{"id":98912,"date":"2026-06-25T17:27:44","date_gmt":"2026-06-25T17:27:44","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc631-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:27:44","modified_gmt":"2026-06-25T17:27:44","slug":"stc631-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc631-2017\/","title":{"rendered":"STC631-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

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STC631-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2016-02626-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n del veinticinco de enero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de enero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 1\u00ba de diciembre de 2016, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Jos\u00e9 Fernando Pinilla Gonz\u00e1lez contra la Superintendencia de Sociedades \u2013 Delegatura de Procedimientos Mercantiles, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados las partes e intervinientes dentro del proceso verbal sumario n\u00ba 2015-800-212.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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       1.        Actuando a  trav\u00e9s de apoderado judicial, el solicitante reclama el amparo del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad accionada, al resolver de manera desfavorable lo pretendido con una demanda adelantada bajo el procedimiento verbal sumario contra la sociedad Nation Group SAS en liquidaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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2.        En s\u00edntesis, soport\u00f3 su demanda en que la entidad convocada, quien conoci\u00f3 en \u00fanica instancia de la acci\u00f3n tendiente a desestimar la personalidad jur\u00eddica de la compa\u00f1\u00eda demandada, el 2 de mayo de 2016 profiri\u00f3 sentencia denegatoria de pretensiones, aduciendo que la actora no cumpli\u00f3 la \u00abalt\u00edsima carga probatoria\u00bb, exigida para demostrar los actos defraudatorios seg\u00fan fallo 801-15 emanado por esa Superintendencia el 15 de marzo de 2013.  <\/span><\/p>\n

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Indic\u00f3 que a esa decisi\u00f3n se lleg\u00f3 porque la enjuiciada no observ\u00f3 las \u00abirregularidades procesales\u00bb acaecidas antes y despu\u00e9s de la primera audiencia que tuvo lugar el 18 de abril de 2016, como lo fueron la no contestaci\u00f3n de la demanda por parte de uno de los demandados, la inasistencia injustificada de \u00e9stos y de sus apoderados a la diligencia lo cual no permiti\u00f3 absolver los interrogatorios decretados.  <\/span><\/p>\n

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Agreg\u00f3 que el juzgador de instancia tampoco realiz\u00f3 la pertinente valoraci\u00f3n del material probatorio adosado al expediente, concretamente de los certificados de existencia y representaci\u00f3n legal de la firma demandada y de la sociedad Paragon Production SAS, hoy tambi\u00e9n en liquidaci\u00f3n, como tampoco el interrogatorio practicado al demandante ni los testimonios de dos testigos, con lo cual podr\u00eda haber estimado la pretensi\u00f3n planteada conforme al art\u00edculo 42 de la ley 1258 de 2008, y que en esas condiciones se constituy\u00f3 defecto procedimental.  <\/span><\/p>\n

3. Pretende que el Grupo de Jurisdicci\u00f3n Societaria I de la Superintendencia de Sociedades, proceda a \u00abrehacer el fallo dictado el pasado dos (2) de mayo de 2016, surtidos dentro de la actuaci\u00f3n, radicado 2015-800-212, restaurando los derechos vulnerados a la parte demandante\u00bb (fls. 16 a 24, cd. 1).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LA ACCIONADA  <\/span><\/p>\n

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El Coordinador Grupo Jurisdicci\u00f3n Societaria I del ente convocado, se opuso a la aspiraci\u00f3n del tutelante, en tanto neg\u00f3 que en el proceso se hubiera dejado de valorar la totalidad de las pruebas, por lo que considera que no se configura defecto f\u00e1ctico que haga posible la custodia implorada, y que tampoco en la decisi\u00f3n se incurri\u00f3 en yerro alguno de los invocados por el accionante (fls. 15 a 18, cd. 3).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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       Tras recordar las graves consecuencias que conlleva la sanci\u00f3n pretendida por fraude e indebida utilizaci\u00f3n de la sociedad por acciones simplificada, la cual fue desestimada mediante el fallo cuestionado por esta v\u00eda, el a-quo neg\u00f3 el auxilio aduciendo que dicha resoluci\u00f3n no merece reproche frente a los defectos que se le endilgan para la procedibilidad del amparo, pues \u00abel escrutinio probatorio que hizo el funcionario de conocimiento no luce caprichoso ni antojadizo\u00bb, y que no siendo esa Colegiatura la \u00abjuzgadora de segundo grado de la sentencia censurada, no puede menos que respetar la autonom\u00eda funcional de aqu\u00e9l\u00bb (fls. 22 a 29, cd. 3).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La impetr\u00f3 el accionante insistiendo en que la determinaci\u00f3n adoptada por la Superintendencia para definir su caso, configura un defecto procedimental porque se \u00abignoraron\u00bb algunas pruebas aportadas en el litigio, las cuales no fueron valoradas en conjunto y siguiendo las reglas de la sana cr\u00edtica, as\u00ed como tambi\u00e9n se omiti\u00f3 \u00abla calificaci\u00f3n de la conducta procesal de las partes\u00bb y, en suma, que en la sentencia que motiv\u00f3 que la tutela, no hizo examen cr\u00edtico de las pruebas, entre ellas los indicios y las presunciones,  aunado a que aparte de las pruebas practicadas a petici\u00f3n de la demandante, no se decretaron pruebas de oficio como lo autoriza el C\u00f3digo General del Proceso (fls. 45 a 49, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la acci\u00f3n de tutela no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, toda vez que al juez constitucional, en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones all\u00ed proferidas como tampoco para disponer que lo haga de cierta manera.  <\/span><\/p>\n

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Por regla de excepci\u00f3n a lo expresado se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la concurrencia del juez del resguardo con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico.  <\/span><\/p>\n

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2.  Bajo tales premisas y con vista en la queja objeto de examen, la cual refiere a la supuesta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso del accionante, por haber omitido la Superintendencia de Sociedades una adecuada valoraci\u00f3n probatoria, encuentra la Sala que la denegaci\u00f3n del resguardo deber\u00e1 respaldarse, porque no est\u00e1n dadas las condiciones para que el juez constitucional pueda intervenir, en la medida en que no se configura defecto alguno capaz de quebrantar la decisi\u00f3n adoptada.  <\/span><\/p>\n

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Lo anterior en la medida en que la decisi\u00f3n proferida por la convocada en el marco de un proceso verbal sumario dirigido a desestimar la personalidad jur\u00eddica de la sociedad Nation Group SAS en liquidaci\u00f3n, cuenta con el suficiente y razonable soporte jur\u00eddico, por lo que tal postura lejos est\u00e1 de tenerse como arbitraria que abra paso al mecanismo excepcional interpuesto.  <\/span><\/p>\n

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Para ello basta advertir que en atenci\u00f3n a la inspecci\u00f3n de las piezas procesales y en particular del fallo dictado el 2 de mayo de 2016 (fls. 210 a 213, cd. 1 de copias), el juzgador de instancia realiz\u00f3 un ponderado estudio de los distintos medios de prueba incorporados en el expediente, y pese a que sus resultados dieron al traste con la expectativa de la actora, no por ello merecen el reproche ahora planteado, pues de ellos se se\u00f1al\u00f3 tanto su pertinencia y conducencia, as\u00ed como la relevancia jur\u00eddica para dirimir el litigio planteado.  <\/span><\/p>\n

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Fue as\u00ed como del estudio realizado a dicho material, entre los cuales est\u00e1n los documentos, los testimonios y el interrogatorio de parte practicado al demandante, la autoridad administrativa con funciones jurisdiccionales dijo que el actor no aport\u00f3 los elementos de juicio necesarios \u00abpara constatar que verdaderamente se han desplazado los negocios de una compa\u00f1\u00eda a otra, con el prop\u00f3sito de defraudar los intereses de los acreedores sociales\u00bb, y aludi\u00f3 que el demandante \u00abpodr\u00eda haber solicitado inspecciones judiciales o exhibiciones de documentos, orientadas a establecer si Parag\u00f3n Productions S.A.S. en realidad presta servicios similares a los que ofrec\u00eda Nation Group S.A.S.\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Luego de se\u00f1alar otras falencias de \u00edndole probatorio como la de no haber averiguado si con anterioridad a la disoluci\u00f3n de la compa\u00f1\u00eda deudora \u00absus acciones extrajeron activos sociales en forma irregular\u00bb, y solicitar los testimonios de contadores y empleados de la sociedad Nation Group, concluy\u00f3 que \u00ablas pruebas allegadas por el demandante son insuficientes para justificar una sanci\u00f3n de la magnitud de la desestimaci\u00f3n de la personalidad jur\u00eddica\u00bb, sin que ello pudiera remediarse con \u00abalgunos indicios de un posible acto defraudatorio\u00bb, sin que ninguno de ellos, a juicio de la Superintendencia, fuese \u00absuficientemente contundente\u00bb (fls. 212 a 213, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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3. Esta Sala ha dicho y reiterado, que mientras las decisiones cuestionadas en un proceso judicial no revelen arbitrariedad o desmesura, no es posible la intervenci\u00f3n del juez de tutela, ya que \u00abel mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 2010-01404-01, reiterada en STC16997-2016, 24 nov. 2016, rad. 00548-01, entre otras).  <\/span><\/p>\n

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De igual modo, esta Corte ha dicho que al juez constitucional:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab(\u2026) le est\u00e1 vedado inmiscuirse en ese an\u00e1lisis tanto f\u00e1ctico como jur\u00eddico, para entrar a reexaminar sin reatos la prueba en que se bas\u00f3 la decisi\u00f3n cuestionada o sopesar los razonamientos esgrimidos, pues mal podr\u00eda interponerse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica). En estas condiciones, resulta palmario que el peticionario pretende, a trav\u00e9s de este mecanismo, revivir el debate propuesto en el referido asunto, desconociendo el car\u00e1cter residual y subsidiario de esta acci\u00f3n, as\u00ed como que la misma no est\u00e1 llamada a servir de soporte para retomar o promover discusiones definidas por el juez natural, conforme a unas reglas de tr\u00e1mite preestablecidas y de acuerdo con la asignaci\u00f3n legal de competencias\u00bb (CSJ STC9556-2014, 22 jul. 2014, rad. 01097-01, reiterada en STC17004-2016, 24 nov. 2016, rad. 01565-02).  <\/span><\/p>\n

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Recu\u00e9rdese que el juzgador excepcional no est\u00e1 llamado a decirle al de la causa que su raciocinio sobre la validez de la prueba es o no el acertado, pues ese reproche solo ser\u00eda aceptable en la medida que tal proceder constituyera un defecto f\u00e1ctico por no valorar un medio de prueba o por haberlo realizado indebidamente, lo cual ac\u00e1 no acontece, pues la decisi\u00f3n censurada cuenta con el suficiente soporte jur\u00eddico y al respecto la Corte ha reiterado que no constituye causal del auxilio \u00ablas meras discrepancias que se tengan con las interpretaciones normativas y las apreciaciones probatorias en las decisiones judiciales, por ser ello de competencia de los jueces\u00bb (CSJ STC, 19 may. 2011, rad. 00106-01, citada en STC9182-2015 y STC18376-2016, 15 dic. 2016, rad. 00653-01).  <\/span><\/p>\n

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En efecto, recu\u00e9rdese que el defecto f\u00e1ctico surge cuando hubo omisi\u00f3n probatoria, o la valoraci\u00f3n fue arbitraria, irracional o caprichosa para no dar por probado un hecho o la circunstancia que de ella emerge clara y objetivamente (dimensi\u00f3n negativa), o cuando el juzgador apreci\u00f3 pruebas determinantes para la definici\u00f3n del caso que no debiera admitir ni valorar (dimensi\u00f3n positiva). CC T-567\/98, T-239\/96, T-576\/93, T-442\/94 y T-538\/94, reiterada entre otras, en T-781\/11 y SU-241\/15.  <\/span><\/p>\n

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Ahora bien, para abordar el defecto procedimental igualmente imputado en este caso, es preciso se\u00f1alar que conforme a la jurisprudencia constitucional, ello significar\u00eda considerar que al interior del proceso judicial, el juez se apart\u00f3 bruscamente de las normas procesales aplicables, es decir, que en el ejercicio de su actividad jurisdiccional, se desconoci\u00f3 por completo el procedimiento legalmente determinado para generar un fallo arbitrario, lo cual, se insiste, en el asunto bajo examen no ocurri\u00f3.  <\/span><\/p>\n

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4. En las anteriores condiciones, esta extraordinaria salvaguarda est\u00e1 lejos de convertirse en un instrumento sustitutivo o paralelo de los dem\u00e1s medios de defensa ordinariamente consagrados por el ordenamiento jur\u00eddico, y la invocaci\u00f3n que ac\u00e1 se hace de un perjuicio irremediable, no est\u00e1 probado, pues recu\u00e9rdese que se configura cuando el da\u00f1o \u00ab(\u2026) revista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC 1\u00ba sep. 2011, exp. 2011-00194-01, reiterada, entre otras, STC 2618-2016, 3 mar. 2016, rad. 2015-02472-01 y STC16703-2016, 17 nov. 2016, rad. 00118-01).  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por telegrama u otro medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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            LUIS ALONSO RICO PUERTA   Magistrado Ponente      STC631-2017   Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2016-02626-01   (Aprobado en sesi\u00f3n del veinticinco de enero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de enero de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-98912","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98912","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=98912"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98912\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=98912"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=98912"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=98912"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}