{"id":98877,"date":"2026-06-25T17:24:51","date_gmt":"2026-06-25T17:24:51","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc568-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:24:51","modified_gmt":"2026-06-25T17:24:51","slug":"stc568-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc568-2017\/","title":{"rendered":"STC568-2017"},"content":{"rendered":"

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC568-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b013001-22-21-000-2016-00125-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de  enero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de enero de dos mil diecisiete (2017)  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el diecis\u00e9is de noviembre de dos mil diecis\u00e9is por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, en la acci\u00f3n de tutela promovida por la Asociaci\u00f3n de Pescadores y Agricultores de Pasacaballos y Cooperativa de Pescadores de Pasacaballos -COOPESCA- contra Dragados Hidr\u00e1ulicos, Direcci\u00f3n General Mar\u00edtima-DIMAR-, Corporaci\u00f3n Aut\u00f3noma Regional del Rio Grande de la Magdalena CORMAGDALENA, los Ministerios del Interior y Medio Ambiente, y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales \u2013ANLA-, actuaci\u00f3n a la que se vincul\u00f3 a la Defensor\u00eda del Pueblo Regional de Bol\u00edvar,  la cual fue Coadyuvada por el Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Pasacaballos.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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Los promotores, como miembros de la comunidad afrocolombiana de Pasacaballos, solicitaron el amparo de sus derechos fundamentales a la consulta previa, debido proceso, existencia, m\u00ednimo vital, trabajo, integridad cultural y social, identidad cultural y autonom\u00eda del grupo racial,  los que consideran vulnerados por las autoridades accionadas, por cuanto no se les consult\u00f3 sobre el plan de manejo ambiental, para realizar labores de mantenimiento y relimpia del canal del Dique que comprende 115 kil\u00f3metros, dentro de los cuales se encuentra su asentamiento y adem\u00e1s, desarrollan sus actividades de pesca y agricultura, las que se han visto afectadas, y por ende su existencia.   <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, pretende se suspendan los trabajos de dragados en la desembocadura del referido canal en el sector donde ellos se ubican hasta tanto no se d\u00e9 cumplimiento al mencionado tr\u00e1mite. Y en caso de no concederse el amparo por dicho motivo, se otorgara la protecci\u00f3n como mecanismo transitorio de su derecho a la \u00absoberan\u00eda alimentaria\u00bb. [Folio 24]  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. Mediante Resoluci\u00f3n No. 0179 de 19 de febrero de 2002, el Ministerio de Medio Ambiente, estableci\u00f3 un plan de manejo ambiental a La Corporaci\u00f3n Aut\u00f3noma Regional del Rio Grande de la Magdalena- CORPOMAGDALENA- para el proyecto de relimpia y mantenimiento del Canal del Dique, el cual hace conexi\u00f3n con la bah\u00eda de Cartagena en el sector de Pasacaballos, lugar donde se encuentra asentada    la comunidad afrodescendiente, de la que hacen parte las accionantes.    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       2. Dicho plan fue modificado mediante Resoluci\u00f3n No. 1117 de 21 de septiembre de 2004, documento que hace una descripci\u00f3n de todos los l\u00edmites que comprenden el Canal, mencionando a \u00abPasacaballos\u00bb como partes de \u00e9stos; as\u00ed como estableci\u00f3, que cada dos a\u00f1os la Corporaci\u00f3n deb\u00eda entregar al Ministerio el programa y cronograma de dragado y la utilizaci\u00f3n de botaderos actuales.  <\/span><\/p>\n

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       3. El 12 de enero de 2012, luego de que varios de los integrantes de la comunidad, incluyendo algunos de la cooperativa pesquera, se tomaran de hecho los equipos utilizados para realizar las actividades de mantenimiento, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales inici\u00f3 control y seguimiento ambiental de tales actividades.  <\/span><\/p>\n

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       5. En virtud de lo anterior, la Corporaci\u00f3n Aut\u00f3noma, se reuni\u00f3 con la comunidad, con quien realiz\u00f3 unos compromisos: (i) realizar una consulta previa, (ii) que el sitio del dep\u00f3sito del material dragado no fuera la bah\u00eda de Cartagena, (iii) dragado mec\u00e1nico de los ca\u00f1os Pulga y Pescadores, (iv) realizar un estudio para evaluar el impacto de las actividades de dragado en la pesca y (v) desarrollo de un proyecto productivo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       6. El primer acuerdo no fue solventado, por cuanto la Direcci\u00f3n de Consulta Previa del Ministerio del Interior, mediante oficio fechado el 6 de junio de 2012, conceptu\u00f3 que el dragado de mantenimiento no requer\u00eda de dicho tr\u00e1mite pues se enmarca en actividades rutinarias o temporales.  <\/span><\/p>\n

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       7. Fecha a partir de la cual se han tenido varias reuniones para informaci\u00f3n y socializaci\u00f3n de la forma de dragados.  <\/span><\/p>\n

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       8. En criterio de los peticionarios del amparo, la no realizaci\u00f3n del mecanismo que les permitan participar en la toma de decisiones que afectan a la comunidad vulnera sus derechos, porque pese a que el dragado tiene impactos en la pesca, medio econ\u00f3mico del que sobreviven varias integrantes del grupo racial, as\u00ed como en el ambiente y por tanto a su calidad de vida, no se les admite contribuir activamente a una soluci\u00f3n que no les perjudique, sometidos \u00fanicamente a las decisiones de la Corporaci\u00f3n aut\u00f3noma.  <\/span><\/p>\n

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       Hecho que constituye un desconocimiento de las garant\u00edas que como grupo de especial protecci\u00f3n tienen y el Convenio 169 de la OIT.  <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

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1. Por auto de 1\u00ba de noviembre de 2016, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, se orden\u00f3 enterar a los involucrados para que ejercieran su derecho de defensa. [Folio 96, c.1]  <\/span><\/p>\n

       2. La Autoridad Nacional de Licencias, indic\u00f3 que ella carec\u00eda de legitimaci\u00f3n en la causa, por cuanto no era la responsable de definir si proced\u00eda o no la realizaci\u00f3n de una consulta previa y por ende, no vulnero derecho alguno. De igual forma, refiri\u00f3 que al margen de lo anterior no se reun\u00edan los requisitos de perjuicio irremediable para que se concediera el amparo.  <\/span><\/p>\n

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Por su parte el Director de Consultas Previas del Ministerio del Interior, solicit\u00f3 se denegara la queja, como quiera que en el caso no era procedente llevar a cabo el procedimiento, porque el mismo mecanismo antes referido, por cuanto quienes lo solicitaban eran las comunidades pescadoras y no el grupo \u00e9tnico, adem\u00e1s no se indicaba cual era el perjuicio o vulneraci\u00f3n ocasionada con los dragados.  <\/span><\/p>\n

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La Direcci\u00f3n General Mar\u00edtima \u2013DIMAR-, pidi\u00f3 se negara la protecci\u00f3n respecto a ella, por cuanto tal entidad no ha concedido autorizaci\u00f3n o permiso para ejecutar trabajos de dragada en el Canal del Dique, frente a Pasacaballos, de manera que ninguna garant\u00eda ha trasgredido.  <\/span><\/p>\n

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   La Corporaci\u00f3n Aut\u00f3noma Regional del R\u00edo Grande de la Magdalena \u2013CORMAGDALENA-, inst\u00f3 para que la acci\u00f3n se denegara, porque las obras de dragados y mantenimiento, no est\u00e1n tipificadas  dentro de las obras que se requieran licencia previa, por lo que tampoco necesitaba de \u00abconsulta previa\u00bb, dado que se enmarcan en las actividades rutinarias y temporales que a su vez mitigan el impacto ambiental derivado de las olas invernales, y facilitan el acceso a la bah\u00eda de Cartagena.  <\/span><\/p>\n

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Asimismo, se\u00f1al\u00f3 que por ser un Canal artificial, exige  de un cuidado permanente debido al sedimento, por tanto no es una reserva pesquera; y si se suspenden las obras como lo solicitan los tutelantes, se corre el riesgo que tal sitio se pose de residuos, afectando la movilidad del dique.   <\/span><\/p>\n

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La compa\u00f1\u00eda Dragados Hidr\u00e1ulicos, manifest\u00f3 que no era cierto que los trabajos de dragado afectaran la actividad pesquera, ya que los mismos eran legales y que no requer\u00edan de consulta previa, toda vez que se ejecutaban de manera temporal para mitigar los efectos de las inundaciones generadas por la continua ola invernal de los \u00faltimos a\u00f1os.  <\/span><\/p>\n

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Finalmente, El Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Pasacaballos, present\u00f3 escrito en el que se\u00f1alaron coadyuvar la acci\u00f3n de tutela y adem\u00e1s, certificaron que los accionantes eran integrantes del censo de tal grupo racial.  <\/span><\/p>\n

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3. En sentencia de 16 de noviembre de 2016, la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras de Cartagena, concedi\u00f3 el amparo tras considerar que las autoridades desconocieron los derechos de participaci\u00f3n de la comunidad negra de Pasacaballos, ya que si bien se aportaban probanzas de que hubo reuniones, de ninguna se pod\u00eda inferir que se hubiese escuchado de manera efectiva la inconformidades o soluciones planteadas por sus integrantes, para minimizar los efectos adversos que genera el dragado del Canal, lo que afecta su actividad pesquera de la que derivan su sustento .  <\/span><\/p>\n

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En ese orden, orden\u00f3 a las autoridades y compa\u00f1\u00edas encargadas de la limpieza y mantenimiento del referido lugar, a que se garantizara la garant\u00edas de ese grupo poblacional, sin embargo, como los trabajos de 2016 ya hab\u00edan avanzado y debido a que el mismo ten\u00eda un impacto de inter\u00e9s general, no se ordenar\u00eda suspenderlos, pero s\u00ed resolvi\u00f3 que: (i)se diera \u00abtr\u00e1mite de participaci\u00f3n simple\u00bb, por parte de las entidades antes referidas, en el que se tuvieran en cuenta sus opiniones as\u00ed como dise\u00f1ar en conjunto las medidas necesarias para mitigar los efectos da\u00f1inos del dragado, las cuales deber\u00e1n ser acordes con la calidad de oficio desarrollado como pescadores artesanales y no necesariamente de naturaleza econ\u00f3mica; y (ii) para pr\u00f3ximos dragados se realizara consulta previa a las \u00abcomunidades Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Pasacaballos\u00bb, por considerarse que los referidos actos de mantenimiento afectan directamente a ese grupo poblacional.  <\/span><\/p>\n

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De igual forma, expusieron que era inconveniente que por cada dragado se hiciera una consulta, pues ello llevaba m\u00e1s de seis meses y dicho procedimiento ten\u00eda que realizarse por los menos tres veces al a\u00f1o, lo que conllevar\u00eda a su suspensi\u00f3n que a la larga si afectar\u00eda los derechos de dichos pobladores, quienes podr\u00edan tener inundaciones; adem\u00e1s que se perturbar\u00eda la navegabilidad del r\u00edo, que generaba grandes p\u00e9rdidas para el Estado.  <\/span><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. La jurisprudencia ha reconocido que las comunidades afrocolombianas son grupos culturalmente diferenciados que cuentan con derechos grupales especiales y que pueden clasificarse de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 1\u00ba del Convenio 169 de la OIT, como un \u00abpueblo tribal\u00bb, para efectos de la aplicaci\u00f3n de dicho Acuerdo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En ese sentido, son pues titulares de unas garant\u00edas especiales ligadas al principio de protecci\u00f3n de la diversidad \u00e9tnica y cultural de la Naci\u00f3n, reconocidos por la Constituci\u00f3n y el mencionado Convenio, entre ellos, los de propiedad colectiva sobre sus territorios, a la participaci\u00f3n, educaci\u00f3n, salud, a un medio ambiente sano, a la biodiversidad y a determinar el modelo de desarrollo que desean seguir, entre otros.  <\/span><\/p>\n

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De manera, que tal garant\u00eda de los dichos grupos comprende tres aspectos importantes: (i) a la participaci\u00f3n, que hace referencia a que los integrantes de la comunidad puedan hacer parte en los asuntos que los involucren directamente, como por ejemplo el mecanismo contemplado en la Ley 70 de 1993, que exige una consulta previa  a \u00e9stos en determinados eventos; (ii) el derecho a participar en la toma de decisiones pol\u00edticas, y (iii) la garant\u00eda de autogobierno.  <\/span><\/p>\n

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Respecto del primero, debe decirse que el elemento fundamental adscrito a la protecci\u00f3n de este derecho lo constituye la determinaci\u00f3n de qu\u00e9 es una \u00abafectaci\u00f3n directa\u00bb sobre las atribuciones de una comunidad. Concepto del que se ha encargado de desarrollar la jurisprudencia constitucional, para indicar que \u00abhace alusi\u00f3n a la intervenci\u00f3n que una medida (pol\u00edtica, plan o proyecto) determinada presenta sobre cualquiera de los derechos de los pueblos ind\u00edgenas\u00bb1, o afrodescendientes.  <\/span><\/p>\n

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De igual forma, tambi\u00e9n se aclar\u00f3 que dicha garant\u00eda de participaci\u00f3n se desarrolla en tres facetas: \u00ab(i) la simple participaci\u00f3n, asociada a la intervenci\u00f3n de las comunidades en los \u00f3rganos decisorios de car\u00e1cter nacional, as\u00ed como en la incidencia que a trav\u00e9s de sus organizaciones pueden ejercer en todos los escenarios que por cualquier motivo les interesen; (ii) la consulta previa frente a cualquier medida que los afecte directamente; y (iii) el consentimiento previo, libre e informado cuando esa medida (norma, programa, proyecto, plan o pol\u00edtica) produzca una afectaci\u00f3n intensa de sus derechos, principalmente aquellos de car\u00e1cter territorial.\u00bb  <\/span><\/p>\n

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De manera, que no existe una \u00fanica forma de hacer efectiva esta atribuci\u00f3n, ya que ello depende de las caracter\u00edsticas de la comunidad que afecte, as\u00ed como de los componentes de la medida. Sin embargo, la complejidad de la prerrogativa de esa prerrogativa s\u00ed implica la adopci\u00f3n de todas las atribuciones establecidas en cabeza de la administraci\u00f3n p\u00fablica, de manera que el proceso logre articular a todas las personas y permita un di\u00e1logo claro, sincero, completo y fruct\u00edfero, entre \u00e9sta y la comunidad \u00e9tnica.  <\/span><\/p>\n

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La consulta previa no se circunscribe al caso de la explotaci\u00f3n de recursos naturales en los territorios ind\u00edgenas (art\u00edculo 330 CP)  ni al de la delimitaci\u00f3n de las entidades territoriales ind\u00edgenas o a terrenos adjudicados a las comunidades afrodescendientes (art\u00edculo 329 CP), que fueron los expresamente previstos por la Constituci\u00f3n, sino que de acuerdo al Convenio 169 de OIT ratificado por nuestro pa\u00eds mediante la Ley 21 de 1991, se extiende a toda medida susceptible de afectar directamente a las comunidades \u00e9tnicas, es decir a todo tipo de acto, proyecto, obra, actividad o iniciativa que pretenda intervenir en territorios de comunidad \u00e9tnicas, sin importar la escala de perjuicio.  <\/span><\/p>\n

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Como tampoco se puede admitir que tal procedimiento, se agote, con meros tr\u00e1mites administrativos, reuniones informativas o actuaciones afines, sino que es necesario establecer relaciones de comunicaci\u00f3n efectiva basadas en el principio de buena fe, en las que se ponderen las circunstancias espec\u00edficas de cada grupo y la importancia para \u00e9ste del territorio y sus recursos; as\u00ed como las alternativas propuestas e intereses de los grupos \u00e9tnicos afectados \u00fanicamente a aquellas limitaciones constitucionalmente imperiosas, para lograr determinar la alternativa menos lesiva en aquellos casos en los cuales la intervenci\u00f3n, representen un alto impacto social, cultural y ambiental en una comunidad \u00e9tnica, que conlleve a poner en riesgo la existencia de la misma. (CSJ STP, 14 jun. 2012, rad. 60870)  <\/span><\/p>\n

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En tal sentido la jurisprudencia ha se\u00f1alado que:  <\/span><\/p>\n

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\u2018\u2026 con miras a preservar la diversidad \u00e9tnica y cultural de la naci\u00f3n colombiana, tal como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 7\u00b0 de la Carta Pol\u00edtica los procesos de consulta previa, previstos en el Convenio 169 de la OIT, tendr\u00e1n que comprender todas las medidas susceptibles de afectar a los pueblos ind\u00edgenas y tribales directamente, en particular los relacionados con \u2018<<el h\u00e1bitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera>>\u2019, con el fin de salvaguardar plenamente sus derechos, as\u00ed \u2018las tierras que no est\u00e9n exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia \u2013 art\u00edculos 13 y 14 Ley 21 de 1991\u2019 \u201d   (CSJ STP, 14 jun. 2012, rad. 60870).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Ahora bien frente a la procedencia de la acci\u00f3n de tutela para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de participaci\u00f3n de los pueblos afrocolombianos, se ha dicho por parte de la jurisprudencia de la Corte Constitucional que: \u00ablos integrantes de los grupos \u00e9tnicos y sus organizaciones, en cuanto portadores de la diversidad \u00e9tnica y cultural de la naci\u00f3n colombiana, no cuentan con mecanismos especiales para la protecci\u00f3n de su derecho fundamental a subsistir como tales. (T-955  de 17 de octubre de 2003).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En un fallo m\u00e1s reciente estableci\u00f3 que:  <\/span><\/p>\n

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la procedibilidad de las tutelas promovidas por minor\u00edas \u00e9tnicas y, en general, por grupos y sujetos en situaci\u00f3n de vulnerabilidad debe examinarse con criterios ponderados. Tal flexibilizaci\u00f3n tiene su justificaci\u00f3n en la necesidad de derribar los obst\u00e1culos y las limitaciones que han impedido que estas poblaciones accedan a los mecanismos judiciales que el legislador dise\u00f1\u00f3 para la protecci\u00f3n de sus derechos en las mismas condiciones en que pueden hacerlo otros sectores de la poblaci\u00f3n. En aras de compensar esas dificultades y de hacer efectivo el deber de especial protecci\u00f3n que las autoridades y, en especial, los jueces de tutela, tienen frente a los grupos y sujetos de especial protecci\u00f3n constitucional, la Corte ha admitido, por ejemplo, que las tutelas que buscan el amparo de los derechos fundamentales de una comunidad \u00e9tnica sean instauradas por cualquiera de sus integrantes, o incluso, por las organizaciones que agrupan a los miembros de la comunidad de que se trate.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En el caso, la acci\u00f3n se interpuso por Asociaci\u00f3n de Pescadores y Agricultores de Pasacaballos y Cooperativa de Pescadores de Pasacaballos -COOPESCA-, las cuales est\u00e1n conformadas por integrantes de uno de \u00e9stos grupos y sujetos especiales protecci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En efecto, dentro del tr\u00e1mite se acredit\u00f3 que ellos hacen parte de la \u00abComunidad Negra de Pasacaballos\u00bb y adem\u00e1s, el Consejo Comunitario de \u00e9sta coadyuv\u00f3 su reclamaci\u00f3n, por lo que no cabe duda que es procedente estudiar la queja constitucional, bajo el entendido que trat\u00e1ndose del derecho de participaci\u00f3n de una comunidad afrodescendiente y que para proteger la misma no cuentan con otro mecanismo eficaz para propender por sus garant\u00edas constitucionales y a que tal grupo merece una protecci\u00f3n especial.  <\/span><\/p>\n

3. Ahora bien, atendidos los argumentos que fundan la solicitud de protecci\u00f3n y la actuaci\u00f3n de las autoridades accionada, se encuentra que se est\u00e1n vulnerando los derechos fundamentales del Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Pasacaballos, Cartagena (Bol\u00edvar), de la cual hacen parte las asociaciones de pescadores ac\u00e1 accionantes, que hace necesario el amparo, siendo imperiosa la intervenci\u00f3n del juez constitucional.  <\/span><\/p>\n

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       En efecto, el primero de los documentos obrante a folios 57 a 78, en donde se requiri\u00f3 a la referida Corporaci\u00f3n Aut\u00f3noma, para que ajustara programas de manejo ambiental y su presentaci\u00f3n en los \u00abinformes de cumplimiento Ambiental ICA\u00bb, se indic\u00f3 que \u00abes necesario considerar que los pescadores artesanales del corregimiento de Pasacaballo pueden presentar afectaci\u00f3n, aunque temporalmente durante el dragado por la disposici\u00f3n del material, debido a no solo a la turbulencia generara por la disposici\u00f3n del dragado, sino que a algunas de sus rutas de pesca pueden trasladarse con loa zona del proyecto\u00bb, por ende, dicha entidad le orden\u00f3, no s\u00f3lo realizar an\u00e1lisis de las condiciones ambientales actuales, sino tambi\u00e9n un monitoreo de los recursos pesqueros muestreos durante el a\u00f1o de los desembarcos de la pesca artesanal que se lleva a cabo en el \u00e1rea de influencia del proyecto.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       De igual forma, el estudio contratado por CORMAGDALENA, indic\u00f3 en sus conclusiones y recomendaciones, que \u00abpara futuros dragados y mantenimientos se debe informar con tiempo a las comunidades las fechas, para proyectar actividades de mitigaci\u00f3n, se\u00f1alizaci\u00f3n del \u00e1rea a intervenir y dem\u00e1s acciones a la actividad\u00bb. [Folio154, c. de Impugnaci\u00f3n]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Por consiguiente, se concluye que los trabajos de mantenimiento y relimpia del Canal del Dique, con dragados de los sedimentos de la Zona de Pasacaballo, afecta a la Comunidad Negra de Pasacaballos, ubicada en dicha zona, en especial, a sus pescadores que ejercen su actividad ancestral y de la derivan su sustento.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Pr\u00e1cticas que nuestro legislador, en la Ley 70 de 1993, se\u00f1ala debe protegerse:  <\/span><\/p>\n

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       ARTICULO 19. Las pr\u00e1cticas tradicionales que se ejerzan sobre las aguas, las playas o riberas, los frutos secundarios del bosque o sobre la fauna y flora terrestre y acu\u00e1tica para fines alimenticios o la utilizaci\u00f3n de recursos naturales renovables para construcci\u00f3n o reparaci\u00f3n de viviendas, cercados, canoas y otros elementos dom\u00e9sticos para uso de los integrantes de la respectiva comunidad negra se consideran usos por ministerio de la ley y en consecuencia no requieren permiso.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Estos usos deber\u00e1n ejercerse de tal manera que se garantice la persistencia de los recursos, tanto en cantidad como en calidad.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El ejercicio de la caza, pesca o recolecci\u00f3n de productos, para la subsistencia, tendr\u00e1 prelaci\u00f3n sobre cualquier aprovechamiento comercial, semi-industrial, industrial o deportivo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Sin que pueda aceptarse, como lo indican las impugnantes que por el hecho de dichas labores sean rutinarias y temporales, no generan ninguna afectaci\u00f3n, pues como acaba de verse pese a tu transitoriedad si tienen impactos en el grupo \u00e9tnico.  <\/span><\/p>\n

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       Adem\u00e1s dichas intervenciones se realizan y son necesarias por lo menos tres veces al a\u00f1o de manera peri\u00f3dica, oportunidades en las que se ven afectados los pobladores, tanto as\u00ed que varias entidades recomiendan medidas para mitigar los perjuicios que puedan ocasion\u00e1rseles.  <\/span><\/p>\n

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       4. En ese orden, ante la existencia de una afectaci\u00f3n a la comunidad por los dragados, es claro que deb\u00eda procurarse que el grupo \u00e9tnico ejerciera su derecho de participaci\u00f3n en la planeaci\u00f3n y ejecuci\u00f3n de esa actividad, ello a trav\u00e9s de las consultas previas, pues de esa manera pueden plantear soluciones para mitigar los da\u00f1os que sufren y se les reconoce la protecci\u00f3n especial de la que son sujetos.  <\/span><\/p>\n

       Y es que no es objeto de debate si el mantenimiento del Canal se debe realizar o no, porque incluso los pescadores reconocen su necesidad para que no ocurran desastres ante las olas invernales, sino que ante la afectaci\u00f3n de la poblaci\u00f3n racial aleda\u00f1a, les asiste el deber a las autoridades de permitir que \u00e9stas puedan exponer sus preocupaciones y proponer soluciones para mitigar los impactos que \u00e9stas generan en su pr\u00e1ctica ancestral de pesca.  <\/span><\/p>\n

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De ah\u00ed, que como el Ministerio, la Corporaci\u00f3n Aut\u00f3noma y la compa\u00f1\u00eda de Dragados Hidr\u00e1ulicos, no han realizado las actividades necesarias para permitir dicha participaci\u00f3n, se evidencia la vulneraci\u00f3n de los derechos de la Comunidad Negra de Pasacaballos, por lo que, era necesaria la protecci\u00f3n tal como lo resolvi\u00f3 el Tribunal Superior.  <\/span><\/p>\n

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Sin que se pueda excusar la falta de la consulta previa, en que son obras de mantenimiento que no necesitan licencia ambiental, ni menos porque la misma tenga costo para la administraci\u00f3n p\u00fablica, pues es claro que ni la ley ni la jurisprudencia han definido que dichas circunstancias eximan a las autoridades que realizan un plan o proyecto de respetar los derechos que le asisten a los grupos \u00e9tnicos, cuando se encuentra acreditado que afectan sus condiciones de vida.  <\/span><\/p>\n

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Ni tampoco puede tenerse cumplida, porque se hayan hecho algunas reuniones dando informaci\u00f3n del plan de dragados a la comunidad, pues en realidad como se dijo l\u00edneas anteriores, tal medida implica la adopci\u00f3n de todas las atribuciones establecidas en cabeza de la administraci\u00f3n p\u00fablica, de manera que el proceso logre articular a todas las personas y permita un di\u00e1logo claro, sincero, completo y fruct\u00edfero, entre \u00e9sta y la comunidad \u00e9tnica.  <\/span><\/p>\n

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5. Finalmente, frente a la posible vulneraci\u00f3n de los derechos al debido proceso de las accionadas, porque no se les corri\u00f3 traslado del escrito de coadyuvancia, debe decirse que tal situaci\u00f3n no constituye vulneraci\u00f3n alguna de las garant\u00edas procesales, pues al contrario a \u00e9stas se les vincul\u00f3 debidamente al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n constitucional y  pudieron realizar el ejercicio de su defensa, as\u00ed como consultar todos los escritos allegados al expediente, dentro de ellos el que ac\u00e1 reclaman y sobre el cual pudieron hacer el pronunciamiento respectiva, sin necesidad de que se les se\u00f1alara una oportunidad especial.  <\/span><\/p>\n

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Sumado, que tampoco se encuentra que exista norma o precepto que disponga la necesidad de que se corra traslado a los intervinientes de cualquier escrito que se llegue a la tutela, pues es que dicha carga conllevar\u00eda aun procedimiento nada expedito, contrario a lo que el constituyente se\u00f1al\u00f3.  <\/span><\/p>\n

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6. Las razones que se han dejado consignadas se estiman suficientes para concluir que el amparo invocado deb\u00eda concederse, por lo que se confirmar\u00e1 la decisi\u00f3n que por v\u00eda de impugnaci\u00f3n se ha revisado.  <\/span><\/p>\n

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III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada, por las razones expuestas en esta providencia.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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1 T-376 de 2012       <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ   Magistrado ponente      STC568-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b013001-22-21-000-2016-00125-00   (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de  enero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de enero de dos mil diecisiete (2017)      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el diecis\u00e9is de noviembre de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-98877","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98877","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=98877"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98877\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=98877"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=98877"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=98877"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}