{"id":98895,"date":"2026-06-25T17:26:26","date_gmt":"2026-06-25T17:26:26","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc599-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:26:26","modified_gmt":"2026-06-25T17:26:26","slug":"stc599-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc599-2017\/","title":{"rendered":"STC599-2017"},"content":{"rendered":"

      AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC599-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-10-000-2016-00686-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en Sala de veinticinco de enero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo proferido el 16 de noviembre de 2016 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Hern\u00e1n Dar\u00edo Nassar Garc\u00eda contra el Juzgado Treinta de Familia de esta ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados las partes e intervinientes en el asunto que origina la queja.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El accionante, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al debido proceso, a la defensa, al \u00abprincipio de legalidad y observancia debida de normas procesales\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada mediante las providencias de 15 de septiembre y 25 de octubre de 2016.  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, solicit\u00f3 \u00abdejar sin efecto\u2026 los autos de\u2026 15 [de] sep[tiembre] 2016 (fija fecha audiencia 15-feb-2017) y 25 [de] octubre 2016 (sic 25-agos-2016) \u2013 (niega reposici\u00f3n)\u00bb (folios 21 a 31, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        De lo que reposa al interior del expediente y las pruebas recaudadas, se extrae que su queja se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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2.1.        El 4 de julio de 2012 el Juzgado Catorce de Familia de Bogot\u00e1 declar\u00f3 abierta la sucesi\u00f3n del causante Jorge Nassar Qui\u00f1onez.  <\/span><\/p>\n

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2.3.        El accionante pidi\u00f3 \u00abcontrol de legalidad\u00bb contra la decisi\u00f3n referida a espacio, petici\u00f3n denegada y mantenida en reposici\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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2.4. El 25 de agosto de 2016 el actor solicit\u00f3 \u00abaclaraci\u00f3n, adici\u00f3n o complementaci\u00f3n\u00bb de la anterior determinaci\u00f3n, petici\u00f3n que fue negada por el Juzgado accionado el 15 de septiembre siguiente, quien nuevamente se\u00f1al\u00f3 fecha para adelantar la diligencia de inventarios y aval\u00faos adicionales. Decisi\u00f3n impugnada en reposici\u00f3n por gestor al considerar que el prove\u00eddo fue dictado con las normas derogadas del C\u00f3digo de Procedimiento Civil.  <\/span><\/p>\n

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2.5. El \u00ab25 de agosto de 2016 (sic)\u00bb1 el despacho encartado sostuvo el auto recurrido y fij\u00f3 el 17 de febrero de 2017 como fecha para adelantar la audiencia de inventarios y aval\u00faos adicionales.  <\/span><\/p>\n

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2.6. Relat\u00f3 el quejoso que los prove\u00eddos de 15 de septiembre de 2016 y 25 de octubre siguiente vulneraron sus prerrogativas de primer grado, pues fueron proferidos bajo lo reglado por el Estatuto de Procedimiento Civil, desconociendo que las solicitudes efectuadas fueron con posterioridad al 1\u00b0 de enero de 2016, raz\u00f3n por la cual deben ajustarse al C\u00f3digo General del Proceso, por lo que lo correcto, en consecuencia \u00aba la luz del art\u00edculo 502 del CGP, era APROBAR el inventario y aval\u00fao adicional por \u00e9l presentado\u00bb.   <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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1.        El Juzgado Treinta de Familia de Bogot\u00e1 remiti\u00f3 en calidad de pr\u00e9stamo el proceso de sucesi\u00f3n cuestionado (folio 40, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        Facundo Pineda Mar\u00edn aport\u00f3 escrito indicando actuar como mandatario de Myriam Patricia Nassar Garc\u00eda, sin adosar poder especial para actuar en este tr\u00e1mite constitucional, por lo que su manifestaci\u00f3n no se tiene en cuenta (folios 56 a 57, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. La Sociedad Jim\u00e9nez Nassar & Asociados S.A.S., a trav\u00e9s de apoderado judicial, extempor\u00e1neamente, expres\u00f3 no ser parte dentro del juicio criticado (folio 98, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El a quo constitucional neg\u00f3 el amparo al considerar que el resguardo suplicado incumpl\u00eda con el requisito de subsidiariedad, pues el actor no agot\u00f3 los mecanismos judiciales id\u00f3neos contra el auto de 31 de mayo de 2016, que se\u00f1al\u00f3 fecha para diligencia de inventarios y aval\u00faos adicionales, pues \u00e9ste cobr\u00f3 firmeza sin ning\u00fan reparo, por lo que lo ahora pretendido era revivir t\u00e9rminos judiciales.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Agreg\u00f3 que los prove\u00eddos criticados fueron proferidos bajo la norma adecuada al caso concreto, toda vez que conforme al numeral 6\u00b0 del art\u00edculo 625 del C\u00f3digo General del Proceso las decisiones \u00ab\u00bbse regir\u00e1n por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias\u201d y la presentaci\u00f3n de los inventarios y aval\u00faos adicionales, debe darse continuidad con la normatividad vigente de su decreto, es decir diciembre 19 de 2012\u00bb (folios 59 a 71, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La present\u00f3 el actor reiterando los argumentos tra\u00eddos en la demanda de amparo. Sostuvo que las objeciones los inventarios y aval\u00faos iniciales fueron tramitadas como incidente, conforme lo indicado en el art\u00edculo 601 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, situaci\u00f3n que finaliz\u00f3 el 31 de mayo de 2016 cuando se imparti\u00f3 aprobaci\u00f3n, y las actuaciones ac\u00e1 criticadas iniciaron en vigencia de la Ley 1564 de 2012 (folios 100 a 103, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial.  <\/span><\/p>\n

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Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez.  <\/span><\/p>\n

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2. Puestas as\u00ed las cosas, evidenci\u00e1ndose que la queja del promotor de la salvaguarda se dirige contra el auto de 25 de octubre de 2016, err\u00f3neamente calendado 25 de agosto de 2016 -notificado por estado de 26 de octubre de 2016-, que mantuvo el de 15 de septiembre anterior, mismo que fij\u00f3 fecha para la diligencia de inventarios y aval\u00faos adicionales, bajo lo contemplado en las normas del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y no por lo reglado en el Estatuto General del Proceso, de entrada, advierte la Corte que el amparo deprecado est\u00e1 llamado al fracaso, toda vez que all\u00ed el Despacho acusado consider\u00f3 que:  <\/span><\/p>\n

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Revisado el tr\u00e1mite surtido\u2026 advierte el Despacho que no lo asiste raz\u00f3n a[l] inconforme, pues si bien es cierto el C\u00f3digo General del Proceso se encentra vigente a partir del 1\u00b0 de enero de 2016 de conformidad con el Acuerdo No PSAA15 \u2013 15392 de fecha 01 de octubre de 2015 expedido por el H. Consejo de la Judicatura, tambi\u00e9n lo es que dicho estatuto procesal consagra en su art\u00edculo 625 el tr\u00e1nsito de legislaci\u00f3n aplicable a los procesos en curso.  <\/span><\/p>\n

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N\u00f3tese que en el presente tr\u00e1mite sucesoral al 1\u00b0 de enero de 2016 se encontraba en curso bajo la normatividad prevista en el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, sin que a la fecha se haya configurado alguno de los presupuestos establecidos en el citado art\u00edculo, a efectos de adecuarlo al tr\u00e1mite del C\u00f3digo General del Proceso.  <\/span><\/p>\n

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Ahora, efectivamente los m\u00faltiples recursos y solicitudes de aclaraci\u00f3n y complementaci\u00f3n presentados por la profesional del derecho se han efectuado en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, sin embargo no puede echar de menos [el] recurrente que se encuentra programada audiencia de inventarios y aval\u00faos adicionales que fue solicitada dentro del tr\u00e1mite de la objeci\u00f3n que se tramit\u00f3 bajo las directrices del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, raz\u00f3n por la cual no es procedente el numeral 5\u00b0 de la referida normatividad.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De lo anterior deviene que la determinaci\u00f3n del querellado obedeci\u00f3 al estudio pormenorizado de las normas procesales que gobiernan el asunto relacionado con el tr\u00e1mite de inventarios y aval\u00faos dentro de la sucesi\u00f3n del causante Jorge Nassar Qui\u00f1ones, del cual coligi\u00f3 que la diligencia adicional debe continuarse con base en el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, siendo tal determinaci\u00f3n razonable, en concordancia con lo indicado en el numeral 5\u00b0 del precepto 625 del Estatuto General del Proceso, bajo el entendido que el accionante concluy\u00f3 que iniciaba la etapa de inventarios y aval\u00faos, tanto iniciales como adicionales en vigencia de la primera norma anotada, la misma deb\u00eda agotarse bajo tal ordenamiento.  <\/span><\/p>\n

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1. En contexto es evidente la improcedencia del amparo en el caso concreto, comoquiera que las consideraciones y fundamentos de la decisi\u00f3n censurada no resultan arbitrarios o caprichosos, pues obedecieron a la interpretaci\u00f3n del ordenamiento legal vigente.    <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas, la Corte observa que los razonamientos cuestionados se realizaron en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades propias del Juez ordinario que hacen parte de los principios de autonom\u00eda e independencia judicial y que, en consecuencia, inhiben al fallador constitucional para inmiscuirse en las mismas, sustituyendo a aqu\u00e9l como si la tutela fuera un mecanismo alternativo y no, como ciertamente lo es, un instrumento excepcional y residual; es decir, aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por el juzgador, esa sola disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida determinaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Frente al particular la Corte reiteradamente ha expuesto que si el gestor del amparo \u00abdesperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales\u00bb  <\/span><\/p>\n

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\u2026es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante este instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, -pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil-, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela\u2026 (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01; reiterado en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01; STC, 6 oct. 2016; rad. 2016-00208-01; y STC15463, 28 oct. 2016, rad. 2016-00865-01).  <\/span><\/p>\n

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1. Lo considerado impone confirmar la decisi\u00f3n de primer grado.    <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Por secretar\u00eda rem\u00edtase el expediente al Juzgado origen.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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      AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO   Magistrado ponente         STC599-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-10-000-2016-00686-01   (Aprobado en Sala de veinticinco de enero de dos mil diecisiete)         Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil diecisiete (2017).         Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-98895","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98895","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=98895"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98895\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=98895"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=98895"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=98895"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}