{"id":98905,"date":"2026-06-25T17:27:13","date_gmt":"2026-06-25T17:27:13","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc623-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:27:13","modified_gmt":"2026-06-25T17:27:13","slug":"stc623-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc623-2017\/","title":{"rendered":"STC623-2017"},"content":{"rendered":"

<\/span><\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

STC623-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2016-03562-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de enero de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Ana Isolina Rodr\u00edguez Escobar, contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, y, el Juzgado Quinto Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del proceso declarativo a que alude el escrito inicial.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.        La promotora del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por las autoridades judiciales citadas, con las sentencias dictadas en ambas instancias que denegaron sus pretensiones, dentro del proceso de responsabilidad civil extracontractual que interpuso en contra de Electricaribe S.A. E.S.P.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Pretende, entonces, que se conceda la protecci\u00f3n reclamada dejan sin valor ni efecto tales prove\u00eddos, y que como consecuencia de ello, se ordene al ad quem que \u00aben el t\u00e9rmino de 10 d\u00edas emita una nueva sentencia teniendo en cuenta las pruebas arrimadas al proceso siguiendo las reglas de la sana cr\u00edtica conforme a lo expuesto en la presente acci\u00f3n\u00bb (fl. 8).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        Como sustento f\u00e1ctico de lo pedido, y luego de narrar los hechos que dieron origen al proceso declarativo objeto de an\u00e1lisis, esto es, el incendio ocurrido el 25 de agosto de 2010 en el inmueble de su propiedad, el cual, dice, fue ocasionado por \u00abel mal estado en que se encontraba el transformador de energ\u00eda\u00bb, inform\u00f3, en compendio, que el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Valledupar neg\u00f3 las pretensiones que inco\u00f3 respecto de Electricaribe S.A. E.S.P., tras concluir que no se hallaba demostrada la falla en la prestaci\u00f3n del servicio de energ\u00eda.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Que inconforme con tal determinaci\u00f3n, la apel\u00f3 sin \u00e9xito, pues la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de la misma ciudad, la confirm\u00f3 con similares argumentos, lo que a todas luces, asegura, vulnera sus prerrogativas ius fundamentales, en tanto que seg\u00fan los medios de convicci\u00f3n recaudados, pudo establecerse que \u00ablas instalaciones sufrieron aver\u00edas por un sobre voltaje que pudo haber sido ocasionado por el transformador de distribuci\u00f3n que alimenta la instalaci\u00f3n que se quem\u00f3 por sobrecarga y que tuvo que ser cambiada por Electricaribe S.A.\u00bb (fls. 6 a 10).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.        Una vez asumido el tr\u00e1mite, el 13 de enero de los corrientes se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa (fls. 17).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

a.)        La apoderada general de Electricaribe S.A. E.S.P., en s\u00edntesis, solicit\u00f3 la denegaci\u00f3n de la salvaguarda pretendida, por incumplir con los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad que gobiernan este tipo de acciones (fls. 39 a 42).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

b.)        Al momento de registro de fallo, no se hab\u00edan efectuado m\u00e1s pronunciamientos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. Bien se sabe, siguiendo los criterios jurisprudenciales de la Corporaci\u00f3n, que en l\u00ednea de principio la acci\u00f3n instaurada no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de los Jueces constitucionales inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o ya terminados, para tratar de modificar o cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, porque al obrar de esa manera se quebrantar\u00edan los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

No obstante lo anterior, de manera excepcional y s\u00f3lo en aquellos precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico, pero siempre y cuando el afectado no cuente con otro medio de protecci\u00f3n judicial.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        En el caso sometido a consideraci\u00f3n de la Corte, se observa que, en \u00faltimas, las determinaciones que se entienden aqu\u00ed reprochadas, son i) la providencia del 6 de junio de 2014, mediante la cual el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Valledupar neg\u00f3 las pretensiones de la demanda de responsabilidad civil extracontractual que la aqu\u00ed accionante instaur\u00f3 contra Electricaribe S.A. E.S.P.; y, ii) la del 27 de febrero de 2015, que mantuvo \u00edntegramente lo resuelto, y fue pronunciada por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de ese mismo distrito judicial.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.        Puestas de ese modo las cosas, se observa de entrada la improcedencia del resguardo invocado por incumplir con el presupuesto de la inmediatez, como quiera la \u00faltima de las decisiones censuradas, tal y como se anot\u00f3 en el p\u00e1rrafo anterior, data del 27 de febrero de 2015 (fls. 34 y 35), en tanto que la presente demanda constitucional solo se radic\u00f3 hasta el 9 de diciembre pasado (fl. 13), circunstancia que evidencia la tardanza en la formulaci\u00f3n del reclamo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La Corte, de cara a la tem\u00e1tica puntual de la inmediatez, de vieja data ha se\u00f1alado que  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00ab[t]al conclusi\u00f3n no responde a un parecer arbitrario de esta Sala; por el contrario, coincide con la posici\u00f3n que sobre el tema han fijado la jurisprudencia constitucional y la doctrina nacional.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En efecto, a pesar de la desaparici\u00f3n del t\u00e9rmino de caducidad de dos meses que el art\u00edculo 11 del Decreto 2591 de 1991 hab\u00eda consagrado para ejercer la acci\u00f3n de tutela, declarado inexequible por sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional, con posterioridad a ese pronunciamiento se ha determinado por la jurisprudencia constitucional, incluida la de esta Sala, que aunque no existe propiamente un plazo espec\u00edfico para el ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, por su propia naturaleza, por lo que constituye el objeto de protecci\u00f3n al que apunta, y, en fin, por el prop\u00f3sito inherente a esa herramienta de defensa judicial, la interposici\u00f3n del amparo debe llevarse a cabo en un t\u00e9rmino que se avenga con la inmediatez que contempla el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, al punto de permitir que la decisi\u00f3n no sea tard\u00eda o extempor\u00e1nea.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Con fundamento en lo anterior, se declarar\u00e1 improcedente la acci\u00f3n de tutela por causa de la inobservancia del principio de la inmediatez que caracteriza su ejercicio adecuado. Esta limitaci\u00f3n tiene como objetivo conservar y resaltar el car\u00e1cter \u00e1gil, expedito, inmediato, de la tutela como mecanismo de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se estiman vulnerados con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica acusada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no deben, en principio, ser amparadas, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos s\u00ed actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC, 3  oct. 2007, rad. 2007-01230; reiterada en STC506-2016).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4.        Con apoyo en las razones que preceden, se concluye la improcedencia del resguardo que en esta providencia se decide, hecho por el cual ser\u00e1 negado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley DENIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

      <\/span><\/p>\n

<\/span>This version of Total Doc Converter is unregistered.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO   Magistrado ponente      STC623-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2016-03562-00   (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de enero de dos mil diecisiete (2017).-      Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Ana Isolina Rodr\u00edguez Escobar, contra […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-98905","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98905","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=98905"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98905\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=98905"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=98905"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=98905"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}