{"id":98911,"date":"2026-06-25T17:27:40","date_gmt":"2026-06-25T17:27:40","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc630-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:27:40","modified_gmt":"2026-06-25T17:27:40","slug":"stc630-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc630-2017\/","title":{"rendered":"STC630-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC630-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00104-00  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Betty Jim\u00e9nez Le\u00f3n contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de la misma ciudad y los se\u00f1ores Carlos Ignacio Mart\u00ednez Ram\u00edrez, Carmen Soraya Salcedo Sierra y Rosalba Sierra, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados la parte pasiva y los dem\u00e1s intervinientes de la ejecuci\u00f3n a que alude el escrito de tutela.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        La promotora del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, presuntamente conculcados por las autoridades jurisdiccionales convocadas, al haber declarado terminado el proceso ejecutivo con t\u00edtulo hipotecario que promovi\u00f3 contra los se\u00f1ores Carlos Ignacio Mart\u00ednez Ram\u00edrez, Carmen Soraya Salcedo Sierra, Rosalba Sierra y Juliana Andrea Mart\u00ednez Salcedo, por falta de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito perseguido.  <\/span><\/p>\n

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Pretende entonces, que se le conceda el resguardo implorado, revocando \u00ab[el] auto de fecha 26 de Julio de 2016 emitido por el juzgado primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Bogot\u00e1 (folios 19-24), y [el] auto de fecha 22 de noviembre [siguiente] emitido por el tribunal Superior [de la misma ciudad], Sala Civil\u00bb, y como consecuencia de ello, ordenar al citado Despacho, \u00ab[s]eguir adelante con la ejecuci\u00f3n y venta en subasta p\u00fablica del inmueble que esta como garant\u00eda dentro del [citado] proceso\u00bb (fl. 13).  <\/span><\/p>\n

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2.   Como soporte f\u00e1ctico de lo reclamado y en cuanto interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto, aduce en s\u00edntesis, que pese a que los demandados de la ejecuci\u00f3n referida en l\u00edneas precedentes, antes de que pasara el proceso al juzgado de ejecuci\u00f3n accionado, nunca alegaron la falta de reestructuraci\u00f3n de la obligaci\u00f3n cobrada, dicha autoridad dio por terminado el juicio al resolver una solitud de nulidad formulada por aqu\u00e9llos con sustento en dicho motivo, determinaci\u00f3n que fue confirmada el 22 de noviembre de 2016 por el Tribunal censurado, sin reparar, asegura, en que ya hab\u00edan precluido las oportunidades procesales para invocar tal tem\u00e1tica, raz\u00f3n por la que considera que las aludidas autoridades incurrieron en causal de procedencia del amparo con lo resuelto (fls. 2 a 14).  <\/span><\/p>\n

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3.        Una vez asumido el tr\u00e1mite, el 18 de enero hoga\u00f1o se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa (fl. 22).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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       a.  La titular del Juzgado Cuarenta Civil del Circuito de Bogot\u00e1, luego de memorar las actuaciones que despleg\u00f3 con ocasi\u00f3n del juicio compulsivo criticado, indic\u00f3, frente a la queja constitucional elevada por la accionante, que \u00abno tiene observaciones toda vez que no se acusa ninguna [ellas]\u00bb (fl. 36).  <\/span><\/p>\n

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b.  La Sala Civil del Tribunal de la misma ciudad, a trav\u00e9s de la auxiliar de la Magistrada ponente de la \u00faltima de las decisiones cuestionadas, solicit\u00f3 denegar la protecci\u00f3n rogada, con fundamento en que dicha providencia \u00abno responde a arbitrariedad alguna, en la medida que obedece a las razones f\u00e1cticas, jur\u00eddicas y jurisprudenciales, que all\u00ed se consignaron\u00bb (fl. 38).  <\/span><\/p>\n

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c.  El Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de dicha urbe, se limit\u00f3 remitir el expediente contentivo del rese\u00f1ado litigio, sin hacer pronunciamiento alguno con relaci\u00f3n a lo pretendido por la tutelante (fl. 44).  <\/span><\/p>\n

d.  Al momento de registrar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado m\u00e1s pronunciamientos por parte de los involucrados en el presente tr\u00e1mite constitucional.  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Como es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, de car\u00e1cter residual y subsidiario, porque s\u00f3lo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En trat\u00e1ndose de providencias o actuaciones judiciales, el mencionado instrumento se torna a\u00fan m\u00e1s excepcional, pues s\u00f3lo resulta viable cuando se advierta un proceder del funcionario judicial que se pueda tildar de irrazonable, arbitrario o caprichoso, caso en el cual se faculta la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales.  <\/span><\/p>\n

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2.   Descendiendo al caso concreto, se advierte, con vista en los elementos de juicio obrantes en estas diligencias, que la protecci\u00f3n rogada por la se\u00f1ora Betty Jim\u00e9nez Le\u00f3n no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, pues la determinaci\u00f3n emitida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 el 22 de noviembre de 2016, dentro del proceso ejecutivo con t\u00edtulo hipotecario que \u00e9sta promovi\u00f3 en contra de Carlos Ignacio Mart\u00ednez Ram\u00edrez y otros, por medio de la cual se confirm\u00f3 la decisi\u00f3n adoptada por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de la misma ciudad, relacionada con dar por terminado el mismo por la falta de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito cobrado (fls. 31 a 34), tuvo como fundamento argumentos jur\u00eddicos que en manera alguna pueden considerarse caprichosos o absurdos, lo que descarta la posibilidad de censurar esa decisi\u00f3n en el campo de la acci\u00f3n de tutela, dado que no se trata, entonces, de un comportamiento ileg\u00edtimo que claramente se oponga al ordenamiento jur\u00eddico.  <\/span><\/p>\n

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3.        En efecto, la Corporaci\u00f3n censurada, luego de estudiar los argumentos expuestos por la apelante frente a la decisi\u00f3n de dar por terminado el proceso por el motivo antes mencionado y analizar las pruebas obrantes en el respectivo expediente, concluy\u00f3 que hab\u00eda lugar a finiquitar la ejecuci\u00f3n, pues, por un lado, de acuerdo con la jurisprudencia referente al tema, al juez de la ejecuci\u00f3n tambi\u00e9n le corresponde verificar que el cr\u00e9dito perseguido est\u00e9 reestructurado, y por el otro, en el plenario no hay evidencia que de fe que el banco otorgante del cr\u00e9dito o la cesionaria demandante hayan cumplido con dicha carga.  <\/span><\/p>\n

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Para llegar a dicha determinaci\u00f3n, dicha autoridad, precis\u00f3 lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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\u00abcon el fin de resolver la cuesti\u00f3n planteada por la se\u00f1ora Jim\u00e9nez Le\u00f3n, conviene recordar, que \u201c(\u2026) \u2018la ejecuci\u00f3n no finaliza con la ejecutoria de la sentencia, debido a que despu\u00e9s del fallo siguen cursando actuaciones en busca de su realizaci\u00f3n y del cumplimiento del objeto del juicio, consistente en la efectividad de la garant\u00eda para satisfacer el cr\u00e9dito cobrado, antes de la almoneda, y mientras ello ocurre, como ha advertido la jurisprudencia, (\u2026) e[s] viable resolver de fondo la petici\u00f3n\u2019 (CSJ STC-8059-2015), siendo entonces deber de los jueces, incluido el de ejecuci\u00f3n, revisar si junto con el t\u00edtulo base de recaudo, la parte ejecutante ha adosado los soportes pertinentes para acreditar la tan nombrada reestructuraci\u00f3n de la obligaci\u00f3n, pues, como lo ha dicho esta Corte, esos documentos  \u2018conforman un t\u00edtulo ejecutivo complejo y, por ende, la ausencia de alguno de estos no permit[e] continuar con la ejecuci\u00f3n\u2019 (CSJ STC2747-2015), sin que importe si la providencia que ordena seguir adelante con la ejecuci\u00f3n haya sido proferida con anterioridad a la expedici\u00f3n de la sentencia SU-813\/07, pues lo cierto es que la exigencia de reestructuraci\u00f3n\u00bb estaba vigente desde 1999 con la expedici\u00f3n del art\u00edculo 42 de la Ley 546 el 23 de diciembre de ese a\u00f1o. De ah\u00ed que la precitada decisi\u00f3n lo que hizo fue darle una lectura esclarecedora con apoyo en los principios rectores de la Carta Pol\u00edtica (CSJ STC7390-2015)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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De la simple lectura del fragmento jurisprudencial reci\u00e9n tra\u00eddo a colaci\u00f3n, resulta palmario que, no le asiste raz\u00f3n a la parte recurrente cuando asegura que, \u00e9sta ya no es la oportunidad para verificar lo atinente a la exigibilidad de la obligaci\u00f3n contenida en los documentos que sirvieron de fundamento a la orden de apremio librado, que milita a fl. 116 del cdno ppal, m\u00e1xime cuando de las documentales adosadas al plenario se vislumbra que al momento de proferir el auto cuestionado no hab\u00eda tenido lugar la diligencia de remate y mucho menos, registrado el prove\u00eddo aprobatorio del mismo o de adjudicaci\u00f3n del inmueble hipotecado, am\u00e9n que, al respecto no se hab\u00eda efectuado el estudio de rigor\u00bb.  <\/span><\/p>\n

A lo cual agreg\u00f3, que  <\/span><\/p>\n

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\u00abAhora Ahora anduvo afortunada la Juez a quo cuando advirti\u00f3 que lo cierto es que, al recurrir (v\u00eda reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n) (fls. 25 – 29, cdno No. 4), la disidente no sostuvo que la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito echada de menos si hubiese tenido lugar, \u00fanicamente se refiri\u00f3 a una invitaci\u00f3n al deudor para el efecto, y a la reliquidaci\u00f3n (alivio) que se efectu\u00f3.  <\/span><\/p>\n

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N\u00f3tese que el cr\u00e9dito reclamado en el juicio de la referencia fue otorgado el d\u00eda 29 de junio de 1994 (fls. 16 y 19, cdno No. 1) y ten\u00eda por fin la adquisici\u00f3n de vivienda, luego a voces de la jurisprudencia nacional para iniciar la ejecuci\u00f3n, se impon\u00eda la obligaci\u00f3n tanto a las entidades crediticias como a los cesionarios, de adelantar su reestructuraci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Como ello no se acredit\u00f3, y el documento que milita a 89 ejusdem, no es suficiente para tener por cumplida la aludida carga impuesta al acreedor, dado que \u00e9ste lejos de constituirse en un acuerdo entre los contendientes \u201cfue un acto unilateral (\u2026)\u201d (fls. 19 – 24, cdno No. 1) de la Compa\u00f1\u00eda de Gerenciamiento de Activos, no queda camino distinto que confirmar la decisi\u00f3n disputada.  <\/span><\/p>\n

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       A ese respecto, ha dicho la Corte Suprema de Justicia, \u201c(\u2026) la situaci\u00f3n rese\u00f1ada no se desdibuja por el hecho de la comunicaci\u00f3n que, seg\u00fan la Sala decisi\u00f3n accionada \u2018(…) es prueba suficiente que certifica que la entidad intent\u00f3 – sin \u00e9xito, parece – lograr alg\u00fan acuerdo con los demandados, quienes siendo los m\u00e1s interesados en lograr mejores condiciones para poder solventar el cr\u00e9dito de vivienda por ellos adquirido, tampoco demuestran haber estado prestos y pendientes a lograr alg\u00fan acuerdo\u2019 (fl. 72), en la medida de que se trata de una motivaci\u00f3n insuficiente, pues si para el operador judicial la referida documental era generatriz de consecuencias adversas a los intereses de los demandados, ha debido considerar  el asunto a la luz de la jurisprudencia constitucional (\u2026)\u201d (subrayado y negrilla del Despacho).  <\/span><\/p>\n

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Y es que incluso, \u201c[E]n el caso en el que exista un desacuerdo irreconciliable entre la entidad financiera y el deudor corresponder\u00e1 a la Superintendencia Financiera definir lo relativo a la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito con estricta sujeci\u00f3n a los criterios mencionados y dentro de un plazo no superior a treinta (30) d\u00edas contados a partir de la solicitud presentada por cualquiera de las partes\u201d (subrayado ajeno al texto)\u00bb (fls. 31 a 34).  <\/span><\/p>\n

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4.        Por virtud de lo anterior, se descarta la eventualidad de predicar que en esa labor los Magistrados del Tribunal acusado hubieran incurrido en una actitud susceptible de ser cuestionada positivamente a trav\u00e9s de esta excepcional herramienta, dado que, como qued\u00f3 visto, adem\u00e1s que la misma ejecutante acept\u00f3 que el cr\u00e9dito cobrado compulsivamente no ha sido reestructurado, cuesti\u00f3n que pudo procurar realizar con intervenci\u00f3n de la Superintendencia Financiera, como bien lo precis\u00f3 la referida autoridad, tal actuaci\u00f3n es a\u00fan procedente, puesto que todav\u00eda no se ha subastado el bien inmueble objeto de garant\u00eda hipotecaria, cuesti\u00f3n que impide sostener, entonces, que en las providencias criticadas se hubiera incurrido en alguna de las causales de procedencia del amparo denunciadas, \u00fanico supuesto que, como repetidamente se ha se\u00f1alado, le permite obrar al mecanismo excepcional interpuesto, respecto de prove\u00eddos o actuaciones judiciales, no siendo, pues, la simple discrepancia con lo decidido una raz\u00f3n para que se admita la intervenci\u00f3n del juez de tutela frente a las decisiones cuestionadas, ya que como de vieja data lo tiene dicho la Sala, no constituyen causal de procedencia del resguardo \u00ablas meras discrepancias que se tengan con las interpretaciones normativas y las apreciaciones probatorias en las decisiones judiciales, por ser ello de competencia de los jueces\u00bb (CSJ STC, 19 may. 2011, Rad. 00106-01, citada en STC10081-2015, STC728-2016 y STC1496-2016).  <\/span><\/p>\n

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5.        Por tanto, como delanteramente se anunci\u00f3, se denegar\u00e1 lo pretendido con el escrito de tutela presentado ante esta Corporaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo.  <\/span><\/p>\n

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Devu\u00e9lvase el expediente remitido en calidad de pr\u00e9stamo a la oficina de origen.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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