{"id":98885,"date":"2026-06-25T17:25:38","date_gmt":"2026-06-25T17:25:38","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc588-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:25:38","modified_gmt":"2026-06-25T17:25:38","slug":"stc588-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc588-2017\/","title":{"rendered":"STC588-2017"},"content":{"rendered":"

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC588-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00ba 13001-22-13-000-2016-00415-01  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1 D. C., veinticinco (25) de enero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 22 de noviembre de 2016 por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por la Gobernaci\u00f3n de Bol\u00edvar contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fue vinculado Luis Alberto Mart\u00ednez Garc\u00eda.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1. La promotora reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial acusada.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, solicita se le ordene al estrado acusado \u00abdeje sin valor ni efecto la providencia de fecha 19 de septiembre de 2016\u2026 mediante la cual resolvi\u00f3 declarar desierto el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto\u2026 contra la sentencia de fecha 9 de septiembre de 2016\u00bb y \u00abtodas las actuaciones posteriores a ese auto, para que en su lugar, se pronuncie nuevamente concediendo el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto y sustentado\u2026\u00bb (folio 1 vuelto, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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2.1. Luis Alberto Mart\u00ednez Garc\u00eda promovi\u00f3 un juicio ejecutivo en contra del Departamento de Bol\u00edvar, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cartagena, despacho que el 25 de mayo de 2016 libr\u00f3 mandamiento de pago.  <\/span><\/p>\n

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2.2. El demandado formul\u00f3 las excepciones de \u00abineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales\u00bb, \u00abfalta de jurisdicci\u00f3n y competencia\u00bb, \u00abla derivada del negocio jur\u00eddico que dio origen a la creaci\u00f3n o transferencia del t\u00edtulo\u00bb y las de \u00aboficio que a bien tenga decretar o las gen\u00e9ricas de que tratan las normas procesales\u00bb (folio 16, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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2.3. El 9 de septiembre de 2016 se dio inici\u00f3 a la audiencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento, en la que el estrado acusado dict\u00f3 sentencia ordenando seguir adelante la ejecuci\u00f3n a favor del ejecutante, decisi\u00f3n que fue recurrida en apelaci\u00f3n por el Departamento de Bol\u00edvar.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.4. El 14 de septiembre siguiente la referida entidad territorial radic\u00f3 un memorial a trav\u00e9s del cual sustentaba el recurso interpuesto.  <\/span><\/p>\n

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2.6. Indic\u00f3 la accionante que la mencionada decisi\u00f3n comporta una violaci\u00f3n a sus derechos y a los principios de la prevalencia de la realidad sobre las formas y doble instancia, pues interpuso y sustent\u00f3 oportunamente la alzada, pero la misma fue desestimada con \u00abel argumento de que el recurso fue sustentado pero no se manifestaron los reparos concretos\u00bb (folio 2 vuelto, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.7. Sostuvo que en el juicio atacado se persiguen dineros de naturaleza p\u00fablica, por lo que debe primar el inter\u00e9s general sobre el particular; el juzgador incurri\u00f3 en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, pues si bien el art\u00edculo 322 del C\u00f3digo General del Proceso prev\u00e9 que se deben precisar de manera breve los reparos concretos que se le hacen a la decisi\u00f3n, no es menos cierto \u00abque en dicha norma no se establece una formula precisa que deban utilizar las partes para expresar sus inconformidades frente a la providencia apelada\u00bb, m\u00e1s cuando el mismo canon indica que para la sustentaci\u00f3n es suficiente que el recurrente exprese las razones de su reclamo (folio 4 vuelto, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.8. Se\u00f1al\u00f3 que no cuenta con otros mecanismos de defensa, toda vez que frente a la determinaci\u00f3n cuestionada no procede apelaci\u00f3n ni tampoco recurso de queja, pues no se neg\u00f3 la alzada sino que se declar\u00f3 desierta; y la Corte Suprema de Justicia ha resuelto situaciones similares a la suya.  <\/span><\/p>\n

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LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADO  <\/span><\/p>\n

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1. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cartagena indic\u00f3 que no se cumpl\u00eda con el requisito de subsidiariedad, pues la accionante contaba con el recurso de reposici\u00f3n frente al auto que declar\u00f3 desierta la alzada; que no prob\u00f3 la existencia de un perjuicio irremediable; que no observ\u00f3 el presupuesto de la inmediatez, pues \u00abno existe motivo v\u00e1lido para que la Gobernaci\u00f3n de Bol\u00edvar no hubiera presentado solicitud constitucional con anterioridad, encontrando que desde la firmeza de la decisi\u00f3n atacada han transcurrido aproximadamente dos (2) meses\u00bb; que no se hace referencia concreta a \u00abqu\u00e9 causal espec\u00edfica de procedibilidad sustenta su solicitud, teniendo la carga de enunciarla y adem\u00e1s acreditarla\u00bb; que no incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho, en tanto que acogi\u00f3 la normatividad aplicable y los precedentes respectivos; y las actuaciones desplegadas observaron los derechos y garant\u00edas constitucionales (folio 80, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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2. Luis Alberto Mart\u00ednez Garc\u00eda se\u00f1al\u00f3 que en el escrito de apelaci\u00f3n no fueron expuestos los puntos espec\u00edficos sobre los que versaba la alzada sino los mismos expresados en las excepciones de m\u00e9rito y alegatos de conclusi\u00f3n; y no cumpli\u00f3 con los requisitos de procedibilidad del resguardo, puesto que no formul\u00f3 recurso de reposici\u00f3n frente a la decisi\u00f3n cuestionada y no justific\u00f3 su demora en la interposici\u00f3n de la tutela, toda vez que transcurrieron m\u00e1s de dos meses desde que se present\u00f3 la supuesta transgresi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Tribunal constitucional concedi\u00f3 el amparo al considerar que si bien la Gobernaci\u00f3n accionante no controvirti\u00f3 el auto que declar\u00f3 desierto el recurso de apelaci\u00f3n, las connotaciones del caso ameritaban la intromisi\u00f3n del juez de tutela, pues el derecho de contradicci\u00f3n fue coartado tajantemente con la aplicaci\u00f3n exeg\u00e9tica de la norma; que el recurso fue sustentado, siendo contradictorio que el estrado acusado manifieste que el recurrente \u00abno hace reparos concretos a la sentencia apelada, sino que presenta la sustentaci\u00f3n\u00bb, cuando \u00e9sta \u00faltima versa precisamente sobre aquellos; que del escrito presentado por la gestora se puede extraer que su inconformidad est\u00e1 directamente relacionada con el hecho de que el t\u00edtulo ejecutivo que soporta la obligaci\u00f3n es complejo y requiere de elementos para colegir su exigibilidad, lo cual, en su sentir, no fue tenido en cuenta al momento de seguir adelante la ejecuci\u00f3n; y que era notorio que s\u00ed fueron expuestos los reparos frente a la sentencia emitida.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Dej\u00f3 sin efectos el auto de 19 de septiembre de 2016 y orden\u00f3 al estrado acusado que \u00abd\u00e9 tr\u00e1mite al recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por la demandada\u00bb (folio 97, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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Luis Alberto Mart\u00ednez Garc\u00eda impugn\u00f3 la referida decisi\u00f3n reiterando lo expuesto en la contestaci\u00f3n de la tutela, agregando que los argumentos de la accionante atacaban el t\u00edtulo mas no la sentencia emitida; que la interposici\u00f3n de la reposici\u00f3n frente a la decisi\u00f3n cuestionada era un requisito previo, el que no puede ser desestimado so pretexto de salvaguardar un derecho fundamental, dado que se \u00abdar\u00eda al traste con el inter\u00e9s del constituyente primario y el legislador regular\u00bb, en la medida que la procedencia del amparo est\u00e1 sometida al numeral 1 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991; que no se pronunci\u00f3 frente a sus argumentos de que la gestora no cumpl\u00eda con el requisito de la inmediatez, \u00abt\u00e9rmino razonable que debe ser valorado por el juez de acuerdo a las circunstancias del caso concreto\u00bb (folios 100 y 105, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio.  <\/span><\/p>\n

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2. De los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias, anticipa la Corte la confirmaci\u00f3n del amparo otorgado, por encontrarse transgredidos los derechos fundamentales de la promotora, como pasa a verse.  <\/span><\/p>\n

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Preliminarmente, se advierte que se abordar\u00e1 el estudio de fondo del asunto, pues si bien no se cumple con el requisito de la subsidiariedad, puesto que no fue recurrido el auto que declar\u00f3 desierto el recurso de apelaci\u00f3n, lo cierto es que el estrado acusado transgredi\u00f3 los derechos fundamentales al debido proceso y defensa de la promotora e incurri\u00f3 en una v\u00eda de hecho con la aludida determinaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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En asuntos de similares connotaciones, esta Sala precis\u00f3 que:  <\/span><\/p>\n

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\u2026a pesar que se obvi\u00f3 controvertir la determinaci\u00f3n que declar\u00f3 desierta la alzada a trav\u00e9s del mecanismo defensivo contemplado en la ley adjetiva civil \u2013recurso de reposici\u00f3n-\u2026 [E]xisten circunstancias verdaderamente excepcionales que, puntual y casu\u00edsticamente verificadas, posibilitan que s\u00f3lo y \u00fanicamente cuando la decisi\u00f3n cuestionada encierra, per se, una anomal\u00eda en grado tal que el yerro enrostrado luzca bajo cualquier \u00f3ptica inadmisible, por causa de producir de manera desmesurada un menoscabo y \u00abpeligro para los atributos b\u00e1sicos\u00bb, es posible la extraordinaria intervenci\u00f3n del juez de amparo, no obstante la negligencia desplegada, por quien depreca el resguardo, al abandonar las v\u00edas legales con que cuenta para remediar sus males directamente en el proceso\u2026\u00bb (CSJ STC, 4 feb. 2014, rad. no. 00088-00, reiterada en CSJ STC11491-2015, 28 ago. 2015)\u2026 (CSJ STC793-2016, 1 feb. 2016, rad. 2015-00367-01).  <\/span><\/p>\n

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3. Con base en tales premisas, descendiendo al caso en estudio, se advierte que el 9 de septiembre de 2016 se dio inicio a la audiencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento, en la que el estrado acusado dict\u00f3 sentencia ordenando seguir adelante la ejecuci\u00f3n a favor del ejecutante, tras considerar que:  <\/span><\/p>\n

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\u2026 sobre las excepciones denominadas \u00abineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales\u00bb y \u00abfalta de competencia y jurisdicci\u00f3n\u00bb, considera esta judicatura que su proposici\u00f3n resulta extempor\u00e1nea, ya que las mismas debieron impetrarse mediante el recurso de reposici\u00f3n presentado contra el mandamiento ejecutivo, siendo aquella la oportunidad procesal pertinente para pronunciarse acerca de los requisitos formales del t\u00edtulo ejecutivo y las excepciones previas conforme a lo ordenado en el inciso 2\u00ba del art\u00edculo 430 del C\u00f3digo General del Proceso.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por otra parte, invoca la ejecutada una de las excepciones se\u00f1aladas en el numeral 12 del art\u00edculo 784 del C\u00f3digo de Comercio, es decir, las derivadas del negocio jur\u00eddico que dio origen a la creaci\u00f3n o transferencia del t\u00edtulo contra el demandante que haya sido parte en el respectivo negocio o contra cualquier otro demandante que no sea tenedor de buena fe exenta de culpa\u2026  <\/span><\/p>\n

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Las excepciones derivadas del negocio causal son aquellas que en principio \u00fanicamente podr\u00e1 proponer el demandado al demandante con quien haya tenido el negocio original\u2026, tanto as\u00ed como de manera particular, contra el tercero que conociendo las falencias del negocio causal concurre precariamente amparado en el principio de circulaci\u00f3n a demandarlo pretendiendo cubrir con mala fe al participe inicial, haciendo creer su desconocimiento frente a tales connotaciones.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Este tipo de excepciones al no ser taxativas comprenden cuanta hip\u00f3tesis o variable se presente en el curso del nacimiento, existencia, nulidad, simulaci\u00f3n, ineficacia, cumplimiento, extinci\u00f3n del negocio causal, lo que en caso de una relaci\u00f3n cambiaria directa entre quienes participan en el negocio causal no es suficiente la simple afirmaci\u00f3n del demandado en cuanto a que dicho negocio es inexistente, nulo, simulado, ineficaz, incumplido o terminado sino que deber\u00e1 probar la esencia de su dicho a trav\u00e9s de los distintos medios de prueba contemplados en el C\u00f3digo General del Proceso, al tiempo que de enfrentar una relaci\u00f3n cambiaria indirecta, esto es, frente a un tercero que alega que el t\u00edtulo valor lo recibi\u00f3 producto de la ley de circulaci\u00f3n, adicionalmente probar la aceptaci\u00f3n del negocio causal, deber\u00e1 tambi\u00e9n probar la condici\u00f3n de mala fe de este tercero, en cuanto el negocio entre este y el beneficiario inicial del t\u00edtulo valor carece de causa, y se ha hecho solo para aparentar de legalidad la acci\u00f3n cambiaria que ejecuta.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Este tipo de excepci\u00f3n constituye una excepci\u00f3n, valga la redundancia, o particularidad frente al principio de autonom\u00eda del derecho incorporado en el t\u00edtulo valor.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En consecuencia al no encontrar probada ninguna de las excepciones invocadas el despacho dispondr\u00e1 seguir adelante la ejecuci\u00f3n\u2026  <\/span><\/p>\n

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Pues bien, sea lo primero manifestar que no compartimos los argumentos expuestos que dieron lugar a la decisi\u00f3n que ahora se ataca, valga repetir, que orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n del cr\u00e9dito en este asunto y condena en costas, en consideraci\u00f3n a que, tal como se manifest\u00f3 en escrito de excepciones propuestas, la Jurisprudencia ha se\u00f1alado que cuando la obligaci\u00f3n que se cobra proviene de un contrato estatal, el t\u00edtulo ejecutivo, por regla general, es complejo en la medida que est\u00e1 conformado no solo por el contrato, en el cual consta el compromiso de pago, sino por otros documentos, registro, publicaciones si hay lugar a ello, acta de liquidaci\u00f3n del contrato en la cual se deje constancia del cumplimiento de la obligaci\u00f3n por parte del contratista y de las que se puede colegir la exigibilidad de la obligaci\u00f3n de pago para la entidad que contrata, en el presente caso, el ente territorial que represento. Pues, no es pertinente pretender reclamar las sumas pretendidas al ente que represento, sin el lleno de las formalidades estipuladas por la Ley o siguiendo el procedimiento adecuado para ello, igualmente demarcado por la Ley.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De igual manera, la liquidaci\u00f3n final del contrato tiene como objetivo principal que las partes definan sus cuentas, que decidan en qu\u00e9 estado quedan despu\u00e9s de cumplida la ejecuci\u00f3n de aqu\u00e9l, que all\u00ed se decidan todas las reclamaciones a que ha dado lugar la ejecuci\u00f3n del contrato, y por esa raz\u00f3n es ese el momento en que se pueden formular las reclamaciones que se consideren pertinentes, pero nunca con un t\u00edtulo de recaudo solo, derivado de la relaci\u00f3n contractual sin el acompa\u00f1amiento del acto jur\u00eddico que provee sus efectos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

No podemos perder de vista entonces, que la obligaci\u00f3n que se pretende cobrar en el subjudice proviene de un contrato estatal, caso en el cual por regla general se ha establecido que el t\u00edtulo ejecutivo es de naturaleza compleja, en la medida que estar\u00e1 integrado no solo por el contrato sino por una pluralidad de documentos de donde se desprenda la existencia de una obligaci\u00f3n clara, expresa y exigible.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Siguiendo este lineamiento contractual, no reposa en el DEPARTAMENTO DEL BOL\u00cdVAR – SECRETAR\u00cdA DE SALUD DEPARTAMENTAL, registros que den cuenta de actuaciones contractuales con el actor, as\u00ed como tampoco de la CL\u00cdNICA ESCALEMOS que nos indiquen al menos, que el servicio qu\u00e9 ahora se reclama, estuviere autorizado por funcionario alguno.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Pues, es claro en materia contractual, y para efectos presupuestales, como en este caso espec\u00edfico, que es necesario que est\u00e9 determinado el ordenador del gasto y por ende medie autorizaci\u00f3n de \u00e9ste o de su delegado para la prestaci\u00f3n del servicio, situaci\u00f3n que no existe en este asunto.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed mismo, refiri\u00e9ndonos a la Atenci\u00f3n Integral prestada, relacionada en las facturas de venta aportadas de recaudo, tal como dijimos, este servicio que se reclama no cont\u00f3 con la debida autorizaci\u00f3n para que la facturaci\u00f3n radicada en nuestra dependencia, cobraran vida y tuvieran efectos jur\u00eddicos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sumado a lo anterior tenemos que la Atenci\u00f3n Integral desplegada en los pacientes no cont\u00f3 con la vigilancia adecuada de parte del DEPARTAMENTO DE BOL\u00cdVAR – SECRETAR\u00cdA DE SALUD DEPARTAMENTAL tal como lo establece la norma que rigen la materia, toda vez que, como hemos venido diciendo, no existi\u00f3 contrato.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Es decir, que muy a pesar de que se relaciona en cada una de las facturas aportadas la clase de servicio prestado en cada uno de los pacientes relacionados, este servicio no fue vigilado y controlado por el ente que represento, pues, a concluir por la facturaci\u00f3n aportada, el servicio que se reclama no tuvo el adecuado control de los auditores m\u00e9dicos del DEPARTAMENTO DE BOL\u00cdVAR -SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por \u00faltimo, debemos expresar que las tarifas tomadas para la facturaci\u00f3n del servicio no fue[ron] pactada[s], de manera expresa, por el prestador del servicio y el DEPARTAMENTO DE BOL\u00cdVAR – SECRETAR\u00cdA DE SALUD DEPARTAMENTAL, por tanto no sabemos con certeza, las tarifas aplicadas para tal atenci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Mediante prove\u00eddo de 19 de septiembre de 2016 el estrado acusado declar\u00f3 desierta la apelaci\u00f3n formulada, tras considerar que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u2026En el asunto sub examine, dentro de los tres d\u00edas siguientes de haberse interpuesto y concedido el recurso de apelaci\u00f3n propuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida\u2026 el d\u00eda 9 de septiembre de 2016, observa el despacho que el apoderado de la parte demandada alleg\u00f3 memorial recibido en fecha 14 de Septiembre de 2016, en el cual no hace los reparos concretos a la sentencia apelada, si no que presenta la sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed las cosas, y teniendo en cuenta que la parte demandada no hizo los reparos concretos a la decisi\u00f3n impugnada, siguiendo las reglas de lo preceptuado en el C\u00f3digo General del Proceso, este despacho debe dar aplicaci\u00f3n a lo dispuesto en el Art. 322 ib\u00eddem, declarando desierto el recurso de apelaci\u00f3n objeto de esta decisi\u00f3n (folio 29, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. Bajo el anterior contexto, se concluye que el estrado criticado incurri\u00f3 en una v\u00eda hecho, comoquiera que no apreci\u00f3 el escrito de alzada, la normatividad aplicable ni la jurisprudencia, al punto que ning\u00fan an\u00e1lisis hizo de las cr\u00edticas formuladas frente al fallo emitido.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Ciertamente, tal como qued\u00f3 rese\u00f1ado, el juzgador acusado no fue claro en el estudio de la apelaci\u00f3n, pues se limit\u00f3 a indicar que la recurrente no hizo \u00ablos reparos concretos a la sentencia apelada, si no que presenta la sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n\u00bb, sin tener en cuenta que el recurrente aleg\u00f3 que no compart\u00eda los argumentos expuestos con fundamento en que no se pod\u00eda perder de vista que lo que se ejecutaba era un t\u00edtulo complejo derivado de un contrato estatal, el que estaba integrado por una pluralidad de documentos, por lo que no era procedente reclamar las sumas pretendidas sin el lleno de formalidades.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Al respecto, esta Sala en un asunto de similares contornos, destac\u00f3 que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u2026frente a la exigencia de \u00abprecisar de manera breve, los reparos concretos que le hace a la decisi\u00f3n, sobre los cuales versar\u00e1 la sustentaci\u00f3n que har\u00e1 ante el superior\u00bb, prevista en el art\u00edculo 322 del C. G. del P., la Corte puntualiz\u00f3 que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

[\u2026] en relaci\u00f3n con el primero de esos adjetivos, igualmente utilizado en el numeral 3\u00ba de la regla 374 del anterior plexo adjetivo, esto es, el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, ha dicho que \u00e9l mismo impone que esa manifestaci\u00f3n sea \u2018perceptible por la inteligencia sin duda ni confusi\u00f3n\u2019, \u2018exacta\u2019 y \u2018rigurosa\u2019 (csj sc de 15 de septiembre de 1994).  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

En ese orden, cuando el legislador, en la norma aqu\u00ed comentada \u2013inciso 2, numeral 3 del art\u00edculo 322 del C.G.P.- le asigna al apelante el deber de \u2018precisar, de manera breve, los reparos concretos que le hace a la decisi\u00f3n\u2019, le exige expresar de manera \u2018exacta\u2019 y \u2018rigurosa\u2019, esto es, \u2018sin duda, ni confusi\u00f3n\u2019, ni vaguedad, ni generalidad, las censuras realizadas a la sentencia origen de su reproche, inconformidades que luego habr\u00e1 de sustentar ante el superior (sublineado propio; CSJ, STC7511-2016, 9 jun. 2016 rad. 01472-00).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

N\u00f3tese que, conforme lo acot\u00f3 la Sala en la jurisprudencia antes invocada, para cumplir la exigencia de \u2018precisar, de manera breve, los reparos concretos que le hace a la decisi\u00f3n\u2019, resulta suficiente que el interesado en oportunidad delimite con concreci\u00f3n los motivos de desacuerdo frente a la sentencia origen de su reproche.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Agreg\u00f3 frente a la sustentaci\u00f3n del recurso:  <\/span><\/p>\n

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En todo caso, la labor de \u2018precisar de manera breve, los reparos concretos\u2026\u2019, que debe hacerse ante el juez de conocimiento, no puede confundirse con la \u00absustentaci\u00f3n\u00bb del recurso, porque, conforme lo establece el canon 322 citado en precedencia, dicho labor\u00edo deber\u00e1 hacerse es \u00abante el superior\u00bb (ver aparte final inc. 2 n\u00fam. 3\u00ba del precitado art\u00edculo y el 327 del C. G. del P.).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Destaca la Corte que, la exigencia de la norma busca garantizarle el derecho de defensa a la contraparte, pues al permitirle que esta conozca de manera puntual y oportuna el tema frente al que ha de versar la alzada, con ello le permite que en tal sentido pueda estructurar su defensa; es decir, evita que el recurrente llegue a exponer ante el ad quem, temas diferentes que resultar\u00edan sorpresivos para sus oponentes, porque este actuar imprevisto conllevar\u00eda a la transgresi\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales\u2026  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Al efecto, encuentra la Corte que la manifestaci\u00f3n de inconformidad -reparos concretos- del apelante radic\u00f3 en la ausencia de medios demostrativos que den soporte a la resoluci\u00f3n criticada; declaraci\u00f3n esta que cumple las exigencias anotadas en tanto que \u00abdelimit\u00f3 de manera clara y comprensible el motivo de desacuerdo\u00bb, por lo que, no pod\u00eda afirmarse que no atendi\u00f3 la carga procesal que la ley le impon\u00eda\u2026. (CSJ STC15304-2016, 26 oct. 2016, rad. 2016-00174-01).   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed las cosas, conforme a lo expuesto anteriormente, se concluye que el juzgador no analiz\u00f3 el escrito de alzada presentado, a trav\u00e9s del cual la peticionaria expuso sus reparos, lo que le transgredi\u00f3 sus prerrogativas esenciales e incluso la oportunidad de acudir ante el superior para que estudie su caso, pues, se repite, del mismo se advierte que la queja se funda en que el t\u00edtulo ejecutivo es complejo y requiere de otros documentos para su exigibilidad.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. Finalmente, en lo atinente al argumento expuesto en la impugnaci\u00f3n de que la gestora no cumpl\u00eda con el requisito de la inmediatez porque desde la firmeza de la decisi\u00f3n hab\u00edan transcurrido aproximadamente dos meses; se le recuerda que el lapso fijado por la jurisprudencia de la Sala, como razonado y proporcional para activar este mecanismo excepcional, es de seis meses, luego, s\u00ed fue observado dicho presupuesto.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. Se impone, entonces, confirmar el fallo objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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            AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO   Magistrado ponente      STC588-2017   Radicaci\u00f3n n\u00ba 13001-22-13-000-2016-00415-01      Bogot\u00e1 D. C., veinticinco (25) de enero de dos mil diecisiete (2017).      Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 22 de noviembre de 2016 por la Sala Civil \u2013 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-98885","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98885","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=98885"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98885\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=98885"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=98885"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=98885"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}