{"id":98896,"date":"2026-06-25T17:26:28","date_gmt":"2026-06-25T17:26:28","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc600-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:26:28","modified_gmt":"2026-06-25T17:26:28","slug":"stc600-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc600-2017\/","title":{"rendered":"STC600-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC600-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2016-02047-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de enero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia del 24 de noviembre de 2016, proferida por la Sala Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Elkin Anselmo Oliveros Polania contra Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte, actuaci\u00f3n a la que fueron vinculados los intervinientes del proceso objeto de la queja constitucional.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1. El accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, a la \u00abseguridad jur\u00eddica\u00bb y a la \u00abjusticia material\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial acusada.    <\/span><\/p>\n

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Solicita, entonces, se deje sin efecto \u00abla sentencia de tutela STL11873-2016[,] radicaci\u00f3n N\u00b0 67703\u2026del 10 de agosto de 2016\u00bb (folios 1 a 35, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        De lo expuesto en el libelo introductor y las pruebas recaudas se observa que la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que soporta la solicitud de amparo es la que as\u00ed se sintetiza:  <\/span><\/p>\n

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2.1.        El Municipio de Su\u00e1rez \u2013 Tolima promovi\u00f3 acci\u00f3n de tutela contra el Juzgado Laboral del Circuito del Espinal, al considerar que el auto de 20 de mayo de 2015 que libr\u00f3 orden de pago en su contra1, el cual inclu\u00eda el valor de la sanci\u00f3n monetaria contenida en la Ley 244 de 1995, vulner\u00f3 el debido proceso, pues tal rubro no se encontraba consignado dentro del t\u00edtulo valor objeto de recurso; el conocimiento del asunto le correspondi\u00f3 a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, quien con fallo de 14 de junio de 2016 deneg\u00f3 el amparo suplicado.  <\/span><\/p>\n

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2.2. Tramitada la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la decisi\u00f3n referida a espacio, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n el 10 de agosto siguiente la revoc\u00f3 y, en su lugar, accedi\u00f3 a la salvaguarda rogada, dejando sin efecto el prove\u00eddo criticado, ordenando al estrado judicial de conocimiento realizar un nuevo estudio de los documentos aportados como t\u00edtulo ejecutivo y adoptar las medidas del caso.  <\/span><\/p>\n

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2.3. Relat\u00f3 el quejoso, en lo medular, que la decisi\u00f3n proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral vulner\u00f3 sus prerrogativas de primer grado y configur\u00f3 una v\u00eda de hecho, pues la interpretaci\u00f3n que este colegiado hizo es errada, toda vez que \u00abreferente al cobro que se hace por v\u00eda ejecutiva, donde\u2026 esgrime que es necesario que previamente sea declarada la obligaci\u00f3n moratoria en un acto administrativo o en una sentencia de [la] sanci\u00f3n moratoria\u2026 no est\u00e1 acorde con los m\u00faltiples fallos existentes\u2026 en cuanto a que esta sanci\u00f3n se desprende\u2026 directamente de lo ordenado por la Ley 244 de 1995\u00bb, sin que, de esta manera, sea necesario t\u00edtulo ejecutivo para tal reclamo.  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTAS DE LA ACCIONADA E INTERVINIENTES  <\/span><\/p>\n

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1. La Secretar\u00eda de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 inform\u00f3 que la acci\u00f3n de tutela criticada fue remitida a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral a fin de surtir la impugnaci\u00f3n propuesta, \u00ablugar donde actualmente se encuentra el expediente\u00bb (folio 108).    <\/span><\/p>\n

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1. El Juzgado Laboral del Circuito del Espinal remiti\u00f3 los datos de las partes dentro del juicio ordinario adelantado, a fin de que fueran informados de la acci\u00f3n tuitiva (folio 109).    <\/span><\/p>\n

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1. La Alcald\u00eda y la Personer\u00eda Municipal de Su\u00e1rez \u2013 Tolima se refirieron a los hechos de la salvaguarda, se opusieron a las pretensiones y pidieron negar el amparo por improcedente, pues conforme a la jurisprudencia constitucional \u00abla \u00fanica alternativa para manifestar inconformidad con la sentencia de tutela de segunda instancia propiamente dicha que se encuentra en firme, es la intervenci\u00f3n de la parte interesada en el proceso de selecci\u00f3n para revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, no obstante dicha actuaci\u00f3n no se satisfizo por el actor\u00bb (folios 112 a 117).    <\/span><\/p>\n

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1. La Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte remiti\u00f3 copia de la decisi\u00f3n cuestionada, inst\u00f3 la improcedencia del resguardo pues la decisi\u00f3n cuestionada fue proferida dentro de una acci\u00f3n de la misma naturaleza, a m\u00e1s consider\u00f3 que acceder a lo pretendido \u00abser\u00eda tanto como someter a estudio un escenario f\u00e1ctico que ya hizo tr\u00e1nsito a cosa juzgada constitucional\u00bb (folios 126 a 127).    <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El a-quo constitucional deneg\u00f3 el resguardo al considerar que en el estricto sentido de aplicaci\u00f3n de la sentencia C-590\/05, en ning\u00fan caso procede acci\u00f3n constitucional contra sentencias de tutela, situaci\u00f3n que reiter\u00f3 la providencia SU-627\/15, al argumentar que \u00abla regla es la de que no procede\u00bb (folios 163 a 174, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La present\u00f3 el actor reiterando los argumentos tra\u00eddos en la demanda de amparo.  <\/span><\/p>\n

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En escrito aparte, a trav\u00e9s de apoderado judicial, el gestor reiter\u00f3 jurisprudencia seg\u00fan la cual la acci\u00f3n de tutela es procedente para reclamar acreencias laborales (folios 182 a 183, cuaderno 1; y 4 a 36, cuaderno Corte).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial.  <\/span><\/p>\n

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Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez.  <\/span><\/p>\n

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2.        No cabe duda de que el presente reclamo se enfila contra la sentencia de segunda instancia de 10 de agosto 2016, emitida por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, que revoc\u00f3 el fallo proferido por el Tribunal de Ibagu\u00e9 y, en consecuencia, concedi\u00f3 el amparo deprecado dentro de la acci\u00f3n de tutela que el Municipio de Su\u00e1rez – Tolima inco\u00f3 contra el Juzgado Laboral del Circuito del Espinal, de donde se concluye la improcedencia del nuevo ruego.  <\/span><\/p>\n

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Al respecto, la Corte Constitucional en fallo T-353\/12, reiterando lo afirmado en la SU-1219\/01, manifest\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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\u2026la Corte ha admitido la posibilidad de interponer acciones de tutela contra actuaciones judiciales arbitrarias, incluso actuaciones arbitrarias de jueces de tutela, pero nunca con respecto a sentencias de tutela, sino con relaci\u00f3n a incidentes de desacato, o contra autos emitidos en el curso del proceso de tutela. A partir de la Sentencia SU-1219 de 2001, la Sala Plena de esta Corporaci\u00f3n unific\u00f3 su posici\u00f3n frente a este tema, precisando que las sentencias de tutela, y en general las decisiones que se tomen en el tr\u00e1mite de estos procesos, no pueden ser objeto de controversia constitucional mediante la formulaci\u00f3n de una nueva solicitud, ya que tal proceder, adem\u00e1s de mutar la naturaleza jur\u00eddica de la acci\u00f3n de tutela, har\u00eda que los conflictos jur\u00eddicos que se discuten en esa sede tuvieran un car\u00e1cter indefinido, lo cual atenta no solo contra los principios de seguridad jur\u00eddica y cosa juzgada, sino que tambi\u00e9n genera un grave perjuicio al goce efectivo y real de los derechos constitucionales que la tutela se encamina a garantizar de manera cierta, estable y oportuna (T-353\/12, SU-1219\/01; reiterada por la CSJ STC178-2016, 21 ene. 2016, rad. 2015-03107).  <\/span><\/p>\n

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Trat\u00e1ndose de la protecci\u00f3n constitucional de cara a decisiones del mismo linaje, la Corte ha considerado que:  <\/span><\/p>\n

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Resulta inviable la acci\u00f3n de tutela cuando \u00e9sta se dirige a combatir fallos proferidos en actuaciones de la misma especie, porque en tal hip\u00f3tesis, los mecanismos establecidos en el ordenamiento jur\u00eddico son la impugnaci\u00f3n del fallo ante el superior y la revisi\u00f3n eventual que por ley puede hacer la Corte Constitucional (art\u00edculo 86, inciso segundo, de la Carta Pol\u00edtica), sin que proceda un nuevo estudio del mismo linaje constitucional… Sobre la impertinencia de la tutela contra una sentencia dictada en un proceso de igual estirpe, esta Corporaci\u00f3n ha sentado su posici\u00f3n al respecto en diversos fallos precedentes: basta mencionar, entre otras, sentencias de 22 de agosto de 2008, exp. 2008-01317-00 y 9 de febrero de 2009, exp.2009-00126-00 (STC, 21 feb 2011, rad. 2010-00723-00; y STC178, 21 ene. 2016, rad. 2015-03107).  <\/span><\/p>\n

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3. Bajo esa perspectiva, surge palmario que el inconforme tiene dos mecanismos previstos en el ordenamiento jur\u00eddico para recurrir una sentencia de tutela, el primero es la impugnaci\u00f3n del prove\u00eddo de primera instancia y, el segundo, la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, quedando as\u00ed imposibilitada cualquier otra oportunidad para que se examine una determinaci\u00f3n tomada por otro juez constitucional.  <\/span><\/p>\n

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De modo que la petici\u00f3n elevada por el actor no podr\u00e1 ser atendida, m\u00e1xime cuando con auto de 7 de octubre de 2016, la Sala de Selecci\u00f3n de la Corte Constitucional excluy\u00f3 de revisi\u00f3n la tutela cuestionada, sin que el gestor hiciera reparo alguno ante dicha autoridad, disponiendo as\u00ed, el cierre de la salvaguarda.  <\/span><\/p>\n

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Al respecto la Corte Constitucional ha explicado que:  <\/span><\/p>\n

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La Constituci\u00f3n misma previ\u00f3 un proceso especial contra cualquier falta de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales: la revisi\u00f3n de las sentencias de tutela proferidas por los jueces constitucionales (art. 86 inciso 2\u00ba C.P.). La revisi\u00f3n que lleva a cabo la Corte Constitucional incluye las v\u00edas de hecho de los mismos jueces de tutela. Se trata de un mecanismo especial para garantizar el cierre del sistema jur\u00eddico por el \u00f3rgano constitucional encargado de salvaguardar la supremac\u00eda de la Constituci\u00f3n (Negrilla fuera del texto original, CC T-041\/10, reiterada por CSJ STC178, 21 ene. 2016).  <\/span><\/p>\n

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4. Finalmente, respecto a los argumentos tra\u00eddos en la impugnaci\u00f3n, es de precisar que lo ac\u00e1 cuestionado es el fallo de una acci\u00f3n de tutela sin que el presente resguardo sea procedente conforme a lo expuesto anteriormente, a m\u00e1s de no advertirse vulneraci\u00f3n a las prerrogativas alegadas.  <\/span><\/p>\n

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1. Bastan las anteriores consideraciones para confirmar el fallo de tutela de primer grado.    <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado.  <\/span><\/p>\n

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       Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

1 Proceso ejecutivo laboral incoado por Elkin Anselmo Oliveros Polania contra el Municipio de Su\u00e1rez a fin de reclamar el cobro de prestaciones laborales reconocidas mediante Resoluciones N\u00fameros 006, 007 y 009 de 2008, proferidas por \u00e9l mismo en su condici\u00f3n de personero municipal.      <\/span><\/p>\n

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         AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO   Magistrado ponente         STC600-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2016-02047-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil diecisiete)         Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de enero de dos mil diecisiete (2017).         Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-98896","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98896","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=98896"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98896\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=98896"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=98896"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=98896"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}