{"id":98890,"date":"2026-06-25T17:26:00","date_gmt":"2026-06-25T17:26:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc594-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:26:00","modified_gmt":"2026-06-25T17:26:00","slug":"stc594-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc594-2017\/","title":{"rendered":"STC594-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

STC594-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2016-02005-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia de 15 de noviembre de 2016, proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Ezequiel Monta\u00f1ez Castellanos contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado 32 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de esta ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los sujetos procesales e intervinientes en el proceso penal que origina la queja.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.        El accionante deprec\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa e igualdad, presuntamente vulnerados con ocasi\u00f3n de las sentencias de instancia dictadas, en su orden, el 7 de octubre de 2015 y el 13 de enero de 2016, por las autoridades judiciales accionadas, dentro del juicio penal seguido en contra de Jos\u00e9 Luis Rinc\u00f3n Ruiz, Gladys Cecilia Alfonso, Mar\u00eda del Pilar Moreno y John Fredy Silva Montilla por el delito de constre\u00f1imiento ilegal.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Como consecuencia, pidi\u00f3: (i) declarar la nulidad de todo lo actuado en el referido tr\u00e1mite desde la imputaci\u00f3n de cargos, por cuanto el Juzgado 32 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogot\u00e1 debi\u00f3 convocar a los terceros de buena fe que adquirieron los bienes involucrados en la comisi\u00f3n del il\u00edcito; (ii) dejar sin efecto la orden dictada en la sentencia de 7 de octubre de 2015 del referido despacho, que dispuso \u00abcancelar las anotaciones 14 y 15 del folio de matr\u00edcula inmobiliaria n\u00ba 157-50154 y \u2026 algunas anotaciones adicionales\u00bb del citado folio; y (iii) ordenar el restablecimiento de sus derechos frente a dicho predio (folio 8, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        La queja constitucional se contrae a los supuestos f\u00e1cticos que a continuaci\u00f3n se sintetizan:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.1.        John Eduard Palacios formul\u00f3 denuncia penal contra Jos\u00e9 Luis Rinc\u00f3n Ruiz, Mar\u00eda del Pilar Moreno Oviedo, John Fredy Silva Montilla y Gladis Cecilia Alfonso Sierra por el punible de \u00abconstre\u00f1imiento ilegal\u00bb, la cual fue tramitada por la Fiscal\u00eda 91 Especial Delegada ante los jueces penales del circuito de Bogot\u00e1.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.2.        El Juzgado 32 Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de esta ciudad adelant\u00f3 el juicio y dict\u00f3 sentencia el 7 de octubre de 2015, condenando a los citados procesados a pena privativa de la libertad, al encontrarlos responsables del il\u00edcito de constre\u00f1imiento ilegal; decisi\u00f3n que fue confirmada por el superior en la suya, de 13 de enero de 2016.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.3.        En la providencia de primer grado el estrado acusado dispuso la cancelaci\u00f3n de los registros correspondientes a las anotaciones 14 y 15 del folio inmobiliario n\u00ba 157-50154 del predio de propiedad del actor, afectando el negocio jur\u00eddico mediante el cual adquiri\u00f3 el dominio de dicho bien de manos de personas ajenas a la causa penal.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.4.        El gestor del amparo se duele de las sentencias de instancia porque no se notific\u00f3 ni se requiri\u00f3 a los terceros de buena, como \u00e9l, que adquirieron los bienes con posterioridad a la comisi\u00f3n de la conducta delictual, dado que \u00e9stos no fueron afectados con medida cautelar alguna.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       2.5.        El quejoso afirma que le compr\u00f3 de buena fe el bien ra\u00edz anotado a Jaime Monta\u00f1ez Castellanos y Marina Ortiz Saavedra, mediante escritura p\u00fablica n\u00ba 2519 de la Notar\u00eda 30 de Bogot\u00e1; que, luego, el referido inmueble le fue adjudicado en la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal por instrumento p\u00fablico n\u00ba 3929 de la Notar\u00eda 5\u00ba de la misma ciudad; sin embargo, el documento protocolario le fue devuelto por la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos sin asentarse, dado que \u00ablos compradores recientes no son titulares del derecho real del pleno dominio\u00bb, seg\u00fan la cancelaci\u00f3n de las anotaciones 14 y 15 dispuestas en la sentencia cuestionada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y DE LOS VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.        El Magistrado Ponente del Tribunal cuestionado solicit\u00f3 no acceder a la protecci\u00f3n, por cuanto en la sentencia de segundo grado se\u00f1al\u00f3 las dos posibilidades1 con que contaban los terceros adquirientes de buena fe para hacer que los responsables repararon el da\u00f1o ocasionado, lo que hac\u00eda improcedente el amparo, dado que el actor no hab\u00eda intentado ninguno de los medios comunes a su alcance para propender por la salvaguarda de sus intereses (folio 178 y 179, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        Gonzalo Obdulio \u00c1vila Forero se\u00f1al\u00f3 estar de acuerdo con la acci\u00f3n de tutela, en la medida en que tambi\u00e9n es un tercero de buena fe que no fue convocado al proceso penal (folios 207 y 208, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.        El Juzgado 32 Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de Bogot\u00e1 puntualiz\u00f3 que cit\u00f3 a todos los terceros que aparecen en los predios afectados con el delito para que asistan a la audiencia primera de tr\u00e1mite del incidente de reparaci\u00f3n integral, pese a que ellos cuentan con el proceso civil para hacer valer sus derechos (folios 210 y 211, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4.        Michel Eduardo Rozo Romero, v\u00edctima reconocida dentro del juicio fuente de la censura, pidi\u00f3 negar la protecci\u00f3n rogada porque los terceros de buena fe cuentan con otras v\u00edas judiciales para defender sus derechos frente a las personas que les enajenaron los inmuebles de los que fueron despojados (folios 248 a 250, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El a quo constitucional estim\u00f3 que no hubo un proceder irregular de parte de los funcionarios accionados que constituyera v\u00eda de hecho, toda vez que al concluir en las sentencias criticadas que los procesados \u00aba trav\u00e9s de terceros obtuvieron la propiedad de varios inmuebles no s\u00f3lo de la v\u00edctima sino de algunos familiares y amigos con t\u00edtulos obtenidos fraudulentamente, como consecuencia del constre\u00f1imiento al que se vio sometido el se\u00f1or Jhon Eduard Palacios\u00bb, tal circunstancia le impon\u00eda al juzgador, bajo el amparo de restablecimiento de , disponer la cancelaci\u00f3n de los registros obtenidos de manera ilegal, conforme lo prev\u00e9 el inciso 2\u00ba del art\u00edculo 101, ley 906 de 2004.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En tal virtud, record\u00f3 que la providencia CSJ AP, 11 dic. 2013, rad. 42737, sent\u00f3 lo referente a la prevalencia del restablecimiento de los derechos de la v\u00edctima sobre los terceros de buena fe, en la que destac\u00f3 \u00abcomo obligaci\u00f3n ineludible para el funcionario judicial, [la] de restablecer el derecho de las v\u00edctimas o, en otras palabras, volver las cosas al estado original\u00bb, lo cual no significaba que el tercero quedara desamparado, comoquiera que segu\u00eda latente la posibilidad que por los procedimientos comunes obtuviera la indemnizaci\u00f3n del da\u00f1o causado.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Igualmente, en esa decisi\u00f3n la misma Sala destac\u00f3 que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u2026de encontrarse acreditado lo espurio del t\u00edtulo que sirvi\u00f3 para el registro de negocios posteriores a la comisi\u00f3n del il\u00edcito, la falta de comparecencia del tercero de buena fe al proceso penal, no impide que el funcionario judicial proceda a su cancelaci\u00f3n y que el tercero adquirente acuda a otros mecanismos judiciales \u2013l\u00e9ase incidente de reparaci\u00f3n integral o jurisdicci\u00f3n civil-, si su pretensi\u00f3n se encuentra encaminada a obtener la indemnizaci\u00f3n de los perjuicios causados\u2026  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De manera que si bien el actor no fue convocado al juicio penal, \u00e9ste fue citado por el cognoscente al incidente de reparaci\u00f3n integral, actuaci\u00f3n que se surtir\u00e1 el 23 de noviembre de 2016, y en caso que no participe en ese tr\u00e1mite el quejoso a\u00fan puede acudir a la justicia civil (folio 294 a 306, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El accionante reiter\u00f3 los mismos argumentos expuestos en su l\u00edbelo y agreg\u00f3 que lo pretendido es que como tercero de buena fe hubiese sido escuchado en el juicio penal antes de ordenarse la cancelaci\u00f3n del registro de las propiedades.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Adicionalmente inform\u00f3 que en la audiencia de reparaci\u00f3n de perjuicios la juez accionada impidi\u00f3 la participaci\u00f3n de los terceros de buena fe, determinaci\u00f3n que fue controvertida en reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n, el primero fue resuelto manteniendo la decisi\u00f3n y el segundo recurso se encuentra pendiente de ser desatado por el superior (folios 331 a 335, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

1.        Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. Por su naturaleza subsidiaria y residual no puede hacerse uso de ella para sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Seg\u00fan la jurisprudencia vigente, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la existencia de una actuaci\u00f3n abiertamente contraria al ordenamiento jur\u00eddico, que transgreda los mandatos constitucionales. En torno a ello, esta Corporaci\u00f3n se\u00f1al\u00f3:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Es necesario memorar que s\u00f3lo los pronunciamientos arbitrarios con evidente y directa repercusi\u00f3n en las garant\u00edas fundamentales de quienes participan en los procesos judiciales, son susceptibles de cuestionamiento por esta v\u00eda (CSJ STC, 3 oct. 2013, rad. 2013-02250-00).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Adicional a la demostraci\u00f3n de la arbitrariedad, la procedencia del amparo est\u00e1 condicionada a que no se cuente o no se hayan desaprovechado remedios adecuados para superar la vulneraci\u00f3n (CSJ STC, 6 ag. 2015, rad. 2015-01691-00), pues en caso contrario deber\u00e1 negarse, ya que ello significar\u00eda atentar contra la seguridad jur\u00eddica y la intangibilidad de los pronunciamientos judiciales.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        En el caso que concita la atenci\u00f3n de esta Sala, se advierte la confirmaci\u00f3n de la sentencia de primera instancia, por cuanto es evidente que esta acci\u00f3n p\u00fablica no tiene cabida en tanto se encuentre en curso la actuaci\u00f3n respecto de la cual se predica la vulneraci\u00f3n de los derechos cuya protecci\u00f3n se quiere reclamar, pues de admitirse, implicar\u00eda soslayar los mecanismos ordinarios a trav\u00e9s de los cuales se puede buscar la garant\u00eda de tales prerrogativas dentro de ese mismo tr\u00e1mite; t\u00e9ngase en cuenta que el incidente de reparaci\u00f3n integral est\u00e1 en marcha, en el cual los terceros de buena fe, entre los que se cuenta el gestor del amparo, formularon recurso de apelaci\u00f3n contra la determinaci\u00f3n del Juzgado 32 Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de Bogot\u00e1 de no reconocerlos como v\u00edctimas2, el cual est\u00e1 pendiente de ser desatado por el superior.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Puestas as\u00ed las cosas, es evidente que mientras no sea resuelta la alzada por el competente, mal puede pedir el actor que el funcionario de tutela intervenga en el devenir de esa actuaci\u00f3n, anticip\u00e1ndose a las resoluciones que constitucional y legalmente le han sido deferidas al juez de la causa; puesto que ese es el escenario procesal id\u00f3neo para propender por la defensa de los derechos que le asisten, medio que no puede ser caprichoso y arbitrariamente sustituido ni eludido por el ejercicio de la acci\u00f3n de tutela seg\u00fan expreso mandato del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.        En adici\u00f3n de lo anterior, es preciso se\u00f1alar que en todo caso el interesado a\u00fan cuenta con el proceso declarativo civil para buscar el resarcimiento de los perjuicios irrogados por quien le vendiera el predio respecto del cual fueron canceladas las anotaciones de transferencia del dominio.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

T\u00e9ngase en cuenta que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u2026de la acci\u00f3n de tutela no puede hacerse uso para soslayar o sustituir los procedimientos ordinarios que deben adelantarse ante los funcionarios competentes; adem\u00e1s, la Sala retomando apartes de la sentencia C-543 del 1\u00ba de octubre de 1992, proferida por la Corte Constitucional, acept\u00f3 que: \u00abLa acci\u00f3n de tutela a) no reemplaza los procesos ordinarios o especiales, ni es sustituto de los diversos \u00e1mbitos de competencia de los jueces, ni es instancia adicional a las existentes; b) ha sido concebida \u00fanicamente para dar soluci\u00f3n eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresi\u00f3n o la amenaza de un derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jur\u00eddico no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces; c) nunca prevalece sobre la acci\u00f3n ordinaria, salvo que se ejercite como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable; d) no es viable si se la pretende usar como medio enderezado a la reapertura de procesos que ya fueron objeto de fallo, tanto si respecto de las decisiones judiciales correspondientes se ha producido la ejecutoria y, en consecuencia, la cosa juzgada formal, como si han hecho tr\u00e1nsito a cosa juzgada material; y e) no es el \u00fanico mecanismo orientado a la protecci\u00f3n de la persona humana y sus derechos esenciales. Todos los procesos y la integridad del aparato judicial tienen ese mismo fin\u00bb (CSJ STC, 15 dic. 2011, rad. 2011-01889-01; reiterada, entre otras, en CSJ STC, 27 sep. 2013, rad. 2013-01609-01; y CSJ STC, 12 mar. 2015, rad. 2015-00084-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4.        Se impone, entonces, confirmar el fallo de primer grado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

1 Incidente de reparaci\u00f3n integral y proceso ordinario civil.    <\/span><\/p>\n

2 Folios 3 a 6, cuaderno Corte.      <\/span><\/p>\n

<\/span>This version of Total Doc Converter is unregistered.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

         AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO   Magistrado ponente         STC594-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2016-02005-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil diecisiete)         Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil diecisiete (2017).         Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-98890","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98890","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=98890"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98890\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=98890"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=98890"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=98890"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}