{"id":98899,"date":"2026-06-25T17:26:38","date_gmt":"2026-06-25T17:26:38","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc611-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:26:38","modified_gmt":"2026-06-25T17:26:38","slug":"stc611-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc611-2017\/","title":{"rendered":"STC611-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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Radicaci\u00f3n n.\u00b0 23001-22-14-000-2016-00581-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n del veinticinco de enero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1 D.C., veintis\u00e9is (26) de enero de dos mil diecisiete (2017)  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del  Distrito Judicial de Monter\u00eda el 10 de noviembre de 2016, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Linda Cecilia Esquivel Arroyo contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esa misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculados las dem\u00e1s partes e intervinientes en el proceso a que alude el escrito introductor.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        La promotora, actuando en nombre propio, invoc\u00f3 protecci\u00f3n de los derechos fundamentales \u00abal debido proceso y buena fe procesal\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada.  <\/span><\/p>\n

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2.        En soporte de la queja, expone que present\u00f3 demanda de pertenencia sobre un inmueble ubicado en la ciudad de Monter\u00eda, a fin de adquirir el dominio a trav\u00e9s de la figura de la Prescripci\u00f3n extraordinaria.  <\/span><\/p>\n

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Dicho bien, afirma, constituye el patrimonio conformado con su compa\u00f1ero permanente Lu\u00eds Mu\u00f1oz Jaimes, quien falleci\u00f3, continuando ella como poseedora individual \u00abposesi\u00f3n que no fue suspendida ni interrumpida (\u2026)\u00bb, se\u00f1ala adem\u00e1s que, como los herederos de su compa\u00f1ero \u00abhicieron caso omiso de su presencia en el inmueble, inici\u00e9 el proceso de posesi\u00f3n\u00bb  <\/span><\/p>\n

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       El litigio correspondi\u00f3 tramitarlo al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Monter\u00eda, quien con sentencia de 22 de julio de 2016, neg\u00f3 su calidad de poseedora y al mismo tiempo orden\u00f3 la reivindicaci\u00f3n del bien en favor de los demandados, que se presentaron al proceso en reconvenci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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       Discute \u00e9sa decisi\u00f3n alegando que \u00absi se me ordena reivindicar el inmueble, quiere indicar que soy poseedora y dicha posibilidad no la estudi\u00f3 el juez de la causa, ajeno a los hechos y a las pruebas practicadas dentro del proceso, que transforma la sentencia en una v\u00eda de hecho y que genera una incongruencia e incoherencia procesal que amerita la revisi\u00f3n constitucional de la sentencia\u00bb  <\/span><\/p>\n

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3.        En consecuencia, como medida concreta de protecci\u00f3n, pide \u00abque se decrete la nulidad constitucional de la sentencia de fecha julio 22 de 2016, proferida por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Monter\u00eda, dentro del proceso de Pertenencia Rad. 0455-01-2012 (\u2026) por negar la calidad de poseedora del inmueble al mismo tiempo ordenar reivindicar el mismo; que el Juzgado (\u2026) cite a nueva audiencia para proferir sentencia dentro del proceso; que el Juzgado (\u2026) tome todos los correctivos necesarios para que algo similar vuelva a ocurrir\u00bb (ff. 1 a 3, cd. 1).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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1.        El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Monter\u00eda, refut\u00f3 los hechos objeto de la demanda tutelar, se\u00f1alando la improcedencia de la misma, pues, la actora, tuvo la oportunidad de apelar la decisi\u00f3n que le fue adversa, y a pesar de que lo hizo, su apoderado no formul\u00f3 de manera concreta los reparos frente a la sentencia, lo que trajo como consecuencia la declaraci\u00f3n de desierto del recurso por el superior.  <\/span><\/p>\n

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No es cierto lo aducido respecto de la prescripci\u00f3n ininterrumpida, en el tr\u00e1mite procesal, se prob\u00f3 que no ten\u00eda el tiempo necesario para adquirir el bien, y que no constituye v\u00eda de hecho negar la posesi\u00f3n y ordenar la reivindicaci\u00f3n por reconvenci\u00f3n y que no se violent\u00f3 su debido proceso pues tuvo la oportunidad de interponer el recurso de apelaci\u00f3n el cual fue declarado desierto (ff. 26 y 27, ib\u00eddem)  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El tribunal constitucional concluy\u00f3 que no se configuraban las causales previstas por la jurisprudencia constitucional que indicaran la presencia de una v\u00eda de hecho que significara una afrenta al ordenamiento jur\u00eddico y de paso vulnerara derechos fundamentales; por el contrario, consider\u00f3 que la misma fue ponderada y juiciosa al momento de realizar la valoraci\u00f3n probatoria, y en todo caso indic\u00f3 que \u00abpor el hecho de que la accionante est\u00e9 en desacuerdo con la estimaci\u00f3n probatoria por el operador judicial, no puede esta instancia (\u2026) inmiscuirse en la actividad judicial de aquel\u00bb  <\/span><\/p>\n

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Adicionalmente resalt\u00f3 que la decisi\u00f3n atacada fue objeto de apelaci\u00f3n, \u00abno obstante fue declarado desierto por la Sala Primera de decisi\u00f3n Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda, y esta circunstancias por s\u00ed sola hace inviable la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela, por cuanto no se agotaron los recursos de ley\u00bb (ff. 9 a 18, Cd. 1)  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La querellante impugn\u00f3 el fallo accionante impugn\u00f3 el fallo anterior, con argumentos similares a los planteados en la demanda de tutela (ff. 25 y 26 ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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1.        Bien se sabe, siguiendo los criterios jurisprudenciales de la Corporaci\u00f3n, que en l\u00ednea de principio la acci\u00f3n instaurada no procede contra las providencias o actuaciones jurisdiccionales, dado que no pertenece al entorno de los jueces constitucionales inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o ya terminados, para tratar de modificar o cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, porque al obrar de esa manera se quebrantar\u00edan los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

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No obstante, tambi\u00e9n se ha instituido que excepcionalmente, puede acudirse a esta herramienta, en los casos en los que el funcionario respectivo adopte alguna resoluci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure v\u00eda de hecho\u00bb, y en el entendido que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 mar. 2011, rad. 00329-00, reiterada entre muchas en STC683-2016).  <\/span><\/p>\n

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2.        Contrario a lo sostenido en la sentencia de primera instancia, no es viable juzgar la razonabilidad de la decisi\u00f3n censurada, en tanto para tal cometido es necesario superar el an\u00e1lisis del cumplimiento de los requisitos derivados del car\u00e1cter subsidiario y residual de la acci\u00f3n de tutela, que en el presente caso no pueden entenderse allanados.  <\/span><\/p>\n

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Y es que la tutela se hace inviable al avizorarse una evidente incuria de la accionante frente al proferimiento cuestionado en esta sede, aspecto tambi\u00e9n destacado por el A quo, lo cual emerge como criterio de suficiente entidad para descartar la procedencia del amparo.  <\/span><\/p>\n

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Es as\u00ed entonces como se vislumbran dos escenarios en los que la demandante dej\u00f3 pasar la oportunidad de refutar los fundamentos de la sentencia que le fue desfavorable, el primero el recurso de apelaci\u00f3n ante el A quo el cual no sustent\u00f3 dentro de los par\u00e1metros exigidos a la luz del art\u00edculo 322 del C\u00f3digo General del Proceso, y el segundo, el recurso de reposici\u00f3n frente al auto que de manera consecuente declar\u00f3 desierta la censura.  <\/span><\/p>\n

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Al no controvertir adecuadamente la providencia de la cual se duele, el superior no cuenta con los elementos suficientes para establecer cu\u00e1les fueron los yerros concretos de la primera instancia que deben ser corregidos, lo que en suma, tiene el mismo efecto que el no haber interpuesto el recurso.  <\/span><\/p>\n

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Desde luego que esa circunstancia, analizada a la luz del numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, impide cualquier pronunciamiento del juez constitucional, quien no podr\u00eda, por esta senda, revivir oportunidades que se han desperdiciado por el descuido o el desinter\u00e9s de los litigantes.  <\/span><\/p>\n

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Sobre el particular, la Corte en diversos pronunciamientos ha dicho que,  <\/span><\/p>\n

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\u00ab[E]l accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (STC9485-2014; STC10792-2014; STC10786-2014; STC11394-2015; entre otras).  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed mismo ha referido que,  <\/span><\/p>\n

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\u00ab[N]o basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (ver entre otras STC5331-2014; STC5341-2014; STC6001-2014).  <\/span><\/p>\n

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Y es que la incuria que viene resalt\u00e1ndose sobrevino esencialmente respecto del auto del Tribunal Superior de Monter\u00eda que declar\u00f3 desierta la apelaci\u00f3n, frente al cual se encuentra habilitado el recurso de reposici\u00f3n, olvidado por la demandante.  Al respecto, el art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso, indica: \u00absalvo norma en contrario, el recurso de reposici\u00f3n procede contra los autos que dicte el juez, contra los del magistrado sustanciador no susceptibles de s\u00faplica y contra los de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de justicia, para que se reformen o revoquen\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Sin embargo, la reclamante no interpuso el se\u00f1alado instrumento, con lo que dej\u00f3 de utilizar un mecanismo defensivo que pod\u00eda ejercer al interior del proceso, id\u00f3neo por su naturaleza, para esgrimir la argumentaci\u00f3n en la cual edifica su inconformidad.  <\/span><\/p>\n

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No obstante, el proceder de la parte demandante, aqu\u00ed tutelante, fue la de permitir que dicho prove\u00eddo cobrara ejecutoria e impedir que en su oportunidad se postulara ante dicha autoridad receptora, las razones por las cuales deb\u00eda reconsiderar su postura de asumir el conocimiento de la causa.  <\/span><\/p>\n

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Para lo anterior, no era \u00f3bice que el auto respectivo no indicara qu\u00e9 recursos proced\u00edan, en tanto que, dicha enunciaci\u00f3n no tiene por s\u00ed sola la entidad de restringir o facultar la contradicci\u00f3n, pues es la norma procesal la que determina los par\u00e1metros y fija los lineamientos de la pertinencia de los medios de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Deviene entonces ostensible que si la peticionaria de este excepcional tr\u00e1mite no agot\u00f3 correctamente los mecanismos de defensa contemplados por el ordenamiento adjetivo respecto de la determinaci\u00f3n que considera transgresora de sus garant\u00edas fundamentales, no puede pretender que por medio de la queja constitucional se provea la soluci\u00f3n de una cuesti\u00f3n que correspond\u00eda dirimirse por el juez de conocimiento a trav\u00e9s de los medios que dej\u00f3 de formular.  <\/span><\/p>\n

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Recu\u00e9rdese que la acci\u00f3n de tutela est\u00e1 destinada a aplicarse solamente cuando en el escenario natural del respectivo proceso no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, pero en ning\u00fan momento se puede entender como una herramienta apta para desplazar a los funcionarios a quienes constitucional y legalmente se les ha asignado la resoluci\u00f3n de las controversias judiciales.  <\/span><\/p>\n

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3. Las anteriores razones se estiman suficientes para negar el amparo invocado mediante la presente acci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes y oportunamente rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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