{"id":98887,"date":"2026-06-25T17:25:50","date_gmt":"2026-06-25T17:25:50","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc590-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:25:50","modified_gmt":"2026-06-25T17:25:50","slug":"stc590-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc590-2017\/","title":{"rendered":"STC590-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

STC590-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00ba 23001-22-14-000-2016-00591-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1 D. C., veinticinco (25) de enero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 22 de noviembre de 2016 por la Sala Civil \u2013 Familia \u2013 Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Francisco Rafael Racero Doria contra el Juzgado Civil del Circuito de Lorica, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes del proceso objeto de reclamo constitucional.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. El promotor reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia e igualdad, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial acusada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.1. Roc\u00edo Padilla N\u00fa\u00f1ez promovi\u00f3 un juicio ejecutivo por obligaci\u00f3n de hacer en contra de Dativa Doria de Racero con el fin de que suscribiera la escritura de compraventa a favor de aquella y de Francisco Rafael Racero, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Civil del Circuito de Lorica, despacho que el 24 de abril de 2014 libr\u00f3 mandamiento de pago.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.2. En auto de 23 de mayo de 2014 se tuvo por notificada por conducta concluyente a la ejecutada, sin embargo, \u00e9sta no present\u00f3 en tiempo las excepciones.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.3. Mediante prove\u00eddo de 19 de julio de 2016 se declar\u00f3 la ilicitud de unos autos y se dispuso seguir adelante con la ejecuci\u00f3n de conformidad con lo ordenado en el mandamiento de pago, decisi\u00f3n que fue recurrida en reposici\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.4. El estrado del circuito acusado con auto de 19 de octubre de 2016 mantuvo la determinaci\u00f3n proferida.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.5. Indic\u00f3 el accionante que como soporte probatorio de la demanda la ejecutante aport\u00f3 una fotocopia sin autenticar del contrato de promesa de compraventa del inmueble, por lo que no prestaba m\u00e9rito ejecutivo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.6. Se\u00f1al\u00f3 que no se libr\u00f3 mandamiento de pago en la forma solicitada, toda vez que se demand\u00f3 una obligaci\u00f3n de hacer y no una de dar dinero; la orden de apremio se encuentra solo a favor de Roc\u00edo Padilla N\u00fa\u00f1ez, excluy\u00e9ndolo como comprador del inmueble; y pese a que en dicha determinaci\u00f3n se dispuso su vinculaci\u00f3n, la misma no se efectu\u00f3, es decir, no se integr\u00f3 el litisconsorcio necesario, por lo que no pudo ejercer su defensa.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.7. Adujo que en prove\u00eddo de 2 de julio de 2014 el despacho criticado tuvo por presentadas en t\u00e9rmino legal las excepciones de m\u00e9rito, corri\u00f3 traslado de las mismas, ejerciendo la ejecutante su derecho de r\u00e9plica. No obstante, despu\u00e9s de dos a\u00f1os de haberse cumplido con esa etapa procesal, el extremo actor solicit\u00f3 que se declarara la extemporaneidad de las defensas, a lo que se accedi\u00f3 en providencia de 19 de julio de 2016.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.8. Refiri\u00f3 que a pesar de que esa \u00faltima determinaci\u00f3n fue recurrida, se desconoci\u00f3 el precedente judicial; no se efectu\u00f3 el control de legalidad; se dispuso seguir adelante la ejecuci\u00f3n, pese a que lo procedente era \u00abordenar[le] al demandado suscribir un documento (escritura p\u00fablica) y si\u2026 no lo suscrib[\u00eda], le correspond[\u00eda] al juez suscribir[lo]\u00bb (folio 2, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.9. Agreg\u00f3 que desde el inicio del proceso se presentaron una serie de irregularidades, entre ellas ordenar el cumplimiento de una obligaci\u00f3n no pretendida por la ejecutante; desconocerlo como parte, lo que le impide obtener la condici\u00f3n de propietario y le causa un perjuicio irremediable en su patrimonio; tener como t\u00edtulo ejecutivo la fotocopia del contrato; no darle igualdad de trato en la actividad judicial; y no motivar de fondo el auto de 19 de julio de 2016.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LA RESPUESTA DEL ACCIONADO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El Juzgado Civil del Circuito de Lorica indic\u00f3 que el accionante no es parte del proceso criticado; que el mandamiento de pago de 24 de abril de 2014 se encuentra ejecutoriado y ordena el pago de una suma a Dativa Doria de Racero, mas no al promotor; que no se agotaron los medios de defensa judicial; y no avizora una causal de procedencia del resguardo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El Tribunal constitucional neg\u00f3 el amparo al considerar que no cumpl\u00eda con el requisito de subsidiariedad, pues de conformidad con el art\u00edculo 134 del C\u00f3digo General del Proceso el promotor puede acudir al juicio exponiendo la irregularidad de que suscribi\u00f3 la promesa de compraventa que sirvi\u00f3 como t\u00edtulo ejecutivo pero no fue notificado; que si bien se dict\u00f3 el auto de seguir adelante la ejecuci\u00f3n, el proceso no ha terminado; y no demostr\u00f3 la ocurrencia de un perjuicio irremediable.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El accionante impugn\u00f3 la referida decisi\u00f3n sin manifestar los argumentos de su inconformidad (folio 247 vuelto, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Sobre el alcance del art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991, la jurisprudencia constitucional ha considerado que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u2026la legitimaci\u00f3n por activa en la acci\u00f3n de tutela se refiere al titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados. Sin embargo, tanto las normas como la jurisprudencia, consideran v\u00e1lidas tres v\u00edas procesales adicionales para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela: (i) a trav\u00e9s del representante legal del titular de los derechos fundamentales presuntamente conculcados (menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jur\u00eddicas); (ii) por intermedio de apoderado judicial (abogado titulado con poder o mandato expreso); y, (iii) por medio de agente oficioso (C.C. T-878 de 2007).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. De los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias anticipa la Corte la improcedencia del resguardo impetrado, comoquiera que el accionante, actualmente, carece de legitimaci\u00f3n para controvertir por esta v\u00eda las actuaciones surtidas en el proceso objeto de censura.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sobre la legitimaci\u00f3n para acudir a este mecanismo de resguardo constitucional, los art\u00edculos 10 y 31 del Decreto 2591 de 1991 establecen como presupuesto para su formulaci\u00f3n que quien as\u00ed obre tenga un inter\u00e9s que legitime su intervenci\u00f3n, el cual, cuando se trata de la presunta violaci\u00f3n de los derechos fundamentales generada por actuaciones o providencias judiciales, radica en cabeza de quienes integran alguno de los extremos del litigio o fueron reconocidos como intervinientes.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Al respecto, en un asunto de contornos similares al de ahora, la Sala precis\u00f3 que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u2026\u2018al ser evidente que la promotora de la queja carece de atribuci\u00f3n para adelantar por este medio la defensa de los derechos fundamentales reclamados dentro de un juicio donde no ostent\u00f3 la calidad de parte ni de tercero, emerge ostensible la improcedencia de la protecci\u00f3n impetrada, no siendo menester adentrarse en el contenido de la queja por cuanto lo primero excluye lo segundo\u2019 (sentencia de 26 de noviembre de 2010, exp. 11001-22-03-000-2010-01168-01, reiterada en fallo de 26 de julio de 2012, exp. No. 13001-22-13-000-2012-00198-01) (CSJ STC, 24 oct. 2012, rad. 00171-01; reiterada en STC2689-2015, 11 mar. 2015, rad. 00421-00).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed las cosas, como el promotor no ostenta la calidad de parte ni de interviniente en el tr\u00e1mite atacado, no puede promover el resguardo a t\u00edtulo personal, pues el hecho de que indique haber suscrito el contrato que se ejecuta no lo habilita, autom\u00e1ticamente, para acudir directamente a la tutela a cuestionar las decisiones adoptadas en el tr\u00e1mite acusado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. Ahora bien, se advierte que el promotor cuenta con otros mecanismos de defensa para alegar su falta de notificaci\u00f3n del juicio criticado, concretamente, solicitar la nulidad de esa actuaci\u00f3n ante el estrado acusado, escenario en el que podr\u00e1 exponer las irregularidades que ahora alega conforme con lo previsto en el art\u00edculo 134 del C\u00f3digo General del Proceso.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sobre el particular, la Sala en un asunto de similares contornos precis\u00f3 que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u2026Lo anterior cobra mayor relevancia, dado que el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 134 del C\u00f3digo General del Proceso, consagra que \u2018dichas causales podr\u00e1n alegarse en el proceso ejecutivo, incluso con posterioridad a la orden de seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, mientras no haya terminado por el pago total a los acreedores o por cualquier otra causa legal\u2019.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por consiguiente, la solicitud de resguardo resulta tambi\u00e9n prematura, respecto de lo cual la Corte ha explicado:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed las cosas, la acci\u00f3n de tutela \u2013 se reitera- est\u00e1 destinada a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo juicio no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, pero en ning\u00fan momento se puede entender como una herramienta apta para desplazar a los funcionarios a quienes constitucional y legalmente se les ha asignado la resoluci\u00f3n de las controversias judiciales.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. Las anteriores razones se consideran suficientes para confirmar el fallo objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

<\/span>This version of Total Doc Converter is unregistered.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

            AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO   Magistrado ponente      STC590-2017   Radicaci\u00f3n n\u00ba 23001-22-14-000-2016-00591-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1 D. C., veinticinco (25) de enero de dos mil diecisiete (2017).      Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-98887","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98887","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=98887"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98887\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=98887"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=98887"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=98887"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}