{"id":98874,"date":"2026-06-25T17:24:30","date_gmt":"2026-06-25T17:24:30","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc565-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:24:30","modified_gmt":"2026-06-25T17:24:30","slug":"stc565-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc565-2017\/","title":{"rendered":"STC565-2017"},"content":{"rendered":"

               LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA    <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

STC565-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05000-22-13-000-2016-00423-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de enero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia proferida el 23 de noviembre de 2016 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Teresa de los Dolores Zapata Villegas contra la Direcci\u00f3n Seccional de Administraci\u00f3n Judicial, el Consejo Seccional de la Judicatura ambos de ese Departamento y el Juzgado Promiscuo del Circuito de San Pedro de los Milagros.  <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

1.        La gestora reclama el amparo de los derechos al m\u00ednimo vital, seguridad social y trabajo, entre otros, presuntamente quebrantados por las autoridades convocadas.  <\/span><\/p>\n

         <\/span><\/p>\n

2.        Para sustentar su queja, se\u00f1ala que labor\u00f3 como empleada de la Rama Judicial desde el 16 de junio de 2003, ocupando como \u00faltimo cargo el de \u201cEscribiente nominada grado 7 en propiedad en el Juzgado Promiscuo del Circuito de San Pedro de los Milagros\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Argumenta sufrir de m\u00faltiples quebrantos de salud, debido a la excesiva carga laboral que manten\u00eda en su  trabajo, siendo incapacitada en varias ocasiones durante el a\u00f1o 2016, por  enfermedades  como \u201cinsomnio no org\u00e1nico, trastorno f\u00f3bico de ansiedad generalizado, cefalia tensional y padecimiento cervical c5-c7\u201d, entre otras.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Manifiesta que el titular del Juzgado tutelado profiri\u00f3 la resoluci\u00f3n N\u00b0 008 el 11 de julio de 2016, declar\u00e1ndola \u201cinsubsistente\u201d por cumplir con la edad de retiro forzoso, sin tener en cuenta que al momento de su despido se encontraba incapacitada y bajo tratamiento m\u00e9dico, adquiriendo por esa situaci\u00f3n una estabilidad laboral reforzada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Arguye que su \u00fanico sustento econ\u00f3mico derivaba de su empleo de escribiente, el cual le permit\u00eda sufragar los \u201cgastos b\u00e1sicos y de salud\u201d. Agrega no tener ning\u00fan \u201cbien de fortuna del que pueda percibir renta\u201d, adem\u00e1s de ser \u201csoltera y vivir sola\u201d, por lo tanto, su desvinculaci\u00f3n afecta su derecho al m\u00ednimo vital.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Considera que la terminaci\u00f3n del v\u00ednculo laboral, pone en riesgo su salud, por cuanto, al quedar sin seguridad social, su tratamiento m\u00e9dico se ver\u00e1 interrumpido.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sostiene ser una persona de especial protecci\u00f3n constitucional, por contar con 65 a\u00f1os de edad y no tener los medios para su sobrevivencia.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Finaliza diciendo que el despacho tutelado inobserv\u00f3 lo establecido en el art\u00edculo 9 de la Ley 797 de 2003, pues declar\u00f3 la \u201c(\u2026) insubsistencia (\u2026) sin estar reconocida o notificada la pensi\u00f3n por parte de las administradoras del sistema general de pensiones (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.        Exige, en concreto, i) \u201c(\u2026) el reintegro al cargo que ven\u00eda desempe\u00f1ando (\u2026) con retroactividad al d\u00eda de [su despido] (\u2026)\u201d, ii) reconocer y disponer la cancelaci\u00f3n de las prestaciones sociales dejadas de percibir desde el momento de su destituci\u00f3n \u201csin soluci\u00f3n de continuidad\u201d, y iii) ordenar \u201c(\u2026) el pago de la indemnizaci\u00f3n de 180 d\u00edas de conformidad con el art\u00edculo 26 de la Ley 361 de 1997 (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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1. Respuesta de los accionados    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

a. La Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Antioquia, solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, porque al no ser ese ente el nominador de la promotora, no est\u00e1 en la obligaci\u00f3n de atender las pretensiones entabladas en el auxilio (fls. 12 a 13. Cuaderno 3).  <\/span><\/p>\n

b. El Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, manifest\u00f3 no haber vulnerado ning\u00fan derecho fundamental a la quejosa, adem\u00e1s, sostuvo que el principio de autonom\u00eda judicial le impide interferir en la desvinculaci\u00f3n de los empleados de esa Rama  del Poder P\u00fablico (fl. 18. Cuaderno 3).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

c. El Juzgado Promiscuo del Circuito de San Pedro de los Milagros, argument\u00f3 que el despido de la se\u00f1ora Teresa de los Dolores Zapata Villegas, obedeci\u00f3 al cumplimiento de la edad de retiro forzoso de aqu\u00e9lla.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Arguy\u00f3 haber otorgado a la petente los permisos requeridos para asistir a las respectivas citas m\u00e9dicas y aleg\u00f3 que la  gestora ocult\u00f3 su verdadera edad durante el tiempo de trabajo.  <\/span><\/p>\n

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1. La sentencia impugnada    <\/span><\/p>\n

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El Tribunal deneg\u00f3 el amparo, por cuanto,  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) [surge] evidente [el] incumplimiento del requisito general de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela atinente a la subsidiariedad; (\u2026) la [gestora] no recurri\u00f3 el acto administrativo que acusa de violatorio de sus derechos fundamentales (\u2026)\u201d  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) Por otro lado, no se avizora la presencia de un perjuicio con el car\u00e1cter de irreparable, que haga procedente el amparo como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable; sobre todo porque la conducta ilegal de la reclamante del amparo es la que ha determinado que no [haya] tramitado la devoluci\u00f3n de sus aportes bebido al extenso tiempo de cotizaci\u00f3n faltante para poder tener derecho a su pensi\u00f3n. En definitiva, su conducta desviada der (sic) la ley, no puede ser ignorada para pregonar generaci\u00f3n de perjuicio irremediable con el acto administrativo de separaci\u00f3n del cargo (\u2026)\u201d (fls. 38 a 46).  <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

1. La impugnaci\u00f3n    <\/span><\/p>\n

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La accionante impugn\u00f3 refutando los argumentos expuestos en el fallo de instancia y se\u00f1alando que en el mismo, no se hizo referencia a la \u201cestabilidad laboral reforzada\u201d, de la cual gozaba al momento de su despido   (fls. 53 a 55).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Igualmente, solicit\u00f3 la \u201caplicaci\u00f3n\u201d por favorabilidad de la Ley 1821 de 2016, la cual aument\u00f3 a 70 a\u00f1os de edad el retiro forzoso de las personas que desempe\u00f1an funciones p\u00fablicas (fls. 7 Cuaderno Corte).  <\/span><\/p>\n

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2.        CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        El presunto menoscabo deviene de la Resoluci\u00f3n 008 de 11 de julio de 2016, por la cual se declar\u00f3 \u201cinsubsistente\u201d a la promotora del cargo de \u201cEscribiente Nominada del Juzgado Promiscuo del Circuito de San Pedro de los Milagros\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Para censurar la legalidad de la aludida disposici\u00f3n, la solicitante acudi\u00f3 al medio de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicci\u00f3n contenciosa administrativa, -as\u00ed lo manifest\u00f3 en el tr\u00e1mite de segunda instancia-; situaci\u00f3n que genera el fracaso del auxilio, por cuanto, le est\u00e1 vedado a esta jurisdicci\u00f3n anticiparse en la adopci\u00f3n de decisiones sobre aspectos que le corresponde zanjar al juzgador natural, pues no puede arrogarse facultades ajenas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Ese es el escenario propicio para debatir, por ejemplo, el argumento tra\u00eddo a esta instancia sobre la aplicabilidad del art\u00edculo 26 de la Ley 361 de 1997, en la desvinculaci\u00f3n de personas en situaci\u00f3n de discapacidad, normatividad que la accionante considera fue inobservada por su nominador.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        La protecci\u00f3n reclamada tambi\u00e9n resulta improcedente como mecanismo transitorio, porque en el procedimiento referido, la promotora puede solicitar medidas cautelares \u201c(\u2026) para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso (\u2026)\u201d, previstas en el art\u00edculo 229 y siguientes del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sobre el particular, esta Corporaci\u00f3n adoctrin\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) [E]n esa instancia se puede solicitar y obtener la suspensi\u00f3n provisional de ciertos actos administrativos desde el momento mismo de la admisi\u00f3n de la demanda (\u2026).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) [Q]ue la suspensi\u00f3n provisional es un mecanismo no menos importante y efectivo que la acci\u00f3n de tutela, el cual se concibe como medida cautelar cuando una entidad vulnera en forma manifiesta los derechos del administrado (\u2026).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) [L]o que ha querido el legislador al reglamentar el mecanismo de la suspensi\u00f3n provisional, ha sido ofrecer a los particulares un medio eficaz y oportuno, que se materialice desde la admisi\u00f3n misma de la demanda, para evitar que sus derechos sean vulnerados de manera flagrante por la administraci\u00f3n (\u2026)\u201d1.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Por otro lado, no se podr\u00e1 suspender la continuidad del tratamiento otorgado para el manejo del padecimiento sufrido por la accionante, so pena de desconocerse los principios b\u00e1sicos de orden constitucional, como son la vida y la integridad del paciente2.  <\/span><\/p>\n

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Al respecto, memor\u00f3 la Corte:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) [L]os servicios de salud no pueden ser interrumpidos abruptamente, pues su continuidad asegura la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales de las personas. Y efectivamente, se ha explicado que las EPS no pueden ni suspender el servicio ni desafiliar a personas unilateralmente, sin garantizarles el debido proceso, lo que tiene \u201cplena aplicaci\u00f3n tanto en el Sistema General de Seguridad Social como en los reg\u00edmenes especiales, pues los postulados del debido proceso no dependen de la pertenencia o no a un r\u00e9gimen en particular\u201d (Sentencia T-919 de 18 de septiembre de 2008) (\u2026)\u201d3.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4.        Al margen de lo expresado con antelaci\u00f3n, el supuesto menoscabo a \u201c(\u2026) la estabilidad laboral reforzada (\u2026)\u201d de la tutelante, dada su situaci\u00f3n de salud, no est\u00e1 demostrado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Frente a ese t\u00f3pico la jurisprudencia constitucional, ha indicado:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) si se ha presentado una desvinculaci\u00f3n laboral de una persona que re\u00fana las calidades de especial protecci\u00f3n la tutela no prosperar\u00e1 por la simple presencia de esta caracter\u00edstica, sino que (\u2026) ser\u00e1 necesario probar la conexidad entre la condici\u00f3n de debilidad manifiesta y la desvinculaci\u00f3n laboral, constitutiva de un acto discriminatorio y un abuso del derecho (\u2026)\u201d4.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En el caso, examinada la Resoluci\u00f3n censurada, se colige que la raz\u00f3n por la cual el Juez convocado declar\u00f3 la insubsistencia de la gestora, no est\u00e1 relacionada con su estado de salud, pues la misma se debi\u00f3 a la edad de retiro forzoso alcanzada por \u00e9sta.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por tanto, como se advirti\u00f3 en otro asunto similar, donde se cit\u00f3 jurisprudencia del Tribunal Constitucional, \u201c(\u2026) [s]i no est\u00e1 acreditado que el retiro del servicio tuvo como causa eficiente la enfermedad padecida por el accionante, mal har\u00eda la Sala en reconocer el amparo constitucional solicitado5 (\u2026)\u201d6.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

5. Finalmente, ata\u00f1edero a lo manifestado por la promotora en la complementaci\u00f3n del escrito impugnatorio, acerca de la aplicaci\u00f3n por favorabilidad de la Ley 1821 de 2016,  la cual aument\u00f3 a 70 a\u00f1os la edad m\u00e1xima para el retiro forzoso de las personas que desempe\u00f1an funciones p\u00fablicas,  tal argumentaci\u00f3n constituye un suceso nuevo, por ende, no ser\u00e1 objeto de pronunciamiento en esta instancia, pues ello implicar\u00eda preterir la garant\u00eda de defensa de quienes no tuvieron la oportunidad de controvertirlo.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Frente a ese t\u00f3pico, esta Corporaci\u00f3n ha manifestado:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) [E]s cierto que en sede de tutela, est\u00e1 establecida la facultad \u2013 deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la trasgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos superiores (\u2026). Tambi\u00e9n lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corzo cuando de hechos nuevos se trata, como quiera que \u00e9sta tampoco es extra\u00f1a a las reglas del debido proceso, entre las cuales se destaca el derecho de los convocados a la defensa (\u2026)\u201d7.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. Por los anteriores argumentos, se impone la convalidaci\u00f3n del fallo impugnado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley,  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

RESUELVE:  <\/span><\/p>\n

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PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada conforme a lo expuesto en precedencia.  <\/span><\/p>\n

SEGUNDO: Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

        NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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1 CSJ. Rad. 2013-00180-01, reiterado en STC. 17 Jul. 2013-00118-01.    <\/span><\/p>\n

2 CSJ. STC de 11 de septiembre de 2013, exp. 73001-22-13-000-2013-00262-01    <\/span><\/p>\n

3CSJ STC 22 de junio de 2012, exp. 00857-01.    <\/span><\/p>\n

4 Corte Constitucional. Sentencia T-530 de 20 de mayo de 2005    <\/span><\/p>\n

5 Corte Constitucional. Sentencia T-575 de 4 de junio de 2008.    <\/span><\/p>\n

6 CSJ. STC de 22 de mayo de 2014, exp. 18001-22-14-000-2014-00037-01    <\/span><\/p>\n

7 CSJ. STC de 10 de mayo de 2011, exp. 00416-01.      <\/span><\/p>\n

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