{"id":98862,"date":"2026-06-25T17:23:35","date_gmt":"2026-06-25T17:23:35","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc553-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:23:35","modified_gmt":"2026-06-25T17:23:35","slug":"stc553-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc553-2017\/","title":{"rendered":"STC553-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC553-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2016-03627-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil diecisiete (2017).   <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Carolina Ruiz Torres, contra la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, concretamente el Magistrado Carlos Alejo Barrera Arias, as\u00ed como frente al Juzgado Diecis\u00e9is de Familia de esta ciudad, tr\u00e1mite al que fueron citadas las partes e intervinientes en el juicio de sucesi\u00f3n No. 2010-00881.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.  La solicitante quien act\u00faa en su nombre, reclama la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades judiciales accionadas en el proceso de sucesi\u00f3n intestada de la se\u00f1ora Mar\u00eda Dora Fl\u00f3rez Torres.  <\/span><\/p>\n

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Pide, que se ordene al Magistrado accionado \u00abque proceda en el t\u00e9rmino que estimen prudente a retrotraer su decisi\u00f3n del 31 de octubre de 2016 y se profiera una nueva en derecho\u00bb, y que subsidiariamente, \u00abse declare la nulidad de lo actuado en el proceso mortuorio de la causante MARIA DORA FLOREZ TORRES, a partir inclusive de la sentencia aprobatoria del trabajo de partici\u00f3n y, se ordenen los correctivos necesarios para la inclusi\u00f3n en el mismo de la suscrita CAROLINA RUIZ TORRES\u00bb (f. 4, may\u00fascula fija en texto).  <\/span><\/p>\n

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2.   En apoyo de lo anterior, aduce en s\u00edntesis, que del juicio referido iniciado por sus hermanos Alexander y Carlos Alberto L\u00f3pez Torres, que se tramita en el Juzgado Diecis\u00e9is de Familia de Bogot\u00e1 tuvo conocimiento en el mes de marzo de 2016, al recibir en el inmueble que habita desde hace 34 a\u00f1os, el recibo \u00abdel impuesto\u00bb, a nombre de Carlos Alberto y no de su difunta madre.  <\/span><\/p>\n

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Sostiene que por lo anterior, confiri\u00f3 poder a un abogado quien con apoyo en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica solicit\u00f3 la nulidad de lo actuado, que rechaz\u00f3 el a quo mediante auto de 3 de agosto de 2016, decisi\u00f3n que recurri\u00f3 en reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n in\u00fatilmente, porque el 29 de septiembre se mantuvo y el Tribunal en providencia de 31 de octubre de 2016 la confirm\u00f3 \u00abal considerar que la solicitud de tr\u00e1mite de nulidad no pod\u00eda tener como fundamento el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y que la omisi\u00f3n fue de los herederos quienes no suministraron la direcci\u00f3n de la suscrita\u00bb (ff. 1 a 5, y 12 a 14).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS  <\/span><\/p>\n

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El Juez Diecis\u00e9is de Familia de Bogot\u00e1, se refiri\u00f3 a la actuaci\u00f3n adelantada en el proceso de sucesi\u00f3n de Mar\u00eda Dora Torres Fl\u00f3rez, indicando que surtido el tr\u00e1mite se decret\u00f3 la partici\u00f3n que fue aprobada mediante sentencia de 27 de agosto de 2014, concurri\u00f3 al juicio la se\u00f1ora Carolina Ruiz Torres para presentar por intermedio de apoderado judicial solicitud de nulidad de lo actuado, que fue rechazada en auto de 3 de agosto de 2016, que confirm\u00f3 el superior el 31 de octubre anterior (ff. 25 y 26).  <\/span><\/p>\n

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Hasta el momento de radicar la sentencia no se hab\u00eda recibido ninguna manifestaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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No obstante lo anterior, de manera excepcional y solo en aquellos precisos casos en los cuales el funcionario incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico, pero siempre y cuando el afectado no cuente con otro medio de protecci\u00f3n judicial.  <\/span><\/p>\n

2. Los documentos allegados por la interesada a este tr\u00e1mite permiten observar a la Corte lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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2.1  En el proceso de sucesi\u00f3n intestada de la se\u00f1ora Mar\u00eda Dora Fl\u00f3rez Torres, el Juzgado Diecis\u00e9is de Familia de Bogot\u00e1, en sentencia de 27 de agosto de 2014, imparti\u00f3 aprobaci\u00f3n al trabajo de partici\u00f3n presentado por la partidora designada (f. 187, cd, copias).  <\/span><\/p>\n

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2.2  El 8 de julio de 2016, compareci\u00f3 por apoderado judicial Carolina Ruiz Torres, e invoc\u00f3 la nulidad constitucional (ff. 191 a 203, \u00eddem), la que se neg\u00f3 en auto de 3 de agosto de 2016 \u00abteniendo en cuenta que el presente proceso ya se encuentra terminado con sentencia aprobatoria de la partici\u00f3n Art\u00edculo 134 del C.G.P.\u00bb (f. 226).    <\/span><\/p>\n

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2.3 La anterior decisi\u00f3n que recurri\u00f3 el procurador judicial en reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n subsidiaria (ff. 229 a 231, id), la mantuvo el a quo en providencia de 29 de septiembre de 2016 y concedi\u00f3 el de apelaci\u00f3n al considerar, \u00abes que la instituci\u00f3n de las nulidades procesales se encuentra gobernada por los principios de taxatividad y preclusi\u00f3n, esto es, que no cualquier acto u omisi\u00f3n enmarca dentro del elenco de las causales de nulidad previstas en el art\u00edculo 133 del C.G.P y tampoco en cualquier momento se puede discutirse la misma, sin perjuicio de las originadas en la sentencia, que no es est\u00e9 el caso.  <\/span><\/p>\n

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En el presente caso la nulidad propuesta por el censor se present\u00f3 trascurridos casi dos a\u00f1os de haberse ejecutoriado la sentencia aprobatoria de la partici\u00f3n, no se apoy\u00f3 en ninguna de las taxativas causales, luego se impon\u00eda la aplicaci\u00f3n de lo previsto en el \u00faltimo inciso del art\u00edculo 135 Ib\u00eddem. Como en efecto se hizo, raz\u00f3n por la que la decisi\u00f3n que debe mantenerse.  <\/span><\/p>\n

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Ahora bien, tampoco, la simple referencia gen\u00e9rica al art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Nacional, constituye fundamento suficiente para que se abra paso un petici\u00f3n de nulidad procesal, para que ello ocurra ha de tratarse de situaciones externas constitutivas de vulneraci\u00f3n a derechos superiores, como el de debido proceso o defensa, tales como, rechazo, ignorancia de pruebas oportunamente pedidas, o de defensas exceptivas, entre muchas otras, no cualquier irregularidad u omisi\u00f3n que pueda producir en el curso del tr\u00e1mite procesal, respecto de los cuales ordinariamente, existen mecanismos se\u00f1alados por el legislador\u00bb (ff. 227 y 228, cit).  <\/span><\/p>\n

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2.4 El Tribunal mediante auto de 13 de octubre de 2016, confirm\u00f3 el prove\u00eddo apelado con fundamento en que,  <\/span><\/p>\n

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\u00ab(\u2026) la solicitud de tr\u00e1mite de nulidad, presentada por una de las herederas, con base en lo previsto en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, no puede tener cabida, de acuerdo con lo dicho, pues, por un lado, el vicio de que trata aquella disposici\u00f3n opera de pleno derecho, de modo que no se necesita un pronunciamiento previo del Juez sobre el particular, sino que es en el momento de apreciar la prueba en que se sentar\u00e1 lo que sea del caso en torno al tema y, por otro, porque lo alegado en el presente caso no es la presunta violaci\u00f3n del debido proceso en la pr\u00e1ctica de una prueba, sino la omisi\u00f3n en la que incurrieron los herederos al no suministrar la direcci\u00f3n en la cual se pod\u00eda ubicar a la heredera\u00bb (ff. 232 y 233).  <\/span><\/p>\n

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3.  El recuento de la actuaci\u00f3n referida en precedencia, permite advertir que el amparo propuesto no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, por cuanto los argumentos expuestos por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 para adoptar la determinaci\u00f3n acusada, obedecen a una interpretaci\u00f3n razonable de las normas aplicables a la situaci\u00f3n puesta en su conocimiento, y en este orden de ideas, se descarta la posibilidad de predicar una causal de procedibilidad en la actuaci\u00f3n rese\u00f1ada porque, al margen del criterio que la Corte pudiera tener, no se advierte un proceder caprichoso por parte de la Corporaci\u00f3n accionada, y por tanto, no hay lugar a la intervenci\u00f3n de esta particular justicia, reservada para casos de evidente desafuero judicial.  <\/span><\/p>\n

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Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 00514-01, STC4198-2016, 7 ab rad. 00052-01); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC, 28 mar. 2012, rad. 00022-01 y, STC4185-2016, 7 ab. rad. 00696-00).  <\/span><\/p>\n

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4.  Lo anterior no significa, que la accionante no tenga a su alcance los mecanismos para obtener que se le respete el derecho que alega le pertenece, pues para ello dispone de la acci\u00f3n de petici\u00f3n de herencia que se encuentra consagrada en el art\u00edculo 1321 del C\u00f3digo Civil, y siendo as\u00ed las cosas, el amparo formulado desemboca en la hip\u00f3tesis de improcedencia de que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en armon\u00eda con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, en tanto que si la aqu\u00ed accionante tiene a su alcance el medio id\u00f3neo para salvaguardar los derechos que demanda, tal situaci\u00f3n elimina la viabilidad de la protecci\u00f3n propuesta, puesto que este mecanismo extraordinario solo procede ante la carencia de los ordinarios de soluci\u00f3n al problema planteado, y as\u00ed las cosas, lo que pretende la solicitante es reemplazar, acudiendo al amparo, el procedimiento en el que deber\u00eda haber pedido lo que aqu\u00ed reclama.  <\/span><\/p>\n

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5. Por tanto, no se acceder\u00e1 a lo pretendido con el escrito de tutela.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley DENIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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