{"id":98886,"date":"2026-06-25T17:25:42","date_gmt":"2026-06-25T17:25:42","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc589-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:25:42","modified_gmt":"2026-06-25T17:25:42","slug":"stc589-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc589-2017\/","title":{"rendered":"STC589-2017"},"content":{"rendered":"

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC589-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2016-01939-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1 D. C., veinticinco (25) de enero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 2 de noviembre de 2016 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Ra\u00fal Antonio Mart\u00ednez Pe\u00f1a contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja y el Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los Juzgados 33 y 49 Penales del Circuito del mismo lugar.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1. El promotor reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y a la libertad personal, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales acusadas.  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, solicita se disponga \u00abdeclarar la extinci\u00f3n de la pena accesoria de interdicci\u00f3n de derechos y funciones p\u00fablicas impuesta en la sentencia condenatoria\u2026 dando aplicaci\u00f3n al inciso final del art. 28 C.N. en \u00edntima concordancia con los arts. 88, 89 y 90 Cod. Penal\u00bb; \u00abreconocer judicialmente el restablecimiento de [sus] derechos y funciones p\u00fablicas, as\u00ed como en su oportunidad lo hiciese la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n\u00bb; \u00abdeclarar la extinci\u00f3n de la sanci\u00f3n penal acorde a lo dispuesto en el numeral 5 del art\u00edculo 88 del C\u00f3digo Penal\u00bb; y \u00abexhortar al juez que vigila actualmente [su] pena que ordene [su] libertad inmediata\u00bb, pues \u00abha operado el fen\u00f3meno jur\u00eddico de la prescripci\u00f3n de la sanci\u00f3n penal accesoria que a la vez se t\u00edpica (sic) como causal de extinci\u00f3n de la sanci\u00f3n penal, dando aplicaci\u00f3n a los principios de favorabilidad inciso\u2026 primero del art\u00edculo 89 y principio pro-homine\u00bb (folio 13, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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2.1. Dentro de un juicio penal adelantado en contra de Ra\u00fal Antonio Mart\u00ednez Pe\u00f1a, el Juzgado 33 Penal del Circuito de Bogot\u00e1, en sentencia de 30 de mayo de 2001, lo conden\u00f3 a la pena de 38 a\u00f1os y 6 meses de prisi\u00f3n, al hallarlo responsable de la comisi\u00f3n de los delitos de homicidio y porte ilegal de armas, pena que fue redosificada posteriormente por el Juzgado Cuarto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad en 19 a\u00f1os, 10 meses y 5 d\u00edas.  <\/span><\/p>\n

2.2. El 18 de agosto de 2015 el condenado solicit\u00f3 la extinci\u00f3n de la sanci\u00f3n penal de interdicci\u00f3n de derechos y funciones p\u00fablicas, la cual fue denegada en prove\u00eddo de 29 de octubre de 2015 por el Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja, decisi\u00f3n que fue recurrida en apelaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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2.3. La Sala Penal del Tribunal Superior de Tunja, en providencia de 28 de abril de 2016, confirm\u00f3 la determinaci\u00f3n de primer grado.  <\/span><\/p>\n

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2.4. Indic\u00f3 que formul\u00f3 el referido recurso de apelaci\u00f3n porque los 10 a\u00f1os que le fijaron como pena accesoria de \u00abinterdicci\u00f3n de derechos y funciones p\u00fablicas\u00bb se cumplieron el 30 de mayo de 2011, pues dicha sanci\u00f3n le fue impuesta el 30 de mayo de 2001, por lo que recuper\u00f3 sus garant\u00edas y est\u00e1 dentro de una de las causales que extinguen la sanci\u00f3n penal, adem\u00e1s, al juzgador no le corresponde hacer una interpretaci\u00f3n extensiva o no prevista en la norma sustantiva.  <\/span><\/p>\n

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2.5. Se\u00f1al\u00f3 que su notificaci\u00f3n y la de los sujetos procesales desconoci\u00f3 los t\u00e9rminos de ley, lo cual genera nulidad por violaci\u00f3n de sus prerrogativas esenciales, toda vez que la sentencia condenatoria fue proferida el 30 de mayo de 2001, mientras que el edicto se fij\u00f3 el 29 de junio siguiente, es decir, un mes despu\u00e9s, raz\u00f3n por la cual debe tomarse en consideraci\u00f3n el art\u00edculo 28 de la Carta Pol\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

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2.6. Adujo que fue condenado como reo ausente, por lo que no interpuso los recursos de ley; se deben aplicar por favorabilidad los art\u00edculos 23 y 24 de la Ley 600 de 2000, y 24, 25 y 26 de la Ley 906 de 2004.  <\/span><\/p>\n

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2.8. Afirm\u00f3 que es inaplicable el art\u00edculo 90 de la Ley 599 de 2000 atinente a la prescripci\u00f3n de la sanci\u00f3n privativa de la libertad, pues al momento de su captura la pena de interdicci\u00f3n de derechos y funciones ya se encontraba prescrita.  <\/span><\/p>\n

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2.9. Sostuvo que los sujetos procesales fueron notificados fuera del t\u00e9rmino y ninguno formul\u00f3 recurso alguno; la sentencia le impuso una pena alta, lo que hac\u00eda inviable cualquier subrogado penal; los juzgadores se apartaron de los lineamientos legales al notificarlo por edicto del contenido del fallo condenatorio, fuera de t\u00e9rmino, lo que configura un error judicial.  <\/span><\/p>\n

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2.10. Agreg\u00f3 que se encuentra privado de su libertad desde el 6 de junio de 2011, en el establecimiento penitenciario de alta y mediana seguridad de Combita \u2013Boyac\u00e1.  <\/span><\/p>\n

LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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1. El Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja, tras relatar lo acontecido en el proceso criticado, indic\u00f3 que las peticiones elevadas por el accionante han sido atendidas en debida forma, se han ejercido los respectivos recursos y no se han vulnerado las garant\u00edas esenciales.  <\/span><\/p>\n

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2. El Juzgado 49 Penal del Circuito de esa ciudad realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas en el proceso y se\u00f1al\u00f3 que, cuando le fueron asignadas las diligencias, resolvi\u00f3 una solicitud del promotor explic\u00e1ndole el procedimiento surtido para las notificaciones y ejecutoria de la sentencia.  <\/span><\/p>\n

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3. La Sala Penal del Tribunal Superior de Tunja refiri\u00f3 que conoci\u00f3 del recurso de apelaci\u00f3n formulado por el peticionario contra el auto de 29 de octubre de 2015, en el que se le neg\u00f3 la extinci\u00f3n de la sanci\u00f3n penal de interdicci\u00f3n de derechos y funciones p\u00fablicas, confirmando la decisi\u00f3n en prove\u00eddo de 28 de abril de 2016; que la tutela no es una tercera instancia, m\u00e1s cuando la determinaci\u00f3n adoptada fue consecuencia de no haberse configurado el fen\u00f3meno de la prescripci\u00f3n de la sanci\u00f3n penal, lo que obedece a un criterio razonado; que ha respetado los derechos fundamentales y garant\u00edas procesales.  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 el amparo al considerar que la decisi\u00f3n cuestionada era razonable, pues el ad quem desat\u00f3 el recurso contra el auto de primera instancia con suficiente claridad, basado en la normatividad que rige el asunto puesto a su conocimiento y en la jurisprudencia aplicable; que si bien pudo haberse presentado una dilaci\u00f3n en la notificaci\u00f3n de la sentencia por parte del juzgado fallador, ello no tiene trascendencia para los fines perseguidos, toda vez que al no haberse presentado la prescripci\u00f3n de la pena de prisi\u00f3n, la sanci\u00f3n accesoria sigue latente, m\u00e1s cuando el cumplimiento de esta \u00faltima comienza cuando se haya ejecutado la totalidad de aquella, por lo que el cuestionamiento no tiene sentido; que el hecho de que no aparezcan anotaciones en los registros de la Procuradur\u00eda General no significa que la sanci\u00f3n accesoria hubiera prescrito, \u00abporque de ser ello as\u00ed, la \u00fanica explicaci\u00f3n posible es que la autoridad responsable de informar sobre la emisi\u00f3n de la sentencia condenatoria no lo hizo y de ah\u00ed la ausencia del antecedente\u00bb; que la simple inconformidad con las determinaciones adoptadas no significa per se la violaci\u00f3n de derechos fundamentales (folio 65, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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El accionante impugn\u00f3 la referida decisi\u00f3n reiterando los argumentos expuestos en su escrito inicial y aduciendo que los jueces de ejecuci\u00f3n de penas y medidas de seguridad \u00abemple[an] los criterios jurisprudenciales a su antojo\u00bb; que la dilaci\u00f3n de la notificaci\u00f3n s\u00ed configura un error judicial; que los juzgadores no tienen en cuenta que la rehabilitaci\u00f3n opera ipso iure y se consolida con el transcurso del tiempo (folio 79, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares.  <\/span><\/p>\n

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Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio.  <\/span><\/p>\n

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2. Con base en tales premisas, descendiendo al caso en estudio, concluye la Corte que el amparo carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, toda vez que no luce arbitraria la providencia que defini\u00f3 el asunto puesto en conocimiento de la Corporaci\u00f3n acusada.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, la Sala Penal del Tribunal Superior de Tunja, en prove\u00eddo de 28 de abril de 2016 confirm\u00f3 la determinaci\u00f3n de primer grado, a trav\u00e9s de la que se deneg\u00f3 la extinci\u00f3n de la sanci\u00f3n de interdicci\u00f3n de derechos y funciones p\u00fablicas, tras considerar que:  <\/span><\/p>\n

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\u2026 es necesario precisar que en materia penal, las decisiones se ejecutan y surten sus efectos jur\u00eddicos, una vez se encuentran ejecutoriadas (art\u00edculo 187 del c\u00f3digo de procedimiento penal, ley 600 de 2000), salvo las relativas a la libertad y detenci\u00f3n, y las que ordenan medidas preventivas, que se cumplir\u00e1n de inmediato (art\u00edculo 188 del mismo estatuto), y la producci\u00f3n de sus efectos jur\u00eddicos, lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia, depende de la previa notificaci\u00f3n de su contenido a los distintos sujetos procesales…  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, contrario a lo dicho por el recurrente, la sentencia proferida por el Juzgado Treinta y Tres Penal del Circuito de Bogot\u00e1 el 30 de mayo de 2001, mediante la cual se conden\u00f3 a RAUL ANTONIO MART\u00cdNEZ PE\u00d1A, qued\u00f3 ejecutoriada el 9 de julio de 2001, de lo cual se dej\u00f3 constancia a folio 36 del cuaderno de conocimiento; pues se le notific\u00f3 al Procurador Judicial el 26 de junio de 2001, al Fiscal y al Defensor del condenado el 28 de junio de 2001, y al condenado y dem\u00e1s sujetos procesales por edicto fijado el 29 de junio de 2001 y desfijado el 4 de julio de 2001, (fls. 33-36 c.conocimiento) quedando ejecutoriada tres d\u00edas h\u00e1biles despu\u00e9s de la \u00faltima notificaci\u00f3n, es decir, el 9 de julio de 2001 seg\u00fan la constancia que all\u00ed se dej\u00f3.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed entonces, sus efectos jur\u00eddicos se producen a partir del 9 de julio de 2001, y desde ese momento se extingue el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal y se inicia a contabilizar el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n de la pena, como lo indic\u00f3 la jurisprudencia antes citada, y en aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 187 del C. de P.P.  <\/span><\/p>\n

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A\u00f1adi\u00f3 que:  <\/span><\/p>\n

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Por tanto, la pena de inhabilitaci\u00f3n de derechos y funciones p\u00fablicas fue impuesta como accesoria; en consecuencia, como qued\u00f3 expuesto, al ser accesoria, en materia de prescripci\u00f3n corre la misma suerte de la pena principal de prisi\u00f3n a la que accede; as\u00ed entonces, si la pena de prisi\u00f3n prescribe tambi\u00e9n sucede con la pena de inhabilitaci\u00f3n de derechos y funciones p\u00fablicas, y si se interrumpe el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n de la pena privativa de la libertad, igualmente se interrumpe la prescripci\u00f3n de la accesoria siendo concurrente con la de prisi\u00f3n (art\u00edculo 53 del c\u00f3digo penal).  <\/span><\/p>\n

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Igualmente se indic\u00f3, que conforme el art\u00edculo 89 del CP., la pena privativa de la libertad prescribe en el t\u00e9rmino fijado para ella en la sentencia, o en el que falte por ejecutar, sin que pueda ser inferior a cinco a\u00f1os; t\u00e9rmino que se cuenta desde la ejecutoria de la sentencia, pues desde ese momento es que surte efectos jur\u00eddicos y no antes, (art\u00edculo 187 del C. de P.P.), contrario a lo dicho por el recurrente; y la adici\u00f3n que hiciera la ley 1709 de 2014 al art\u00edculo 89 fue ratificar y precisar que dicho t\u00e9rmino se contabilizaba a partir de la ejecutoria de la correspondiente sentencia, pero no es nada novedoso.  <\/span><\/p>\n

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De otra parte, como lo se\u00f1ala el art\u00edculo 90 del CP., el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n de la pena de prisi\u00f3n se interrumpe cuando el sentenciado es aprehendido en virtud de la sentencia, o es puesto a disposici\u00f3n de la autoridad competente para el cumplimiento de la misma.  <\/span><\/p>\n

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Como el sentenciado RAUL ANTONIO MART\u00cdNEZ PE\u00d1A se encuentra privado de la libertad desde el 6 de junio de 2011\u2026, y desde ese momento cumple la pena de 38 a\u00f1os y 6 meses de prisi\u00f3n, impuesta en la sentencia del 30 de mayo de 2001, redosificada en providencia del 25 de junio de 2012 a 19 a\u00f1os, 10 meses y 5 d\u00edas de prisi\u00f3n; significa que desde el 9 de julio de 2001 hasta el 6 de junio de 2011 no hab\u00eda transcurrido el t\u00e9rmino de la pena de prisi\u00f3n impuesta, por tanto, no prescribi\u00f3, quedando interrumpido el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n con la aprehensi\u00f3n del condenado.  <\/span><\/p>\n

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Concluyendo as\u00ed, que:  <\/span><\/p>\n

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\u2026como la pena de prisi\u00f3n de RAUL ANTONIO MART\u00cdNEZ PE\u00d1A no prescribi\u00f3, tampoco sucedi\u00f3 tal fen\u00f3meno para la pena accesoria de inhabilitaci\u00f3n de derechos y funciones p\u00fablicas, la que debe concurrir con la privativa de la libertad en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 53 del CP.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y su cumplimiento como pena accesoria por diez a\u00f1os de inhabilitaci\u00f3n de derechos y funciones p\u00fablicas, que fue la impuesta en la sentencia y se mantuvo inc\u00f3lume en la redosificaci\u00f3n, empieza a cumplirse una vez cumplida la pena privativa de la libertad, por expresa disposici\u00f3n del art\u00edculo 55 del decreto ley 100 de 1980, c\u00f3digo penal vigente para la fecha de los hechos por los que fue condenado MART\u00cdNEZ PE\u00d1A, que dice: \u2018Las penas de interdicci\u00f3n de derechos y funciones p\u00fablicas\u2026, se aplicar\u00e1n de hecho mientras dure la pena privativa de la libertad concurrente con ellas. Cumplida \u00e9sta, empezar\u00e1 a correr el t\u00e9rmino se\u00f1alado para aquellas en la sentencia, salvo lo dispuesto en el art\u00edculo 68. A su cumplimiento, el juez oficiosamente dar\u00e1 la informaci\u00f3n respectiva a la autoridad correspondiente\u2019; norma cotejada por la jurisprudencia con el art\u00edculo 53 del actual c\u00f3digo penal, como se expuso inicialmente, de donde se concluy\u00f3 que no existi\u00f3 modificaci\u00f3n alguna precisando que la sanci\u00f3n accesoria empieza a cumplirse una vez cumplida la pena privativa de la libertad.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En conclusi\u00f3n, la pena accesoria de inhabilitaci\u00f3n de derechos y funciones p\u00fablicas impuesta a RA\u00daL ANTONIO MART\u00cdNEZ PE\u00d1A no prescribi\u00f3, al no haber prescrito la pena principal de prisi\u00f3n a la que accede, y tampoco se ha cumplido por no haberse ejecutado en su totalidad la pena privativa de la libertad, momento a partir del cual se iniciar\u00e1 el cumplimiento de la accesoria atendiendo a lo dicho en la jurisprudencia.  <\/span><\/p>\n

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3. As\u00ed las cosas, esta Sala concluye que la determinaci\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no encuentra recibo en esta sede excepcional, ya que, en rigor, lo que se plantea es una diferencia de criterio frente a la determinaci\u00f3n que deneg\u00f3 la extinci\u00f3n de la sanci\u00f3n penal accesoria de interdicci\u00f3n de derechos y funciones p\u00fablicas, en cuyo caso tal labor no puede ser desaprobada de plano o calificada de absurda o arbitraria, \u00abm\u00e1xime si la [interpretaci\u00f3n] que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico (…) y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451).  <\/span><\/p>\n

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4. Se impone, entonces, confirmar el fallo objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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            AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO   Magistrado ponente      STC589-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2016-01939-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1 D. C., veinticinco (25) de enero de dos mil diecisiete (2017).      Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-98886","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98886","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=98886"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98886\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=98886"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=98886"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=98886"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}