{"id":98873,"date":"2026-06-25T17:24:27","date_gmt":"2026-06-25T17:24:27","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc564-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:24:27","modified_gmt":"2026-06-25T17:24:27","slug":"stc564-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc564-2017\/","title":{"rendered":"STC564-2017"},"content":{"rendered":"

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC564-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00102-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., veinticinco   (25) de enero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Martha Lucy Ortiz Hern\u00e1ndez contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 y el Juzgado Segundo Civil del Circuito de El Espinal, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso que origina la queja.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        La promotora del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que dice vulnerados por las autoridades judiciales accionadas.  <\/span><\/p>\n

Solicit\u00f3, en consecuencia, \u00abse revoquen los fallos (\u2026) de fechas 20 de enero y 11 de febrero de 2016\u00bb dictados por el juzgado accionado, as\u00ed como tambi\u00e9n el prove\u00eddo proferido el 27 de octubre de esa misma anualidad, por el Tribunal convocado.  <\/span><\/p>\n

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2.        Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto, los siguientes:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.1.        La accionante con Eduardo Ortiz Rojas y Jairo Ortiz Reyes, promovi\u00f3 demanda de rendici\u00f3n provocada de cuentas contra Luis Jos\u00e9 Ortiz Clavijo, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Segundo Civil del Circuito de El Espinal.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.2.        Notificado el demandado de la admisi\u00f3n del libelo, formul\u00f3, entre otras, la excepci\u00f3n previa de ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales, \u00abla cual se hizo consistir en la no aportaci\u00f3n del agotamiento del requisito de procedibilidad [conciliaci\u00f3n extrajudicial]\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.3.        Mediante prove\u00eddo del 20 de enero de 2016, el juzgado convocado declar\u00f3 probada la mencionada excepci\u00f3n previa y \u00abdeclar\u00f3 el rechazo\u00bb de la demanda, decisi\u00f3n contra la cual la accionante interpuso reposici\u00f3n y, en subsidio, apelaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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2.4.        Desestimado el primero de esos medios de impugnaci\u00f3n por el a quo, con auto del 11 de febrero de la citada anualidad, el Tribunal accionado, a trav\u00e9s de providencia del 27 de octubre de 2016, confirm\u00f3 la decisi\u00f3n apelada.  <\/span><\/p>\n

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2.5.        Adujo la quejosa que las autoridades judiciales accionadas \u00abno realizaron un an\u00e1lisis concienzudo de las normas que regulan el procedimiento\u00bb, ni se valor\u00f3 \u00abla audiencia de conciliaci\u00f3n llevada a cabo en la fiscal\u00eda 35 Seccional del Espinal \u2013 Tolima\u00bb, dentro de un proceso penal adelantado con la misma finalidad, esto es, que Luis Jos\u00e9 Ortiz Clavijo rindiera cuentas, con lo cual se cumpli\u00f3 el requisito de procedibilidad echado de menos.  <\/span><\/p>\n

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2.6.        Agreg\u00f3 que los falladores desconocieron lo reglado en el art\u00edculo 35 de la ley 640 de 2001, modificado por el art\u00edculo 52 de la ley 1395 de 2010, habida cuenta que \u00abdesde los albores de la demanda\u00bb solicit\u00f3 la pr\u00e1ctica de medidas cautelares, por lo que no requer\u00eda agotar la conciliaci\u00f3n prejudicial, as\u00ed como tampoco tuvieron en cuenta la actuaciones del demandado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.        La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, el 17 de enero de 2016, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor  y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991.  <\/span><\/p>\n

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LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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Los convocados guardaron silencio.  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.  Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad p\u00fablica o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De la misma forma, se ha se\u00f1alado que, en l\u00ednea de principio, esta acci\u00f3n no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer los derechos fundamentales conculcados, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa judicial, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de la tutela y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        En el caso bajo estudio esta acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que el Tribunal acusado, en la providencia de 27 de octubre de 2016, que confirm\u00f3 la proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de El Espinal el 20 de enero de 2016, indic\u00f3 las razones por las cuales se impon\u00eda el rechazo de la demanda, por no haberse agotado el requisito previo de conciliaci\u00f3n extrajudicial.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En efecto, tras destacar los fundamentos normativos y jurisprudenciales de la figura jur\u00eddica en comento, abord\u00f3  el Tribunal el an\u00e1lisis de la diligencia de conciliaci\u00f3n adelantada por los litigantes ante la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, indicando que:  <\/span><\/p>\n

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Al revisar dicho documento, se encuentra que el 30 de julio de 2015 los se\u00f1ores Martha Lucy Ortiz Hern\u00e1ndez y Eduardo Ortiz Rojas citaron al se\u00f1or Luis Jos\u00e9 Ortiz Clavijo a conciliaci\u00f3n, quedando consignado en el ac\u00e1pite de pretensiones que el objeto de la diligencia era el siguiente: \u201cQUE RINDA LAS CUENTAS DE TODOS LOS BIENES QUE DEJO MI PADRE FELIZ ORTIZ GAITAN, YA QUE USTED EL ALBACEA TESTAMENTARIO POR ESCRITURA P\u00daBLICA\u201d (sic).  <\/span><\/p>\n

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En la relaci\u00f3n sucinta de los hechos, se anot\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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\u201cDENUNCIA LOS SE\u00d1ORES MARTHA LUCY ORTIZ HERNANDEZ Y EDUARDO ORTIZ ROJAS, POR EL PRESUNTO DELITO DE FRAUDE A RESOLUCION JUDICIAL AL SE\u00d1OR LUIS JOSE ORTIZ CLAVIJO, POR CUANTO NO RINDIO CUENTAS DENTRO DEL PROCESO DE SUCESI\u00d3N QUE SE LLEVA A CABO EN EL JUZGADO PRIMERO DE FAMILIA DE DESCONGESTI\u00d3N DE BOGOT\u00c1, YA QUE USTED ES EL ALBACEA TESTAMENTARIO POR ESCRITURA P\u00daBLICA\u201d.     <\/span><\/p>\n

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La respuesta del citado, al conced\u00e9rsele la palabra, se concret\u00f3 as\u00ed:  <\/span><\/p>\n

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\u201cYO MANIFIESTO QUE SOY LUIS JOSE ORTIZ CLAVIJO Y MI PADRE NESTOR FELIZ GAITAN ME DEJO COMO ALBACEA DENTRO DEL TESTAMENTO CERRADO, AHORA PARA EL CINCO DE AGOSTO DE 2015, TENEMOS UNA RECONSIDERACI\u00d3N EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, A LA HORA DE LAS 8:00 A.M., ESTAS CUENTAS EST\u00c1N TODO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA NO RECUERDO BIEN LA DIRECCI\u00d3N, ME PARECE QUE ES POR LA CALLE 68 O AVENIDA 68, POR LO TANTO, ESPERO A LO QUE DECIDA LA AUTORIDAD COMPETENTE (\u2026)\u201d.   <\/span><\/p>\n

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La diligencia de conciliaci\u00f3n se declar\u00f3 fracasada, y a continuaci\u00f3n se le inform\u00f3 a las partes que \u201cLAS DILIGENCIAS CONTINUARAN CON EL EJERCICIO DE LA ACCI\u00d3N PENAL DE CONFORMIDAD CON EL ART. DE LA LEY 906 DE 2004\u201d.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4.- La exigencia del requisito de procedibilidad (conciliaci\u00f3n prejudicial obligatoria) en asuntos que por su linaje lo admiten (conciliables), tiene unos fines, en palabras de la Corte constitucional, \u201cleg\u00edtimos e importantes\u201d, (\u2026), y acudir a ella, implica agotar unas exigencias m\u00ednimas, que a pesar de que sean prejudiciales, deben ser asumidos a cabalidad, y que tambi\u00e9n deber\u00e1n ser analizadas por el juez que asuma el conocimiento del asunto en controversia, dentro de la verificaci\u00f3n del agotamiento previo del requisito de procedibilidad, cuando haya fracasado en el escenario extrajudicial al que se recurri\u00f3.  <\/span><\/p>\n

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4.1. Al respecto, se encuentra que en punto de los funcionarios competentes, ciertamente el art\u00edculo 27 de la Ley 640 de 2001 prev\u00e9 que \u201c[l]a conciliaci\u00f3n extrajudicial en derecho en materias que sean de competencia de los jueces civiles podr\u00e1 ser adelantada ante los conciliadores de los centros de conciliaci\u00f3n, ante los delegados regionales y seccionales de la Defensor\u00eda del Pueblo, los agentes del ministerio p\u00fablico en materia civil y ante los notarios. A falta de todos los anteriores en el respectivo municipio, esta conciliaci\u00f3n podr\u00e1 ser adelantada por los personeros y por los jueces civiles o promiscuos municipales\u201d, lo que indica que en materia civil, cualquier funcionario no puede presidir una audiencia de conciliaci\u00f3n extrajudicial, sino que deber\u00e1 tramitarse ante el conciliador que la misma norma establece, si su intenci\u00f3n a futuro es llevar a la sede judicial las pretensiones que no se lograron concertar.    <\/span><\/p>\n

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4.3. Al confrontar estos requisitos con el documento analizado, a pesar de que se menciona llanamente que lo que se pretende es que el convocado, cuestionado por fraude procesal, rinda cuentas de su condici\u00f3n de albacea dentro de la sucesi\u00f3n del se\u00f1or F\u00e9lix Ortiz Gait\u00e1n (QEPD), se puede advertir que dicho instrumento no los re\u00fane a cabalidad, y por tanto, lo que se plasm\u00f3 en el plano penal, no puede ser razonablemente equiparado a lo que en el escenario de la conciliaci\u00f3n extrajudicial en materia civil se tendr\u00eda que constatar, no solamente por el funcionario p\u00fablico que presidi\u00f3 la misma, pues como bien se reitera son otros los habilitados para actuar como conciliadores en asuntos como las que se ventilan en este proceso, sino tambi\u00e9n, porque los demandantes en su momento apenas se limitaron a exponer unas pretensiones que aun cuando hicieran referencia a una rendici\u00f3n de cuentas, dejaron de lado las exigencias que ante la jurisdicci\u00f3n civil, prudencialmente, se deb\u00edan acreditar, quedando all\u00ed agotada \u00fanicamente para efectos de continuar con la investigaci\u00f3n penal que desde el encabezado de logr\u00f3 anunciar: el fraude a resoluci\u00f3n judicial.    <\/span><\/p>\n

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En cuanto a las medidas cautelares, cuyo decreto se pidi\u00f3 en la demanda, precis\u00f3 que:  <\/span><\/p>\n

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Finalmente, y por influir en la decisi\u00f3n que se adopta, observa la Sala que en la demanda se solicit\u00f3 como medida cautelar, \u201cel embargo de los derechos herenciales que le puedan corresponder al se\u00f1or Luis Jos\u00e9 Ortiz Clavijo, en la sucesi\u00f3n de la se\u00f1ora Ernestina Clavijo de Ortiz (Q.E.P.D), y F\u00e9lix Ortiz Gait\u00e1n (Q.E.P.D.), seg\u00fan radicado 2009-0853, que se est\u00e1 cursando en el Juzgado Sexto de Familia de Bogot\u00e1. S\u00edrvase oficiar al citado despacho judicial para hacer efectiva la medida\u201d, petici\u00f3n que no fue objeto de pronunciamiento en ning\u00fan sentido por parte del a quo, bien sea para concederla o para negarla.  <\/span><\/p>\n

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Sobre el particular, debe mencionarse lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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5.2. En el sub lite, en principio, podr\u00eda estimarse que la demanda deb\u00eda ser admitida con exenci\u00f3n del requisito de procedibilidad aludido, dada la petici\u00f3n cautelar que se incluy\u00f3 en ella. No obstante, no puede pasarse por alto que el embargo solicitado, es una medida t\u00edpica y es claro que trat\u00e1ndose de procesos declarativos, el C\u00f3digo General del Proceso en su art\u00edculo 590 (literal b), condicion\u00f3 el decreto y pr\u00e1ctica de la medida cautelar de embargo, contemplando que \u201c[s]i la sentencia de primera instancia es favorable al demandante, a petici\u00f3n de este el juez ordenar\u00e1 el embargo y secuestro de los bienes afectados con la inscripci\u00f3n de la demanda, y de los que se denuncien como de propiedad del demandado, en cantidad suficiente para el cumplimiento de aquella\u201d, supuesto que evidentemente aqu\u00ed a\u00fan no se ha presentado en la medida que el litigio apenas alcanz\u00f3  la parte inicial de su primera instancia procesal.  <\/span><\/p>\n

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5.3. As\u00ed las cosas, pese a que la solicitud de la medida cautelar en la demanda implica el no agotamiento del requisito de procedibilidad, su improcedencia impide que dicho efecto pueda concretarse en este asunto, y consecuentemente, su ausencia, se concretar\u00e1 en el rechazo de la demanda.     <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja de la peticionaria no halla recibo en esta sede excepcional.  <\/span><\/p>\n

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Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plantea la promotora del amparo es una diferencia de criterio acerca de la forma en que el Tribunal interpret\u00f3 las normas que regulan la conciliaci\u00f3n prejudicial como requisito de procedibilidad, valor\u00f3 el acta de la diligencia celebrada con dichos fines ante la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y concluy\u00f3 que la parte demandante no acredit\u00f3 haber cumplido con el referido presupuesto en lo que ata\u00f1\u00eda al proceso de rendici\u00f3n provocada de cuentas al que se contrae la queja, en cuyo caso tal inferencia no puede ser desaprobada de plano o calificada de absurda o arbitraria, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico … y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.        Baste lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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