{"id":98894,"date":"2026-06-25T17:26:21","date_gmt":"2026-06-25T17:26:21","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc598-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:26:21","modified_gmt":"2026-06-25T17:26:21","slug":"stc598-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc598-2017\/","title":{"rendered":"STC598-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC598-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-22-03-000-2016-00827-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de enero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 10 de noviembre de 2016 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, en la acci\u00f3n de tutela instaurada por Mar\u00eda Jaqueline y Edwin Yovanny Correa Acevedo contra los Juzgados Civil Circuito de Girardota, Primero Promiscuo Municipal de Barbosa y el Municipio de Barbosa, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        Los accionantes, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclamaron la protecci\u00f3n de los derechos al debido proceso, al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, a la dignidad humana y a los \u00abdel menor\u00bb, presuntamente conculcados por las autoridades acusadas.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, solicitaron se ordene \u00abrealizar nuevamente la diligencia de lanzamiento y que en ella se permita la oposici\u00f3n salvaguardando [sus] derechos\u2026 como poseedores del inmueble\u00bb (folios 1 a 5, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        De lo que reposa al interior del expediente y las pruebas recaudadas, se extrae que su queja se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.1.        Pastor Emilio Acevedo Cardona promovi\u00f3 proceso de restituci\u00f3n de inmueble entregado en comodato precario contra Edgar An\u00edbal Correa Acevedo, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Primero Promiscuo Municipal con Funciones de Control de Garant\u00edas de Barbosa, sede judicial que luego de tramitado el asunto dispuso la entrega del bien al demandante.  <\/span><\/p>\n

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2.2. El 26 de enero de 2015 se comision\u00f3 a la Corregidur\u00eda del Hatillo del Municipio de Barbosa para realizar la diligencia de entrega del predio objeto del proceso, la que se materializ\u00f3 el 8 junio de 2016.  <\/span><\/p>\n

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2.3. Sostienen los quejosos que la oposici\u00f3n por ellos presentada en calidad de poseedores en la diligencia de entrega fue rechazada de plano, sin que se tuviera en cuenta que la sentencia proferida en el juicio criticado no surt\u00eda efectos contra ellos por no ser parte en el mismo.  <\/span><\/p>\n

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2.4. Relataron que all\u00ed solicitaron la nulidad de todo lo actuado en la diligencia al considerar que lo decidido \u00abse bas\u00f3 en disipaciones normativas que no eran aplicables\u2026 como fue el art\u00edculo 309 n\u00fam. 1 del C\u00f3digo General del Proceso, toda vez que se ven\u00eda aplicando\u2026 el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, el cual se encuentra vigente para el caso en concreto\u00bb, petici\u00f3n que les fue denegada mediante determinaci\u00f3n que se mantuvo al resolver la reposici\u00f3n propuestas y frente a la cual se concedi\u00f3 el recurso subsidiario de apelaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.5. El 19 de septiembre de 2016 el Juzgado Civil del Circuito de Girardota declar\u00f3 inadmisible \u00abpor improcedente, el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por la parte opositora contra las decisiones tomadas en la diligencia de entrega del 8 de junio de 2016, mediante los cuales la Corrigidora del Hatillo de Barbosa \u2013 Antioquia, rechaz\u00f3 de plano la oposici\u00f3n a la entrega del inmueble y declar\u00f3 impr\u00f3spera la solicitud de nulidad planteada\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.6.        Se\u00f1alaron que una vez incorporado el despacho comisorio al expediente, presentaron una nueva petici\u00f3n de invalidez frente a la \u00abdiligencia de lanzamiento\u00bb, argumentando que la comisionada excedi\u00f3 los l\u00edmites de las facultades concedidas en el Exhorto N\u00ba 11 de 17 de junio de 2015, pues la norma que aplic\u00f3 en la comisi\u00f3n efectuada no se encontraba vigente; solicitud que fue rechazada de plano, ante lo cual los interesados formularon reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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2.7. Anotaron que sus prerrogativas superiores fueron vulneradas por las autoridades accionadas, pues como poseedores siempre han actuado de buena fe, de manera ininterrumpida y pac\u00edfica, al punto que iniciaron la respectiva acci\u00f3n de pertenencia ante el Juzgado Primero Promiscuo de Barbosa, la que cursa con radicado 2016-00102.  <\/span><\/p>\n

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LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS  <\/span><\/p>\n

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1. El Juzgado Primero Promiscuo Municipal con Funciones de Control de Garant\u00edas de Barbosa rindi\u00f3 informe de los hechos, asegur\u00f3 que frente a los hechos expuestos en la acci\u00f3n tuitiva se pronunci\u00f3 en prove\u00eddo de 10 de agosto de 2016, mediante el cual resolvi\u00f3 la solicitud de nulidad propuesta (folios 166 a 167, cuaderno 1).    <\/span><\/p>\n

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1. Pastor Emilio Acevedo Cardona, a trav\u00e9s de apoderado, solicit\u00f3 denegar la salvaguarda argumentando que la diligencia de lanzamiento se realiz\u00f3 conforme a la normatividad aplicable al caso, a m\u00e1s que no se vulneraron los derechos alegados, pues los promotores participaron de la misma con intervenci\u00f3n de mandatario judicial.    <\/span><\/p>\n

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Agreg\u00f3 que el mecanismo id\u00f3neo para que los quejosos alegaran su posesi\u00f3n era la acci\u00f3n de pertenencia, la cual ya hab\u00edan iniciado (folios 173 a 183, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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1. El Municipio de Barbosa y el Corregimiento del Hatillo se pronunciaron sobre los hechos de la salvaguarda, solicitaron no acceder a las peticiones porque la tutela no puede \u00abser una instancia de revisi\u00f3n de decisiones judiciales que no resultaron satisfactorias para alguna de las partes\u00bb; agregando que lo buscado con la misma era revivir t\u00e9rminos y etapas procesales agotadas debidamente (folios 201 a 204, cuaderno 1).    <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El a-quo constitucional deneg\u00f3 el resguardo al considerar que la solicitud de amparo se tornaba prematura, pues contra el auto de 10 de agosto de 2016, mediante el cual el Juzgado de conocimiento rechaz\u00f3 de plano la nulidad presentada luego de incorporado el despacho comisorio, los promotores interpusieron recurso de reposici\u00f3n y en subsidio el de apelaci\u00f3n, sin que a la fecha de presentada la acci\u00f3n tuitiva hubieran sido resueltas tales censuras (folios 206 a 210, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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Los promotores del amparo opugnaron el fallo de primer grado reiterando los argumentos tra\u00eddos en la demanda de tutela, a los que adicionaron que los recursos interpuestos \u00abno se ha[n] desatado es por falta de actuaci\u00f3n del Juzgado\u2026 pues [los] mismo[s] se presentar[on] desde el\u2026 17 de agosto de 2016 y todav\u00eda ni ha puesto en traslado de la contraparte\u2026 para pronunciamiento sobre el mismo\u00bb (folios 226 a 228, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial.  <\/span><\/p>\n

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Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez.  <\/span><\/p>\n

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2.        Del examen de la demanda de amparo se establece que a trav\u00e9s de ella se cuestionan (i) el auto de 19 de septiembre de 2016, con el cual el Juzgado Civil del Circuito de Girardota declar\u00f3 inadmisible la apelaci\u00f3n interpuesta por los promotores, en la diligencia de entrega adelantada el 8 de junio de 2016, contra el rechazo de plano de la oposici\u00f3n por ellos presentada y la denegaci\u00f3n de la nulidad planteada; y (ii) el prove\u00eddo de 10 de agosto de 2016, proferido por el Despacho Primero Promiscuo Municipal con Funciones de Control de Garant\u00edas de Barbosa Civil del Circuito de Barbosa, mediante el cual rechaz\u00f3 de plano la nulidad presentada frente a la misma diligencia, con soporte en que, la Corregidora del Hatillo excedi\u00f3 los l\u00edmites de la facultades concedidas en el exhorto N\u00ba 11 de 17 de junio de 2015.  <\/span><\/p>\n

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1. En primer lugar, frente a la queja planteada contra la decisi\u00f3n de 19 de septiembre de 2016, que declar\u00f3 inadmisibles las alzadas interpuestas en la diligencia de entrega de 8 de junio de 2016 frente al rechaz\u00f3 de la oposici\u00f3n de los gestores y la denegaci\u00f3n de la nulidad planteada, surge patente la falta de vocaci\u00f3n de prosperidad del amparo rogado, debido a que los actores ten\u00edan a su alcance el recurso de reposici\u00f3n contra el auto que critican, medio ordinario de defensa que era procedente de conformidad con el art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso y el cual no agotaron, renunciando a ello a la posibilidad de que el superior se ocupara de estudiar sus inconformidades respecto al desarrollo de la mentada diligencia; circunstancia que evidencia el descuido en el uso de los instrumentos legales para la defensa de sus derechos.    <\/span><\/p>\n

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Frente al particular la Corte ha sido enf\u00e1tica en que si el gestor de la salvaguarda \u00abdesperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales\u00bb:  <\/span><\/p>\n

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\u2026 es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela. (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01, reiterada, entre muchas otras, en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01)  <\/span><\/p>\n

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En cuanto a la eficacia del remedio horizontal, la Sala ha expuesto:  <\/span><\/p>\n

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\u2026 y, no se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes, especialmente en asuntos que se tramitan en \u00fanica instancia \u2026 (CSJ STC, 28 mar. 2012, rad. 2012-00050-01; reiterada 15 may. y 17 oct. 2012, rads. 2012-00017-01 y 2012-02127-00; STC12585-2016, 7 sep. 2016, rad. 2016-02476-00).  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas, la protecci\u00f3n alegada resulta improcedente, a voces del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, ante la evidente e injustificada falta de agotamiento del referido medio ordinario de regular procedencia para controvertir, ante el juez natural, la decisi\u00f3n criticada en sede de tutela.  <\/span><\/p>\n

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4.        En segundo lugar, respecto a lo relacionado con el auto de 10 de agosto de 2016, proferido por el despacho de Barbosa y con el cual rechaz\u00f3 de plano la nulidad planteada luego de incorporado el despacho comisorio al expediente, si bien es cierto que para la fecha de interposici\u00f3n del resguardo se encontraba pendientes por resolver los recursos interpuestos por los gestores, tal y como lo afirm\u00f3 el a quo constitucional, tambi\u00e9n lo es que en el tr\u00e1mite de esta impugnaci\u00f3n el Juzgado Primero Promiscuo Municipal con Funciones de Control de Garant\u00edas de Barbosa, el 16 de enero de 2017, se ocup\u00f3 de esas censuras, manteniendo la decisi\u00f3n inicial y denegando la concesi\u00f3n de la alzada, por improcedente.  <\/span><\/p>\n

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Aunado a lo anterior, se advierte que contra esas \u00faltimas determinaciones no puede pronunciarse esta Corporaci\u00f3n, pues se trata de hechos nuevos, no expuestos en la demanda de tutela, situaci\u00f3n que, por lo tanto, no pudo ser controvertida por los convocados, por lo que un pronunciamiento de la Corte frente a los mismos implicar\u00eda la vulneraci\u00f3n del debido proceso y del derecho de defensa de aqu\u00e9llos, m\u00e1xime cuando no se evidencia vulneraci\u00f3n a las prerrogativas alegadas.  <\/span><\/p>\n

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\u2026es cierto que en sede de tutela, est\u00e1 establecida la facultad \u2013 deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la trasgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos superiores\u2026 Tambi\u00e9n lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corso cuando de hechos nuevos se trata, como quiera que \u00e9sta tampoco es extra\u00f1a a las reglas del debido proceso, entre las cuales se destaca el derecho de los convocados a la defensa (sentencia de 15 de marzo de 2011, exp. 00003-01, ratificada el 5 de febrero de 2015, exp. STC800) (CSJ STC6999-2016, 27 may. 2016, rad. 2016-00436-01).  <\/span><\/p>\n

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5. En consecuencia, por las razones anteriormente expuestas se confirmar\u00e1 la determinaci\u00f3n de primera instancia.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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