{"id":98863,"date":"2026-06-25T17:23:38","date_gmt":"2026-06-25T17:23:38","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc554-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:23:38","modified_gmt":"2026-06-25T17:23:38","slug":"stc554-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc554-2017\/","title":{"rendered":"STC554-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

STC554-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 13001-22-13-000-2016-00130-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de enero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente al fallo proferido el veintitr\u00e9s de noviembre de dos mil diecis\u00e9is por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Jos\u00e9 Mar\u00eda Salazar Baracaldo contra el Ministerio de Defensa, Direcci\u00f3n de Sanidad Militar y el Hospital Naval de Cartagena.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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El accionante solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales a la seguridad social, igualdad, vida digna, salud, m\u00ednimo vital, debido proceso, trabajo y \u00abestabilidad laboral reforzada\u00bb que considera vulnerados por las accionadas, al dar por terminado de forma unilateral su contrato de prestaci\u00f3n de servicios como auxiliar de enfermer\u00eda en el Hospital Naval de Cartagena, debido a las incapacidades m\u00e9dicas que present\u00f3, por sus padecimientos de salud.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, pretende que se ordene a las autoridades celebrar un nuevo contrato de prestaci\u00f3n de servicios con el tutelante, en las mismas condiciones que el anterior. [Folio 6, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. El accionante prest\u00f3 de manera ininterrumpida sus servicios como auxiliar de enfermer\u00eda, en el Hospital Naval de Cartagena, a partir del 23 de junio de 2011 hasta el 31 de agosto de 2016, en donde ten\u00eda como funciones oficios de fuerza como ayudar a bajar los pacientes de la camillas, moverlos de posici\u00f3n, limpiarlos entre otras.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Para lo anterior, la entidad suscribi\u00f3 con \u00e9l varios contratos de prestaci\u00f3n de servicios continuos, en los que se modificaba \u00fanicamente el valor de la remuneraci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. El 9 de marzo de 2016, antes de suscribir el \u00faltimo acuerdo fechado el 1\u00ba de abril de 2016, se practic\u00f3 examen m\u00e9dico de condiciones generales para ingreso, en donde se indic\u00f3 que no ten\u00eda ninguna restricci\u00f3n para el desempe\u00f1o del cargo, pero se le hizo la recomendaci\u00f3n de evitar las sobrecargas de m\u00e1s de 25 kilogramos.  <\/span><\/p>\n

4. Sin embargo, antes de terminar el \u00faltimo convenio, en el mes de agosto, el actor se incapacit\u00f3 varias veces, esto es, los d\u00edas 8 al 11, 13 a 14, 17 a 19 y 22 al 23, debido a diferentes dolencias como lumbagos con ci\u00e1tica y no especificados, y la \u00faltima por cefalea debido a tensi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. Incapacidades que present\u00f3 al Hospital, pero \u00e9ste se las devolvi\u00f3 porque quien cancelar\u00eda las mismas seria la EPS.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. Sin embargo, al regresar de tales ausencias,  indica el tutelante, la entidad le pidi\u00f3 la renuncia y que pasara un escrito informado su deseo de terminar del contrato, pero que \u00e9l no atendi\u00f3 dicha sugerencia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7. En virtud a lo anterior su contratante, al cumplir el periodo convenido el 31 de agosto de 2016, resolvi\u00f3 no renovar sus servicios, pese a que ya llevaba m\u00e1s de cinco a\u00f1os trabajando en dicho ente prestador de salud y en igual cargo, adem\u00e1s que ten\u00eda problemas de salud.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

8. El 14 de octubre del presente de 2016, volvi\u00f3 a ser valorado por personal m\u00e9dico de su entidad prestadora de salud, en donde se\u00f1alaron que ten\u00eda un lumbago cr\u00f3nico con ci\u00e1tica, y le ordenaron varios ex\u00e1menes.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

9. En criterio del peticionario del amparo se le vulneraron sus garant\u00edas fundamentales porque su contratante de manera discriminatoria no le quiso renovar la prestaci\u00f3n de servicios, debido a su estado de salud, desconociendo su derecho a la estabilidad laboral reforzada y su m\u00ednimo vital, pues no cuenta con la posibilidad de ingresar a laborar en otra entidad debido a su enfermedad ni con otros ingresos diferentes a los recibidos por labor de desarrollada en el Hospital, por lo que no puede solventar los gastos de sostenimiento y de seguridad social, lo que incluso, lo ha llevado a retrasarse en los pagos de \u00e9sta \u00faltima, con miedo a que la atenci\u00f3n m\u00e9dica se vea afectada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. La tutela fue admitida el 9 de noviembre de 2016 y se orden\u00f3 enterar a los acusados para que ejercieran su derecho de defensa. [Folio 79, c. 1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Dentro de la oportunidad procesal, el Hospital Naval de Cartagena, se\u00f1al\u00f3 que el no termin\u00f3 el contrato de prestaci\u00f3n de servicios del tutelante de manera arbitrar\u00eda o injustificada, sino que obedeci\u00f3 a que el periodo pactado culmin\u00f3; adem\u00e1s, en el expediente contractual no aparec\u00eda la incapacidad referida por el accionante que corroborada su estado de salud y que por el contrario, lo \u00fanico que obraba era un examen de ingreso entregado con el \u00faltimo convenio en el que se certificaba que el contratista no ten\u00eda restricciones f\u00edsicas o mentales para desarrollar la actividad. [Folio 96, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. En sentencia de 23 de noviembre de 2016, el Tribunal de Cartagena concedi\u00f3 el amparo como mecanismo transitorio, al advertir que si bien no exist\u00eda medios de prueba para acreditar la existencia de un contrato realidad entre el tutelante y el accionado, si se pod\u00eda acreditar que \u00e9ste se encontraba en un estado de debilidad manifiesta en virtud de sus problemas de salud y que la no pr\u00f3rroga del contrato de prestaci\u00f3n de servicios por parte del Hospital, pese a que lo ven\u00eda haciendo hac\u00eda m\u00e1s de cinco a\u00f1os, obedeci\u00f3 a esa condici\u00f3n especial, por lo que de acuerdo a la jurisprudencia constitucional era necesario tomar una medida de protecci\u00f3n, que en este caso se concretaba en ordenar la suscripci\u00f3n de un nuevo contrato.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. El promotor por estar en desacuerdo con la decisi\u00f3n la impugn\u00f3, y reiter\u00f3 los argumentos expuestos en el escrito inicial.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

1. El principio de estabilidad laboral reforzada desarrollado por la jurisprudencia constitucional propende por la especial protecci\u00f3n de los trabajadores que se encuentran en situaci\u00f3n de debilidad manifiesta, asegur\u00e1ndoles el goce efectivo del derecho fundamental a la igualdad material, que en el \u00e1mbito laboral representa una garant\u00eda de permanencia en el empleo como medida para impedir que sean v\u00edctimas de actos de discriminaci\u00f3n, siempre que no se configure ninguna causal objetiva que conlleve la desvinculaci\u00f3n.     <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Se ha reconocido que las mujeres en estado de embarazo y en per\u00edodo de lactancia, las personas con limitaciones por causa de afectaciones significativas de su salud sean discapacitadas o no, los trabajadores con fuero sindical y los enfermos de VIH\/SIDA son sujetos que gozan de estabilidad laboral reforzada, a favor de los cuales obra la presunci\u00f3n de que el despido o la terminaci\u00f3n de la relaci\u00f3n laboral ha ocurrido por raz\u00f3n de la desmejora de su salud y, en consecuencia, de la disminuci\u00f3n de su capacidad laboral (CC, T-936-09).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sin embargo, y en eso ha sido enf\u00e1tica la jurisprudencia, no es suficiente la presencia de una enfermedad o de una discapacidad para obtener por v\u00eda del amparo la protecci\u00f3n de la mencionada garant\u00eda, pues la prosperidad de la acci\u00f3n de tutela depende de que se demuestre que \u00abla desvinculaci\u00f3n laboral se debi\u00f3 a esa particular condici\u00f3n de debilidad, es decir al embarazo, discapacidad, enfermedad, etc. En otras palabras, debe existir un nexo causal entre la condici\u00f3n que consolida la debilidad manifiesta y la desvinculaci\u00f3n laboral\u00bb (CC. T-077 de 2014)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Igualmente, y respecto de la solicitud dirigida a obtener el reintegro de un trabajador con discapacidad, se ha dicho que por no existir ning\u00fan mecanismo especial, preferente y sumario que garantice la celeridad en el restablecimiento de sus derechos, resulta excepcionalmente procedente la acci\u00f3n de tutela.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En este sentido se ha pronunciado la Corte Constitucional al afirmar, que \u00abla acci\u00f3n de tutela [es] procedente para ordenar el reintegro al trabajo (\u2026) de los trabajadores con limitaciones f\u00edsicas, sensoriales o ps\u00edquicas, despedidos sin autorizaci\u00f3n de la oficina del trabajo as\u00ed mediare una indemnizaci\u00f3n. Lo anterior, con el fin de proteger los derechos fundamentales de las personas en situaci\u00f3n de debilidad y evitar que los trabajadores despedidos bajo estas circunstancias deban adelantar un proceso engorroso que no sea id\u00f3neo o eficaz para la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales\u00bb. (CC T-002\/11, reiterada en CSJ STP 1869-2015).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

No obstante, con fundamento en la jurisprudencia constitucional, esta Corporaci\u00f3n ha dicho que si bien se ha tenido como criterio sospechoso de discriminaci\u00f3n la terminaci\u00f3n del contrato laboral cuando el trabajador se encuentra en condiciones de discapacidad, a efecto de obtener el reintegro, \u00e9ste adquiere una carga probatoria consistente en demostrar la existencia de un nexo causal entre el despido y su estado de salud, pues  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       \u00abLa sola terminaci\u00f3n del contrato de trabajo de un empleado en estado de discapacidad no implica necesariamente discriminaci\u00f3n, pues se requiere que exista un nexo causal entre la discapacidad y la terminaci\u00f3n del contrato, esto es, que se presente una relaci\u00f3n de causa a efecto entre la condici\u00f3n f\u00edsica del trabajador y la ruptura del v\u00ednculo laboral.  <\/span><\/p>\n

   <\/span><\/p>\n

De existir tal nexo causal, la terminaci\u00f3n del contrato deviene inconstitucional e ilegal, con las consecuencias que ello genera. Por el contrario, si no existe nexo causal entre una y otra o, dicho de otro modo, si la terminaci\u00f3n del contrato de trabajo no se debi\u00f3 a la condici\u00f3n de discapacidad, la ruptura no es digna de reproche constitucional\u00bb (CC T-594\/12, citada en STC6507-2015 y STC10954-2015).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Ahora bien, la jurisprudencia, ha aceptado la aplicaci\u00f3n de la referida protecci\u00f3n reforzada para personas a  las que no se les prorrog\u00f3 su contrato de prestaci\u00f3n de servicios, pese a estar en situaci\u00f3n de debilidad manifiesta por su condici\u00f3n de salud.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Es as\u00ed que la Corte Constitucional en sentencia T-490 de 2010, en un caso en donde a una enfermera no se le renov\u00f3 su v\u00ednculo contractual por padecer de limitaciones f\u00edsicas, concedi\u00f3 el amparo para que se prorrogara el acuerdo, para lo cual indic\u00f3: \u00ab[e]n virtud del principio de solidaridad social es obligaci\u00f3n del Estado y de los mismos particulares proteger a quienes est\u00e1n en una condici\u00f3n de debilidad manifiesta y en caso de incumplirse con esa carga, la autoridad competente tiene la facultad de intervenir y disuadir el incumplimiento. Lo anterior por cuanto las normas constitucionales no se interpreten \u00fanicamente de manera descriptiva, sino que son mandatos prescriptivos de aplicaci\u00f3n inmediata  (arts. 13, 23, 29, 43, 44, entre otros) de tal forma que intervienen en las relaciones en las relaciones de los asociados y de estos con el Estado\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En ese mismo pronunciamiento se\u00f1al\u00f3 que independientemente de que se acreditara o no la existencia de un \u00abcontrato realidad\u00bb, o del tipo de relaci\u00f3n laboral y la naturaleza de la incapacidad, \u00abtodo trabajador en esta situaci\u00f3n tiene derecho a que se le garantice la estabilidad laboral reforzada por estar en una condici\u00f3n de debilidad manifiesta. Por tanto, el empleador podr\u00e1 \u00fanicamente mediante autorizaci\u00f3n del inspector de trabajo y por una justa causa objetiva desvincular al trabajador que presente disminuci\u00f3n f\u00edsica o ps\u00edquica en su organismo\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Posteriormente, en sentencia T-988 de 2012, aclar\u00f3 que la referida protecci\u00f3n no depend\u00eda de la naturaleza o denominaci\u00f3n del v\u00ednculo por el cual una persona logra ejercer una alternativa productiva, sino a la eficacia directa de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica \u00abal principio de no discriminaci\u00f3n y el deber de solidaridad; y la existencia de deberes en cabeza de toda la sociedad para la integraci\u00f3n de la poblaci\u00f3n con discapacidad, proscriben una lectura que limite la protecci\u00f3n al escenario espec\u00edfico del contrato de trabajo, o a una modalidad determinada de este \u00faltimo\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En ese orden, de acuerdo al avance jurisprudencial en el tema de estabilidad laboral reforzada en contrato de prestaci\u00f3n de servicios, se puede colegir, que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

a. La garant\u00eda para personas en estado de debilidad manifiesta por su estado de salud, se aplica independientemente del v\u00ednculo, sea civil o laboral.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

b. Cuando se encuentre que el acuerdo civil, encubre una relaci\u00f3n laboral, el juez declara la existencia del contrato realidad, ordenar\u00e1 el reintegro y condenar\u00e1 al pago de indemnizaci\u00f3n de 180 d\u00edas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

c. Si no se tienen elementos suficientes para acreditar una relaci\u00f3n laboral, pero se puede evidenciar la debilidad manifiesta del tutelante y que la no pr\u00f3rroga de la prestaci\u00f3n de servicio obedeci\u00f3 a su estado de salud, deben tomarse las medidas para que cese la vulneraci\u00f3n.    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. En el caso bajo estudio, si bien el actor cuenta con otros medios judiciales, para debatir las pretensiones que por medio de esta queja expone, esto es la existencia o no de un contrato realidad o la no pr\u00f3rroga del contrato de prestaci\u00f3n de servicios, debido a las especiales condiciones de salud del tutelante, que lo ponen en una situaci\u00f3n de debilidad manifiesta, se hace necesario analizar la solicitud de amparo, para evitar un perjuicio irremediable.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En efecto, se observa de la historia cl\u00ednica del accionante que desde hace m\u00e1s de dos a\u00f1os sufre de un \u00ablumbago con ci\u00e1tica\u00bb [folios 67 a 73, c.1], enfermedad que le impide ejercer actividad f\u00edsica y productiva normal, pues le causa fuertes dolores en su columna, lo que no le ha permitido contratar con otras entidades de salud y por ende, generar ingresos para su sostenimiento y cancelaci\u00f3n de su seguridad social, luego de que la demanda no le prorrogar\u00e1 su contrato de prestaci\u00f3n de servicios.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Circunstancias, que ponen en riesgo sus derechos fundamentales, a su m\u00ednimo vital, salud y estabilidad reforzada, pues \u00e9ste, seg\u00fan afirm\u00f3 en su escrito, no cuenta con otros ingresos adicionales a los que recib\u00eda por su labor en el Hospital Naval y adem\u00e1s, ha tenido que cancelar sus aportes de manera tard\u00eda, con riesgo a que el tratamiento (terapias y ex\u00e1menes) no le sea proporcionado por su EPS.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De manera, que someterlo a esperar, una resoluci\u00f3n de la justicia contenciosa administrativa, en su caso har\u00eda  nugatoria la protecci\u00f3n efectiva de sus garant\u00edas constitucionales, por lo que es necesario, tal como lo entendi\u00f3 el Tribunal de primera instancia, la intervenci\u00f3n del juez de tutela.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. Sentado lo anterior, teniendo en cuenta que el actor debido a su condici\u00f3n de salud es una persona que goza de una protecci\u00f3n laboral reforzada, corresponde entonces estudiar, si en el caso concurren los presupuestos de un contrato realidad o si la no pr\u00f3rroga del acuerdo de prestaci\u00f3n de servicios obedeci\u00f3 a la enfermedad que aqueja al tutelante, y por ello el amparo estuviera llamado a concederse.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       4.1. Revisados los anexos y dem\u00e1s elementos probatorios obrantes en el expediente de tutela, no es posible para esta Corporaci\u00f3n determinar la existencia o no de un \u00abcontrato realidad\u00bb, pues pese a que el demandante alegue en los hechos del queja que el cumpl\u00eda con un horario y adem\u00e1s estaba subordinado al Hospital, no se alleg\u00f3 prueba de ello.  <\/span><\/p>\n

       Lo anterior, porque si bien existi\u00f3 la suscripci\u00f3n de contratos sucesivos, que dichos acuerdos ten\u00edan el mismo objeto \u00abprestaci\u00f3n de servicios de apoyo a la gesti\u00f3n como auxiliar de enfermer\u00eda\u00bb, no es claro el elemento de subordinaci\u00f3n, como requisito necesario para la declaraci\u00f3n del mencionado v\u00ednculo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       De ah\u00ed, que no se podr\u00eda tutelar por la terminaci\u00f3n sin justa causa de una relaci\u00f3n laboral y ordenar su reintegr\u00f3, asunto del cual debe encargarse la jurisdicci\u00f3n contenciosa administrativa, si el reclamante as\u00ed lo requiere, tr\u00e1mite en donde se recaudar\u00e1n las pruebas necesarias y se dar\u00e1 el debate normal que envuelve este tipo de procesos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       4.2. No obstante, encuentra la Sala que si existi\u00f3 un nexo causal en la falta de pr\u00f3rroga del contrato de prestaci\u00f3n de servicios y los problemas de salud del tutelante, como pasa a verse.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En efecto, la entidad accionada, manifest\u00f3 que la terminaci\u00f3n del v\u00ednculo con el tutelante obedeci\u00f3 a que el periodo contratado feneci\u00f3 y no otra raz\u00f3n; que adem\u00e1s, desconoc\u00eda la incapacidad del actor, pues en el expediente contractual no se encontraba referida; que por el contrario, obraba un examen de ingreso entregado con el \u00faltimo convenio que se certificaba que el contratista no ten\u00eda restricciones f\u00edsicas o mentales para desarrollar la actividad, por lo que era claro que su motivo para  no renovar el convenio no fue la condici\u00f3n del promotor del amparo. [Folio 228, c.1]  <\/span><\/p>\n

       Sin embargo, existen serios indicios para determinar que dentro del hospital s\u00ed se ten\u00eda conocimiento de la situaci\u00f3n del accionante y que no ten\u00eda otro motivo para no renovar el acuerdo:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Dentro del examen de ingreso, pese a que no se hizo referencia a alguna restricci\u00f3n, como los expuso en la impugnaci\u00f3n el accionado, si indic\u00f3 la recomendaci\u00f3n de evitar las sobrecargas de m\u00e1s de 25 kilogramos, por lo que era claro que el actor deb\u00eda evitar los esfuerzos f\u00edsicos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El demandante present\u00f3 tres incapacidades en el mes de agosto, previo a que venciera el contrato, esto es los d\u00edas 8 al 11, 13 a 14, 17 a 19 y 22 al 23, debido a diferentes dolencias como lumbagos con ci\u00e1tica y no especificados, y la \u00faltima por cefalea debido a tensi\u00f3n; (iii) Su jefe inmediato reconoci\u00f3 en declaraci\u00f3n rendida en el Tribunal que tuvo conocimiento de por lo menos una de ellas, e indic\u00f3.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sumado a lo anterior, de los contratos se desprende que las actividades desarrolladas por el promotor del amparo deb\u00edan desarrollarse en el Hospital, de hecho era necesaria la presencia de \u00e9ste pues sus funciones eran ayudar en el manejo de pacientes en la UCI, y que deb\u00eda cumplir con un horario de 180 horas mensuales, esto es 6 diarias y otros d\u00edas 12, de manera que no pudo ausentarse sin que su contratante no lo evidenciara, en especial cuando se\u00f1al\u00f3 que present\u00f3 las incapacidades pero que se las devolvieron.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Adem\u00e1s, si bien el actor no present\u00f3 solicitud de suspensi\u00f3n del contrato con ocasi\u00f3n de la incapacidad m\u00e9dica, seg\u00fan lo expone la entidad accionada dicha circunstancia no desvirt\u00faa su condici\u00f3n de salud, ni menos el conocimiento que \u00e9ste ten\u00eda de dicha situaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En ese orden, si la entidad ven\u00eda prorrogando de forma continuada el contrato del quejoso y despu\u00e9s de tener conocimiento de por lo menos una de las incapacidades por lumbago con ci\u00e1tica, resolvi\u00f3 no renovarlo, sin que las funciones ejercidas por \u00e9ste hubiesen desaparecido o existiera otro motivo objetivo para no hacerlo, no hay duda que tal decisi\u00f3n obedeci\u00f3 a sus problemas de salud y por ende, se hac\u00eda necesaria la protecci\u00f3n deprecada tal como lo resolvi\u00f3 el Tribunal.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. Las razones que se han dejado consignadas se consideran suficientes para concluir que el amparo constitucional deb\u00eda concederse, por lo que se confirmar\u00e1 el fallo que por v\u00eda de impugnaci\u00f3n se revis\u00f3.  <\/span><\/p>\n

III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente. En oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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         ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ   Magistrado ponente      STC554-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 13001-22-13-000-2016-00130-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de enero de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente al fallo proferido […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-98863","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98863","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=98863"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98863\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=98863"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=98863"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=98863"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}