 (\u2026.)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Dicha declaraci\u00f3n no resulta acorde con la prueba documental aportada por el apoderado actor, en la cual consta que la demandada se encontraba domiciliada en esta ciudad y que para la fecha de la presentaci\u00f3n de la demanda, esto es, el 30 de Septiembre de 2014, se encontraba domiciliada en la Ciudad de Sogamoso (\u2026)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Las conclusiones anteriores son producto de unas motivaciones que no pueden calificarse de irrazonables, pues se fundaron en una leg\u00edtima interpretaci\u00f3n de la normatividad y en una valoraci\u00f3n del acervo probatorio, circunstancias que, a juicio del despacho querellado, condujeron a que determinara, de un lado, que la irregularidad en el tr\u00e1mite de las excepciones previas deb\u00eda corregirse, por lo que dio traslado de las mismas al extremo activo previo a resolverlas, y de otro lado, las declar\u00f3 no probadas por cuanto se demostr\u00f3 que al momento de la presentaci\u00f3n de la demanda, la se\u00f1ora Castro Padilla estaba domiciliada en Sogamoso, y que no hab\u00edan yerros en el libelo introductor, pues en \u00e9l se indicaron la direcci\u00f3n de la demandada y la descripci\u00f3n del inmueble objeto de litigio.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De lo cual resulta, que m\u00e1s all\u00e1 de que la Corte comparta o no las conclusiones a las que lleg\u00f3 el juzgador encausado, est\u00e1 claro que en ejercicio de sus atribuciones legales, el administrador de justicia tiene entera libertad para realizar una apreciaci\u00f3n aut\u00f3noma y racional de los elementos y la interpretaci\u00f3n normativa a partir de los cuales debe formar su convicci\u00f3n, sin incurrir, desde luego, en desviaci\u00f3n ostensible del ordenamiento jur\u00eddico, supuesto que no se advierte configurado en el caso, por lo que le est\u00e1 vedado al juez de tutela interferir en la labor acometida bajo los principios de autonom\u00eda e independencia que demarcan la funci\u00f3n judicial.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En tal sentido, verbi gratia, en la sentencia CSJ SC, 20 de septiembre de 2012, rad. 2012-00245-01, la Sala sostuvo:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

(\u2026) que al sentenciador de tutela le est\u00e1 vedado reexaminar si el juzgador acusado realiz\u00f3 la m\u00e1s convincente o adecuada de las interpretaciones, pues tal tarea est\u00e1 por fuera de sus facultades, ya que \u201c\u2026independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinaci\u00f3n judicial sea el resultado de una actuaci\u00f3n subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jur\u00eddica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Queda claro, entonces, que lo pretendido por la peticionaria del resguardo es anteponer su propio criterio al del fallador accionado y atacar, por esta v\u00eda, las determinaciones que la desfavorecieron, finalidad que resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela, mecanismo que dada su naturaleza excepcional no fue creada para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

I. DECISI\u00d3N    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

      <\/span><\/p>\n

<\/span>This version of Total Doc Converter is unregistered.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

            ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ   Magistrado ponente      STC548-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00ba 15693-22-08-002-2016-00260-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1 D. C., veintis\u00e9is (26) de enero de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-98857","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98857","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=98857"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98857\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=98857"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=98857"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=98857"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}