{"id":98864,"date":"2026-06-25T17:23:44","date_gmt":"2026-06-25T17:23:44","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc555-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:23:44","modified_gmt":"2026-06-25T17:23:44","slug":"stc555-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc555-2017\/","title":{"rendered":"STC555-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC555-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00106-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil diecisiete (2017).   <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por ADCAP Colombia S.A. Comisionista de Bolsa, antes Asesores de Valores S.A. Comisionista de Bolsa, contra el Tribunal Arbitral, \u00e1rbitro Nicol\u00e1s Gamboa Morales, e igualmente frente a Chubb de Colombia Compa\u00f1\u00eda de Seguros S.A. y Chartis Seguros Colombia S.A., hoy AIG Seguros Colombia S.A., tr\u00e1mite en el que pidi\u00f3 vinculaci\u00f3n la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn integrada por los Magistrados Juli\u00e1n Valencia Casta\u00f1o, Martha Cecilia Ospina Pati\u00f1o y Jos\u00e9 Gildardo Ram\u00edrez Giraldo, y al que fueron citadas las partes e intervinientes en el proceso objeto de la acci\u00f3n constitucional.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.  El apoderado de la sociedad actora, pide la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades accionadas al incurrir en una v\u00eda de hecho por defectos material o sustantivo \u00abal haberse inobservado y por ende inaplicado la norma pertinente como lo eran las siguientes normas: Art. 44 de la Ley 45 de 1990, Art. 184 del Estatuto Org\u00e1nico del Sistema Financiero, Las Circulares Externas No. 007 de 1996 y, 076 de 1999, emitidas por la Superintendencia Financiera de Colombia, Capitulo II, 1.2.1.2.\u00bb, y en el f\u00e1ctico \u00abal cerrar los ojos ante el tenor literal de la p\u00f3liza que contempla la exclusi\u00f3n en la p\u00e1gina 2 de 59, como \u00faltimo inciso del amparo del LITERAL C secci\u00f3n 1, numeral 1 y no dentro del AMPARO de la p\u00e1gina 1 de 59 LITERAL B que era el del objeto de litigio\u00bb (ff. 10 y 11, subrayado y negrilla en texto).  <\/span><\/p>\n

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Pide que se deje sin efectos el laudo arbitral proferido el 30 de noviembre de 2015, y en consecuencia, \u00abse conceda un t\u00e9rmino de 3 meses para acudir nuevamente a la justicia arbitral, consider\u00e1ndose interrumpida la prescripci\u00f3n\u00bb (f. 8).  <\/span><\/p>\n

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2.  En sustento de la inconformidad se aduce en s\u00edntesis, que present\u00f3 demanda arbitral en contra de las sociedades Chubb de Colombia Compa\u00f1\u00eda de Seguros S.A. y Chartis Seguros Colombia S.A., hoy AIG Seguros Colombia S.A., con el fin de obtener el pago del seguro contenido en la p\u00f3liza global de entidades financieras No.43112316 Forma B, \u00abafectando el amparo de INFIDELIDAD DEL EMPLEADO, definido en las condiciones generales de la p\u00f3liza, SECCI\u00d3N 1, NUMERAL 1, LITERAL B, (p\u00e1g.l), toda vez que, las coaseguradoras objetaron la reclamaci\u00f3n, con fundamento en la exclusi\u00f3n contenida en el \u00faltimo inciso del LITERAL C, SECCI\u00d3N 1, NUMERAL 1 (p\u00e1g.2), de las condiciones generales del mencionado seguro\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Sostiene que para el proceso mencionado, se convoc\u00f3 Tribunal de Arbitramento ante la C\u00e1mara de Comercio de Medell\u00edn, integrado por el Arbitro \u00fanico Dr. Nicol\u00e1s Gamboa Morales, quien, mediante laudo del 30 de noviembre de 2015, concluy\u00f3 que la exclusi\u00f3n ubicada en el \u00faltimo inciso del literal C de las condiciones generales de la p\u00f3liza antes referida, aplica para toda la estipulaci\u00f3n, vale decir, literales (A, B y C) de la secci\u00f3n 1.  <\/span><\/p>\n

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Manifiesta que sostuvo que de acuerdo a la ubicaci\u00f3n y al tenor literal de la p\u00f3liza, la exclusi\u00f3n contenida en el literal C, de la secci\u00f3n 1, numeral 1, de las condiciones generales de la P\u00f3liza, no era aplicable al literal B, de la misma secci\u00f3n, y el Tribunal arbitral adopt\u00f3 la posici\u00f3n de que \u00abel \u00faltimo inciso del literal C se trataba de una exclusi\u00f3n aplicable a toda la SECCI\u00d3N 1 de la P\u00f3liza, y pas\u00f3 por alto que al ser una exclusi\u00f3n, deb\u00eda estar en la p\u00e1gina 1 y no en la p\u00e1g. 2 de 59 de las condiciones de la p\u00f3liza\u00bb, pese a que la convocante insisti\u00f3 en que dicha exclusi\u00f3n \u00abNO POD\u00cdA ser aplicada al caso concreto de acuerdo a su ubicaci\u00f3n en la p\u00f3liza y su tenor literal\u00bb, porque no pueden ser pasados por alto los requisitos exigidos en los art\u00edculos 44 de la Ley 45 de 1990 y el 184 del Estatuto Org\u00e1nico del Sistema Financiero, as\u00ed como las Circulares Externas No. 007 de 1996 y 076 de 1999, emitidas por la Superintendencia Financiera de Colombia y la jurisprudencia de las Altas Cortes, \u00abencontrando que la del caso que nos ocupa, no estaba estipulada en la primera p\u00e1gina de la p\u00f3liza, por lo tanto, no produce efecto alguno y ni siquiera deb\u00eda ser solicitada tal declaraci\u00f3n, pues la ineficacia opera de pleno derecho en concordancia con lo establecido en el art\u00edculo 897 del C\u00f3digo de Comercio. Normas sustantivas a las cuales el Laudo le dio la espalda para producir un fallo absolutorio\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Explica que por lo anterior, present\u00f3 ante el Tribunal Superior de Medell\u00edn recurso de anulaci\u00f3n contra el laudo, que sustent\u00f3 en la causal 7\u00aa prevista en el art\u00edculo 41 de la Ley 1563 de 2012, alegando \u00abno haberse fundamentado en norma sustancial alguna -deb\u00eda haberse fundamentado en el art. 44 de la ley 45\/90 y en el art. 184 del Estatuto Financiero- , y por el contrario, se soport\u00f3 en normas de interpretaci\u00f3n, que incluso no aplic\u00f3 algunas y aplic\u00f3 de manera err\u00f3nea otras, adem\u00e1s por carencia absoluta y ostensible del juicio valorativo de las pruebas del amparo contemplado en el literal B de la p\u00f3liza, objeto del proceso\u00bb, que se resolvi\u00f3 el 13 de octubre de 2016 declar\u00e1ndolo infundado, bajo el argumento que \u00abpor esta v\u00eda no era posible inmiscuirse en el juicio hermen\u00e9utico y la valoraci\u00f3n de las pruebas realizadas por el Tribunal Arbitral\u00bb, agot\u00e1ndose de este modo el recurso, el cual fue ineficaz para conjurar la violaci\u00f3n del debido proceso al no haberse aplicado normas de orden p\u00fablico (ff. 1 a 13).  <\/span><\/p>\n

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3.  La Sala Civil del Tribunal Superior de Medell\u00edn en auto de 12 de enero de 2017, dispuso la remisi\u00f3n de las diligencias a esta Corporaci\u00f3n al observar que \u00abdebido a la intervenci\u00f3n que tuvo en los hechos que dan origen a la queja constitucional, es necesario vincular a la Sala Cuarta de Decisi\u00f3n Civil del Tribunal Superior de Medell\u00edn, como entidad que resolvi\u00f3 el recurso de anulaci\u00f3n sobre la decisi\u00f3n judicial que ahora se ataca. Por lo tanto, atendiendo a que la decisi\u00f3n del juez constituye con la de esta Corporaci\u00f3n un solo acto decisorio complejo, se hace necesario emitir pronunciamiento sobre la variaci\u00f3n de la competencia para conocer del asunto. Lo anterior, debido a que en el Sistema de Gesti\u00f3n de Procesos Siglo XXI de la Rama Judicial, se verifica que el recurso de anulaci\u00f3n con radicado N\u00b0 05001-22-03-000-2016-00160, fue resuelto por el Tribunal Superior de Medell\u00edn mediante providencia de 13 de octubre de 2016, decisi\u00f3n que obra a folios 171 a 188\u00bb (f. 261).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y CITADOS  <\/span><\/p>\n

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El representante legal de Chubb Seguros Colombia S.A., se opuso al amparo y manifiesta que la lectura que hace del laudo el apoderado de ADCP no es apropiada (ff. 278 a 282); igualmente intervino el apoderado general de AIG Seguros, pero no alleg\u00f3 prueba de su acreditaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Hasta el momento de radicar la sentencia, no se hab\u00eda recibido ninguna manifestaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.  La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es el mecanismo id\u00f3neo para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure v\u00eda de hecho\u00bb, y en el entendido que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 mar. 2011, rad. 00329-00, reiterada entre muchas en STC683-2016).  <\/span><\/p>\n

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2.  En el asunto puesto a consideraci\u00f3n de la Corte, la sociedad interesada alega que las autoridades accionadas vulneraron su derecho fundamental al debido proceso en el tr\u00e1mite del proceso arbitral que promovi\u00f3 como demandante, en contra de las sociedades Chubb de Colombia Compa\u00f1\u00eda de Seguros S.A. y Chartis Seguros Colombia S.A., hoy AIG Seguros Colombia S.A., con el fin de obtener el pago del seguro contenido en la p\u00f3liza global de entidades financieras No. 43112316, toda vez que el laudo de 30 de noviembre de 2015 (ff. 37 a 143), se profiri\u00f3 en conciencia y no en derecho, por no haberse fundamentado en norma sustancial alguna y \u00abadem\u00e1s por carencia absoluta y ostensible del juicio valorativo de las pruebas del amparo contemplado en el literal B de la p\u00f3liza, objeto del proceso\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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No obstante tales reparos corresponden en lo medular, a una r\u00e9plica de los cimientos del recurso de anulaci\u00f3n con el que el apoderado judicial de la sociedad aqu\u00ed actora busc\u00f3 decaer el laudo invocando como fundamento del mismo, la causal 7a del art\u00edculo 41 de la ley 1563 del 2012 (ff. 157 a 170), surgiendo as\u00ed que, como \u00ablos reparos formulados por la sociedad accionante, fueron planteados por \u00e9sta en el recurso de anulaci\u00f3n (\u2026) que le result\u00f3 adverso, de manera que habiendo sido promovidos, debatidos y decididos sus desacuerdos en el escenario procesal adecuado y ante el juez natural, debe atenerse, en principio, a la decisi\u00f3n adoptada por el tribunal acusado, pues de ese modo se salvaguardan los principios de cosa juzgada y seguridad jur\u00eddica que gobiernan la relaci\u00f3n jur\u00eddico procesal y se preserva el car\u00e1cter residual de la tutela\u00bb (CSJ STC, 16 jun. 2011, rad. 01140-00, reiterada en STC5817-2015, 14 de may. rad. 00948-00).  <\/span><\/p>\n

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En efecto, en el recurso de anulaci\u00f3n luego de presentar la s\u00edntesis de los hechos, se aleg\u00f3 la causal 7\u00aa haberse fallado en conciencia o en equidad, bajo estos presupuestos: \u00abA. EN CUANTO A LA AUSENCIA DE NORMAS DE CAR\u00c1CTER SUSTANTIVO\u00bb (\u2026) \u00abB. EN CUANTO A LA APLICAICON INDEBIDA, FALTA DE APLICACI\u00d3NE INTERPRETACI\u00d3N ERR\u00d3NEA DE LAS NORMAS DE INTERPRETACI\u00d3N\u00bb (\u2026) \u00abC. EN CUANTO A LA CARENCIA ABSOLUTA Y OSTENSIBLE DEL JUICIO VALORATIVO DE LAS PRUEBAS DEL AMPARO CONTEMPLADO EN EL LITERAL B. TRANSACCIONES O PR\u00c9STAMOS\u00bb  pidiendo en consecuencia, anular el laudo proferido el 30 de noviembre de 2015 (ff. 157 a 170).  <\/span><\/p>\n

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3. El Tribunal Superior de Medell\u00edn, al momento de resolverlo, indic\u00f3 que el recurso de anulaci\u00f3n tiene la finalidad de corregir errores in procedendo (violaci\u00f3n de leyes procesales), \u00ablos cuales se dan cuando las actuaciones de los \u00e1rbitros exceden los poderes que recibieron, o el mandato legal que enmarca su tarea; de ah\u00ed que por esta v\u00eda, s\u00f3lo sea posible controlar el desenvolvimiento de la instancia arbitral, pero no las cuestiones de fondo contenidas en el laudo\u00bb, y en punto del alegato seg\u00fan el cual la decisi\u00f3n se emiti\u00f3 en conciencia y no en derecho, consider\u00f3 que no se encontraba acreditada la se\u00f1alada circunstancia de anulaci\u00f3n, en tanto que, el laudo se profiri\u00f3 en derecho, puesto que  <\/span><\/p>\n

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\u00abPara la Sala, el laudo acusado no se apoy\u00f3 en la \u00ab\u00edntima convicci\u00f3n\u00bb del fallador, ni se profiri\u00f3 al margen de toda consideraci\u00f3n jur\u00eddica o probatoria; pues el mismo se expidi\u00f3 luego de efectuar un an\u00e1lisis serio, detenido y ponderado de las pruebas practicadas, lo cual le permite a la Sala descartar la configuraci\u00f3n de la causal invocada.  <\/span><\/p>\n

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\u00ab(\u2026) n\u00f3tese c\u00f3mo el Tribunal de Arbitramento para desatar la controversia, primeramente, analiz\u00f3 la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n extintiva alegada por una de las convocadas y, al encontrar que la misma no se configuraba en el caso de estudio, la declar\u00f3 impr\u00f3spera, habiendo trazado a continuaci\u00f3n la metodolog\u00eda que emplear\u00eda para abordar el estudio de la controversia, afrontando el asunto desde la perspectiva planteada en la objeci\u00f3n a la reclamaci\u00f3n que realizaron las aseguradoras, para de ah\u00ed deducir b\u00e1sicamente que Asesores en Valores, no prob\u00f3 que la p\u00e9rdida sufrida hubiera resultado en una ganancia financiera inapropiada para Catalina G\u00f3mez -empleada de la compa\u00f1\u00eda-, sino que su Intenci\u00f3n al llevar a cabo ciertas operaciones, no fue otra que la de recuperar la afectaci\u00f3n negativa del portafolio de Juan Carlos Mar\u00edn -cliente-, y como la objeci\u00f3n empleaba indistintamente y en forma sin\u00f3nima los t\u00e9rminos \u00abInapropiada\u00bb e \u00abIndebida\u00bb, sin distinci\u00f3n alguna a que para la determinaci\u00f3n de las ganancias financieras de este tipo deber\u00edan1 excluirse salarios, comisiones, honorarios etc., percibidos por el funcionario causante de la p\u00e9rdida del asegurado, fue que mir\u00f3 el alcance del amparo de infidelidad de la p\u00f3liza No. 43112316 en presencia de operaciones comerciales, para lo cual puso de presente que su labor interpretativa estar\u00eda guiada por manifestaciones doctrinales y jurisprudenciales, adem\u00e1s de normativas, y de all\u00ed encontr\u00f3 que, en punto a la interpretaci\u00f3n de los contratos, la normatividad colombiana a trav\u00e9s del art\u00edculo 1618 del C.C., acog\u00eda la teor\u00eda de la voluntad real o interna, por oposici\u00f3n a la voluntad de la teor\u00eda declarada, haciendo prevalecer el universal principio de que \u00ablos contratos son ley para las partes\u00bb (\u2026)  <\/span><\/p>\n

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En efecto, con independencia de que esta sala del Tribunal comparta o no la decisi\u00f3n tomada por el Tribunal de Arbitramento, materia en la cual no puede inmiscuirse la Sala y bajo el hipot\u00e9tico caso de la posibilidad que al asunto pudiera caberte otra decisi\u00f3n que coincidiera con la lectura jur\u00eddica que pretende darte el recurrente, lo cierto es que el juicio hermen\u00e9utico y la valoraci\u00f3n probatoria realizada por el  Tribunal Arbitral, dan cuenta que el criterio que se utiliz\u00f3 para definir la contienda no fue el simple capricho, la simple voluntad, el parecer o el sentido de equidad del \u00e1rbitro, sino que lo fue aqu\u00e9l que resulto del an\u00e1lisis ponderado y razonable de las normas aplicables al caso, junto con las pruebas que obraron en el proceso\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Seguidamente, consider\u00f3 \u00abAs\u00ed, es claro que consideraciones aisladas respecto de la equidad no fueron las que fundamentaron la decisi\u00f3n y entrar a avalar las censuras del recurrente, ser\u00eda tanto como reabrir un debate jur\u00eddico agotado en el escario del proceso arbitral, pues, en \u00faltimas, el reproche del convocante recae en que la interpretaci\u00f3n del contrato debe girar en su favor y que se entienda que los salarios, comisiones y dem\u00e1s hagan parte de esa ganancia indebida del empleado pactada en el amparo de infidelidad, queriendo utilizar este recurso como una segunda instancia, derogando de esta manera injustificadamente, las facultades que la Constituci\u00f3n, la Ley y las partes concedieron a los \u00e1rbitros para componer el conflicto\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Finalmente asever\u00f3 \u00abPor \u00faltimo, no est\u00e1 dem\u00e1s destacar que la resoluci\u00f3n en equidad que configura la causal invocada, est\u00e1 legalmente cualificada con el grado de manifiesta, lo cual implica que debe prescindirse de complejos raciocinios para el particular, debi\u00e9ndose cuestionar la modalidad del juicio con fundamento en un protuberante abandono de las normas jur\u00eddicas llamadas a resolver el conflicto intersubjetivo de intereses.  <\/span><\/p>\n

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Por lo dem\u00e1s, es necesario advertir, que el recurso de anulaci\u00f3n no est\u00e1 instituido para obtener un nuevo examen sobre las pruebas practicadas; le basta a la Sala, al haber sido formulada la nulidad del laudo bajo la causal prevista en el numeral 7o del art\u00edculo 40 de la Ley 1563 de 2012 verificar que la decisi\u00f3n adoptada no estuviera dictada en equidad o conciencia, como en efecto, en este asunto, se ha descartado\u00bb (ff. 171 a 188, negrilla en texto).  <\/span><\/p>\n

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Al respecto, esta Corte ha sostenido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 00514-01, STC4198-2016, 7 ab rad. 00052-01); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC, 28 mar. 2012, rad. 00022-01 y, STC4185-2016, 7 ab. rad. 00696-00).  <\/span><\/p>\n

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5.  Precisado lo anterior, cumple ahora indicar que las censuras atribuidas al laudo arbitral de 30 de noviembre de 2015, en aspectos sustanciales tales como lo relacionado con la valoraci\u00f3n del caudal probatorio, no pueden salir avante por desconocer el anotado presupuesto de inmediatez, pues es evidente el transcurso de m\u00e1s de trece meses entre esa determinaci\u00f3n y la interposici\u00f3n de este auxilio el 11 de enero de 2017 (f. 1).  <\/span><\/p>\n

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El anterior t\u00e9rmino supera holgadamente el de seis meses considerado por esta Corte como razonable para acudir oportunamente a esta jurisdicci\u00f3n, cuesti\u00f3n sobre la cual se ha indicado:  <\/span><\/p>\n

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\u00absi bien la jurisprudencia no ha indicado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, \u201cs\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados\u201d, adopt\u00e1ndose aqu\u00e9l en \u201cseis meses\u201d, a menos que exista causa justificativa para su elongaci\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 27 nov. 2013, exp. 02680-00, reiterada, entre otras, en STC13801-2015 y, STC17132-2016, 25 nov. rad. 00600-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por tanto, si la sociedad actora tard\u00f3 para presentar esta demanda, su descuido per s\u00e9 es suficiente para descartar la existencia de una conducta irregular en el pronunciamiento arbitral, puntualmente, en lo relativo a los cuestionamientos de orden sustancial.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Lo anotado, por cuanto, se insiste, lo reprochado es la valoraci\u00f3n probatoria efectuada en el laudo y ello bien pudo ser rebatido a trav\u00e9s de este amparo incluso antes de la formulaci\u00f3n del recurso de anulaci\u00f3n. En torno a lo expresado esta Corporaci\u00f3n en un caso de similares perfiles se\u00f1al\u00f3:  <\/span><\/p>\n

\u00ab(\u2026) concluye la Corte que la solicitud de resguardo carece del requisito de inmediatez en relaci\u00f3n con la queja que por indebida valoraci\u00f3n probatoria endilgada al laudo arbitral de 12 de junio de 2014, habida cuenta de que entre la fecha de expedici\u00f3n de tal determinaci\u00f3n y la de interposici\u00f3n de la demanda que nos ocupa, 13 de abril de 2015 (\u2026), transcurri\u00f3 un lapso que supera el de seis (6) meses fijado por la consistente jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, como razonable y proporcional para que las personas afectadas en sus prerrogativas b\u00e1sicas ejerzan esta acci\u00f3n constitucional (\u2026).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u2018Destaca la Sala que la interposici\u00f3n del recurso de anulaci\u00f3n tramitado frente al laudo arbitral descrito, ante el Tribunal Superior de Bucaramanga, no imped\u00eda a la accionante la proposici\u00f3n de la salvaguarda constitucional de que se trata para censurar la supuesta errada valoraci\u00f3n probatoria que ahora esboza, en la medida en que por la naturaleza de aqu\u00e9l mecanismo de defensa no era viable poner de presente all\u00ed la censura constitucional aludida fundada en la valoraci\u00f3n probatoria, lo que implicaba que bien pudo, la accionante, realizar ambos ataques simult\u00e1neamente (\u2026).  <\/span><\/p>\n

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Sobre \u00e9sta tem\u00e1tica la Corte ha expuesto lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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Es menester destacar, asimismo, el car\u00e1cter restringido del recurso extraordinario de anulaci\u00f3n, que obliga al juez que lo resuelve a circunscribirse a las limitadas causales que le dan soporte, pues no puede encaminar la decisi\u00f3n por fuera de los estrictos caminos que para ello consagra el ordenamiento jur\u00eddico (\u2026)   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Al respecto ha de tenerse presente que, ciertamente, la atribuci\u00f3n que para el efecto se concede al juzgador del recurso de anulaci\u00f3n no se extiende al tema objeto del debate arbitral. Lo que all\u00ed se enjuicia no es la materia sometida a consideraci\u00f3n de los \u00e1rbitros, sino la actuaci\u00f3n surtida por ellos. En la misma l\u00ednea de pensamiento la Sala indic\u00f3 en otra ocasi\u00f3n que \u201cel [recurso] extraordinario de anulaci\u00f3n es diferente al de apelaci\u00f3n, no es recurso ordinario ni constituye segunda instancia, tampoco suspende la ejecutoria del laudo arbitral, es impugnable exclusivamente por las causales taxativas disciplinadas en el ordenamiento jur\u00eddico y por errores in procedendo, no in iudicando (cas. civ. sentencias de 13 de junio de 1990 y 13 de agosto de 1998, exp. 6903), precedente citado en sentencia de tutela de 9 de marzo de 2011, exp. 2011-00030-01\u00bb (STC, 12 dic de 2012, rad. 02706-00, citada en STC5010-2015, 28 ab. rad. 00793-00, STC1384-2016, y STC18245-2016, 14 dic. rad. 03460-00).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. De acuerdo con lo anterior, no se otorgar\u00e1 la protecci\u00f3n impetrada.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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            LUIS ALONSO RICO PUERTA   Magistrado ponente      STC555-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00106-00   (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil diecisiete (2017).       Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-98864","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98864","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=98864"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98864\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=98864"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=98864"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=98864"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}