{"id":98903,"date":"2026-06-25T17:27:02","date_gmt":"2026-06-25T17:27:02","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc619-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:27:02","modified_gmt":"2026-06-25T17:27:02","slug":"stc619-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc619-2017\/","title":{"rendered":"STC619-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC619-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2016-03647-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de enero de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Magdalena de la Cruz Gonz\u00e1lez de Sotelo y Gildardo Sotelo Ca\u00f1\u00f3n, contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja y el Juzgado Segundo Civil Municipal de Oralidad de Chiquinquir\u00e1, tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes del proceso declarativo a que alude el escrito inicial.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        Los promotores del amparo reclaman la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, a la \u00abcosa juzgada\u00bb y a la \u00abpropiedad privada\u00bb, presuntamente conculcados por las autoridades judiciales citadas, con ocasi\u00f3n de la diligencia de entrega de servidumbre que fue ordenada en sentencia adiada 9 de abril de 2014, por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, en el marco del proceso de imposici\u00f3n de servidumbre que en su contra instauraron los se\u00f1ores Bernardo Menjura, Mar\u00eda Elsa Rivera, Mar\u00eda de Lourdes Castillo, Doris Consuelo Gonz\u00e1lez Garc\u00eda y \u00c1lvaro Gonz\u00e1lez.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, solicitan de manera concreta, que se \u00abdej[e] sin valor ni efecto la diligencia de entrega de servidumbre de fecha 22 de agosto de 2016, llevada a cabo por el Juzgado Segundo Civil Municipal de Oralidad de Chiquinquir\u00e1\u00bb, pues en su criterio, con dicha actuaci\u00f3n se desconoci\u00f3 lo \u00abestablecido en la sentencia de fecha 29 de marzo de 2011 proferida por el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE TUNJA \u2013 SALA CIVIL FAMILIA- en cuanto orden\u00f3: \u201cPRIMERO: PROHIBIR a BERNARDO MENJURA VELANDIA, GLORIA INES AVENDA\u00d1O DE MENJURA, IGNACIO LAITON Y ELSA RIVERA CA\u00d1ON, bien directamente o a trav\u00e9s de terceros o por cuenta de aquellos, efectuar actos que perturben la posesi\u00f3n que (\u2026) tiene sobre el predio EL RINCON; en especial destinados a construir servidumbre de tr\u00e1nsito sobre dicho predio\u201d\u00bb (fl. 91).  <\/span><\/p>\n

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2.        Como sustento f\u00e1ctico de la petici\u00f3n de amparo, los gestores indican, en suma, que el 22 de agosto del a\u00f1o pasado, \u00abse llev\u00f3 a cabo la diligencia de entrega de servidumbre conforme a lo ordenado en el despacho comisorio No. 151764003002 del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Chiquinquir\u00e1\u00bb, momento en el cual, como sustento de la oposici\u00f3n que propusieron, adosaron copia de la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja el 29 de marzo de 2011, a trav\u00e9s de la cual se prohibi\u00f3 a los demandados ejercer actos perturbatorios de la posesi\u00f3n que ellos detentan sobre el predio denominado \u00abEl Rinc\u00f3n\u00bb, ubicado en la vereda \u00abMoyavita\u00bb del municipio de Chiquinquir\u00e1, m\u00e1s exactamente, los relacionados con una servidumbre de tr\u00e1nsito con la que aqu\u00e9llos pretend\u00edan afectar tal inmueble.  <\/span><\/p>\n

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Relatan que no obstante lo anterior, la Juez comisionada hizo caso omiso a tal determinaci\u00f3n, es decir, a su oposici\u00f3n, y procedi\u00f3 a la imposici\u00f3n y entrega de la citada servidumbre declarada en sentencia del 9 de abril de 2014, desconociendo con ello, aseguran, \u00abla cosa juzgada material, la seguridad jur\u00eddica y el derecho constitucional de la propiedad privada\u00bb, lo que se traduce en la vulneraci\u00f3n de sus prerrogativas ius fundamentales (fls. 6 a 10).  <\/span><\/p>\n

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3.        Una vez asumido el tr\u00e1mite, el 18 de enero de los corrientes se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa.  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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Al momento de registro de fallo, no se hab\u00edan efectuado pronunciamientos.  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Bien se sabe, siguiendo los criterios jurisprudenciales de la Corporaci\u00f3n, que en l\u00ednea de principio la acci\u00f3n instaurada no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de los Jueces constitucionales inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o ya terminados, para tratar de modificar o cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, porque al obrar de esa manera se quebrantar\u00edan los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

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No obstante lo anterior, de manera excepcional y s\u00f3lo en aquellos precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico, pero siempre y cuando el afectado no cuente con otro medio de protecci\u00f3n judicial.  <\/span><\/p>\n

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2.        En el caso sometido a consideraci\u00f3n de la Corte, se observa que, en \u00faltimas, la determinaci\u00f3n que se entiende reprochada es la dictada el 9 de abril de 2014 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, que en sede de alzada, revoc\u00f3 la sentencia confutada, para en su lugar, \u00abDECRETAR LA IMPOSICION DE LA SERVIDUMBRE LEGAL DE TR\u00c1NSITO sobre el predio denominado \u201cEl Rinc\u00f3n\u201d, con matr\u00edcula inmobiliaria 072-37007 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Chiquinquir\u00e1, ubicado en la vereda Moyavita, jurisdicci\u00f3n del municipio de Chiquinquir\u00e1 (Boy), propiedad de los demandados Gildardo Sotelo Ca\u00f1\u00f3n y Magdalena Gonz\u00e1lez de Sotelo, en favor de los predios dominantes identificados con los nombres de: \u201cSan Juli\u00e1n\u201d distinguido con folio de matr\u00edcula No. 072-25608, \u201cEl Emporio\u201d con matr\u00edcula inmobiliaria 072-27596, \u201cBuenavista\u201d con matr\u00edcula inmobiliaria 072-2339 de la Oficina de Instrumentos P\u00fablicos de Chiquinquir\u00e1, ubicados tambi\u00e9n en la vereda de Moyavita de la misma comprensi\u00f3n municipal. Por ende a expensas de los demandantes, se construir\u00e1 una v\u00eda de acceso por este predio de caracter\u00edsticas semejantes a la que ya exist\u00eda, que pase por el predio El Rinc\u00f3n y permita el acceso a los dem\u00e1s predios relacionados en la demanda, para que se permita la comunicaci\u00f3n de estos inmuebles con la v\u00eda p\u00fablica \u2013carreteable- que parte del sitio conocido como topones sobre la carretera central pavimentada que de Chiquinquir\u00e1 conduce a Tunja y que, conduce a la vereda de Merch\u00e1n en el Municipio de Saboy\u00e1\u00bb; providencia \u00e9sta que es g\u00e9nesis de la diligencia de entrega de servidumbre celebrada el pasado 16 de agosto respecto del predio de propiedad de los accionantes.  <\/span><\/p>\n

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3.        Puestas de ese modo las cosas, se observa de entrada la improcedencia del resguardo invocado por incumplir con el presupuesto de la inmediatez, como quiera la decisi\u00f3n censurada que le fue adversa a los aqu\u00ed accionantes, quienes fungieron como demandados en el proceso de imposici\u00f3n de servidumbre en el que fue pronunciada, tal y como se anot\u00f3 en el p\u00e1rrafo anterior, data del 9 de abril de 2014 (fls. 53 a 67), en tanto que la presente demanda constitucional solo se radic\u00f3 hasta el 15 de diciembre pasado (fl. 83), circunstancia que evidencia la tardanza en la formulaci\u00f3n del reclamo.  <\/span><\/p>\n

Al punto es suficientemente conocido, que pese a que las disposiciones que disciplinan el amparo tutelar no fijan un t\u00e9rmino espec\u00edfico para su formulaci\u00f3n, de acuerdo con los principios y criterios que gobiernan dicho mecanismo, relacionados con la urgencia, celeridad y eficacia -art\u00edculo 3\u00ba del Decreto 2591 de 1991, se requiere que el interesado act\u00fae tan pronto tenga ocurrencia el hecho generador de la supuesta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales, lo cual no ocurri\u00f3 en el presente caso, como quiera que transcurrieron m\u00e1s de 2 a\u00f1os sin que los inconformes solicitaran la protecci\u00f3n de los derechos que consideran hoy vulnerados con dicha decisi\u00f3n, cuesti\u00f3n que pone de relieve su inactividad y denota el quebranto del presupuesto b\u00e1sico de la prontitud que rige el tr\u00e1mite previsto por el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, seg\u00fan el cual el menoscabo de una garant\u00eda de linaje constitucional fundamental impone, en el terreno de que se trata, una pronta reacci\u00f3n del supuesto lesionado o agraviado.  <\/span><\/p>\n

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La Corte, de cara a la tem\u00e1tica puntual de la inmediatez, de vieja data ha se\u00f1alado que  <\/span><\/p>\n

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\u00ab[t]al conclusi\u00f3n no responde a un parecer arbitrario de esta Sala; por el contrario, coincide con la posici\u00f3n que sobre el tema han fijado la jurisprudencia constitucional y la doctrina nacional.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, a pesar de la desaparici\u00f3n del t\u00e9rmino de caducidad de dos meses que el art\u00edculo 11 del Decreto 2591 de 1991 hab\u00eda consagrado para ejercer la acci\u00f3n de tutela, declarado inexequible por sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional, con posterioridad a ese pronunciamiento se ha determinado por la jurisprudencia constitucional, incluida la de esta Sala, que aunque no existe propiamente un plazo espec\u00edfico para el ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, por su propia naturaleza, por lo que constituye el objeto de protecci\u00f3n al que apunta, y, en fin, por el prop\u00f3sito inherente a esa herramienta de defensa judicial, la interposici\u00f3n del amparo debe llevarse a cabo en un t\u00e9rmino que se avenga con la inmediatez que contempla el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, al punto de permitir que la decisi\u00f3n no sea tard\u00eda o extempor\u00e1nea.  <\/span><\/p>\n

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Con fundamento en lo anterior, se declarar\u00e1 improcedente la acci\u00f3n de tutela por causa de la inobservancia del principio de la inmediatez que caracteriza su ejercicio adecuado. Esta limitaci\u00f3n tiene como objetivo conservar y resaltar el car\u00e1cter \u00e1gil, expedito, inmediato, de la tutela como mecanismo de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se estiman vulnerados con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica acusada.  <\/span><\/p>\n

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Aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no deben, en principio, ser amparadas, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos s\u00ed actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC, 3  oct. 2007, rad. 2007-01230; reiterada en STC506-2016).  <\/span><\/p>\n

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4.         Y para ahondar en razones desestimatorias de la salvaguarda pretendida, advierte la Corte que la diligencia de entrega de la que tambi\u00e9n se duelen los petentes, fue dispuesta en la sentencia antes referenciada, emitida en segunda instancia por el Tribunal convocado en contra de los aqu\u00ed accionantes; por lo que en esa medida, la actuaci\u00f3n censurada encuentra su fundamento en una orden proferida como consecuencia de un tr\u00e1mite judicial, y no puede ser modificada por el juez constitucional, como quiera que \u00abla tutela no se erige como un mecanismo id\u00f3neo para obtener la interrupci\u00f3n de las diligencias judiciales, verbigracia, remate o entrega de bienes, cuando quiera que ellas son el resultado de una decisi\u00f3n judicial adoptada en el marco de un proceso tramitado con el pleno respeto del derecho al debido proceso de quienes intervienen en \u00e9l, por cuanto su fin exclusivo es la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales\u00bb (CSJ, SC, 28 oct. 2009, Rad. 01496-01, reiterada en STC6190-2014, STC226-2015 y STC615-2016).  <\/span><\/p>\n

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5.        Con apoyo en las razones que preceden, se concluye la improcedencia del resguardo que en esta providencia se decide, hecho por el cual se negar\u00e1 el amparo invocado.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley DENIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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