{"id":98878,"date":"2026-06-25T17:24:55","date_gmt":"2026-06-25T17:24:55","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc569-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:24:55","modified_gmt":"2026-06-25T17:24:55","slug":"stc569-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc569-2017\/","title":{"rendered":"STC569-2017"},"content":{"rendered":"

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC569-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00105-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25  ) de enero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Mar\u00eda Nancy Guapacha contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali y el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n Civil de esa misma urbe, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso que origina la queja.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        La promotora del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, equidad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que dice vulnerados por las autoridades accionadas.  <\/span><\/p>\n

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Solicit\u00f3, en consecuencia, se \u00abanule el auto interlocutorio No. 139 del 20 de enero de 2016 y el auto interlocutorio 3894 del 26 de octubre de 2015\u2026\u00bb  <\/span><\/p>\n

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2.        Como sustento de sus pretensiones la accionante expuso, en s\u00edntesis, que:  <\/span><\/p>\n

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2.1.        Ante el juzgado accionado se adelant\u00f3 un proceso ejecutivo hipotecario seguido contra H\u00e9ctor D\u00edaz Teher\u00e1n, en el cual fungi\u00f3 como cesionaria de la acreedora demandante, \u00abpero al proceso se le decret\u00f3 la terminaci\u00f3n por falta de REESTRUCTURACI\u00d3N\u00bb, mediante prove\u00eddo del 26 de octubre de 2015, a pesar que el demandado \u00abno demostr\u00f3 dentro del proceso la capacidad econ\u00f3mica y financiera para acceder a [ese] beneficio\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.2.        Adujo la quejosa que la ejecuci\u00f3n ya hab\u00eda sido definida mediante sentencia, con lo que \u00abla discusi\u00f3n referente a la falta del beneficio de la REESTRUCTURACI\u00d3N, ya ha quedado dilucidada y decidida de forma definitiva, de tal manera que no puede volverse sobre ella\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.3.        Agreg\u00f3 que contra la decisi\u00f3n que decret\u00f3 la terminaci\u00f3n, formul\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n, \u00abel cual fue negado en segunda instancia por actuar dentro del proceso de manera propia, es decir por carencia de apoderado\u00bb, a trav\u00e9s de providencia del 7 de marzo de 2016, sin que exista \u00aboficio donde se le indique (\u2026), que deb\u00eda actuar por intermedio de apoderado\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.4.        Finalmente, se\u00f1al\u00f3 que present\u00f3 solicitud de nulidad, \u00abpero fue negada por falta de competencia funcional\u00bb, con auto del 5 de octubre de 2016.  <\/span><\/p>\n

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LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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       1.        El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Cali indic\u00f3 que \u00abdebe rechazarse por improcedente la presente acci\u00f3n toda vez que no cumple con los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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       2.        El Banco Comercial AV Villas S. A., inform\u00f3 que cedi\u00f3 el cr\u00e9dito materia del proceso ejecutivo hipotecario objeto de la inconformidad de la accionante.  <\/span><\/p>\n

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       3.        El Juzgado 12 Civil del Circuito de Cali, expres\u00f3 que \u00abse atiene a lo consignado en el expediente contentivo del proceso (\u2026) y a las motivaciones expuestas en las providencias que en su momento fueron proferidas por [ese] despacho\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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       4.        La Compa\u00f1\u00eda de Gerenciamiento de Activos S.A.S., comunic\u00f3 que \u00abdentro del portafolio de activos\u00bb, no registra ning\u00fan cr\u00e9dito a cargo de H\u00e9ctor D\u00edaz Teher\u00e1n.  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, por los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial.  <\/span><\/p>\n

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Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez.  <\/span><\/p>\n

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2.        Del escrito de demanda extracta la Corte que la actora cuestiona (i) el prove\u00eddo del 26 de octubre de 2015, mediante el cual el juzgado accionado decret\u00f3 la terminaci\u00f3n de la ejecuci\u00f3n objeto de la queja constitucional, por no haberse acreditado la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito hipotecario cuyo cobro se persegu\u00eda; y (ii) la providencia calendada 7 de marzo de 2016, con la que el Tribunal acusado inadmiti\u00f3 la alzada interpuesta contra el prenombrado auto del 26 de octubre.  <\/span><\/p>\n

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Con base en tal premisa, descendiendo al caso de autos, concluye la Corte que la solicitud de resguardo carece del requisito de inmediatez, habida cuenta que entre la fecha de la \u00faltima decisi\u00f3n censurada, esto es, la que inadmiti\u00f3 la apelaci\u00f3n y la data de interposici\u00f3n de la demanda de tutela que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, 12 de diciembre de 2016 (folio 14), transcurrieron m\u00e1s de nueve meses, super\u00e1ndose el lapso que ha fijado la acentuada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n como razonable y proporcional para activar este recurso excepcional, sin que la foliatura reporte la existencia de alg\u00fan motivo que justifique la anotada tardanza en acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n constitucional  <\/span><\/p>\n

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Frente al requisito de inmediatez, la Sala ha dicho que:  <\/span><\/p>\n

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(\u2026) \u201cno puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u201d (prove\u00eddo de 2 de agosto de 2007, exp. 00188-01, reiterado el 30 de agosto de 2012, exp. 01254-01).  <\/span><\/p>\n

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Reiterando que \u201cel ejercicio de la acci\u00f3n de tutela debe ser oportuno y congruente con el prop\u00f3sito que persigue, que no es otro que brindar soluci\u00f3n \u2018a situaciones presentes que a\u00fan pueden ser susceptibles de tal remedio, y no denunciar hechos cuyos efectos se han materializado\u2026\u2019 (Sentencia de 17 de julio de 2006, exp. No. 11001-0204-000-2006-00826-01)\u201d (Sentencia de 8 de agosto de 2012, exp. 00189-01); o lo que es igual, \u201cla presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela debe realizarse dentro de un t\u00e9rmino razonable, que permita la protecci\u00f3n inmediata del derecho fundamental a que se refiere el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica\u201d, en aras de \u201cpreservar el car\u00e1cter expedito de la tutela para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se consideran vulnerados con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica\u201d (Sentencia de 2 de agosto de 2007, exp. 00188-01, reiterada el 26 de abril de 2012, exp. 00221-01) (CSJ STC, 30 ene. 2013, rad. 2012-00274-01, CSJ STC 5977, 15 de mayo de 2015).  <\/span><\/p>\n

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3.        Cabe a\u00f1adir que si bien la quejosa refiri\u00f3 que solicit\u00f3 la nulidad de lo actuado, por hechos similares a los que aqu\u00ed expuso, y que le fue negada, a trav\u00e9s de decisi\u00f3n del 5 de octubre de 2016, lo cierto es ning\u00fan reparo plante\u00f3 en contra de dicho prove\u00eddo.  <\/span><\/p>\n

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4.        Baste lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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