{"id":98893,"date":"2026-06-25T17:26:18","date_gmt":"2026-06-25T17:26:18","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc597-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:26:18","modified_gmt":"2026-06-25T17:26:18","slug":"stc597-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc597-2017\/","title":{"rendered":"STC597-2017"},"content":{"rendered":"

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC597-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2016-01952-02  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de enero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 24 de noviembre de 2016 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Luis Emilio Hern\u00e1ndez Calder\u00f3n contra la Direcci\u00f3n de Sanidad Militar, tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a Adriana Calder\u00f3n Sarmiento y a la Fundaci\u00f3n de Rehabilitaci\u00f3n Integral Ludus.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1. El accionante, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la salud, a la igualdad, a la educaci\u00f3n, al libre desarrollo de la personalidad, a la \u00abpermanencia\u00bb y a la \u00abobservancia de las normas sustanciales y procesales\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad accionada al desvincular a su hijastro Juli\u00e1n David L\u00f3pez Calder\u00f3n del subsistema de salud de las fuerzas militares y de polic\u00eda, en calidad de beneficiario, impidi\u00e9ndole acceder a los servicios que de \u00e9l se derivan.    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, solicita se ordene a la encusada \u00abmanten[er] por siempre afiliado\u2026 al joven JULI\u00c1N DAVID L\u00d3PEZ CALDER\u00d3N\u00bb, as\u00ed como tambi\u00e9n su permanencia a la \u00abFUNDACI\u00d3N DE REHABILITACI\u00d3N INTEGRAL LUDUS\u00bb (folios 1 a 4, cuaderno 1)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        La queja se fundamenta en los hechos que pasan a sintetizarse:  <\/span><\/p>\n

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2.1. Luis Emilio Hern\u00e1ndez Calder\u00f3n afili\u00f3 en calidad de beneficiario a su hijastro Juli\u00e1n David L\u00f3pez Calder\u00f3n desde el 28 de junio de 2004 al Subsistema de Salud de la Polic\u00eda Nacional.  <\/span><\/p>\n

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2.2. Indic\u00f3 que el joven padece de \u00abdiscapacidad metal y permanente\u00bb, por lo que ven\u00eda siendo tratado por el Departamento de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional, a trav\u00e9s de la I.P.S. Fundaci\u00f3n de Rehabilitaci\u00f3n Integral Ludus, desde comienzos del 2005 y hasta el 31 de marzo de 2016, fecha en la que fue desafiliado por la acusada sin notificaci\u00f3n alguna.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.3. Sostuvo que elev\u00f3 petici\u00f3n ante la autoridad encartada suplicando la continuidad de los servicios referidos a espacio a favor de Juli\u00e1n David, solicitudes que, en su sentir, \u00abno fueron resueltas\u00bb, pues s\u00f3lo se le manifest\u00f3 que \u00abADRIANA CALDERON SARMIENTO madre de JULIAN DAVID L\u00d3PEZ CALDER\u00d3N aparec\u00eda afiliada a la E.P.S. COMPENSAR y por lo tanto no se puede acceder al servicio de salud y a la FUNDACI\u00d3N LUDUS al joven\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.4.        Argument\u00f3 que la EPS Compensar no tiene convenio con la Fundaci\u00f3n de Rehabilitaci\u00f3n Ludus, raz\u00f3n que adem\u00e1s vulnera las prerrogativas de primer grado de su hijastro, pues le imposibilita seguir su tratamiento; agreg\u00f3 que Juli\u00e1n David \u00abes un ni\u00f1o para toda la vida que requiere la protecci\u00f3n del Estado\u2026 por sufrir de trastorno mental\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS  <\/span><\/p>\n

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1. La Direcci\u00f3n de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional \u2013 Seccional Bogot\u00e1 solicit\u00f3 denegar el resguardo, argument\u00f3, respecto a la prestaci\u00f3n del servicio de salud, que las fuerzas militares se rigen por el Decreto 1795 de 2000, por lo que bajo el \u00abprincipio de legalidad\u00bb solo pod\u00eda suministrar los servicios m\u00e9dicos asistenciales \u00aba quienes por Ley est\u00e1 obligada a hacerlo\u00bb, que para el caso en concreto \u00abno es viable afiliar\u2026 [a] JULI\u00c1N DAVID L\u00d3PEZ CALDER\u00d3N para que acceda a los Servicios de Salud de la Polic\u00eda Nacional, pues como se encuentra demostrado NO CUMPLE con los requisitos exigidos para ostentar la calidad de beneficiario, ni se ha demostrado que tiene discapacidad[,] tampoco se anexo sentencia judicial que lo declare interdicto\u00bb, por lo que sugiri\u00f3 su afiliaci\u00f3n al Sistema General de Seguridad Social en Salud a trav\u00e9s del r\u00e9gimen contributivo o subsidiado (folios 21 a 25, cuaderno 1).    <\/span><\/p>\n

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1. Los dem\u00e1s guardaron silencio.    <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El a quo constitucional concedi\u00f3 transitoriamente la protecci\u00f3n tras considerar que si bien es cierto la situaci\u00f3n de Juli\u00e1n David L\u00f3pez Calder\u00f3n no se ajusta a ninguno de los eventos descritos en el art\u00edculo 24 del Decreto 1795 de 2000, ni demostr\u00f3 su discapacidad, a m\u00e1s que su progenitora se encuentra bajo la calidad de cotizante ante la EPS Compensar; lo cierto es que padece una \u00abdiscapacidad cognoscitiva diagnosticada\u2026 y de acuerdo al estado de evoluci\u00f3n que de las evaluaciones especializadas se le ha realizado, presenta un trastorno que le impide llegar a tener una auto-determinaci\u00f3n e independencia, al igual que desarrollar habilidades que le permitan desempe\u00f1arse laboralmente, por cuanto su capacidad intelectual le inhabilita para realizar, se itera, por s\u00ed solo, actividades que le permitan su subsistencia, [por lo que] se torna necesario no interrumpir intempestivamente el servicio de salud, del que ha quedado desprovisto\u2026 al ser desvinculado de la Direcci\u00f3n de Sanidad\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, orden\u00f3 a la autoridad accionada que:  <\/span><\/p>\n

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\u2026en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificaci\u00f3n del presente fallo de tutela, vincule por el t\u00e9rmino m\u00e1ximo de cuatro (4) meses, a Juli\u00e1n David L\u00f3pez Calder\u00f3n a los servicios m\u00e9dico asistenciales que ven\u00eda disfrutando como beneficiario de Luis Emilio Hern\u00e1ndez Calder\u00f3n, incluyendo los relacionados con la rehabilitaci\u00f3n dada ante la Fundaci\u00f3n Ludus.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Cumplidos los cuatro (04) meses referidos, podr\u00e1 desafiliarse a Juli\u00e1n David L\u00f3pez Calder\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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\u2026Prevenir a Luis Emilio Hern\u00e1ndez Calder\u00f3n, que dispone del t\u00e9rmino m\u00e1ximo de cuatro (04) meses, a partir de que le sea notificado este fallo, para que adelante las actuaciones y gestiones administrativas con el fin de lograr, la afiliaci\u00f3n al Sistema General de Seguridad Social en Salud de Juli\u00e1n David L\u00f3pez Calder\u00f3n, como beneficiario de su progenitora ante la EPS Compensar, ya que de no hacerlo perder\u00e1 los beneficios de la presente medida transitoria (folios 76 a 88, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La present\u00f3 la parte accionante reiterando los argumentos tra\u00eddos en el libelo inicial.  <\/span><\/p>\n

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Agreg\u00f3 que Juli\u00e1n David \u00abtiene una discapacidad f\u00edsica, motora y cognoscitiva, con retraso mental leve y deterioro del comportamiento significativo, lo que se traduce en un apoyo permanente e incondicional del estado que no da lugar a soluciones transitorias\u00bb; a m\u00e1s que es imposible que se desconozca que un hijastro \u00abhace parte del n\u00facleo familiar de una pareja legalmente establecida\u00bb (folio 93 a 94, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        La salud ha sido reconocida por la jurisprudencia constitucional como un derecho fundamental aut\u00f3nomo que:  <\/span><\/p>\n

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\u2026 tiene una doble connotaci\u00f3n \u2013derecho constitucional fundamental y servicio p\u00fablico-. En tal sentido, todas las personas deben poder acceder al servicio de salud y al Estado le corresponde organizar, dirigir, reglamentar y garantizar su prestaci\u00f3n de conformidad con los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad (CC T-1036\/07).  <\/span><\/p>\n

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\u2026 en materia de amparo del derecho fundamental a la salud por v\u00eda de tutela, \u2018una vez adoptadas las medidas de orden legislativo y reglamentario orientadas a determinar cu\u00e1les son las prestaciones obligatorias en salud y a trazar las v\u00edas de acceso a la seguridad social, si se cumplen los requisitos previstos en estos escenarios, todas las personas sin excepci\u00f3n pueden acudir a la acci\u00f3n de tutela para lograr la efectiva protecci\u00f3n de su derecho constitucional fundamental a la salud cuando quiera que este derecho se encuentre amenazado de vulneraci\u00f3n o haya sido conculcado\u2019 (CC T-919\/08).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En este orden de ideas, la acci\u00f3n supralegal procede para proteger el derecho a la salud cuando se evidencia una afectaci\u00f3n inminente del derecho a la vida del actor, o a su integridad personal o a su la dignidad humana.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Aunado a lo anterior, se tiene que la solicitud de amparo constitucional cobra mayor relevancia cuando se  trata de la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales de una persona con discapacidad, pues jurisprudencialmente se ha precisado que:  <\/span><\/p>\n

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La procedencia de la tutela es mucho m\u00e1s evidente si se advierte que est\u00e1 en juego tambi\u00e9n el mandato constitucional de proteger a aquellas personas que se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta (art. 13 C. P.), por raz\u00f3n de su edad, su condici\u00f3n econ\u00f3mica, f\u00edsica o mental, y por tanto se hacen sujetos de especial protecci\u00f3n. La persona en situaci\u00f3n de discapacidad se encuentra en una condici\u00f3n de excesiva vulnerabilidad frente a prejuicios sociales que no puede, por s\u00ed mismo y por su propia voluntad, eludir, m\u00e1xime si se trata de menores de edad, raz\u00f3n por la que merecen un trato especial, con el fin de permitirles estar en igualdad de condiciones con quienes no lo son (CC T586\/13 citada en CSJ, STC6123-2015, 21 may. 2015, rad. 2015-00178-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Es as\u00ed que el art\u00edculo 11 de la Ley 1306 de 2009, respecto a la salud de los referidos sujetos de especial protecci\u00f3n, se\u00f1al\u00f3 que:   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Ning\u00fan sujeto con discapacidad mental podr\u00e1 ser privado de su derecho a recibir tratamiento m\u00e9dico, psicol\u00f3gico, psiqui\u00e1trico, adiestramiento, educaci\u00f3n y rehabilitaci\u00f3n f\u00edsica o psicol\u00f3gica, proporcionales a su nivel de deficiencia, a efecto de que puedan lograr y mantener la m\u00e1xima independencia, capacidad f\u00edsica, mental, social y vocacional y la inclusi\u00f3n y participaci\u00f3n plena en todos los aspectos de la vida, de acuerdo con los lineamientos y programas cient\u00edficos dise\u00f1ados o aprobados por el Comit\u00e9 Consultivo Nacional de las Personas con Limitaci\u00f3n de que trata la Ley 361 de 1997.  <\/span><\/p>\n

La organizaci\u00f3n encargada de prestar el servicio de salud y de educaci\u00f3n en Colombia adoptar\u00e1 las medidas necesarias para obtener que ninguna persona con discapacidad mental sea privada del acceso a estos servicios desde la temprana edad.  <\/span><\/p>\n

La recreaci\u00f3n, el deporte, las actividades l\u00fadicas y en general cualquier actividad dirigida a estimular el potencial f\u00edsico, creativo, art\u00edstico e intelectual, son inherentes a las prestaciones de salud, educaci\u00f3n y rehabilitaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

En el c\u00e1lculo de las prestaciones alimentarias, congruas o necesarias, se incluir\u00e1n los costos que demanden las actividades de salud, educaci\u00f3n y rehabilitaci\u00f3n aqu\u00ed previstas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Ahora, respecto a la composici\u00f3n del n\u00facleo familiar y los hijos aportados a \u00e9l \u2013hijastros- por los c\u00f3nyuges o compa\u00f1eros permanentes, la Corte Constitucional en reciente jurisprudencia reiter\u00f3 que:  <\/span><\/p>\n

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Los hijos aportados, quienes revisten especial inter\u00e9s para el asunto bajo estudio, se entienden como aquellos integrados al matrimonio o a la uni\u00f3n marital de hecho por uno de los c\u00f3nyuges o de los compa\u00f1eros permanentes provenientes de una relaci\u00f3n diferente. A estos, al igual que a cualquier otro tipo de hijos, se les debe garantizar por parte de la familia, la sociedad y el Estado una igualdad de trato (i) frente a su n\u00facleo familiar, lo que comprende a sus hermanos, en caso de haberlos, ya sea que tengan su misma calidad de aportados o sean hijos comunes de la pareja, consangu\u00edneos, adoptivos o de crianza, (ii) frente a la sociedad en general y (iii) frente al Estado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De acuerdo con el mencionado art\u00edculo 42 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, todos los \u201chijos habidos en el matrimonio o fuera de \u00e9l, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia cient\u00edfica, tienen iguales derechos y deberes\u201d. Precepto que se aplica en concordancia con el art\u00edculo 13 Superior. Bajo tales premisas, la jurisprudencia constitucional ha sido reiterativa en manifestar que est\u00e1 proscrita cualquier forma de discriminaci\u00f3n en raz\u00f3n de la forma de filiaci\u00f3n (CC T-292\/16).  <\/span><\/p>\n

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1. El Decreto 1795 de 2000 mediante el cual se estructura el Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la Polic\u00eda Nacional, conforme al art\u00edculo 24, contempla, en lo que aqu\u00ed interesa, que, \u00fanicamente son beneficiarios de ese r\u00e9gimen los hijos mayores de 18 a\u00f1os que padezcan una invalidez absoluta y permanente, o los hijos menores de 18 a\u00f1os de cualquiera de los c\u00f3nyuges o compa\u00f1eros permanente, que hagan parte del n\u00facleo familiar, o aquellos menores de 25 que sean estudiantes con dedicaci\u00f3n exclusiva y dependan econ\u00f3micamente del afiliado.    <\/span><\/p>\n

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1. Descendiendo al sub examine, advierte la Sala la necesaria intervenci\u00f3n del juez constitucional, toda vez que se evidencia una vulneraci\u00f3n a las prerrogativas del joven L\u00f3pez Calder\u00f3n por parte de la autoridad demandada, al excluirlo como beneficiario de los servicios asistenciales que le suministraba, desconociendo de esta manera la jurisprudencia constitucional para el caso en concreto.    <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

1. Se arriba a la anterior conclusi\u00f3n porque los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias dan cuenta de:    <\/span><\/p>\n

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i. Que Juli\u00e1n David L\u00f3pez Calder\u00f3n se hallaba afiliado al Subsistema de Salud de la Polic\u00eda Nacional en calidad de beneficiario del accionante, como hijastro de \u00e9ste; actualmente se encuentra retirado por la decisi\u00f3n unilateral de la accionada (folio 12).    <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

i. Concepto de la Unidad de Rehabilitaci\u00f3n San Antonio, adscrita a la Direcci\u00f3n de Sanidad, en el que se se\u00f1al\u00f3 que el joven \u00abno sale s\u00f3lo a la calle no maneja dinero\u00bb (folio 43).    <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

i. Diagn\u00f3stico psiqui\u00e1trico, emitido por parte de la profesional Juliana Lamus Amaya, adscrita a la Direcci\u00f3n de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional, en el que se calific\u00f3 a Juli\u00e1n David con \u00abretraso mental leve, deterioro del comportamiento significativo\u00bb (folio 44).    <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

i. Informe de evaluaci\u00f3n del servicio de fonoaudiolog\u00eda de la Fundaci\u00f3n Ludus en el que concluy\u00f3 que \u00abel usuario presenta una discapacidad comunicativa debido al retraso generalizado en el desarrollo de aspectos del lenguaje, sem\u00e1ntico y pragm\u00e1tico evidenciado en el bajo repertorio lexical, dificultades de organizaci\u00f3n y uso del lenguaje\u00bb (folios 29 a 30).    <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

i. Informe de evaluaci\u00f3n del \u00e1rea acad\u00e9mica por parte de la Fundaci\u00f3n Ludus, en el que se establece un plan de tratamiento encaminado a mantener las habilidades matem\u00e1ticas del paciente, que \u00able permitan desenvolverse en su contexto inmediato con mayor facilidad\u2026\u00bb (folio 31 a 32).    <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

i. Informe de evaluaci\u00f3n del servicio de fisioterapia de la Fundaci\u00f3n Ludus, la que diagnostic\u00f3 que \u00abJuli\u00e1n es un joven de 17 a\u00f1os de edad cronol\u00f3gica que presenta un retraso en un desarrollo motor grueso realizando habilidades motoras y patrones de movimiento con calidad de ejecuci\u00f3n inferior a la \u00f3ptima de maduraci\u00f3n, sin embargo actualmente no genera trastorno de su movimiento corporal pero si requiere continuar en manejo fisioterap\u00e9utico para mantener y\/o mejorar su calidad de movimiento grueso\u00bb (folios 35 a 37).    <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

i. Informe de psicolog\u00eda en el que la Fundaci\u00f3n Ludus expone que \u00abJuli\u00e1n demuestra poseer los recursos personales para conseguir resultados satisfactorios en su proceso, sus dificultades est\u00e1n relacionadas al (sic) control de sus impulsos en situaciones sociales, resoluci\u00f3n de problema[s] y seguimiento de instrucciones, su n\u00facleo familiar se constituye como apoyo y facilitador del alcance de los objetivos terap\u00e9uticos\u00bb (folio 38 a 39).    <\/span><\/p>\n

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i. Informe de evaluaci\u00f3n del \u00e1rea de terapia ocupacional parte de la Fundaci\u00f3n Ludus que sostuvo que \u00abJuli\u00e1n presenta dificultades en cuanto a dispositivos b\u00e1sicos, perceptual, precisi\u00f3n motora fina y en AVDI, como tambi\u00e9n requiere orientaci\u00f3n a nivel vocacional enfocada a un desempe\u00f1o independiente, por lo cual requiere continuar con la intervenci\u00f3n desde el \u00e1rea de Terapia Ocupacional\u00bb (folios 40 a 41).    <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

i. A m\u00e1s, la referida fundaci\u00f3n certific\u00f3 que, para el 29 de julio de 2016, el joven se encontraba vinculado a esa entidad recibiendo los servicios de Terapia Ocupacional, Fonoaudiolog\u00eda, educaci\u00f3n especial, fisioterapia, psicolog\u00eda, como parte de un plan integral, en una jornada de lunes a viernes de 8:00am a 3:00pm. (folio 10).    <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

1. As\u00ed las cosas, es palmario que Juli\u00e1n David L\u00f3pez Calder\u00f3n por la acreditada situaci\u00f3n mental que lo aqueja, requiere continuar con los servicios asistenciales prestados por parte de la Direcci\u00f3n de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional, en calidad de beneficiario de su padrastro Luis Emilio Hern\u00e1ndez Calder\u00f3n, pues si bien es cierto no existe una decisi\u00f3n judicial que lo declare interdicto y tambi\u00e9n lo es que, conforme a lo evidenciado, son indiscutibles los actuales padecimientos relacionados con la capacidad mental de L\u00f3pez Calder\u00f3n, los que, en consonancia con el principio de la continuidad en la prestaci\u00f3n de los servicios m\u00e9dicos, imponen que el tratamiento prestado por la autoridad accionada deba seguir a su cargo hasta que la misma Direcci\u00f3n de Sanidad tenga certeza, a trav\u00e9s de los ex\u00e1menes y conceptos respectivos, que desvirt\u00faen el contenido de lo atr\u00e1s relacionado, que el diagn\u00f3stico del paciente difiere de una \u00abinvalidez absoluta y permanente\u00bb, en concordancia con el literal C, del Decreto 1795 de 20001  <\/span><\/p>\n

2. , supuesto \u00fanico que, en principio, abrir\u00eda paso a su desvinculaci\u00f3n de ese r\u00e9gimen.    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

No est\u00e1 dem\u00e1s memorar que aunado a la discapacidad referida, que hace de Juli\u00e1n David un sujeto de especial protecci\u00f3n, tambi\u00e9n lo es que el hecho de que \u00e9ste sea hijastro del accionante, no constituye argumento v\u00e1lido para su exclusi\u00f3n del subsistema de salud de que se trata, como tampoco lo es que su madre biol\u00f3gica actualmente est\u00e9 afiliada como cotizante ante Compensar E.P.S., pues esto \u00faltimo tampoco desvirt\u00faa la pertenencia del paciente al n\u00facleo familiar conformado por el accionante y la progenitora de L\u00f3pez Calder\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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       En efecto, en un caso de similares contornos al ac\u00e1 estudiado, la Sala puntualiz\u00f3 que:  <\/span><\/p>\n

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\u2026 el concepto en que se fundamenta la encartada para negarse a realizar la inclusi\u00f3n, genera discriminaci\u00f3n y condiciones de desigualdad entre los miembros del n\u00facleo familiar, particularmente en relaci\u00f3n con los descendientes, que para el caso son dos, pues no hay justificaci\u00f3n que permita que frente a dos menores de edad, miembros de un mismo hogar, se imponga a uno de ellos un sistema de atenci\u00f3n en salud distinto y menos beneficioso que el consagrado para su hermano, porque estima la Direcci\u00f3n de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional, que el hijastro debe ser inscrito por sus progenitores en el sistema de salud al que ellos pertenezcan.  <\/span><\/p>\n

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La se\u00f1alada posici\u00f3n desconoce los derechos fundamentales del hijo aportado por la compa\u00f1era permanente del inconforme, toda vez que a pesar de convivir bajo igual techo, se le imponen restricciones para acceder a exactos beneficios de los que goza su hermano habido al interior de la uni\u00f3n marital de hecho, lo que: \u00abcrea una situaci\u00f3n de segregaci\u00f3n dentro del n\u00facleo familiar, constitucionalmente inaceptable\u00bb (T-606 de 2013). (CSJ, STC12548-2016, 7 sep. 2016, rad. 2016-00386-01).  <\/span><\/p>\n

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1. Por lo expuesto, es claro para la Sala que el proceder de la Direcci\u00f3n de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional, respecto a la desvinculaci\u00f3n de Juli\u00e1n David L\u00f3pez Calder\u00f3n de su Subsistema de Salud, en calidad de beneficiario de su padrastro Luis Emilio Hern\u00e1ndez Calder\u00f3n, resulta arbitrario, lo que justifica, como ya se enunci\u00f3, la intervenci\u00f3n del juez de tutela, pero no como lo dispuso el a quo en el fallo confutado, ante el panorama antes expuesto, raz\u00f3n por la que se ajustar\u00e1 la orden impartida en el sentido que el resguardo que se concede es de car\u00e1cter definitivo, debi\u00e9ndose mantener activo a L\u00f3pez Calder\u00f3n como beneficiario de su padrastro hasta tanto se desvirtu\u00e9, por los medio id\u00f3neos, que la afectaci\u00f3n mental de aqu\u00e9l no configura una \u00abinvalidez absoluta y permanente\u00bb.     <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, modifica la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n, en el sentido de conceder el resguardo de forma definitiva y, en consecuencia, ordenar a la Polic\u00eda Nacional que a trav\u00e9s de su Direcci\u00f3n de Sanidad, en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta providencia, proceda a reestablecer la afiliaci\u00f3n al subsistema de salud de las Fuerzas Militares y de Polic\u00eda, as\u00ed como la prestaci\u00f3n del servicio m\u00e9dico asistencial y todos los beneficios que de \u00e9l se deriven, a favor de Juli\u00e1n David L\u00f3pez Calder\u00f3n, como beneficiario de su padrastro Luis Emilio Hern\u00e1ndez Calder\u00f3n, en las mismas condiciones en que se ven\u00eda prestando antes de su desvinculaci\u00f3n, garantizando la continuidad de los tratamientos m\u00e9dicos que se hubieran suspendido; lo que se deber\u00e1 mantener hasta tanto se agoten los ex\u00e1menes y diagn\u00f3sticos encaminados a establecer que el joven L\u00f3pez Calder\u00f3n no padece de una invalidez absoluta y permanente, en concordancia con el literal C del art\u00edculo 24 del Decreto 1795 de 2000, en aras de definir su situaci\u00f3n dentro de ese sistema de salud, para lo cual no s\u00f3lo deber\u00e1 respetar el debido proceso de los involucrados sino tambi\u00e9n tendr\u00e1 en cuenta la jurisprudencia constitucional relacionada con el tema.    <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

1   Art\u00edculo 24. BENEFICIARIOS…. (c) Los hijos mayores de 18 a\u00f1os con invalidez absoluta y permanente, que dependan econ\u00f3micamente del afiliado y cuyo diagn\u00f3stico se haya establecido dentro del l\u00edmite de edad de cobertura.      <\/span><\/p>\n

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            AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO   Magistrado ponente         STC597-2017   Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2016-01952-02   (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil diecisiete)         Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de enero de dos mil diecisiete (2017).         Se decide la impugnaci\u00f3n formulada […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-98893","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98893","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=98893"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98893\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=98893"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=98893"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=98893"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}