{"id":98875,"date":"2026-06-25T17:24:34","date_gmt":"2026-06-25T17:24:34","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc566-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:24:34","modified_gmt":"2026-06-25T17:24:34","slug":"stc566-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc566-2017\/","title":{"rendered":"STC566-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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STC566-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2016-01064-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de enero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia proferida el 5 de diciembre de 2016 por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en la salvaguarda promovida por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a la Alcald\u00eda de esa localidad, a la Defensor\u00eda del Pueblo y a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, con ocasi\u00f3n de la acci\u00f3n popular N\u00b0 2015-00387 incoada por el aqu\u00ed promotor frente a Audifarma, sucursal ubicada en la carrera 13 N\u00ba 33-35, local 3 en Bogot\u00e1.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El promotor reclama la protecci\u00f3n de las garant\u00edas al debido proceso, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente lesionadas por la autoridad jurisdiccional atacada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        En apoyo de su reparo, asevera que el juzgador acusado declar\u00f3 el desistimiento t\u00e1cito en el decurso censurado, a pesar de la inexistencia de esa figura en la Ley 472 de 1998.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Aunque recurri\u00f3 en reposici\u00f3n y, en subsidio, apelaci\u00f3n ese pronunciamiento, el primer remedio se neg\u00f3 y, el segundo no se concedi\u00f3.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De otra parte, afirma que la \u201c(\u2026) Defensor\u00eda del Pueblo en Manizales (\u2026)\u201d se ha negado \u201c(\u2026) a cumplir con su (\u2026) deber de impetrar tutelas a [su] nombre (\u2026)\u201d (fl. 1, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.        Suplica, en concreto, (i) revocar la finalizaci\u00f3n del asunto fustigado; (ii) requerir a la Corte Constitucional y al Procurador General de la Naci\u00f3n para que expresen \u201c(\u2026) si es legal poder terminar anormalmente [una] acci\u00f3n popular (\u2026)\u201d; (iii) se \u201cescanee\u201d el escrito introductor y los fallos dictados, con el fin de remit\u00edrsele tal documentaci\u00f3n a su correo electr\u00f3nico; y (iii) establecer si la \u201c(\u2026) Defensor\u00eda del Pueblo en Caldas (\u2026) viola la Ley 734 de 2002 (\u2026)\u201d (fl. 1, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

1. Respuesta del accionado y vinculados    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

a)        La oficina judicial denunciada expres\u00f3: \u201c(\u2026) el demandante no realiz\u00f3 gesti\u00f3n alguna para notificar a la parte demandada y por ello se aplic\u00f3 el desistimiento t\u00e1cito (\u2026)\u201d (fl. 7, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

b)        La Alcald\u00eda Municipal de Pereira manifest\u00f3 no costarle los hechos aducidos por el reclamante, por lo cual aleg\u00f3 su falta de legitimaci\u00f3n por pasiva. Adicionalmente, expuso que deb\u00edan recaudarse las pruebas necesarias para determinar la temeridad del accionante y la posibilidad de sancionarlo pecuniariamente (fls.  18 al 20, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

c)        La Procuradur\u00eda Regional de Risaralda afirm\u00f3 que los reparos aducidos por el promotor son ajenos a sus facultades, pues su intervenci\u00f3n en los decursos \u201c(\u2026) est\u00e1 orientada a verificar, como ente de control, la defensa de los derechos e intereses colectivos (\u2026)\u201d en el respectivo pacto de cumplimiento, el cual no se surti\u00f3 en el caso confutado (fl. 29, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

d)        La Procuradur\u00eda Judicial II para Asuntos Civiles de Bogot\u00e1, asever\u00f3 la improcedencia del auxilio frente a ella, por cuanto no ha lesionado las garant\u00edas del promotor. No obstante, se\u00f1al\u00f3 que en su criterio el amparo deb\u00eda otorgarse porque no resultaba dable aplicar el desistimiento t\u00e1cito a las acciones populares, dado el impulso oficioso impuesto al juez de tales decursos, conforme a la Ley 472 de 1998 (fls. 38 al 42, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

e)        La Defensor\u00eda del Pueblo guard\u00f3 silencio.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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1. La sentencia impugnada    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El Tribunal deneg\u00f3 la protecci\u00f3n impetrada por incumplir el presupuesto de subsidiariedad, pues el solicitante no cuestion\u00f3 el prove\u00eddo mediante el cual se neg\u00f3 la concesi\u00f3n de la alzada contra la terminaci\u00f3n del juicio criticado. Advirti\u00f3 la inviabilidad del auxilio respecto de la Defensor\u00eda del Pueblo porque el accionante acudi\u00f3 a esta jurisdicci\u00f3n en anteriores ocasiones alegando las mismas circunstancias (fls. 43 al 47, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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    <\/span><\/p>\n

1. La impugnaci\u00f3n    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

a)        El petente impugn\u00f3 sin exponer motivos de inconformidad (fl. 53, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

b)        La Procuradur\u00eda Judicial II para Asuntos Civiles de Bogot\u00e1 recurri\u00f3 el fallo del a quo con iguales razones a las expresadas al responder el libelo tutelar (fls. 50 y 51, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.        Examinado el amparo impetrado, se colige que el promotor censura, puntualmente, el prove\u00eddo de 20 de octubre de 2016, mediante el cual se decret\u00f3 la terminaci\u00f3n de la actuaci\u00f3n cuestionada por desistimiento t\u00e1cito, pronunciamiento ratificado en sede de reposici\u00f3n el d\u00eda 28 de los mismos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        No obstante lo arg\u00fcido por la Procuradur\u00eda Judicial II para Asuntos Civiles de Bogot\u00e1 en este caso, esta Corte, como en otros an\u00e1logos1, no estima irregular el proceder del despacho querellado, pues su decisi\u00f3n se sustent\u00f3 en la inactividad del gestor para notificar al extremo pasivo en el litigio reprochado, a pesar del requerimiento efectuado para el cumplimiento de esa carga.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Para la Sala, las conclusiones adoptadas son razonables, de su lectura, prima facie, no se aprecia v\u00eda de hecho o atropello, pues el accionado efectu\u00f3 una juiciosa valoraci\u00f3n que le llev\u00f3 a adoptar la postura hoy criticada. Ciertamente, aqu\u00e9l mantuvo la finalizaci\u00f3n del decurso se\u00f1alando:  <\/span><\/p>\n

\u201cEn el auto de agosto 2 de 2016, se requiri\u00f3 al actor para que procurara la notificaci\u00f3n de la parte demandada, para lo cual se le concedi\u00f3 el t\u00e9rmino a que hace referencia el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso, requerimiento que no cumpli\u00f3. Por tal motivo hubo de declararse el desistimiento t\u00e1cito. De tal suerte que las razones por las cuales hubo de tomarse esa decisi\u00f3n han quedado suficientemente claras (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cSobre la apreciaci\u00f3n del demandante de que esta figura no est\u00e1 contemplada en las acciones populares, ha de decirse que el art\u00edculo 44 de la Ley 472 de 1988 se\u00f1ala que los aspectos no regulados en ella, se regir\u00e1n por las normas del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, hoy C\u00f3digo General del Proceso, y a ello fue a lo que el Juzgado acudi\u00f3 para tomar la determinaci\u00f3n (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cContrario a lo expresado por el actor,  el desistimiento t\u00e1cito s\u00ed aplica en la Ley 472 de  1998, figura que  fue  creada precisamente para  castigar  la desidia de  las partes  cuando poco o nada hacen para impulsar sus demandas (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cEn lo que hace referencia al impulso oficioso ha de se\u00f1alarse, que esta figura no contempla que la labor de quien promueve la acci\u00f3n se limite \u00fanicamente a presentar la demanda y que sean los despachos judiciales, quienes deben asumir los costos de notificaci\u00f3n, publicaciones, peritazgos, etc\u00e9tera. Cuando se activa el aparato judicial, las partes est\u00e1n obligadas a asumir unas responsabilidades m\u00ednimas y no se concibe que se traten de evadir al hacerse interpretaciones ama\u00f1adas de las normas (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cAl respecto, la Corte Suprema de Justicia, en auto de octubre 7 de 2015, proferido en la acci\u00f3n de tutela 66001-22-13-000-2015-00422-01, (\u2026) advirti\u00f3:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) \u2018La gratuidad de la justicia a la que se pliega el actor implica que el Estado no cobre por este servicio p\u00fablico esencial, salvo excepciones legales, como el arancel en ciertos casos, pero para llegar   a   ella   se   deben   asumir   unas   responsabilidades b\u00e1sicas (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cEntonces, aquel malentiende este principio, as\u00ed como el de \u00aboficiosidad\u00bb, tendiente a que el juez vele por la celeridad en la definici\u00f3n del asunto y evite su par\u00e1lisis injustificada, pues, ninguno de ellos habilita el comportamiento desobligante de los litigantes (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En un caso similar, esta Corporaci\u00f3n conceptu\u00f3:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) [E]l auto cuestionado por el que se dispuso la terminaci\u00f3n de la acci\u00f3n popular no constituye una v\u00eda de hecho, ya que lejos de ser arbitrario o abusivo, se fundament\u00f3 en la negligencia del actor en impulsarla, cit\u00e1ndose para el efecto el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso (\u2026)\u201d2.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Desde esa perspectiva, la determinaci\u00f3n criticada no se observa descabellada al punto de permitir la injerencia de esta justicia. Seg\u00fan lo ha expresado esta Corporaci\u00f3n, \u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u201d3.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.        Ahora, si el ataque radica en la imposici\u00f3n de efectuar los citatorios pertinentes para lograr la notificaci\u00f3n personal del extremo demandado en el litigio confutado, decisi\u00f3n adoptada en el auto admisorio de 19 de octubre de 2015, refulge con claridad la desatenci\u00f3n del presupuesto de inmediatez, pues ese t\u00f3pico fue zanjado en prove\u00eddo del d\u00eda 28 de los mismos, cuando se desat\u00f3 la reposici\u00f3n incoada contra aqu\u00e9l pronunciamiento, indic\u00e1ndosele al quejoso la necesidad de cumplir con el env\u00edo a su cargo de tales comunicaciones para darle continuidad al decurso.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por tanto, han transcurrido m\u00e1s de doce (12) meses, entre la fecha de formulaci\u00f3n de esta salvaguarda -18 de noviembre de 2016- y la anotada decisi\u00f3n -28 de octubre de 2015-, t\u00e9rmino que supera holgadamente el de seis (6) meses estimado por esta Corte como razonable para acudir tempestivamente a esta jurisdicci\u00f3n. En relaci\u00f3n al tema, se ha ense\u00f1ado:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) [S]i bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n (\u2026), [por tanto] (\u2026) muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser (\u2026) en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera (\u2026) el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (\u2026)\u201d4.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Con todo, se destaca que esta Corporaci\u00f3n en pasada oportunidad sostuvo la ausencia de arbitrariedad cuando se generan costos en pleitos como el denunciado, pues a menos de estar beneficiado el demandante con amparo de pobreza, debe suministrar las expensas suscitadas en el litigio. Justamente, en torno a ese aspecto se acot\u00f3:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) lo atinente a los gastos que debe asumir el actor popular constituyen una carga que no contrar\u00eda el principio de la gratuidad, referido a la posibilidad de acudir ante la administraci\u00f3n de justicia, y por ende, salvo que se hubiera concedido el amparo de pobreza, el accionante deber\u00e1 sufragar los costos que demande el proceso (\u2026)\u201d5.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4.        El reproche contra la Defensor\u00eda del Pueblo tampoco tiene vocaci\u00f3n de prosperidad por dos razones.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Primero porque el solicitante no expres\u00f3 en detalle cu\u00e1les demandas de amparo se neg\u00f3 a formular en su nombre esa autoridad y en cu\u00e1l \u00e9poca; ello para explicitar los verdaderos motivos del reparo tutelar.  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

La Sala ha negado la protecci\u00f3n impetrada en eventos como el presente, si  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) la demanda versa sobre los mismos hechos y derechos que fueron materia de debate en [una] anterior tutela, (\u2026) [esto es, cuando se establece] (\u2026) que no ha habido sucesos distintos que justifiquen la proposici\u00f3n de [una] reciente demanda de amparo constitucional, ya que, ins\u00edstese, si bien los textos no son iguales, los hechos y derechos de esta acci\u00f3n son tambi\u00e9n id\u00e9nticos de la anterior (\u2026). Precisamente para evitar este tipo de abusos, el art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991 dispuso: \u2018cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes\u2019 (\u2026)\u201d6.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En varios de los asuntos impulsados por el mismo accionante contra la Defensor\u00eda querellada, esta Corte ha anotado:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) Establece el art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991 que \u00abcuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes\u00bb (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cLa situaci\u00f3n descrita se presenta en este caso, pues, en la sentencia STC15201 de 5 de noviembre de 2015, radicado 00483-01, la Sala estudi\u00f3 un resguardo del mismo demandante Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga, porque \u00abla Defensor\u00eda del Pueblo se ha negado (\u2026) a cumplir con su (\u2026) deber de impetrar tutelas a [su] nombre\u00bb, con lo cual dijo transgredirse \u00ablos derechos al debido proceso, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, concluy\u00e9ndose que no pod\u00eda progresar debido a (\u2026) la ausencia de evidencia probatoria que permita colegir lesi\u00f3n de prerrogativas fundamentales por parte de la Defensor\u00eda del Pueblo, pues no obra en el plenario material de convicci\u00f3n del cual se desprenda que esa entidad menoscab\u00f3 las garant\u00edas invocadas o se neg\u00f3 a formular demandas constitucionales a petici\u00f3n del aqu\u00ed solicitante (STC15201-2015) (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cEn este asunto, como en aqu\u00e9l, se invoca \u00abel debido proceso\u00bb, presuntamente afrentado con la negativa de la Defensor\u00eda del Pueblo Regional Caldas a interponer tutelas a nombre del interesado. Por ende, el conflicto y los presupuestos f\u00e1cticos son id\u00e9nticos (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cEntonces, ante la coincidencia en sujetos procesales, hechos y derechos, la salvaguarda resulta temeraria, toda vez que simplemente replantea un tema que previamente hab\u00eda sido sometido al escrutinio de la jurisdicci\u00f3n constitucional (\u2026)\u201d7.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5.        Respecto de la reclamaci\u00f3n relativa a requerir a la Corte Constitucional y a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n para que se pronuncien sobre la viabilidad de decretar el desistimiento t\u00e1cito en las acciones populares, se le pone de presente al interesado que tal pretensi\u00f3n desborda los l\u00edmites de este mecanismo extraordinario, el cual est\u00e1 previsto, concretamente, para establecer la vulneraci\u00f3n o amenaza de garant\u00edas fundamentales y adoptar las determinaciones del caso, conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Adem\u00e1s, de acuerdo con lo obrante en este asunto, la segunda entidad mencionada ya expres\u00f3 su criterio sobre el particular.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6.        En cuanto a los pedimentos relativos a \u201cescane[ar] copia\u201d de los fallos proferidos en este asunto y de la \u201ctutela\u201d, se ordenar\u00e1 por secretar\u00eda remitir esta decisi\u00f3n al e-mail del interesado y a su costa expedir la reproducci\u00f3n de las dem\u00e1s piezas procesales solicitadas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7.        De acuerdo a lo discurrido, se confirmar\u00e1 la providencia examinada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.        DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley,  <\/span><\/p>\n

RESUELVE:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada.  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados y rem\u00edtase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por secretar\u00eda env\u00edese al correo electr\u00f3nico del solicitante la copia escaneada de esta determinaci\u00f3n y, a su cargo, entr\u00e9guensele las dem\u00e1s fotocopias reclamadas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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1 CSJ, Civil. Sentencia STC6501 de 23 de mayo de 2014, exp. 2014-00091-01; reiterada en Sala de 7 de diciembre de 2016, exp. 66001-22-13-000-2016-01012-01.    <\/span><\/p>\n

2 CSJ, STC 6501 de 23 de mayo de 2014, exp. 2014-00091-01.    <\/span><\/p>\n

3 CSJ. STC de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; ver en el mismo sentido el fallo de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01.    <\/span><\/p>\n

4 CSJ. Civil Sentencia de tutela 2 de agosto de 2007, exp. 2007-00188-01; reiterada, entre otros pronunciamientos, 16 de mayo de 2013, exp. 00103-01.    <\/span><\/p>\n

5 CSJ. STC de 3 de marzo de 2011, exp. 11001-22-03-000-2011-00029-01; criterio reiterado en Sala de 1\u00ba de junio de 2016, exp. 66001-22-13-000-2016-00507-01    <\/span><\/p>\n

6 CSJ. STC de 13 de febrero de 2013, exp. 00168-00; reiterada el 20 de marzo de 2013, 680122130002012-00517-01.    <\/span><\/p>\n

7 CSJ. STC de 12 de mayo de 2016, exp. 66001-22-13-000-2016-00391-01      <\/span><\/p>\n

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         LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA   Magistrado ponente      STC566-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2016-01064-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de enero de dos mil diecisiete (2017).         Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-98875","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98875","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=98875"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98875\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=98875"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=98875"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=98875"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}