{"id":98879,"date":"2026-06-25T17:25:00","date_gmt":"2026-06-25T17:25:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc570-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:25:00","modified_gmt":"2026-06-25T17:25:00","slug":"stc570-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc570-2017\/","title":{"rendered":"STC570-2017"},"content":{"rendered":"

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC570-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00110-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., veinticinco   (25) de enero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Alba Luc\u00eda Pulido Fuerte contra la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado 18 de Familia de esta misma ciudad, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso que origina la queja.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        La promotora del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa e igualdad, que dice vulnerados por las autoridades judiciales accionadas.  <\/span><\/p>\n

Solicit\u00f3, en consecuencia, \u00ab[d]ejar sin valor ni efectos jur\u00eddicos las actuaciones surtidas a partir de la notificaci\u00f3n del auto admisorio\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.        Como sustento de sus pretensiones la accionante expuso, en s\u00edntesis, que:  <\/span><\/p>\n

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2.1.        Diego Libardo Libreros Mart\u00ednez promovi\u00f3 en su contra proceso ordinario de declaraci\u00f3n de uni\u00f3n marital de hecho.  <\/span><\/p>\n

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2.2.        Enterada de la demanda, confiri\u00f3 poder a Luis Oswaldo Torres Velandia, quien para la \u00e9poca ejerc\u00eda la profesi\u00f3n de abogado con Licencia Temporal.  <\/span><\/p>\n

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2.3.        A pesar que su apoderado no estaba habilitado para actuar en procesos de esta naturaleza, el juzgado accionado, con auto del 23 de abril de 2015, le reconoci\u00f3 personer\u00eda.  <\/span><\/p>\n

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2.4.        Posteriormente, su mandatario judicial \u00absustituy[\u00f3] el proceso a la Dr. ADRIANA YANNET YANES MATALLANA, situaci\u00f3n que no pod\u00eda ocurrir, pues toda la actuaci\u00f3n estaba viciada de nulidad\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.5.        Al percatarse el juzgado de la anomal\u00eda cometida, mediante auto del 29 de mayo de 2015, dej\u00f3 sin efecto el prove\u00eddo con el que se reconoci\u00f3 personer\u00eda a Luis Oswaldo Torres Velandia, \u00abpero deja la actuaci\u00f3n en la etapa procesal que estaba, que no es otra que la probatoria, situaci\u00f3n irregular, ya que lo correcto era dejar sin efectos y nulitada (sic) la actuaci\u00f3n desde el otorgamiento del poder\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.6.        Adujo la quejosa que \u00aba pesar de que el juzgado hab\u00eda dejado sin efectos el poder que la suscrita confiri\u00f3 al abogado con licencia temporal, luego de un transcurso procesal vuelve a aparece[r] ejerciendo [su] defensa\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.7.        En el aludido proceso, se profiri\u00f3 sentencia de primera instancia, el 30 de noviembre de 2015, frente a la cual su entonces apoderado interpuso recurso de apelaci\u00f3n, siendo confirmada por el Tribunal acusado.  <\/span><\/p>\n

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2.8.        Esgrimi\u00f3 la quejosa que los estrados accionados, \u00abno hicieron un control de legalidad, pues de haber sido rigurosos como lo ordena la ley, no hubieran dejado pasar por alto sendas irregularidades\u00bb, de las que s\u00f3lo tuvo conocimiento \u00ab[a] finales del a\u00f1o 2016, exactamente en octubre 28 de 2016\u00bb.     <\/span><\/p>\n

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3.        La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, el 18 de enero de 2017, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991.  <\/span><\/p>\n

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LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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Los convocados guardaron silencio.  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, por los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial.  <\/span><\/p>\n

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Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez.  <\/span><\/p>\n

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2.        Descendiendo al an\u00e1lisis que corresponde, esta Sala concluye que la solicitud de resguardo es inviable, como quiera que la gestora pudo solicitar al juez ordinario la declaratoria de nulidad procesal de lo actuado, por la indebida representaci\u00f3n que ac\u00e1 esgrimi\u00f3, tal y como lo contempla el art\u00edculo 133 (num. 4\u00b0) del C\u00f3digo General del Proceso.  <\/span><\/p>\n

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Sin embargo, compareci\u00f3 al proceso despu\u00e9s de que supuestamente conoci\u00f3 de su acaecimiento, sin alegarla (ver folios 201 a 203), lo que dio lugar a su saneamiento en los t\u00e9rminos que consagra el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 1361, ib\u00eddem.  <\/span><\/p>\n

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De ese modo el reclamo actual resulta improcedente, toda vez que el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria.  <\/span><\/p>\n

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Entonces, si la promotora del amparo desperdici\u00f3 \u00ablas diferentes oportunidades procesales\u00bb:  <\/span><\/p>\n

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(\u2026) es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela. (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01, criterio reiterado, entre muchas otras, en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01).  <\/span><\/p>\n

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       3.1.        En efecto, revisadas las copias allegadas a esta tramitaci\u00f3n, se verifica que la demandante otorg\u00f3 poder, de manera principal, a Luis Oswaldo Torres Velandia y, \u00abcomo abogada suplente\u00bb, a Adriana Yanez Matallana (folio 38).  <\/span><\/p>\n

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       Ahora, si bien el apoderado principal al momento de aceptar el mandato no contaba con tarjeta profesional, sino licencia temporal, la cual no lo habilitaba para actuar en asuntos de la naturaleza que ostentaba el asunto bajo examen, lo cierto es que las actuaciones por \u00e9l impulsadas no resultaron viciadas de nulidad, por expreso mandato legal.  <\/span><\/p>\n

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Mem\u00f3rese que el art\u00edculo 25 del decreto 196 de 1971, dispone que \u00ab [n]adie podr\u00e1 litigar en causa propia o ajena si no es abogado inscrito, sin perjuicio de las excepciones consagradas en este Decreto\u00bb, y que \u00ab[l]a violaci\u00f3n de este precepto no es causal de nulidad de lo actuado, pero quienes lo infrinjan estar\u00e1n sujetos a las sanciones se\u00f1aladas para el ejercicio ilegal de la abogac\u00eda\u00bb (subrayas y negrillas ajenas al texto).  <\/span><\/p>\n

3.2.        Sumado a lo anterior, se advierte que el numeral 7\u00b0 del art\u00edculo 140 del C. de P. C., norma vigente para la \u00e9poca en la que se present\u00f3 la contingencia a la que alude la promotora, establec\u00eda que el proceso era nulo \u00ab[c]uando es indebida la representaci\u00f3n de las partes. Trat\u00e1ndose de apoderados judiciales esta causal s\u00f3lo se configurar\u00e1 por carencia total de poder para el respectivo proceso\u00bb (resalt\u00f3 y subray\u00f3 la Sala), supuesto f\u00e1ctico al que no se ajusta el asunto en estudio, pues lo cierto es que la accionante s\u00ed confiri\u00f3 poder a Luis Oswaldo Torres Velandia para que la representara en el proceso ordinario al que se ha hecho menci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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3.3.        Por lo dem\u00e1s, no sobra destacar que la querellante durante el tr\u00e1mite estuvo representada por un apoderado judicial, pues al dejarse sin efectos el reconocimiento de personer\u00eda de Torres Velandia, el juzgado accionado procedi\u00f3 a reconocer como mandataria judicial a la abogada Adriana Yanez Matallana (folio 111), a quien, valga anotar, la gestora tambi\u00e9n hab\u00eda otorgado poder.  <\/span><\/p>\n

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4.        Baste lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado.  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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