{"id":98881,"date":"2026-06-25T17:25:07","date_gmt":"2026-06-25T17:25:07","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc572-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:25:07","modified_gmt":"2026-06-25T17:25:07","slug":"stc572-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc572-2017\/","title":{"rendered":"STC572-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC572-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 27001-22-08-000-2016-00167-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de enero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el 21 de octubre de 2016 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quibd\u00f3 – Choc\u00f3, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Cruz Marina Mosquera Moreno contra los Juzgados Primero Civil Municipal y Primero Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 al Juzgado Segundo Civil Municipal de Quibd\u00f3, a las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional y a la Fiscal\u00eda D\u00e9cima Seccional.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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La accionante solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justica que considera quebrantados por las autoridades accionadas al continuar el proceso ejecutivo pese al yerro en el que se incurri\u00f3 en el mandamiento de pago, consistente dirigirla contra una persona distinta a la aqu\u00ed accionante;  am\u00e9n que no notific\u00f3 la correcci\u00f3n que hizo sobre el punto, de manera personal, sino por estado, y tampoco se atendi\u00f3 la petici\u00f3n de control de legalidad que elev\u00f3 dentro de la ejecuci\u00f3n iniciada en su contra.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, pide ordenar \u00abla suspensi\u00f3n del proceso, hasta tanto se [me] amparen las prerrogativas fundamentales invocadas, por virtud que ya se efectu\u00f3 el remate del inmueble y se dict\u00f3 la providencia de adjudicaci\u00f3n del mismo, aun con los defectos procesales que [hemos] glosado\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. La se\u00f1ora Eunice Machado Obreg\u00f3n present\u00f3 demanda ejecutiva contra Cruz Marina Mosquera Moreno con el prop\u00f3sito de obtener el pago de las sumas de capital contenidas en dos letras de cambio con  fechas de vencimiento los d\u00edas 30 de abril y 30 de junio de 2006; as\u00ed como por los intereses de mora causados sobre cada una.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

3. El 2 de diciembre de 2010, el despacho de conocimiento decret\u00f3 el embargo y secuestro del predio con folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 180-31749 de propiedad de la demandada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. El 8 de marzo de 2011, se le notific\u00f3 personalmente a la se\u00f1ora Cruz Marina Mosquera Moreno la orden de apremio y se le advirti\u00f3 que contaba con diez (10) d\u00edas para contestar la demanda o proponer excepciones. [Folio 33, C. 1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. La ejecutada guard\u00f3 silencio.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. El d\u00eda 30 de esa misma mensualidad, el Juzgado dispuso seguir adelante con la ejecuci\u00f3n y orden\u00f3 el remate de los bienes cautelados.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7. El 25 de febrero de 2014, la titular del Juzgado Segundo Civil Municipal de Quibd\u00f3 manifest\u00f3 impedimento para seguir conociendo del tr\u00e1mite, por lo que orden\u00f3 su remisi\u00f3n al Juzgado Primero Civil Municipal de la misma ciudad.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

8. El 7 de abril de 2014, el despacho destinatario acept\u00f3 el impedimento y avoc\u00f3 conocimiento del procedimiento.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

9. El 21 de enero de  2015, el apoderado judicial de la ejecutada, Cruz Marina Mosquera Moreno, solicit\u00f3 que se hiciera ejercicio del control oficioso de legalidad del mandamiento de pago, por cuanto se dict\u00f3 contra persona distinta a la demandada, pues se dirigi\u00f3 contra Cruz Mar\u00eda Mosquera Moreno. Por lo anterior, suplic\u00f3 declarar la nulidad de todo lo actuado a partir del aludido prove\u00eddo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

10. Por auto de 27 de enero de 2015, el Juzgado Primero Civil Municipal de Quibd\u00f3 no accedi\u00f3 a tal pedimento;  en todo caso, conforme al inciso 3\u00ba del art\u00edculo 310 del C.P.C., corrigi\u00f3 la providencia de 15 de diciembre de 2008, en lo concerniente al segundo nombre de la demandada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

11. Contra la anterior determinaci\u00f3n se interpuso recurso de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

12. El 24 de febrero de 2015, el despacho decidi\u00f3 no reponer el interlocutorio cuestionado y concedi\u00f3 la apelaci\u00f3n propuesta de manera subsidiaria.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

13. A trav\u00e9s de auto de 7 de septiembre de la misma anualidad, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Quibd\u00f3 confirm\u00f3 \u00edntegramente el prove\u00eddo atacado y conden\u00f3 en costas a la recurrente. Para ello, se\u00f1al\u00f3, que cualquier irregularidad que hubiera podido surgir en la orden de apremio qued\u00f3 saneada con el silencio de la demandada. En todo caso, recalc\u00f3, que no se configur\u00f3 la causal de nulidad prevista en el numeral 8 del art\u00edculo 140 del C.P.C., debido a que se trat\u00f3 de un simple error de digitaci\u00f3n en el segundo nombre.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

14. La accionante promovi\u00f3 acci\u00f3n de tutela contra el despacho mencionado a fin de que dejara sin efectos la decisi\u00f3n referida.  <\/span><\/p>\n

15. El 27 de noviembre de 2015, el Tribunal Superior de Quibd\u00f3 deneg\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional deprecada, tras no evidenciar v\u00eda de hecho en la determinaci\u00f3n adoptada por los despachos accionados.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

16. Fallo que fue confirmado por esta Corporaci\u00f3n, el 25 de febrero de 2016.  <\/span><\/p>\n

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17. El 30 de marzo siguiente, se llev\u00f3 a cabo diligencia de remate, en el que la accionante solicit\u00f3 la nulidad del proceso a partir del mandamiento de pago librado en su contra, la cual fue rechazada por el juzgador.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

18. El 13 de septiembre del mismo a\u00f1o, se llev\u00f3 acabo la diligencia de remate, en la que se adjudic\u00f3 el bien subastado, al se\u00f1or Guillermo Le\u00f3n Cardona Serna.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

19. El 3 de octubre de 2016, se aprueba el remate.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

20. En criterio de la peticionaria del amparo, con las determinaciones de 27 de enero y 7 de septiembre de 2015, se vulner\u00f3 el debido proceso, toda vez que el mandamiento de pago se libr\u00f3 en contra de una persona distinta, Cruz Mar\u00eda Mosquera Moreno, por lo que una vez corregido \u2013pese a que no lo considera procedente-, debi\u00f3 notificarle dicho prove\u00eddo de manera personal, y no por estado, como se hizo.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Cuestiona la interpretaci\u00f3n err\u00f3nea respecto de la norma que hace referencia al control de legalidad que solicit\u00f3.      <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El 12 de octubre de 2016 se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Quibd\u00f3 inform\u00f3 que la accionante promovi\u00f3 acci\u00f3n de tutela por los mismos hechos contra ese estrado judicial y el Juzgado Segundo Civil Municipal de esa ciudad, resguardo que fue denegado en sentencia de 27 de noviembre de 2015.  Con todo, hizo un recuento de la actuaci\u00f3n surtida en segundo grado y se opuso a la prosperidad del amparo, tras se\u00f1alar que todas las peticiones promovidas por la actora han sido resueltas dentro de la oportunidad legal;  en todo caso, insisti\u00f3 en que la presente acci\u00f3n se puede tipificar como temeraria.  <\/span><\/p>\n

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La Juez Segunda Civil Municipal de Quibd\u00f3, precis\u00f3 que respecto a la inconformidad sobre el nombre de la demandada, dicho traspi\u00e9s se debi\u00f3 a un error de transcripci\u00f3n, sin embargo la pasiva se enter\u00f3 de la actuaci\u00f3n en su contra, pero la misma decidi\u00f3 guardar silencio.  Agreg\u00f3 que se declar\u00f3 impedida y que por ese motivo, las diligencias fueron remitidas a su hom\u00f3logo Primero Civil Municipal, para que asumiera el conocimiento del asunto.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por su parte, el Juez Primero Civil Municipal de Quibd\u00f3, inform\u00f3 que el control de legalidad es potestativo del juez;  no obstante, al percatarse del error en la transcripci\u00f3n del segundo nombre de la ejecutante, procedi\u00f3 a enmendarlo, y en este sentido, el yerro cuestionado, no amerit\u00f3 dejar sin efectos actuaciones de m\u00e1s de 6 a\u00f1os.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Abel Dionicio Valencia Casas, manifest\u00f3 que los hechos y pretensiones esbozados en este tr\u00e1mite, ya fueron objeto de estudio dentro de otra acci\u00f3n de tutela, que culmin\u00f3 con sentencia el 24 de noviembre de 2015, y confirmada por la Corte Suprema de Justicia, el 24 de febrero de 2016. Cont\u00f3 que dicho pronunciamiento no fue seleccionado para su revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, por lo que ya hizo tr\u00e1nsito a cosa juzgada constitucional.  De otro lado, mencion\u00f3 que la parte accionante no hizo uso del recurso ordinario que proced\u00eda contra el mandamiento de pago, pese a que se notific\u00f3 en debida forma.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La Fiscal D\u00e9cima Seccional, inform\u00f3 que dentro del tr\u00e1mite que investiga la denuncia de falsedad de documento, la accionante solicit\u00f3 suspender el proceso ejecutivo, petici\u00f3n que no fue atendida por el ente acusador, y continu\u00f3 con el tr\u00e1mite penal correspondiente.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El Tribunal Superior de Quibd\u00f3, adjunt\u00f3 como prueba el fallo de tutela proferido por ese Cuerpo Colegiado, el 27 de noviembre de 2015 con radicado N\u00b0 2015- 140.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Eunice Machado Obreg\u00f3n, a su vez, insisti\u00f3 que los hechos y pretensiones ya hab\u00edan sido objeto de estudio constitucional.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. En sentencia del 21 de octubre de 2016, el Tribunal Superior de Quibd\u00f3 deneg\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional deprecada, tras verificar que la actora interpuso una acci\u00f3n de tutela por los mismos hechos; por tanto, consider\u00f3 que en el asunto se cumplieron los presupuestos de la cosa juzgada constitucional.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. La accionante impugn\u00f3 el fallo, bajo los mismos argumentos descritos en su escrito introductor;  discuti\u00f3 que se ventilaron nuevos hechos como el remate y la consecuente adjudicaci\u00f3n del bien subastado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. La jurisprudencia de manera invariable ha se\u00f1alado que por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable para atacar tales decisiones cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. El art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991 en materia de tutela, considera contrario a la Constituci\u00f3n, el uso abusivo e indebido de esta acci\u00f3n, que se concreta en la duplicidad del ejercicio del amparo constitucional entre las mismas partes, por los mismos hechos y con el mismo objeto.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Seg\u00fan ha precisado esta Corporaci\u00f3n sobre el particular:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab(\u2026). El abuso de este mecanismo especial de protecci\u00f3n constitucional para efectos de obtener m\u00faltiples pronunciamientos a partir del mismo caso, ocasiona un perjuicio para toda la sociedad e implica una p\u00e9rdida directamente en la capacidad judicial del Estado para atender los requerimientos del resto de la sociedad (Exp. T. No. 0010-00, 3 de mayo de 2002), adem\u00e1s que en asuntos, como el presente, en que la actora impetra id\u00e9ntica pretensi\u00f3n, pero a partir de la agregaci\u00f3n de un \u201cnuevo\u201d derecho fundamental, como ella misma lo advierte (fl.41), se pretende evadir la prohibici\u00f3n legal de presentar dos o m\u00e1s peticiones de amparo por los mismos hechos, encuentra la Sala que no por ello, es decir, por tratar de introducir artificiosas modificaciones al contenido de la petici\u00f3n anterior, que no alteran sus aspectos medulares, puede escaparse la accionante de las sanciones que por temeridad tiene previsto el ordenamiento, pues semejante proceder comporta, de todos modos, un uso disfuncional del amparo constitucional merecedor de reproche\u00bb. (CSJ SC 24 Feb 2006, Exp. 2006-00171-00, reiterada 8 May. 2012, Exp. 2012-00017-01.)  <\/span><\/p>\n

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3. En el caso que se examina por esta instancia, de manera preliminar, se advierte que la accionante con anterioridad hab\u00eda formulado una petici\u00f3n de amparo contra los juzgados aqu\u00ed convocados,  con fundamento en los mismos hechos que constituyen el soporte de su solicitud de protecci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Del material de prueba obrante en el expediente, se establece que la acci\u00f3n de tutela de la que se ocupa en este momento la Corte es similar a la estudiada en el fallo de 27 de noviembre de 2015 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quibd\u00f3 \u2013Choc\u00f3; y luego, tras la impugnaci\u00f3n, la revisada por esta Corporaci\u00f3n, el 25 de febrero de 2016, en donde se avizora abiertamente que entre ambas reclamaciones existe identidad de partes, hechos y pretensiones, empero no se acredita un motivo expresamente justificado para que la ciudadana acudiera nuevamente a pedir la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales, pues no se prob\u00f3 ninguna situaci\u00f3n sobreviniente o nueva que tuviera el alcance de cambiar el fallo inicial, por lo que se considera que lo decidido con antelaci\u00f3n ya ha hecho tr\u00e1nsito a cosa juzgada constitucional.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En la providencia, dictada por esta Corporaci\u00f3n, al desatar la impugnaci\u00f3n que en ese entonces se formul\u00f3, revis\u00f3 el pronunciamiento que consisti\u00f3 en:  <\/span><\/p>\n

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\u00abEl auto de mandamiento ejecutivo le fue notificado personalmente a la se\u00f1ora CRUZ MARINA MOSQUERA MORENO, identificada con c\u00e9dula de ciudadan\u00eda n\u00famero 26.259.351, en su condici\u00f3n de demandada, el d\u00eda 08 de marzo de 2011 (ver fol. 27).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La demandada se\u00f1ora CRUZ MARINA MOSQUERA MORENO, contaba con el t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas, para contestar la demanda y proponer las excepciones que a bien tuviera, los cuales iniciaron a partir del d\u00eda h\u00e1bil siguiente al de la notificaci\u00f3n, es decir, a partir del 09 de marzo y hasta el 23 de marzo de 2011, porque el d\u00eda lunes 21 fue festivo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Los t\u00e9rminos vencieron y la demandada no ejerci\u00f3 su derecho de defensa. Solo hasta el d\u00eda 22 de julio de 2014 (ver fl. 64) la demandada le confiri\u00f3 poder al abogado Cl\u00edmaco Maturana Pino, es decir, despu\u00e9s de haber transcurridos 3 a\u00f1os, 4 meses y 14 d\u00edas de haberse notificado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En fin como la demandada se notific\u00f3 del mandamiento ejecutivo y no aleg\u00f3 la supuesta nulidad o alegarla por v\u00eda de reposici\u00f3n ( art\u00edculo 509 C. de P. Civil ), cuando tuvo la oportunidad de hacerlo, se entiende que de haber existido una eventual nulidad por esa causal, la misma qued\u00f3 subsanada ante el silencio de la parte interesada, tal como lo consagran el primer inciso del art\u00edculo 144 del C. de P.- Civil; el antepen\u00faltimo inciso del articulo 143 ejusdem y el numeral 4 del art\u00edculo 144 del mismo ordenamiento\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y sobre el mismo, se concluy\u00f3 que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00ab(\u2026) m\u00e1s all\u00e1 de que la Corte comparta el pensamiento del citado Despacho judicial, que dicha argumentaci\u00f3n se apoy\u00f3 en una debida motivaci\u00f3n, en la que se valor\u00f3 en forma razonada lo sucedido en el proceso y se coligi\u00f3 que no se hab\u00eda configurado la causal de nulidad que se\u00f1al\u00f3 la demandada, por lo que no se aprecia un desconocimiento del debido proceso.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. De all\u00ed que se concluya, que la pretensi\u00f3n de la tutelante se circunscribi\u00f3, de modo exclusivo, a un subjetivo disenso frente a las razones en que el juzgador se fund\u00f3 para arribar a tal conclusi\u00f3n, inconformidad que, naturalmente, excede el \u00e1mbito del sentenciador de tutela, pues claro est\u00e1 que constitucional y legalmente el funcionario judicial tiene entera libertad para realizar una libre hermen\u00e9utica de las normas, sin llegar, por supuesto, al l\u00edmite de la arbitrariedad o la ilegalidad, que en el presente caso no se vislumbran.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Lo pretendido por la peticionaria del amparo, es anteponer su propio criterio al del accionado, y atacar, por esta v\u00eda, la decisi\u00f3n que la desfavoreci\u00f3, finalidad que resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela, mecanismo que dada su naturaleza excepcional no fue creada para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios.   [Acci\u00f3n de tutela radicada con N\u00b0 2015-00140]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed las cosas, la petici\u00f3n de la tutelante comporta una utilizaci\u00f3n desbordada y desmedida del mecanismo constitucional, puesto que el tema que plantea ya hab\u00eda sido sometido a escrutinio de la acci\u00f3n de tutela, y es necesario que a \u00e9sta se le emplee de manera razonable y ponderada, a fin de evitar un desgaste innecesario de la administraci\u00f3n de justicia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Se concluye que en este evento se estructura una circunstancia que amerita la decisi\u00f3n desfavorable de la solicitud de protecci\u00f3n, sin que sea posible adoptar una nueva determinaci\u00f3n definitiva sobre el fondo del asunto, por haberse comprobado que su promotora incurri\u00f3 en temeridad, por lo cual debe darse aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

5.  En conclusi\u00f3n, con fundamento en los anteriores argumentos, se confirmar\u00e1 el fallo de primera instancia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de procedencia y fecha se\u00f1aladas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente esta decisi\u00f3n a los interesados y en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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   MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

      <\/span><\/p>\n

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         ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ   Magistrado ponente      STC572-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 27001-22-08-000-2016-00167-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de enero de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-98881","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98881","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=98881"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98881\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=98881"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=98881"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=98881"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}