{"id":98868,"date":"2026-06-25T17:24:12","date_gmt":"2026-06-25T17:24:12","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc559-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:24:12","modified_gmt":"2026-06-25T17:24:12","slug":"stc559-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc559-2017\/","title":{"rendered":"STC559-2017"},"content":{"rendered":"

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC559-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2016-03632-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de enero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Yuri Ricardo D\u00edaz Hern\u00e1ndez contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga (Valle del Cauca) y el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa misma ciudad, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso que origina la queja.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El promotor del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, que dice vulnerado por las autoridades accionadas.  <\/span><\/p>\n

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Solicit\u00f3, en consecuencia, \u00abse nulite (sic) todo lo actuado en lo referente al incidente de objeci\u00f3n que contiene la sanci\u00f3n\u00bb a \u00e9l impuesta en condici\u00f3n de auxiliar de la justicia.  <\/span><\/p>\n

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2.        Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto, los siguientes:  <\/span><\/p>\n

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2.1.        El accionante fue designado como secuestre en el proceso divisorio promovido por Camilo Torres Mutis contra Alba Teresa Torres de Ospina, Jaime Alberto Torres Gamba, Beatriz Torres Mutis, Maribel Gamba Morales y Camilo Arturo Torres Gamba.  <\/span><\/p>\n

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2.2.        En virtud de dicho encargo, el gestor recibi\u00f3 la administraci\u00f3n de un inmueble ubicado en la ciudad de Buga, en el cual funcionaban varios establecimientos de comercio.  <\/span><\/p>\n

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2.3.        El 20 de agosto de 2013, el referido auxiliar de la justicia rindi\u00f3 cuentas de su gesti\u00f3n, las cuales fueron objetadas por uno de los copropietarios, por lo que \u00abse dio tr\u00e1mite al correspondiente incidente de objeci\u00f3n\u00bb, mediante auto del 20 de septiembre de 2013.  <\/span><\/p>\n

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2.4.        A trav\u00e9s de prove\u00eddo del 15 de mayo de 2014, el juzgado accionado resolvi\u00f3 \u00abdos cuestiones completamente distintas (\u2026), la primera de ellas la objeci\u00f3n al informe presentado y la segunda de ellas se decidi\u00f3 sancionar[lo]\u00bb con exclusi\u00f3n de la lista y multa pecuniaria, determinaci\u00f3n contra la cual \u00e9l interpuso recurso de apelaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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2.5.        El Tribunal acusado, con providencia del 20 de septiembre de 2016, confirm\u00f3 el prove\u00eddo apelado, desconociendo que \u00abel incidente de sanci\u00f3n (\u2026) es una medida disciplinaria que amerita tr\u00e1mite independiente\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.6.        Adujo el quejoso que \u00ab[c]uando se [l]e corri\u00f3 el traslado de la objeci\u00f3n no se dijo que se tramitar\u00eda dentro del mismo incidente de sanci\u00f3n o que en forma separada se tramitar\u00eda el mismo\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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3.        La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, el 13 de enero de 2016, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor  y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991.  <\/span><\/p>\n

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LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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       1.        El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Buga, tras destacar las actuaciones surtidas en el tr\u00e1mite al cual se contrae la queja constitucional, indic\u00f3 que \u00abno le qued\u00f3 otra opci\u00f3n que sancionar al auxiliar de la justicia (\u2026) por haber incumplido las funciones que como secuestre se le hab\u00edan encomendado (\u2026), destacando que se cumpli\u00f3 el debido proceso y el derecho de defensa para el involucrado\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, precis\u00f3 que esa \u00abSede Judicial en ning\u00fan momento ha incurrido en vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales (\u2026), por el contrario, la actuaci\u00f3n de esta instancia siempre obedeci\u00f3 al cumplimiento y observancia de los deberes de los jueces\u2026\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial.    <\/span><\/p>\n

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Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez.  <\/span><\/p>\n

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2.        No obstante, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial.  <\/span><\/p>\n

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Al respecto, la Corte ha manifestado que,  <\/span><\/p>\n

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(\u2026) el Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u2018se detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado(…), (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 0183, reiterada STC4269-2015 16 abr. 2015).  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed pues, se ha reconocido que cuando el Juez se aparta de la jurisprudencia, sin aportar argumentos valederos o cuando se presenta un defecto sustantivo en el prove\u00eddo, entre otros, se estructura la denominada \u00abv\u00eda de hecho\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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3.        Descendiendo al caso sub examine advierte la Corte que en el asunto objeto de queja constitucional se cometieron varios desafueros que ameritan la injerencia de esta jurisdicci\u00f3n, por cuanto, de un lado, se dio tr\u00e1mite incidental a las objeciones que se plantearon frente a las cuentas del secuestre, y, de otro, la imposici\u00f3n de la sanci\u00f3n de exclusi\u00f3n no se adelant\u00f3 con acatamiento de las normas procesales que regulaban tal asunto.  <\/span><\/p>\n

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3.1.        En efecto, dispon\u00eda el art\u00edculo 689 (inciso 2\u00b0) del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, norma vigente para la \u00e9poca en la cual se inici\u00f3 la actuaci\u00f3n cuestionada, que \u00ab[p]ara el tr\u00e1mite de las cuentas se aplicar\u00e1 lo dispuesto en el art\u00edculo 599\u00bb, disposici\u00f3n que, a su vez, indicaba que \u00ab[s]i las cuentas fueren rechazadas, el juez declarar\u00e1 terminada la actuaci\u00f3n, para que se rindan en proceso separado\u00bb (art\u00edculo 599, numeral 3\u00ba, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas, al objetarse las cuentas rendidas por el secuestre por una de las partes, no le era dable al juzgador tramitar tal objeci\u00f3n, como aqu\u00ed en efecto se hizo, anomal\u00eda que si bien no aleg\u00f3 el quejoso, en oportunidad y mediante los recursos del caso, no puede pasarse por alto ante la entidad del yerro cometido, el cual comprometi\u00f3 el derecho al debido proceso del gestor del amparo, de lo contrario se convalidar\u00eda una actuaci\u00f3n adelantada por un funcionario judicial sin competencia para ello.  <\/span><\/p>\n

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3.2.        Sumado a lo anterior, se verifica que presentadas las referidas objeciones, el juzgado accionado a trav\u00e9s de prove\u00eddo del 20 de septiembre de 2013 (folio 12), resolvi\u00f3 \u00ab[d]ar tr\u00e1mite al incidente de objeci\u00f3n a las cuentas del secuestre\u2026\u00bb (resaltado y subrayado ajeno al texto), sin ordenar que conjuntamente se seguir\u00eda la investigaci\u00f3n por el presunto incumplimiento de los deberes secuestre, lo cual podr\u00eda culminar con la imposici\u00f3n de las sanciones del caso.  <\/span><\/p>\n

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Ahora, no se desconoce que en el auto de apertura del incidente, el juzgado accionado se\u00f1al\u00f3 que de conformidad con las objeciones planteadas a las cuentas,  <\/span><\/p>\n

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el secuestre se encontrar\u00eda inmerso en las causales contenidas en los art\u00edculos 9\u00ba y 10\u00ba del C. P. C., por lo que este Despacho en cumplimiento a lo normado en el par\u00e1grafo 1\u00ba del art. 9\u00ba y el art. 688 de la norma procedimental mencionada, proceder\u00e1 a dar tr\u00e1mite al incidente contra el secuestre (\u2026), el cual se har\u00e1 conforme lo se\u00f1ala el art. 137 ib\u00eddem, para lo cual se dar\u00e1 traslado al incidentado para que se pronuncie.  <\/span><\/p>\n

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Sin embargo, dichas disposiciones hacen referencia a diversas materias, como lo son las obligaciones del secuestre (art\u00edculos 9\u00ba y 10\u00ba, C. de P. C.), el incidente de exclusi\u00f3n con imposici\u00f3n de sanci\u00f3n (par\u00e1grafo 1\u00ba, art\u00edculo 9\u00ba, ejusdem) y el relevo del secuestre (art\u00edculo 688), omitiendo precisar el juzgador en la parte resolutiva del auto de apertura, conforme se anot\u00f3 en antelaci\u00f3n, si en dicho tr\u00e1mite se definir\u00eda cada una de dichas materias, limit\u00e1ndose a indicar que se dar\u00eda tr\u00e1mite \u00abal incidente de objeci\u00f3n a las cuentas\u00bb, imprecisi\u00f3n que, sin duda, vulner\u00f3 la garant\u00eda al debido proceso del actor, habida cuenta que no se hizo claridad sobre las cuestiones de las que habr\u00eda de defenderse.  <\/span><\/p>\n

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Tan es as\u00ed, que al descorrer el traslado del referido incidente, el gestor del amparo se limit\u00f3 a refutar las objeciones planteadas a las cuentas por \u00e9l rendidas, pero no expuso argumento alguno sobre la posibilidad de ser sancionado.  <\/span><\/p>\n

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3.3.        Por tanto, la vulneraci\u00f3n alegada, tambi\u00e9n se present\u00f3 en el prove\u00eddo del 15 de mayo de 2014 (folios 13 a 18), a trav\u00e9s del cual el juzgado accionado dijo \u00ab[r]esolver el incidente de objeci\u00f3n a las cuentas presentadas por el auxiliar de la justicia – secuestre\u00bb, pues termin\u00f3 sancionando al quejoso con exclusi\u00f3n y multa, imponi\u00e9ndole el deber adicional de reintegrar una suma de dinero, al encontrar acertadas las objeciones planteadas contra las cuentas rendidas.  <\/span><\/p>\n

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En igual falencia incurri\u00f3 el Tribunal accionado en la providencia del 20 de septiembre de 2016, con la que defini\u00f3 la apelaci\u00f3n interpuesta por el promotor contra el prenombrado auto de 15 de mayo de 2014, como quiera que pas\u00f3 por alto las irregularidades aqu\u00ed rese\u00f1adas y decidi\u00f3 confirmar la determinaci\u00f3n criticada, resolviendo nuevamente sobre las objeciones planteadas a las cuentas del secuestre y reiterando la procedencia de las sanciones a \u00e9ste impuestas, muy a pesar que el apelante fund\u00f3 parte de su inconformidad en las ya mencionadas anomal\u00edas, que conculcaron el derecho a la defensa, pues se le dio la oportunidad de pronunciarse sobre la objeci\u00f3n planteada a las cuentas y termin\u00f3 siendo sancionando por motivos diversos.     <\/span><\/p>\n

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4.        Lo considerado impone conceder el resguardo rogado, ante la evidente vulneraci\u00f3n de la garant\u00eda fundamental al debido proceso del actor, por lo que se ordenar\u00e1 al Tribunal acusado, por ser la instancia que clausur\u00f3 el debate relacionado con el aludido \u00abincidente de objeci\u00f3n a las cuentas\u00bb que, tras dejar sin efecto la providencia del 20 de septiembre de 2015, proceda a dictar una nueva decisi\u00f3n en la que adopte los correctivos del caso, atendiendo los razonamientos expuestos en la parte motiva de esta providencia.  <\/span><\/p>\n

DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, concede el resguardo al derecho al debido proceso de Yury Ricardo D\u00edaz Hern\u00e1ndez. En consecuencia, dispone:  <\/span><\/p>\n

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Primero: Ordenar a la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga que, dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes al recibo del expediente, deje sin efecto el prove\u00eddo que profiri\u00f3 el 20 de septiembre de 2016 en el proceso divisorio promovido por Camilo Torres Mutis contra Alba Teresa Torres de Ospina, Jaime Alberto Torres Gamba, Beatriz Torres Mutis, Maribel Gamba Morales y Camilo Arturo Torres Gamba (radicaci\u00f3n 2009-00010-03), referente al \u00abincidente de objeci\u00f3n de cuentas\u00bb seguido contra Yury Ricardo D\u00edaz Hern\u00e1ndez.  <\/span><\/p>\n

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Segundo: Cumplido lo anterior, en un t\u00e9rmino no superior a un (1) mes, contado desde la misma data, emita una nueva providencia en la que adopte los correctivos del caso, teniendo en cuenta las consideraciones contenidas en la parte motiva de este fallo. Por Secretar\u00eda rem\u00edtasele copia de esta determinaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Tercero: Ordenar al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Buga, remitir de inmediato y en un t\u00e9rmino no superior a un d\u00eda, las piezas procesales correspondientes del expediente objeto de la queja constitucional a la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, para que d\u00e9 cumplimiento a lo dispuesto en el ordinal anterior.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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