{"id":98901,"date":"2026-06-25T17:26:46","date_gmt":"2026-06-25T17:26:46","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc613-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:26:46","modified_gmt":"2026-06-25T17:26:46","slug":"stc613-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc613-2017\/","title":{"rendered":"STC613-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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       STC613-2017          <\/span><\/p>\n

  Radicaci\u00f3n n\u00b0 68001-22-13-000-2016-00774-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de enero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido por  la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga el 22 de noviembre de 2016, que neg\u00f3 la tutela de Rub\u00e9n Dar\u00edo Moreno Hern\u00e1ndez frente a los Juzgados Segundo Civil del Circuito de esa ciudad y Promiscuo Municipal de Lebrija, siendo citados los intervinientes en el ejecutivo n\u00ba 2014-00270.   <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        Obrando en su propio nombre, el solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, igualdad y propiedad privada, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales acusadas al declarar no probadas en ambas instancias las excepciones de m\u00e9rito que invoc\u00f3 en el ejecutivo que instaur\u00f3 Agropaisas SAS en su contra.  <\/span><\/p>\n

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2. Manifiesta en resumen, que dentro de las defensas que propuso respecto del mandamiento de pago de 14 de octubre de 2014 por $35\u00b4000.000, aleg\u00f3 las de \u00abcobro de lo no debido\u00bb y \u00bbpago parcial\u00bb, fundadas en que entreg\u00f3 $7\u2019265.000 al acreedor.   <\/span><\/p>\n

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Aduce que durante el traslado de las mismas el apoderado del ejecutante reconoci\u00f3 que el cr\u00e9dito era por $28\u00b4619.500 y acept\u00f3 los abonos aducidos, pero el a-quo en sentencia de 22 de febrero de 2016 desconoci\u00f3 las pruebas aportadas y dispuso seguir el recaudo por el monto inicial, siendo confirmado por el superior el 6 de octubre del mismo a\u00f1o. Agrega que no se debi\u00f3 proferir auto de apremio \u00abporque  la demanda es inepta\u00bb, ya que no se estableci\u00f3 el valor de la cuant\u00eda, ni de las pretensiones al momento de su presentaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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3. Pide, en consecuencia, anular las determinaciones cuestionadas y que se estudien de nuevo las excepciones referidas (fls. 1 a 8, cd. 1).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS  <\/span><\/p>\n

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1. La Juez Segunda Civil del Circuito de Bucaramanga se opuso al amparo porque a diferencia de lo aducido en la demanda, s\u00ed valor\u00f3 los elementos de demostraci\u00f3n allegados (fl. 55 a 57, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

2. La Juez Promiscuo Municipal de Lebrija expuso que: \u00abel proceso se ha adelantado con base en el ordenamiento procesal civil, cumpliendo con todas sus etapas, sin pretermitir alguna, donde se ha dado la oportunidad a las partes de debatir y contradecir jur\u00eddicamente las decisiones tomadas por esta juzgadora, hasta llegar a proferir sentencia de fondo acorde con los lineamientos que rigen la materia\u00bb (fls. 59 a 62, ib).  <\/span><\/p>\n

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FALLO DEL TRIBUNAL  <\/span><\/p>\n

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Neg\u00f3 la protecci\u00f3n porque las funcionarias censuradas estimaron al interior del proceso que los abonos aducidos por el actor como propios fueron realizados a nombre de Adolfo Guevara Guti\u00e9rrez, quien en calidad de testigo lo corrobor\u00f3, siendo a su vez ratificado en el \u00bbinforme investigador de laboratorio FPJ-13 de la Fiscal\u00eda\u00bb, entre otros.  <\/span><\/p>\n

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Agreg\u00f3 que, en todo caso, \u00abel proceso ejecutivo no culmina con la sentencia que ordena seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, pues la etapa que sigue a continuaci\u00f3n, esto es, la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, permite establecer el valor total de la obligaci\u00f3n cobrada\u00bb y que adem\u00e1s, la supuesta ineptitud de la demanda no fue alegada por el promotor cuando compareci\u00f3 al recaudo (fls. 63 a 73, cd. 1).   <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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El quejoso insisti\u00f3 en que no se tuvieron en cuenta los pagos realizados a la obligaci\u00f3n que fueron aceptados por la sociedad acreedora (fls. 78 y 79, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Corresponde a la Corte establecer si los Juzgados cuestionados vulneraron las prerrogativas denunciadas por no acoger las excepciones de \u00abcobro de lo no debido\u00bb y \u00bbpago parcial\u00bb planteadas por el reclamante frente a la ejecuci\u00f3n que instaur\u00f3 Agropaisas SAS en su contra.  <\/span><\/p>\n

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2. Las actuaciones jurisdiccionales son, por regla general, ajenas al examen propio de la tutela, a menos que resulten ostensiblemente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, y bajo los presupuestos de que se acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a \u00e9sta y no se tengan ni hayan desaprovechado otros caminos para conjurar la lesi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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3. Ahora, si bien el reclamo se dirige contra las sentencias de ambas instancias, el an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 a la de segunda proferida el 6 de octubre de 2016 por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bucaramanga, por cuanto fue la que en \u00faltimas defini\u00f3 el debate. Al respecto, ha se\u00f1alado la jurisprudencia que:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015).  <\/span><\/p>\n

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En ese orden, atendidos los argumentos que fundan la determinaci\u00f3n aludida, no se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo, por cuanto la misma, lejos de ser arbitraria, fue el resultado de un estudio ponderado que le permiti\u00f3 establecer que el demandado no logr\u00f3 demostrar los hechos con los que fundament\u00f3 sus excepciones.  <\/span><\/p>\n

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Para arribar a esa conclusi\u00f3n, espec\u00edficamente, en lo que respecta al \u00abcobro de lo no debido\u00bb y \u00bbpago parcial\u00bb, por ser a lo que se contrae el reproche constitucional, se\u00f1al\u00f3 que los movimientos financieros realizados desde la cuenta de Bancolombia del ejecutado con destino al acreedor entre junio y octubre de 2014, tuvieron como fin pagar una deuda que ten\u00eda Adolfo Guevara Mart\u00ednez con Agropaisas SAS y por ello no pod\u00eda imputarse al cr\u00e9dito que se cobra.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed lo expuso el ad-quem, luego de hacer menci\u00f3n a los testimonios recaudados y los documentos allegados a la actuaci\u00f3n, como extractos bancarios y un informe del CTI:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab(\u2026)  se encuentra establecido que las transacciones realizadas desde la cuenta de Bancolombia del demandado entre junio y octubre de 2014 por valores de dos, siete, tres y cuatro millones de pesos fueron operaciones que tuvieron como fin pagar la deuda que el se\u00f1or Adolfo Guevara Guti\u00e9rrez ten\u00eda con la empresa Agropaisas S.A.S. y no realizar abonos a la obligaci\u00f3n que aqu\u00ed se ejecuta, lo anterior por cuanto de ello da cuenta el mismo demandado en su interrogatorio tras reconocer que esos dineros girados a la cuenta de la parte demandante desde su portal bancario tuvieron como \u00fanico destino cubrir las obligaciones del se\u00f1or Adolfo Guevara, hecho que fue ratificado por esa misma persona, se\u00f1or Adolfo Guevara al rendir su declaraci\u00f3n y que tambi\u00e9n se comprueba con el dictamen pericial que rindi\u00f3 el CTI, toda vez que a partir del mismo se concluy\u00f3 que los mensajes enviados v\u00eda whatsapp desde el abonado telef\u00f3nico del deudor que la misma empresa Claro certific\u00f3 como l\u00ednea asignada a \u00e9ste\u2026son aut\u00e9nticos y que no est\u00e1n adulterados y que en efecto la conversaci\u00f3n que se realiz\u00f3 por ese medio lo fue en los mismos t\u00e9rminos en que el testigo y el demandado reconocieron que los pagos hechos por Rub\u00e9n Dario Moreno en el 2014 fue para cancelar una obligaci\u00f3n distinta a la que ac\u00e1 se persigue\u00bb (min 1:07:20).   <\/span><\/p>\n

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Sin necesidad de que la Corte acoja o no los argumentos cuestionados, lo cierto es que a las rese\u00f1adas conclusiones no se les puede atribuir defecto alguno, toda vez que fueron fruto de una interpretaci\u00f3n respetable; labor en la que no es viable interferir en virtud de la autonom\u00eda propia de los jueces, que desde luego no puede ser alterada por esta v\u00eda.        <\/span><\/p>\n

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Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que con abstracci\u00f3n \u00abde que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinaci\u00f3n judicial sea el resultado de una actuaci\u00f3n subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jur\u00eddica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales, circunstancias que no concurren en el asunto bajo an\u00e1lisis (CSJ SC, sentencia de 5 de abril de 2010, exp. 00006-01, reiterada el 12 de marzo de 2015, exp. STC2713).            <\/span><\/p>\n

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4. Tampoco puede pretenderse por esta v\u00eda desvirtuar la valoraci\u00f3n probatoria que hizo el ad-quem para concluir que los pagos parciales en menci\u00f3n fueron efectuados para cubrir la deuda de un tercero, ya que, en principio, la apreciaci\u00f3n que los funcionarios hacen de los medios demostrativos no puede ser objeto de tutela, pues:   <\/span><\/p>\n

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\u00ab(\u2026) el campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (sentencia de 29 de junio de 2011, exp. 01252-00, reiterada el 25 feb. de 2016, STC2275).  <\/span><\/p>\n

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5. Por \u00faltimo, en cuando a la supuesta ineptitud de la demanda ejecutiva aducida por el accionante, resta decir que obr\u00f3 con incuria, ya que ese hecho constitutivo de excepci\u00f3n previa debi\u00f3 alegarlo por v\u00eda de reposici\u00f3n contra el mandamiento de pago, tal como lo prev\u00e9 el inciso 2\u00ba del numeral 2\u00ba del art\u00edculo 509 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, aplicable para la \u00e9poca y que dispone: \u00abLos hechos que configuren excepciones previas deber\u00e1n alegarse mediante reposici\u00f3n contra el mandamiento de pago\u00bb.   <\/span><\/p>\n

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As\u00ed pues, el peticionario desperdici\u00f3 el mecanismo id\u00f3neo que la legislaci\u00f3n le brindaba para exponer dicho reparo, sobre lo cual esta Sala ha sido enf\u00e1tica al expresar que \u00absi las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, – como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria\u00bb (CSJ, SC, 26 de enero de 2011, exp. 00027-01, reiterada el 26 de noviembre de 2015, STC16266).  <\/span><\/p>\n

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Entonces, la no utilizaci\u00f3n de los medios regulares de control judicial, reafirma la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela en virtud de su car\u00e1cter residual y subsidiario en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 6-1 del Decreto 2591 de 1991.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo impugnado.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y al a-quo por el medio m\u00e1s expedito y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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         LUIS ALONSO RICO PUERTA   Magistrado ponente             STC613-2017             Radicaci\u00f3n n\u00b0 68001-22-13-000-2016-00774-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil diecisiete)                     Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de enero […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-98901","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98901","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=98901"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98901\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=98901"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=98901"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=98901"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}