{"id":98902,"date":"2026-06-25T17:26:56","date_gmt":"2026-06-25T17:26:56","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc618-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:26:56","modified_gmt":"2026-06-25T17:26:56","slug":"stc618-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc618-2017\/","title":{"rendered":"STC618-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

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STC618-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 05001-22-10-000-2016-00418-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n del veinticinco de enero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de enero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn el 25 de noviembre de 2016, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Marta Cecilia Loaiza Monsalve contra el Juzgado Noveno de Familia de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados las partes e intervinientes en el proceso Ejecutivo de Alimentos n\u00ba 2009-00173.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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       1.        La solicitante, actuando directamente, reclama el amparo de los derechos fundamentales de los ni\u00f1os y adolescentes, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial quien \u00abincurre en VIAS DE HECHO al retener los t\u00edtulos por los dineros consignados por las empresas donde labora el demandado\u00bb y que son ubicados como consecuencia de la ejecuci\u00f3n de alimentos seguida en su contra.  <\/span><\/p>\n

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2. Como soporte de su queja, expuso que por el incumplimiento en el pago de los alimentos para sus dos hijos, desde el a\u00f1o 2009 adelanta ejecuci\u00f3n contra el padre de \u00e9stos, pero en raz\u00f3n a que Valentina \u00abcumpli\u00f3 sus 18 a\u00f1os\u00bb el 17 de septiembre de 2015, para la entrega de los dep\u00f3sitos judiciales el juzgado le exige mensualmente la presencia de dicha alimentaria, pese a que en el expediente \u00abobra la autorizaci\u00f3n notariada\u00bb para que la madre realice dicho retiro.  <\/span><\/p>\n

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Adujo que en raz\u00f3n al tr\u00e1mite que se requiere para diligenciar el pago de los referidos t\u00edtulos de dep\u00f3sito, la condici\u00f3n en comento implica que la joven \u00abpierda tiempo valioso de estudio\u00bb, pues actualmente cursa grado once de bachillerato, y ya fue admitida para iniciar sus estudios superiores, mientras el menor adelanta el grado sexto en otra instituci\u00f3n de Medell\u00edn.  <\/span><\/p>\n

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Indic\u00f3 que debido a las dificultades para reclamar esos dep\u00f3sitos y ante la necesidad de satisfacer las obligaciones alimentarias de sus hijos, entre ellas la cancelaci\u00f3n de las matr\u00edculas educativas, ha tenido que \u00abhacer pr\u00e9stamos de dinero y pagar intereses\u00bb, cuando los recursos se encuentran \u00abretenidos arbitrariamente por el juzgado\u00bb, pues habi\u00e9ndola allegado \u00abcuatro veces\u00bb, \u00abla \u00faltima liquidaci\u00f3n presentada totaliza aprox. CATORCE MILLONES DE PESOS M.L., y no ha sido aprobada con la premura que el caso amerita, a la fecha de este escrito, Noviembre 15 de 2.016\u00bb.  <\/span><\/p>\n

3. Pretende que el juzgado convocado proceda a hacer entrega  \u00abmes a mes los t\u00edtulos perfectamente elaborados, sin faltantes de firmas, sellos, huellas, DIRECTAMENTE A MARTA CECILIA LOAIZA MONSALVE\u00bb (fls. 1 a 3 y 74 a 76, cd. 1).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADA  <\/span><\/p>\n

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1. Valentina Loaiza Loaiza, en uso de su capacidad para  comparecer y actuar en su propio nombre como alimentaria, dijo que \u00abCOADYUVO, ACEPTO Y ESTOY DE ACUERDO con la ACCI\u00d3N DE TUTELA\u00bb instaurada por su progenitora (fl. 84, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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2. El Juez Noveno de Familia de Medell\u00edn, indic\u00f3 que \u00ablos pagos de los t\u00edtulos se vienen haciendo con base en acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura para el a\u00f1o 2008\u00bb, concretamente refiere a que seg\u00fan esa disposici\u00f3n, la orden se libra \u00ab\u00fanicamente al beneficiario o a su apoderado\u00bb, y siguiendo un procedimiento que ha establecido para mayor organizaci\u00f3n y eficiencia en el servicio al usuario.  <\/span><\/p>\n

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A\u00f1adi\u00f3 que hasta el 4 de octubre de 2016, del total recaudado ($85\u00b4082.279,36), \u00abse han entregado a la peticionaria la suma de: 77.506.949 pesos. Faltando por entregar $7.575.330,oo\u00bb; que estando frente a un proceso ejecutivo, hay \u00abque tener estricto control sobre las cantidades que paga para no exceder lo que el demandado debe\u00bb, pero se queja porque los ejecutantes no est\u00e1n cumpliendo la carga de realizar la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, y que en el caso, la operaci\u00f3n contable  presenta falencias corregibles conforme a pautas que enseguida expuso (fls. 85 y 865, ib\u00edd.).  <\/span><\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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       Concedi\u00f3 el amparo implorado, ordenando al funcionario querellado que en el t\u00e9rmino de 48 horas \u00abproceda a decidir sobre la reliquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito presentada por la demandante a trav\u00e9s de su apoderada judicial, en octubre 15 de 2016\u2026 dando estricto cumplimiento a la regla contenida en el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 446 del CGP\u00bb, y que ejecutoriado el auto, seg\u00fan el saldo que obtenga, \u00abrealice la entrega a la accionante Marta Cecilia Loaiza Monsalve de los t\u00edtulos judiciales que se encuentren a disposici\u00f3n del juzgado\u2026 en calidad de representante legal de su hijo menor de edad\u2026 y como persona autorizada por la beneficiaria de alimentos, esto es, Valentina Loaiza Loaiza, siempre que dicha autorizaci\u00f3n se encuentre vigente y se ajuste a la ley\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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       Lo anterior por cuanto estando en firme la sentencia que orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n, aprobada la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito seg\u00fan auto del 19 de enero de 2012 \u00abpor un total de $40.110.553\u00bb, desde mayo de 2014 la actora ha venido presentado reliquidaciones, las cuales \u00abnunca fueron objetadas, ni decididas por el juez de conocimiento\u00bb, precisando que frente a la reciente, orden\u00f3 rehacerla para que se haga la imputaci\u00f3n al tenor del art\u00edculo 1653 del C\u00f3digo Civil, y no atendi\u00f3 lo argumentado v\u00eda reposici\u00f3n para que en su lugar la apruebe o modifique.  <\/span><\/p>\n

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Por tanto, concluy\u00f3 que el juez de instancia inaplic\u00f3, entre otras disposiciones, el art\u00edculo 446 del C\u00f3digo General del Proceso, y  desconoci\u00f3 el otorgamiento de mandato que para recibir dep\u00f3sitos judiciales hab\u00eda otorgado Valentina a su progenitora.  <\/span><\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La present\u00f3 el juez encartado pero \u00abUNICA Y EXCLUSIVAMENTE EN LO [QUE] TIENE QUE VER CON LA ORDEN DE DESCONOCER LOS PAR\u00c1METROS INDICADOS POR LOS ACUERDOS DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA\u00bb, al estimar que la entrega de dep\u00f3sitos judiciales a personas distintas de los apoderados de las partes, acarrea riesgo de responsabilidad patrimonial en cabeza del funcionario judicial. Por ello pidi\u00f3 modificar el punto para que cuando la cuota a entregar sea compartida con su hermano menor, la alimentaria mayor de edad concurra \u00abpersonalmente\u00bb a recibirla \u00abconjuntamente\u00bb con su se\u00f1ora madre (fls. 144 y 145, cd. 1).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.  Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la acci\u00f3n de tutela no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, toda vez que al juez constitucional, en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones all\u00ed proferidas como tampoco para disponer que lo haga de cierta manera.  <\/span><\/p>\n

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Por regla de excepci\u00f3n a lo precedente, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de esta extraordinaria defensa, con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico.  <\/span><\/p>\n

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2.  Revisado el objeto de la queja constitucional y cotejado con las piezas procesales que se incorporaron en el expediente, para la Corte es claro que el asunto bajo an\u00e1lisis se enmarca dentro de la anterior hip\u00f3tesis y por tanto la decisi\u00f3n de tutela debe respaldarse.  <\/span><\/p>\n

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2.1. En lo que fue materia de impugnaci\u00f3n, esto es, lo atinente a la persona a quien debe hacerse la entrega de los dep\u00f3sitos judiciales puestos a disposici\u00f3n de la ejecuci\u00f3n, aclarando que pertenecen a \u00e9sta mientras se dirijan a cubrir la deuda que habilite mantener vigentes las cautelas, corresponde a sus acreedores, que para este caso lo son los alimentarios, esto es, de una parte el menor de edad representado por su progenitora, y de otra, Valentina Loaiza Loaiza, quien pese a haber rebasado su minor\u00eda de edad, ha conferido a su se\u00f1ora madre la autorizaci\u00f3n para que contin\u00fae recibiendo en su totalidad el monto de la mesada alimentaria que se ejecuta.  <\/span><\/p>\n

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Ese acto voluntario de disposici\u00f3n es precisamente el que Valentina hizo evidente al expedir autorizaci\u00f3n por escrito, con reconocimiento de contenido, firma y huella ante notario p\u00fablico el 11 de diciembre de 2015, para que la ac\u00e1 accionante \u00aben mi nombre siga recibiendo el t\u00edtulo mes a mes, ya que mis responsabilidades acad\u00e9micas no me permiten reclamarlo personalmente\u00bb (fl. 124, cd. 1 de copias).  <\/span><\/p>\n

Entonces, m\u00e1s all\u00e1 de que el Acuerdo 1676 expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura el 18 de diciembre de 2002, haya establecido en el art\u00edculo s\u00e9ptimo que \u00abLos dep\u00f3sitos judiciales se pagar\u00e1n seg\u00fan orden del funcionario judicial, quien la librar\u00e1 \u00fanicamente al beneficiario o a su apoderado, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 70 del C.P.C.\u00bb, en momento alguno puede darse una interpretaci\u00f3n tan restrictiva como para entender que al beneficiario le est\u00e1 impedido autorizar, bajo su absoluta responsabilidad, a otra persona para que retire y cobre esos dineros, y que por tanto se deba exigir su comparecencia personal en el juzgado.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed, el temor que hace manifiesto el funcionario accionado por la eventual entrega incorrecta de los dineros dejados a orden del proceso, f\u00e1cilmente se supera verificando que lo pagado corresponda a lo que realmente se causa, pues esa informaci\u00f3n es extra\u00edble del oportuno y adecuado control de las operaciones contables derivadas de lo decidido en la ejecuci\u00f3n a su cargo, y, desde luego, de la convicci\u00f3n de que la facultad de recibir que extendi\u00f3 la alimentaria a su progenitora, obedece a la verdadera intenci\u00f3n de aquella.  <\/span><\/p>\n

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N\u00f3tese que si la misma norma permite que se le pague al apoderado judicial del beneficiario, quien previamente ha debido contar con la facultad para recibir, no tiene sentido que esa facultad est\u00e9 prohibida respecto de otra persona a\u00fan m\u00e1s cercana, en este caso, a la progenitora de la joven quien, a prop\u00f3sito, el expediente muestra que mantiene la dependencia econ\u00f3mica y otras circunstancias particulares que motivaron entablar la demanda, y no hay asomo de eventual conflicto de intereses entre ellas.  <\/span><\/p>\n

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2.2. De otro lado, observa la Corte que el Juzgado Noveno de Familia de Medell\u00edn, al no haber dado curso adecuado a las reliquidaciones que profusamente se vio precisada a presentar la ejecutante, incurri\u00f3 en los defectos sustantivo y procedimental que ameritan el resguardo, como en efecto lo consider\u00f3 el Tribunal.  <\/span><\/p>\n

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Para ello basta precisar al respecto, que encontr\u00e1ndose en firme la providencia que orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n, la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, en su momento elaborada por el juzgado, fue aprobada el 19 de enero de 2012, mostrando en ese entonces un saldo a favor de los dos beneficiarios que representaba la ac\u00e1 accionante \u00abpor un total de $40.110.553\u00bb; que en adelante, para que se dispusiera el pago de las mesadas en lo sucesivo causadas, deb\u00eda actualizarse la operaci\u00f3n aritm\u00e9tica y a ello procedi\u00f3 la actora, encontrando que frente a las presentadas en mayo 12 de 2014, noviembre 19 de 2014 y 1\u00ba de marzo de 2016, pese a que no fueron objetadas, al Despacho no le mereci\u00f3 pronunciamiento en el sentido de aprobarlas o modificarlas como lo ordenaba el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 521 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, hoy recogido en el precepto 446 del C\u00f3digo General del Proceso.  <\/span><\/p>\n

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Es m\u00e1s, tras elaborar nuevamente la liquidaci\u00f3n atendiendo la orden dada finalmente para que se rehiciera, y habi\u00e9ndosele solicitado reconsiderara su postura en virtud de un recurso de reposici\u00f3n, el juzgado mantuvo su decisi\u00f3n de no dar curso a la misma por no ce\u00f1irse a lo previsto en el ordenamiento legal, y advirti\u00f3 restricci\u00f3n al pago de los dep\u00f3sitos judiciales, precisamente por la falta de auto aprobatorio de la liquidaci\u00f3n (fls. 66 a 70, cd. 1).  <\/span><\/p>\n

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Se hace necesario recordar que si bien el art\u00edculo 447 del C\u00f3digo General del Proceso, cuya redacci\u00f3n es similar a la contenida en la disposici\u00f3n 522 del anterior ordenamiento adjetivo, se\u00f1ala que la orden de entrega de dinero embargado en una ejecuci\u00f3n debe hacerse \u00abuna vez ejecutoriado el auto que apruebe cada liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito\u2026 hasta la concurrencia del valor liquidado\u00bb, ello no implica que el juez deje indefinido el monto de la obligaci\u00f3n ejecutada, cuando, como en el caso de alimentos, se vienen causando peri\u00f3dicamente y es imperiosa su oportuna cancelaci\u00f3n a los beneficiarios de esa prestaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Por tanto, la orden impartida por el a-quo para que el juzgado proceda a decidir prontamente sobre la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito debe prohijarse. N\u00f3tese que para este caso particular, no puede endilg\u00e1rsele a la parte ejecutante haber desatendido su carga procesal de elaborar la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, pues como se acaba de ver, lo hizo en sendas oportunidades, siendo el juzgado el que dej\u00f3 de darle el tr\u00e1mite que correspond\u00eda para su definici\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Recu\u00e9rdese que mientras el yerro sustantivo acontece cuando la providencia se funda en normas inexistentes o inconstitucionales, o cuando, como en este caso, se aplica un contenido normativo que est\u00e1 en discordancia con los presupuestos del caso concreto, el procedimental tiene lugar cuando se act\u00faa al margen del procedimiento establecido.  <\/span><\/p>\n

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4. Corolario de lo anteriormente discurrido, se respalda la decisi\u00f3n adoptada por el Tribunal al conceder el amparo, y con ello las \u00f3rdenes impartidas al juez de conocimiento para que si dilaci\u00f3n alguna proceda de conformidad.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por telegrama u otro medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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